lunes, 17 de octubre de 2016

RR: ¿pacto de cúpulas?

La revelación de las conversaciones secretas entre Gobierno y factores de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de la Oposición con el Referendo Revocatorio (RR) en 2016. Estas dudas se acrecientan al conocer que fueron excluidos de tales conversaciones otros factores de la MUD, cuyos principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.  
La MUD ha caído en cuenta que el nuevo gobierno que resulte de un RR en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará lo que queda de período constitucional. Y hasta 2019 tendrá que optar entre pagar $ 30 mil millones de deuda externa o reorientar estos fondos para reactivar la producción y vencer la escasez que azota a la población. Si un gobierno de la MUD no quiere enfrentarse al sistema financiero internacional, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las presidenciales de 2018. El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, le quita hasta las ganas de gobernar.
El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la soberanía popular evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno. Su realización o no en 2016 no puede ser el resultado de negociaciones a escondidas entre Gobierno y Oposición. Sería una burla a la Nación cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.
Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la masiva expresión de la soberanía del pueblo a través del voto.
El CNE decidió que la recolección del 20% se hará por estado del 26 al 28 de octubre. Esto obliga a lograr justo ese porcentaje en cada uno de los 24 estados, lo cual está a contrapelo de la Constitución, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.
El 20 % equivale a 3.893.128 electores. Pero no se trata solo de captar el mínimo sino de facilitar la participación de todo el padrón de 19.465.638 electores que desee manifestar su voluntad. Por eso el CNE está llamado a habilitar un número holgado de centros de votación para que la participación masiva de la ciudadanía no se convierta en un calvario. La MUD ha calculado 19.500 captahuellas en 6.500 centros de votación, pero el CNE solo aprobó 5.392 máquinas, distribuidas en 1.356 centros. En cualquiera de los cálculos, las colas serían interminables y mucha gente no podría ejercer su derecho constitucional al no poder entrar al centro de votación. Para que nadie se quede sin votar deberían activarse todos los centros electorales, mesas y captahuellas que se habilitan en cada elección presidencial.
Para complicar aún más el proceso, el CNE aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas. Este nuevo requisito es más engorroso que la anterior validación de 1%, cuando se pidió colocar solo los dedos pulgares y así dos personas en promedio validaban cada minuto. Ahora se hará más lenta la verificación, el tiempo promedio aumentará y muchos electores quedarán por fuera.

No puede ninguna burocracia institucional ni pacto de cúpulas vulnerar los derechos políticos. El RR es una prerrogativa constitucional que tiene la ciudadanía para ser garante del buen gobierno que necesita y quiere darse. No es una concesión a los caprichos de las cúpulas políticas de la Oposición, sino un derecho consagrado en la CRBV, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar la actual crisis de gobernabilidad. 

sábado, 15 de octubre de 2016

¿Por qué el 50% para los Clap agravará la escasez?

El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó un decreto mediante el cual el Estado se reserva el derecho de adquirir el 50% de la producción de la agroindustria nacional pública y privada para ser distribuida a través de los Clap. Una medida recibida con espanto y horror por los productores del campo y la ciudad que han llegado al borde de la quiebra debido a los prolongados retrasos en los que incurre el gobierno a la hora de pagar sus deudas con el sector privado.
Este desatino de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) agravará aún más las distorsiones en la producción, distribución y comercialización de alimentos. Las mafias del contrabando en las que participan funcionarios y militares corruptos ahora podrán capturar un volumen mayor para proveer a sus propias redes de bachaqueros que se enriquecen especulando con el hambre del pueblo.
Incentivos a la corrupción  
Cuando aún no se ha olvidado el escándalo de Pudreval y están frescas las imágenes de los gerentes de los Abastos Bicentenario esposados y presos, se multiplican las denuncias de corrupción en torno a los Clap, cuyo diseño encierra un incentivo perverso para los corruptos y especuladores que siempre encuentran la manera de echarle mano a los productos subsidiados para luego revenderlos.
La bolsa cuesta entre Bs 3.200-4.100, pero los productos al ser vendidos al detal generan un ingreso superior a Bs. 20.000, equivalente a una ganancia de Bs. 16.000 por bolsa. Estas son vendidas en el mercado especulativo cinco veces más caras y hasta en Colombia se consiguen. Con frecuencia, los distribuidores aplican un “tumbao" y entregan la bolsa incompleta para luego revender los productos que le sacan. La creciente diferencia entre el precio de los productos subsidiados y el precio en los mercados especulativos opera como un incentivo perverso para la proliferación de dos tipos de bachaqueros:
·         Por un lado están las redes de bachaqueros al detal, conformadas por millares de familias completas que, con el hambre dibujada en el rostro, se apostan desde tempranas horas de la madrugada a las puertas de los supermercados para comprar los productos subsidiados que llegan ese día y luego revenderlos a precios especulativos.
·         Por el otro lado están las redes de bachaqueros al mayor, conformadas por las poderosas y peligrosas mafias del contrabando de extracción que corrompen y amenazan a funcionarios y militares y lograr capturar los grandes cargamentos de alimentos y productos subsidiados que luego sacan en camiones y embarcaciones hacia los países fronterizos e islas del mar Caribe.  
Nada de esto se va a erradicar con un decreto que reserva al gobierno la compra del 50 % de la producción agroindustrial. Hay que cortar por lo sano y erradicar el problema desde la raíz. Esto pasa por sustituir los subsidios indirectos al producto por subsidios directos a los hogares pobres. En esta dirección va la implementación del depósito del subsidio y del pago con tarjetas de débito. La masificación de este mecanismo permitirá depositarle a cada familia un subsidio directo en dinero y ayudará  a eliminar sin traumas el ineficaz control de precios. Gracias al subsidio directo que le es depositado en su cuenta y que puede utilizar con la tarjeta de débito, cada familia podrá comprar a precios de mercado los alimentos, medicinas y productos básicos que necesita. Así, el fisco se ahorrará los millardos de bolívares en subsidios indirectos que se pierden por el contrabando de productos subsidiados.
De las buenas intenciones a los buenos resultados
Los Clap son un ensayo incipiente y muy rudimentario. No tienen la cobertura para abordar el grave problema de la distribución y comercialización que se extiende por todo el país y castiga a todos los estratos sociales que también sufren la severa escasez de alimentos, medicinas y demás productos de la canasta básica.
Distribuir y comercializar alimentos para toda la población requiere una colosal capacidad logística que ninguna empresa privada ha sido capaz de desarrollar en décadas. Ni siquiera el gobierno lo pudo lograr a pesar de la descomunal inversión que hizo en las redes de Mercal, Pdval y Bicentenario. Tampoco lo logró con la expropiación e intervención de cadenas de alimentos como Cada, Éxito y Día a Día. Mucho menos lo puede lograr en cuestión de meses a través de un esquema tan débil y vulnerable como los Clap, sin personal entrenado, sin organización ni métodos, sin infraestructura ni redes de almacenamiento y transporte, sin los mecanismos de control que mantengan a raya a la corrupción. El burocratismo estatal y la débil organización comunal no garantizan la cobertura de 7,2 millones de hogares y 30 millones de habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional.
¿Cuál es la solución?
Muchos alimentos ya no se pueden importar debido a la falta de divisas y se dejaron de producir cuando el gobierno impuso un antieconómico control de precios que obligó a vender por debajo de los costos de producción y originó el cierre de millares de empresas que no pudieron recuperar ni siquiera los costos de producción.
Al sincerar los precios y cerrar la enorme brecha entre los precios controlados y los precios en el mercado especulativo, se le propinará el golpe de gracia a las redes de bachaqueros al detal y al mayor, toda vez que se erradicará el principal incentivo que tiene estas mafias de comprar barato los productos subsidiados para después revenderlos mucho más caros.
En lugar de obstinarse en reducir las redes de comercialización a los puntos de venta de los Clap, el gobierno debe estimular la reactivación de la producción agrícola e industrial. Esto implica sustituir los subsidios indirectos por subsidios directos y sincerar los precios. Así se le dará un respiro a un aparato productivo asfixiado por rígidos y prolongados controles de cambio y de precios.
Al reactivar la producción nacional se compensará el descalabro de las importaciones y se podrá abastecer no solo a la precaria red de Clap, sino también a la amplia red de bodegas, abastos y supermercados privados del país. Estos emprendimientos familiares surtieron eficientemente a las comunidades y vecinos, antes de que los controles de cambio y precios desquiciaran el sistema de precios relativos y crearan el desorden y caos que hoy se impone.@victoralvarezr

viernes, 7 de octubre de 2016

La maldición de la abundancia: capitalísmo rentístico y neo-rentismo socialista

La maldición de la abundancia comienza en Venezuela con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos españoles incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Luego, el extractivismo minero que se inicia en la época de la colonia, se recrudece con el extractivismo petrolero, impulsado por los nuevos conquistadores representados en las corporaciones transnacionales de la industria petrolera.
Se impuso así un proceso de división internacional del trabajo determinado por las demandas de materias primas y energía de las grandes potencias industrializadas. En este esquema, unos países se limitan a ser simples proveedores de materias primas y energía, mientras que otros dominan los procesos de transformación industrial. Pero el extractivismo-rentista se prolonga incluso bajo gobiernos progresistas y de izquierda que, si bien han reivindicado la soberanía nacional sobre los recursos naturales, profundizan la actividad extractiva con el argumento de que la renta obtenida se destinará a la inversión social.
Ante la necesidad de obtener recursos financieros, los países extractivistas-rentistas caen en un círculo vicioso del cual no pueden salir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, intensifican la  extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que captan una mayor renta, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual frenan y desplazan la producción nacional.
Pareciera que los países que se dedican a la extracción y exportación de petróleo, minerales y materias primas, estuvieran condenados a sufrir la maldición de tener que importar lo que deberían producir para satisfacer sus necesidades. Es como si a través de las importaciones se vieran obligados a devolverle a las grandes potencias y demás países, el plusvalor internacional que captan por la exportación de petróleo y otros  recursos naturales.
En los países extractivistas, la creciente dependencia de las importaciones de bienes y servicios inhibe el desarrollo del aparato productivo, el cual se contrae aún más, justamente en los períodos de auge rentísticos. En efecto, al contar con un abundante ingreso en divisas -o presentar como garantía de pago las reservas probadas de recursos naturales-, se apela al expediente fácil de importar, en lugar de encarar y superar el desabastecimiento y la escasez temporal, a través de un sostenido impulso a la agricultura y a la industria.
El petróleo: una siembra sin cosecha 
En 2016 se cumplen 80 años de la publicación del editorial Sembrar el petróleo, de  Arturo Uslar Pietri, quien para entonces contaba con apenas 30 años de edad y se desempeñaba como Director de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Alberto Adriani. Cuando todavía el país no estaba plenamente consciente de la colosal riqueza depositada en su subsuelo, Uslar fue capaz de advertir sobre las graves distorsiones que generaría en la economía y sociedad venezolanas el mal uso que pudiera dársele a los caudales de la renta petrolera. Desde 1936 anticipó que Venezuela terminaría convertida en "un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia corruptora" si no lograba conjurar la tentación de convertir aquella incipiente riqueza en el manantial de los festines y derroches por venir.
Del capitalismo rentístico al neo-rentismo socialista
En el debate nacional dos énfasis se distinguen en torno al destino que debe tener la renta petrolera. En el capitalismo rentístico la siembra del petróleo consistió en el financiamiento del proceso de acumulación a través de préstamos blandos a las empresas y la construcción de autopistas, ferrovías, puentes, centrales termo e hidroeléctricas y demás obras de infraestructura que requiere la actividad económica. Mientras que en el neo-rentismo socialista la siembra del petróleo consiste en el financiamiento de la inversión social para reducir los niveles de desempleo, pobreza y exclusión social a través de una amplia gama de misiones sociales en los campos de la alimentación, educación, vivienda, salud, etc.
El primer enfoque conduce a una desviación desarrollista que favorece a las empresas y contratistas que se llevan los créditos baratos y la ejecución de las grandes obras. Mientras que el otro énfasis suele incurrir en prácticas populistas al otorgar a la gente humilde múltiples asignaciones que no son fruto del trabajo. Cuando los subsidios se conceden de manera indefinida e incondicional, se desalienta el esfuerzo productivo que cada quien debe hacer para ganarse su sustento. Así, en la Venezuela rentista, los actores económicos y sociales se han acostumbrado a obtener ganancias e ingresos que no son fruto de su propia inversión ni de su trabajo.
En la IV República, la renta petrolera financió las inversiones de capital para producir bienes privados, mientras que en la V República el énfasis se puso en la inversión social para generar servicios públicos. Por eso, tanto el capitalismo rentístico como el neo-rentismo socialista son expresiones distintas del mismo modelo de acumulación extractivista, sustentado en una creciente extracción del petróleo que está depositado en el subsuelo.
El capitalismo rentístico
En la IV República un alto porcentaje de la renta se destinó a financiar el capitalismo rentístico con préstamos a bajas tasas de interés y largos plazos; inversiones en infraestructura y servicios de apoyo a las inversiones de capital; petrodólares baratos para importar maquinarías, insumos y tecnología; y compras gubernamentales en condiciones muy favorables para la producción nacional. El capitalismo rentístico colapsó cuando la sobrevaluación de la tasa de cambio agotó la capacidad de absorción de la renta en actividades productivas. Un petrodólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones que desplazaron a la agricultura e industria.
La sobrevaluación reveló la estrechez del mercado interno y obstaculizó el  crecimiento hacia afuera al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones. El margen para sembrar el petróleo se agotó porque los incrementos en la producción no encontraron espacio en el mercado interno, ni en los reñidos mercados internacionales. La industrialización no se consolidó y el país finalmente se transformó en un importador de lo que antes producía.
En lugar de esterilizar el impacto negativo de la renta petrolera, su inyección a la circulación doméstica desató una creciente demanda que no tuvo su debido respaldo en el incremento de la producción interna. Como la sobrevaluación limitó la absorción productiva de la renta, la rigidez de la oferta -aunada al incremento sostenido de la demanda-, entronizó una persistente inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de los salarios y empobrece a la población. 
El neo-rentismo socialista
En la V República el mayor porcentaje de los ingresos petroleros se utilizó para financiar el neo-rentismo socialista. Este modelo puso el énfasis en pagar la deuda social a través de políticas asistencialistas y se acostumbró a la población más vulnerable a vivir de gratuidades en el acceso a bienes y servicios que solo podían pagarse y sostenerse en períodos de altos precios del petróleo.
El neo-rentismo socialista es un modelo de dominación que se basa en el uso del ingreso petrolero para financiar la inversión social y crear una red clientelar que le sirve de apoyo social. Debido a la contracción del aparato productivo interno y su incapacidad para generar empleos al ritmo de la población económicamente activa, el neo-rentismo socialista tiende a acentuar el papel empleador-clientelar del Estado. Este modelo no generara un trabajo emancipador, toda vez que éste queda mediatizado por la lógica opresiva del Estado burocrático que funcionariza y somete a la fuerza de trabajo. Así, la dominación se logra a través de un sistema de premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores políticos, comprar la simpatía de grupos ambivalentes y castigar o disuadir a los adversarios.
El neo-rentismo socialista funcionó a la perfección mientras los ingresos petroleros resultaron más que suficientes para financiar la inversión social y alimentar los canales para distribuir la renta. Pero con la caída de la producción petrolera y el colapso de los precios en el mercado internacional, el gobierno ya no cuenta con la misma capacidad financiera y el modelo ha entrado en crisis.Los actuales problemas de desabastecimiento y escasez, derivados de la precariedad del aparato productivo interno y de los retrasos en la liquidación de divisas para importar, renuevan la necesidad de impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo que facilite la transición sin traumas al post-extractivismo, haciendo innecesaria la explotación intensiva del petróleo y los minerales.
Pero no se trata de decretar arbitrariamente el fin del extractivismo, cerrando intempestivamente los pozos  petroleros y las minas, sino de planificar la reducción gradual de las actividades extractivas, a la vez que se impulsa la construcción de un nuevo modelo productivo capaz de sustituir importaciones, diversificar las exportaciones y asegurar la soberanía alimentaria y productiva

¿Por qué la MUD prefiere dejar el RR para 2017?

La revelación de las conversaciones secretas entre el Gobierno y algunos factores de la MUD ha sembrado serias dudas en la ciudadanía sobre el verdadero compromiso de estos representantes de la Oposición de impulsar el Referendo Revocatorio (RR) este año de 2016 y correr hasta las últimas consecuencias que se deriven de la realización del mismo.
Estas dudas se acrecientan aún más al conocer que fueron excluidos de estas conversaciones importantes partidos políticos que integran la MUD, cuyos principales dirigentes están en prisión o inhabilitados políticamente.  
Se obstaculiza la participación ciudadana
El CNE decidió que la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, equivalente a 3.893.128 electores que se requieren para el RR, se hará por estado entre el 26 al 28 de octubre. Esta decisión obliga a la MUD a lograr ese porcentaje en cada una de los 24 estados que conforman el país. Esta decisión se considera inconstitucional, toda vez que el cargo a revocar no es el de un gobernador o alcalde, sino el de Presidente de la República, cuya circunscripción es nacional.
A finales de noviembre el CNE declarará si procede o no su activación y solo a partir de diciembre se contarán los 90 días para que se convoque el RR. Así, la consulta popular quedaría pospuesta para mediados del primer trimestre de 2017.
En un apretado cálculo de los centros de votación, mesas y máquinas necesarias para captar las 3.893.128 manifestaciones de voluntad que se requieren para activar el RR, el CNE habilitará solo 5.392 captahuellas, repartidos en 1.356 centros a lo largo y ancho de los 335 municipios del país. Pero para que pueda participar todo el padrón de 19.465.638 electores, las colas serían interminables y mucha gente se quedaría frustrada al quedarse en la fila y no poder manifestar su voluntad. Según cálculos de la MUD, se necesitarían al menos 19.500 máquinas en 6.500 centros de votación.
Por si fuera poco, el CNE adicionalmente aprobó que deberán colocarse cuatro dedos en las captahuellas, lo cual hará más lento el proceso y dejará a muchos más electores por fuera. De hecho, este requisito de verificar los dedos pulgares e índice de ambas manos es más engorroso que el de la validación de 1% del Registro Electoral, cuando a los electores solo se les pidió colocar solo los dedos pulgares.
En la validación del 1%, en promedio dos personas validaban su voluntad cada minuto, pero al colocar cuatro dedos se hará más lenta la verificación de las huellas y esto sentencia que el tiempo promedio por elector inevitablemente aumentará.
Mientras no haya Ley de Referendos, el CNE aprobará las normas que lo regulen. Pero una cosa es reglamentar el proceso y otra cosa muy distinta obstaculizarlo y retrasarlo. Los únicos cambios en las normas que se pudieran aceptar son aquellos que facilitan la expresión democrática de la soberanía del pueblo a través del voto.
No puede ninguna burocracia o nomenklatura política vulnerar los derechos políticos de la ciudadanía que están consagrados en la CRBV. El RR no es un elemento accesorio o decorativo en la CRBV, sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha o no con el Gobierno.
El RR no es una concesión a las cúpulas políticas de la Oposición sino un derecho de la ciudadanía consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la vía constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar la actual crisis de gobernabilidad. La realización o no del Referendo Revocatorio en 2016 no puede ser el resultado de la negociación y pactos entre las élites políticas del Gobierno y la Oposición. Este es un derecho constitucional que la ciudadanía tiene y que le permite ser garante del buen gobierno que quieren darse. El RR es un derecho constitucional a través del cual se concreta la democracia participativa y protagónica. Por lo tanto, sería una burla a la ciudadanía cualquier pacto de cúpulas que conculque los derechos políticos consagrados en la CRBV.
¿Por qué la MUD prefiere dejar el RR para 2017?
A pesar de que la MUD cuestionó las condiciones aprobadas para la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad, seguirá adelante, según los declaró Vicente Bello representante técnico de la MUD ante el CNE. Para dorar la píldora, anunció que la oposición denunciará ante el TSJ, la OEA y otros organismos internacionales las condiciones ilegales que ha impuesto el Poder Electoral para dificultar la masiva participación de la ciudadanía.
La crítica que la Oposición le hace al Gobierno al priorizar los pagos de la deuda externa por encima de las necesidades nacionales, sugiere que si el RR se realiza este año y la MUD gana las elecciones, esas prioridades cambiarían radicalmente.
Vale recordar que el nuevo gobierno que resulte de un RR convocado en 2016 no gobernará durante 6 años sino que completará el período constitucional hasta 2019. Durante ese lapso tendrá que optar entre pagar casi $ 30 mil millones en capital e intereses de la deuda externa o reorientar estos fondos para cubrir las importaciones de alimentos, medicinas e insumos que requiere la reactivación del aparato productivo para poder erradicar la escasez que azota a la población.
El pago de la deuda externa es un muerto con el que la MUD no quiere cargar, es un círculo vicioso que le quita hasta las ganas de gobernar. Por un lado, un gobierno de la MUD no cambiaría nada si no cambia el cronograma de pagos que sigue el actual gobierno. Pero por el otro, una moratoria unilateral puede ser pan para hoy y hambre para mañana al cerrar las vías al financiamiento internacional.
Si la MUD no quiere arrancar enfrentándose a los acreedores, solo puede mantener ese ritmo de pagos al costo de agravar la crisis humanitaria, defraudar las expectativas de cambio y restaurar al chavismo en las elecciones presidenciales de 2019. En ese caso sería mejor que en 2016 no haya RR para que no se convoquen unas elecciones que a todas luces ganaría cualquier candidato que postule la MUD. A sus precandidatos les preocupa esta probabilidad. Por eso hay quien prefiere que el RR se posponga para 2017 y así el neo-oficialismo que complete el período constitucional sea quien cargue con ese muerto y pague las consecuencias de pagar o restructurar la deuda.
Este u otro gobierno, en lugar de mantener la inercia de un cronograma de pagos que se hace cada vez más inviable, debe plantear la conveniencia y viabilidad de iniciar una reestructuración preventiva para evitar un default caótico que pulverice el precio de los bonos y haga más oneroso el nuevo financiamiento.
No se trata de declarar una moratoria unilateral cuyas consecuencias serían muy difíciles de reparar, sino de acordar con los acreedores una estrategia ganar-ganar. Una reestructuración preventiva facilitaría un acuerdo con los acreedores que prefieren evitar los descuentos en la deuda que genera un default total.
Los programas de reestructuración después de un default suponen rebajas significativas, período de gracia y reprogramación de los pagos. Justamente esto es lo que no le gusta a los acreedores quienes estarían dispuestos a reprogramar los plazos inicialmente pactados para evitar los descuentos.
Lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno sino la paz de Venezuela. Conjurar la amenaza de un estallido social pasa por aliviar la pesada carga de la deuda externa que devora los recursos que se necesitan para reactivar el aparato productivo y erradicar la escasez que ha puesto al país con las reservas de petróleo más grandes del mundo al borde de una crisis humanitaria

Economista Víctor Álvarez y sus proyecciones para Venezuela


jueves, 29 de septiembre de 2016

Canje de bonos de PDVSA: necesario más no suficiente

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Según el Convenio Cambiario N° 1 de febrero de 2003, el control de cambios se aplicó para frenar la fuga de capitales, garantizar un adecuado nivel de reservas internacionales y preservar el poder de compra del bolívar. Trece años después la cruda realidad indica que ninguno de esos objetivos se logró. La fuga de capitales es la peor de toda la historia y los cálculos más conservadores la ubican en más de $ 160 millardos, las reservas internacionales se encuentran en su nivel más bajo en los últimos 15 años y el poder de compra del bolívar se ha pulverizado.
Lejos de revisar y flexibilizar el control de cambios el Gobierno lo ha petrificado. Sobre todo a raíz del colapso de los precios del petróleo que obligó a una maxidevaluación del 100% en 2009, al pasar el tipo de cambio oficial de 2,15 a 4,30 Bs/$. A partir de entonces, Cadivi racionó cada vez más el acceso a los dólares preferenciales y obligó a los importadores a migrar al mercado paralelo, cuyo precio se comenzó a alejar de la tasa de cambio oficial.
En el mercado paralelo, los importadores podían obtener divisas legalmente a través de la permuta de títulos valores, aunque a un precio mayor que el tipo de cambio oficial. Pero en mayo de 2010 el precio  del dólar permuta fue considerado especulativo y este mecanismo se declaró ilegal. En sustitución se creó el Sistema de transacciones en moneda extranjera (Sitme) y se estableció que la permuta de títulos valores solo podría hacerse a través del BCV.
Los bajos montos transados y la falta de opciones generaron una creciente escasez de divisas. Esto dificultó las importaciones de materias primas, insumos industriales y productos finales. A pesar de que en 2011 los precios de petróleo rompieron nuevamente el umbral de 100 $/b, la escasez de divisas se agravó debido a la creciente sustracción de divisas a Pdvsa y al BCV para transferirlas al Fonden, mecanismo creado con el fin de financiar los créditos adicionales y el gasto del gobierno, cuyo creciente déficit también comenzó a ser financiado con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV. La especulación cambiaria y la fuga de capitales también agravaron la escasez de divisas.
Para drenar el exceso de liquidez y a la vez dinamizar al Sitme, Gobierno y Pdvsa se combinaron para emitir bonos denominados en moneda extranjera pero que fueron vendidos en bolívares a la tasa de cambio de 5,30 Bs/$. En febrero de 2013 el gobierno reconoció las perversiones en el ADN del Sitme y abortó el sistema, cuyas nefastas consecuencias se sufren ahora que  los precios del petróleo han colapsado y hay que pagar en dólares los bonos que se vendieron  en bolívares.
Para evitar el estallido de un default desordenado y caótico, Pdvsa intenta ganar tiempo y plantea el canje de los bonos que están por vencerse en 2017 por un nuevo bono cuyo vencimiento se pospone para el 2020. Pero si para entonces no se han recuperado los precios del petróleo se reeditará el mismo problema. Pdvsa no tendrá como cancelar el bono 2020, con el agravante de que tampoco podrá canjearlos nuevamente, a menos que conceda significativos descuentos y un mayor rendimiento con lo cual haría muy costosa la emisión.
Lo cierto es que desde el pasado viernes 16 de septiembre Pdvsa lanzó su oferta de intercambio voluntario de los bonos que están en circulación con vencimiento en abril de 2017 (cupón 5,25%) y noviembre de 2017 (cupón 8,50%), por un bono garantizado con fecha de vencimiento 2020 y cupón de 8,50%.
El nuevo bono tendrá cuatro amortizaciones de capital entre 2017-2020. Para estimular el canje, Pdvsa garantiza su pago con el 50,1 % de las acciones de Citgo, sobre la cual pesa una deuda de $ 4 millardos y está valorada, según Pdvsa, en $8,3 millardos. Las condiciones del nuevo instrumento deben ser atractivas para incentivar el intercambio. Veamos cuáles son:
·        El factor de canje es 1:1 si la operación se concreta hasta el 29/09/2016. Por cada $1.000 se otorgarán $1.000 del nuevo bono Pdvsa2020.
·        Si el canje ocurre después del 29/09/2016 y hasta el 14/10/2016, el factor de canje cambia a 1:0.95. O sea, $1.000 se cambiarán por $ 950 del nuevo bono.
·        Para los tenedores del bono Pdvsa2017 que rinde 5,25%, este canje significa un mayor rendimiento de 8,50%, pero para los tenedores del bono Pdvsa2017N el rendimiento es el mismo: 8,50%.
·        En ambos casos, el nuevo bono contará con la garantía del 50,1% de Citgo y esto permitiría una mejor cobertura ante un eventual default.
Al mismo tiempo, el Ministro de Petróleo, Eulogio del Pino aseguró que Pdvsa cumplirá con el pago de sus compromisos a aquellos tenedores de bonos que no acepten el canje. La ambivalencia de estas señales puede desestimular a los tenedores del bono Pdvsa2017N que no encuentran en el factor de canje ni en los rendimientos del nuevo bono mejores condiciones que las que ya tienen.
La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) considera que la propuesta de canje significa en la práctica un default y por eso rebajó la calificación de riesgo de Pdvsa a CC. Algo peor hizo la calificadora Fitch, la cual adelantó que dará una calificación CCC  al nuevo bono. Mientras que Moody’s aseguró que la operación de canje “reduciría el riesgo de un incumplimiento”. El Ministro del Pino acusó a S&P de ser "especuladoras de oficio" y agregó que las agencias calificadoras que alarmaron a los mercados al anunciar el default de Pdvsa, ahora nuevamente "han empezado la campaña de desprestigio" contra Venezuela 
Inicialmente, los bonos de Pdvsa cayeron como expresión de las dudas que no despejaron las condiciones del canje, pero luego cerraron al alza. Justamente el bono Pdvsa2017 fue el que más subió, con un alza de 2,250 puntos, un 1,4 por ciento por encima del anterior cierre. El otro bono objeto de canje, el Pdvsa2017N, terminó con un alza interdiaria de 1,8 por ciento.  

El canje de bonos es una medida necesaria más no suficiente. En economía, las expectativas tienen un papel clave en la toma de decisiones. La percepción de los tenedores de bonos sobre el acontecer económico de Venezuela ejerce una gran influencia. Si solo se plantea un canje de bonos pero no se acompaña con un programa de ajuste macroeconómico que corrija las distorsiones cambiarias y los desequilibrios fiscales, monetarios y de precios, los mercados valorarán el canje como una medida aislada e insuficiente y se mantendrá la incertidumbre que encarece el acceso de Venezuela a los mercados financieros.  @victoralvarezr

¿El canje de bonos de PDVSA conjura la amenaza de un default?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El Ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, propuso un intercambio de los bonos de Pdvsa que están por vencerse entre 2016-2017, por otro bono con vencimiento en 2020 y cupón de 8,50%. Con esta propuesta, busca aliviar los pagos de la compañía durante los próximos cuatro años. Este planteamiento para el canje voluntario de bonos excluyó al Pdvsa16 con vencimiento por $ 1 millardo en octubre, toda vez que ya ha sido recomprado por el Estado en más de un 50%. La oferta, entonces, se concentra en el Pdvsa17 con vencimiento por $ 3 millardos en abril de 2017 y el Pdvsa17N con vencimientos por $ 2.05 millardos en noviembre de 2016 y $ 2.05 millardos en noviembre 2017.
Para los inversionistas, este canje significa recibir un bono con un cupón mayor (Pdvsa17) o igual (Pdvsa17N), pero ahora con la garantía de Citgo. Así, contaría con una mejor cobertura ante un eventual default. Para conjurar este riesgo, los inversionistas pueden optar por el canje y garantizar su pago en 2020, una vez que las condiciones del mercado petrolero internacional hayan mejorado. Si la mayoría decide hacer el canje, Pdvsa puede liberar flujo de caja y el país tendrá un oxígeno de divisas para cubrir las importaciones esenciales.
¿Es sostenible el actual cronograma de pagos?
El colapso de los precios del petróleo, la prolongada contracción de la economía y los elevados costos financieros de la deuda externa hacen insostenible el actual ritmo de pagos en el corto y mediano plazo. Tendría que ocurrir el milagro de un nuevo auge rentístico, aunado a un exitoso programa de estabilización y reactivación económica, para que aumente el ingreso en divisas, baje el costo del financiamiento externo y así se pueda cancelar la deuda externa sin sacrificar la actividad productiva ni el consumo interno.
La voz oficial argumenta que la deuda externa (DE) venezolana es manejable según indicadores como DE/PIB o servicio deuda/PIB. Pero resulta que esos datos están muy distorsionados, toda vez que la conversión del PIB a dólares se sobreestima al dividir el PIB en bolívares a la tasa de cambio de 10 Bs/$ y no a 645 Bs/$. Obviamente, al dividir el mismo PIB en bolívares entre una tasa de cambio 64 veces mayor, el PIB en dólares resultante es mucho menor. Por lo tanto, el tamaño de la deuda externa se agiganta como proporción de un PIB ahora mucho menor.
Basta sincerar la tasa de cambio con la que se divide el PIB en bolívares para darse cuenta de que la deuda externa ya no resulta manejable. Adicionalmente, el cálculo DE/PIB se complica porque desde 2013 el BCV no publica la cifra oficial del PIB, cuyo monto real luce distorsionado por los controles de precios y los maquillajes de cifras que no reflejan el verdadero valor de la producción.
¿Cuál es la verdadera capacidad de pago?
Ante semejantes distorsiones, una pista de la capacidad de pago para mantener al día los próximos vencimientos de la deuda externa se puede obtener a la luz de la relación DE/exportaciones, o servicio de deuda/exportaciones. Estos datos aclaran la verdadera capacidad de pago del país y revelan que -más allá de la voluntad política que ha mostrado el actual gobierno de pagar puntualmente hasta el último dólar-, en el corto plazo cada vez hay menos margen para mantener el actual ritmo de pagos.
Las estadísticas indican que la deuda externa de Venezuela (bonos de la República y de Pdvsa), suma $ 123 millardos Esta cifra excluye la deuda con residentes que tiene Cadivi/Cencoex ($25 millardos), la deuda interna ($37 millardos) y las indemnizaciones por expropiaciones ($20 millardos). Las exportaciones de Venezuela han caído 75 % desde 2012 y si los precios del petróleo se estabilizan en 40 $/b este año, siendo optimistas, rondarán los $ 25 millardos. Por eso no hay suficientes divisas para cubrir las importaciones, pagar la deuda externa, honrar la deuda de Cadivi/Cencoex, ni cancelar las indemnizaciones ratificadas por el Ciadi.
Con el fin de liberar divisas para pagar la deuda externa, el gobierno ha reducido drásticamente  las importaciones, cuestión que ha contraído la actividad económica y provocado la más ruda escasez de alimentos y medicinas que se recuerde.
El actual gobierno apuesta a un recorte de la producción de la Opep para lograr un repunte de los precios del petróleo. Pero es poco probable que en el corto plazo se recupere la producción petrolera venezolana y que los precios de los crudos suban significativamente. Por lo tanto, el nuevo gobierno necesitará otras fuentes de financiamiento internacional para cubrir las importaciones de materias primas, insumos intermedios, maquinarias, equipos y tecnología que requiere la reactivación del aparato productivo.
La propia recuperación de la extracción petrolera requiere divisas que Pdvsa no está generando. Las finanzas de la compañía están castigadas no solo por el derrumbe de los precios del petróleo, sino también porque el mayor porcentaje de ese menguado ingreso en divisas Pdvsa lo tiene que vender a la irracional tasa de 10 Bs/$. Adicionalmente, soporta un ruinoso subsidio a la gasolina que representa –a precios internacionales- un costo de oportunidad de más de $ 14 millardos. Por si fuera poco, en el corto y mediano plazo tiene que responder a fuertes pagos de la deuda externa.
¿Qué pasaría si el gobierno decide restructurar toda la deuda externa?
Si el gobierno decide reestructurar toda la deuda externa para compartir el peso del ajuste con los acreedores, habría que medir muy bien las consecuencias de la forma como se ejecute esta decisión para que no resulte contraproducente. Sobre todo porque nadie le va a prestar a un gobierno que de forma unilateral decide no pagar la deuda externa por él mismo emitida.
Un default desordenado y caótico puede cerrar los caminos al financiamiento internacional que el gobierno necesita para financiar la importación de alimentos y medicinas, así como materias primas e insumos para reactivar el aparato productivo interno y erradicar la escasez, el acaparamiento y la especulación que atormentan a la población.
En el caso de Pdvsa, habría que revisar bien el marco legal que rige la materia, porque cuando se trata de reestructurar legalmente la deuda de una compañía, ésta tiene que declararse primero en bancarrota. La pregunta puede resultar descabellada y absurda pero hay que hacerla: ¿El gobierno declararía la quiebra de Pdvsa y le echaría la culpa a la guerra económica para forzar una reestructuración con descuento de la deuda externa de la compañía? Es obvio que no.
De cara al interés nacional, lo más responsable es medir muy bien las consecuencias de un impago. Las secuelas de no pagar serían muy caras para Pdvsa, cuyos activos en el exterior pudieran ser objeto de embargo por un Tribunal. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13 refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y embargo. Esto representaría un grave daño patrimonial y la paralización de las exportaciones de crudo.
¿Haría default un gobierno de la MUD? ¿Se negaría a pagar la deuda externa heredada del chavismo? ¿Declararía la quiebra de Pdvsa y le echaría la culpa al gobierno anterior? ¿Qué tribunal va a aceptar que la empresa que administra los yacimientos de petróleo más grandes del mundo está quebrada?
Ciertamente, debido al colapso de los precios del petróleo, Venezuela está confrontando una severa crisis de liquidez, pero no es una economía insolvente. Como respaldo, Pdvsa y la República cuentan con las reservas de petróleo más grandes del mundo, además de importantes yacimientos de gas, oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán y otros minerales que son muy bien cotizados en el mercado internacional debido a su importancia estratégica para la economía mundial.
¿Qué hacer para no cerrar las puertas del financiamiento internacional?
Los problemas de escasez de alimentos y medicinas que azotan a la población no se deben única y exclusivamente a la falta de divisas para importar. El desabastecimiento también es causado por los desincentivos que sufre la actividad agrícola e industrial que ha sido estrangulada por rígidos controles de precios y de cambios a lo largo de casi 14 años.
Con un programa de estabilización económica bien llevado es posible desmontar estas distorsiones, reactivar la producción nacional y superar los problemas de escasez sin tener que hundir a la Nación en las graves consecuencias que generaría el embargo de los activos de Pdvsa y el cierre de los mercados financieros ante un eventual impago de la deuda externa.
La unificación de la tasa de cambio a un nivel que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, así como la sinceración de los precios para poder recuperar los costos de producción y obtener una ganancia razonable, coadyuvaría a reactivar la capacidad productiva ociosa y a reducir los índices de desabastecimiento y escasez.
La industria nacional opera a menos del 50% de su capacidad instalada y en la mayoría de los 4 millones de hectáreas que fueron expropiadas es poco lo que se produce. A medida que se reactive la agricultura e industria y se sustituyan importaciones por producción nacional, se liberarán divisas para pagar la deuda externa, sin condenar a la población al azote de la escasez, el acaparamiento y la especulación.
Sincerar el precio de la gasolina erradicaría el contrabando de extracción y el derroche del combustible en el mercado interno, generando un importante ahorro equivalente a 200 mil barriles diarios, cuyo costo de oportunidad equivale a $ 3 millardos a los precios actuales de 40 $/b. La racionalización del uso del combustible en el tráfico interno reducirá la emisión de gases de efecto invernadero que colocan a las ciudades venezolanas entre las más contaminantes de América Latina.
Una tasa de cambio que respalde la competitividad cambiaria contribuiría a recuperar las exportaciones no petroleras que, en su mejor momento, aportaron casi $  7 millardos. La unificación cambiaria en torno a la tasa Dicom de 645 Bs/$ le daría a Venezuela el siniestro privilegio de ser el país con la fuerza de trabajo más barata en América Latina. Pero esto no es un incentivo para atraer la inversión extranjera que prefiere países en los que se respeten los derechos de propiedad, funcionen los mecanismos del mercado, prevalezca un clima de paz laboral y se proteja y estimule la inversión. Estas son las verdaderas claves para atraer inversiones que ayude a recuperar la industria petrolera y reactivar la agricultura y manufactura nacionales. 
Para recuperar el acceso al mercado financiero internacional sin que se le imponga a la Nación un severo programa de shock con medidas draconianas y antipopulares, hay que tomar la iniciativa para corregir las graves distorsiones macroeconómicas y reactivar la economía  través de un conjunto de decisiones que aún se tienen al alcance de la mano. Esto implica:
        Convocatoria a los más competentes y prestigiosos formuladores de políticas
        Diseño de un Plan de Estabilización Económica con Bienestar Social
        Reinstitucionalización de los poderes públicos
        Seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad
        Restablecimiento de los mecanismos del mercado
        Construcción de amplio consenso y sólido apoyo político y social
        Auditoría ciudadana y voluntad política para pagar la deuda legalmente adquirida

Sin lugar a dudas, para que mejore la percepción de los mercados sobre el futuro de la economía venezolana, el énfasis debe estar en enderezar las desviaciones y errores de la política económica. Al corregir los desequilibrios macroeconómicos y enviar las señales adecuadas sobre el nuevo marco legal e institucional que rige la actividad económica, los inversionistas nacionales y extranjeros se van a interesar en un país que cuenta con semejante potencial de recursos. Así los mercados financieros nuevamente se abrirán si tener que someter a la Nación a los efectos no deseados de un default. @victoralvarezr

¿Cómo entender el canje de bonos de PDVSA?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Ante la apretada crisis de liquidez que afecta a Pdvsa y con el fin de lograr un respiro en los próximos pagos de su deuda, el Ministro de Petróleo y Presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, propuso un intercambio de los bonos que están por vencerse entre 2016-2017, por otro bono con vencimiento en el año 2020 y un cupón de 8,50%. La oferta para el canje voluntario de bonos se concentra en los bonos Pdvsa2017 con pagos por $ 3 millardos en abril de 2017 y el Pdvsa2017N con pagos por $ 2.05 millardos en noviembre de 2016 y $ 2.05 millardos en noviembre 2017.
Para la materialización del canje debe concurrir al menos 50% de los papeles elegibles. Como el canje se concreta siempre y cuando los tenedores de estos bonos decidan cambiarlos voluntariamente por el nuevo bono que tiene fecha de vencimiento en el 2020, las condiciones del nuevo instrumento deben ser atractivas para incentivar el intercambio. Veamos cuáles son:
·         El factor de canje es 1:1 si la operación se concreta hasta el 29/09/2016. Por cada $1.000 se otorgarán $1.000 del nuevo bono Pdvsa2020.
·         Si el canje ocurre después del 29/09/2016 y hasta el 14/10/2016, el factor de canje cambia a 1:0.95. O sea, $1.000 se cambiarán por $950 del nuevo bono.
·         Para los tenedores del bono Pdvsa2017 que rinde 5,25%, este canje significa un mayor rendimiento de 8,50%, pero para los tenedores del bono Pdvsa2017N el rendimiento es el mismo: 8,50%.
·         En ambos casos, el nuevo bono contará con la garantía del 50,1% de Citgo y esto permitiría una mejor cobertura ante un eventual default.
En el caso del bono Pdvsa17N, las condiciones financieras (factor de canje y rendimiento) no compensan la prolongación de la fecha de vencimiento. El principal atractivo es la mejora de la calidad crediticia generada por la garantía del 50.1% del capital accionario de Citgo. En ambos casos, para cubrir el riesgo de un impago, los inversionistas pueden optar por el canje y garantizar su pago en 2020, una vez que las condiciones del mercado petrolero internacional hayan mejorado.
El principal beneficio para Pdvsa consiste en refinanciar su deuda financiera de corto plazo y así aliviar las presiones sobre su menguada liquidez. El perfil de vencimiento de la deuda de Pdvsa se aliviaría en lo que queda del año 2016 y 2017 al posponer pagos por más de $ 11 millardos (8,1 de capital y 3,166 de intereses). Así el país tendrá un oxígeno de divisas para cubrir las importaciones esenciales.
¿Canje voluntario o default técnico?
En economía, las expectativas tienen un papel clave en la toma de decisiones. La percepción de los inversionistas y tenedores de bonos sobre el acontecer económico de Venezuela ejerce una gran influencia al momento de tomar las decisiones. Si solo se plantea un canje de bonos pero no se acompaña esta medida con un programa de ajuste macroeconómico que corrija las distorsiones cambiarias y los desequilibrios fiscales, monetarios y de precios, los mercados valorarán el canje como una medida aislada e insuficiente y se mantendrá la incertidumbre. 
A pesar de que el gobierno ha cumplido puntualmente con los pagos de la deuda externa –al extremo de reducir severamente las importaciones y provocar la contracción de la actividad económica-, el mercado mantiene la expectativa de un eventual default debido al colapso de los precios del petróleo, al precario desempeño económico y a la crisis política en torno al referendo revocatorio.
Este panorama acentúa la incertidumbre de las calificadoras de riesgo que valoran los bonos venezolanos como los más riesgosos de la región y por eso le impone al país pagar tasas de interés más altas. De hecho, la calificadora Standard and Poor’s (S&P), redujo el riesgo de Pdvsa a CC, toda vez que considera al canje de bonos como una especie de default técnico. Por su parte, Fitch anunció que dará una calificación CCC al nuevo bono Pdvsa2020. Sin embargo, Moody’s, aseguró que la operación de canje reduciría el riesgo de un incumplimiento. El Ministro Eulogio Del Pino acusó a S&P de ser "especuladoras de oficio" y agregó que estas agencias calificadoras que alarmaron a los mercados con un posible default de Pdvsa ahora  "han empezado la campaña de desprestigio" contra Venezuela.
Inicialmente, los bonos de Pdvsa cayeron como expresión del poco interés en las condiciones del canje. Pero luego cerraron al alza: el bono Pdvsa2017 fue el que más subió con un alza de 2,250 puntos, un 1,4 % por encima del anterior cierre. Y el Pdvsa2017N terminó con un alza interdiaria de 1,8 %.  
Venezuela  tiene un problema de liquidez, no de solvencia
El encarecimiento del financiamiento internacional se debe al colapso de los precios del petróleo, aunado a la falta de confianza de los inversionistas y acreedores en la capacidad del gobierno para aplicar los correctivos a las desviaciones y errores de la política económica. Sin embargo, aun cuando el precio del petróleo permanezca estancado, si este u otro gobierno lleva a cabo un programa coherente de reformas económicas, el país pudiera mejorar las actuales condiciones y costos de su acceso a los mercados financieros internacionales.
Por eso, antes que plantear una restructuración total de la deuda, el esfuerzo más bien se debe concentrar en la ejecución de un programa de estabilización macroeconómica y transformación estructural de la economía. La reestructuración total de la deuda externa -sobre todo si se plantean descuentos-, es un proceso que lleva tiempo, implica un complicado y exigente calvario de negociaciones que desviaría la atención del programa de ajustes y reformas y, a su vez, retrasaría el nuevo financiamiento que se requiere con urgencia.
Cómo aliviar la escasez de divisas
Venezuela ha raspado la olla: ejecutó un swap de reservas en oro por $1,5 millardos, redujo en $ 1,88 millardos su disponibilidad en Derechos Especiales de Giro en el FMI, concedió descuentos para adelantar el cobro de $ 3,5 millardos a República Dominicana y Jamaica y hasta hipotecó Citgo por $ 2,5 millardos. En lugar de destinar estos recursos a la reactivación productiva para fortalecer su capacidad de pago a largo plazo y generar así confianza en los mercados internacionales, en su afán inmediatista de evitar el default, priorizó el pago y la recompra de la deuda externa.
La solución no radica en repartir la escasez afincándose cada vez más en un férreo  control de cambios para racionar las divisas y contraer las importaciones hasta hacer colapsar el aparato productivo nacional. Esto solo agravaría los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que tienen harta a la población. Hay otras fuentes para aliviar la escasez de divisas: la reducción del gasto militar puede liberar divisas para la importación de alimentos y medicinas; la sustitución de las importaciones gubernamentales por un programa de compras a favor de la reactivación productiva liberaría recursos: incluso, la unificación cambiaria a un nivel que exprese la competitividad de la agricultura e industria contribuiría a sustituir importaciones y a reactivar las exportaciones no petroleras que en su mejor momento se ubicaron en torno a los $ 7 millardos. 
No todo depende del financiamiento externo. Mientras se negocian las condiciones de un nuevo financiamiento, el gobierno tiene un margen adicional de maniobra para aliviar la escasez de divisas si suspende temporalmente los convenios con Cuba y PetroCaribe. Los pagos del préstamo chino se pueden diferir hasta que el petróleo alcance los 60 $/b. Se calcula que hasta 2015, los convenios con China y PetroCaribe le costaron a Venezuela $ 50 millardos. Con solo un año de gracia  el flujo de divisas aumentaría en más de $ 5 millardos que serían destinados cubrir las importaciones esenciales para la reactivación productiva. Adicionalmente, si se suspende PetroCaribe, Venezuela recibiría más de $ 600 millones.
En la última década, los ingresos extraordinarios derivados del último auge rentístico se gastaron todos y el país no ahorro ni invirtió reservas en esos años de bonanza. Con la Reforma de la Ley del BCV en 2005 se eliminó la obligatoriedad de vender los petrodólares al BCV y se creó el FONDEN, al cual le transfirieron $ 55 millardos de reservas internacionales que fueron gastados. Restaurar la autonomía del BCV en el manejo de las divisas ayudaría a recuperar las reservas internacionales. Esto pasa por sustituir los fondos que se crearon para gastar la renta petrolera por nuevos fondos para ahorrar e invertir la renta, autorizando al gobierno de turno a utilizar como fuente complementaria del Presupuesto Nacional únicamente los rendimientos generados por esos fondos.
Aprovechar inteligentemente todo este margen de ahorro se traducirá en una bomba de oxígeno mientras se gestiona el acceso a nuevos flujos de divisas que permitan sostener el programa de ajuste y transformación estructural de la economía en el largo plazo. Antes de rendirse a las severas exigencias que imponen los organismos financieros internacionales, el gobierno puede aprovechar este margen de maniobra para aliviar la escasez de divisas, impulsar un programa de reformas para sanear la economía y estar en mejores condiciones para negociar nuevo financiamiento internacional.

La confianza generada bajará la presión sobre la demanda de divisas y, más bien, estimulará nuevas fuentes a través de la repatriación de capitales, la inversión extranjera, las exportaciones no petroleras y el turismo internacional. La estabilización de la economía permitirá liberar sin traumas el mercado cambiario para las transacciones comerciales y así se podrá recuperar la producción interna para abatir los azotes de la escasez, la especulación y la inflación. @victoralvarezr