Ley de Comunas: de la contraloría social al empoderamiento popular

En la Comuna el poder popular puede ser simultáneamente poder constituyente y poder constituido. La dinámica de la Comuna permite superar las reminiscencias de la democracia representativa en la que una vez electos los gobernantes y legisladores, estos se alejan y desvinculan de sus electores y solo reaparecen en la próxima campaña electoral, a pesar de haber incumplido las promesas y compromisos por los cuales fueron elegidos.

Como sabemos, esa manera de entender la democracia representativa terminó siendo una burla para las expectativas y esperanzas del pueblo. De allí la necesidad de avanzar hacia la construcción de una democracia participativa y protagónica que transfiriera poder a las comunidades.

Ahora bien, esto no significa que el nuevo sistema político que en Venezuela se construye se base única y exclusivamente en esquemas de democracia directa o asamblearia. De hecho, en las elecciones del próximo 26 de septiembre se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional que representarán a los electores de sus circuitos.

La clave para una adecuada fórmula de democracia representativa y democracia participactiva está en saber distinguir los asuntos de cobertrura nacional de los problemas a nivel comunal. Cuando se trata de abordar problemas concretos cuya solución está al alcance de la propia comunidad, nada mejor que la amplia y creciente participación de la comunidad. Sobre esta base es que la gente se identifica y compromete con las decisiones que ella misma toma. Por supuesto, no hay que descartar que cuando se trate de un numero muy elevado de comunidades, cuya participación masiva dificulte las deliberaciones y toma de decisiones, las propias comunidades decidan elegir sus mejores representantes que, como ya sabemos, en la experiencia venezolana se han llamado voceros o voceras.

Hay que dejar claro que no se trata de eliminar todo el sistema de representatividad, sino de crear un sistema mucho más eficaz, basado en la participación directa, que impida que los elegidos se separen y olviden de sus electores. Sobre todo, teniendo en cuenta que el poder popular no se expresa sólo en los Consejos Comunales, sino también en los consejos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, etcétera. Así, los voceros en la comuna pueden ser también representantes de todas las expresiones del poder popular.

En este sentido, la Ley de las Comunas es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. A su vez, con este instrumento legal se amplía y fortalece la base legal para impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación de los trabajadores directos y de la comunidad.
La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder.
La comuna dispondrá de un Plan, con líneas estratégicas de desarrollo comunal, a la luz de: a) vocación económica y productiva que determine su dotación natural de recursos agrícolas, forestales, turísticos, mineros, etc; b) características de organización social y tradiciones de lucha; c) cultura, sistema de creencias y conocimiento ancestral; localización en el territorio; y, características generales de su población.
Asimismo, para avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo que libere a los asalariados de la explotación del capital y reconozca al ser humano como la razón de ser de la actividad económica y productiva, la Comuna podrá desarrollar su propio sistema micro-financiero con el fin de impulsar proyectos socio-productivos que aseguren la inversión social de los excedentes, en función de resolver problemas concretos de la comunidad.
Las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna serán la fuente más rica para crear nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal, la cual tiende a ser secuestrada por el burocratismo y administrada como si de una propiedad privada se tratara. No se trata solo de una contraloría social o control obrero contemplativos y sin mayor posibilidad de decisión, sino de profundizar un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, conviertiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

La estrategia antiinflacionaria

Todo ajuste cambiario tiene efectos positivos y negativos. La devaluación proporciona un alivio al productor local, al no tener que competir con importaciones baratas por un dólar subsidiado. Los exportadores reciben más bolívares por cada dólar y así disponen de un margen mayor para cubrir los costos internos. El lado malo es su impacto en la estructura de costos y en el comportamiento de los precios en una economía que opera con un alto componente importado. Sobre todo cuando la devaluación no se complementa con una estrategia antiinflacionaria que permita armonizar el aumento de la demanda, derivada de un mayor gasto público, con un aumento equivalente en la oferta nacional. En lo que va de año, este desequilibrio se ha visto acentuado por una contracción del aparato productivo que ya acumula cinco trimestres consecutivos.
Para no anular los efectos positivos del ajuste cambiario es necesario cortar el círculo vicioso inflación-sobrevaluación-devaluación-inflación. Ciertamente, buena parte de este impacto inflacionario ya fue absorbido en el año 2009. Debido a la exclusión de muchos códigos arancelarios del tipo de cambio oficial, los importadores se trasladaron al mercado paralelo y ya habían transferido este impacto cambiario a la estructura de costos y los precios al consumidor. También los retrasos en la liquidación de divisas obligaron a las empresas a comprarlas en el mercado paralelo y a trasladar este incremento al precio final.
Una acertada estrategia antiinflacionaria pasa por distinguir las causas de la inflación de las consecuencias que la misma genera. Es un error definir la inflación como un aumento de los precios, cuando en realidad es una pérdida del poder de compra de la moneda. Unos explican la inflación en la esfera de la circulación. La ven como un fenómeno monetario que provoca un desbordamiento de la demanda superior a la oferta. Acusan al gasto público y proponen su reducción. Otros ven su origen en la esfera de la producción. Sostienen que se debe a la escasa oferta nacional y proponen incentivar la producción de bienes y servicios. En nuestro caso no es ni lo uno ni lo otro sino ambas dos.
Lo cierto es que ya no hay dólares a 2.15. En lo que va de año, el dólar oficial se ha vendido a 2.60 y 4.30 y esto inevitablemente ha repercutido en el costo de los insumos importados. Por otra parte, los ingresos adicionales que PDVSA y el fisco obtienen al vender los dólares más caros han servido para aumentar el gasto público. Y si no se reactiva en el segundo semestre la economía para poder respaldar el incremento de la cantidad de bolívares en circulación con un aumento equivalente de la producción, se profundizará el desequilibrio entre oferta y demanda y se atizará la inflación.
El control de precios ha servido para contener la especulación pero ha mostrado sus límites para atacar las causas estructurales de la inflación. Se controla el precio final y se mantiene congelado por largos períodos que van más allá de un año. Pero si anualmente se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias, transporte y otros servicios, más temprano que tarde la rigidez del control se revierte contra una sana lógica económica de recuperar los costos de producción para asegurar la sustentabilidad y viabilidad económica y financiera de las empresas. Cuando los precios controlados se rezagan en comparación con la evolución de la estructuira de costos, no solo el margen de ganancia y rentabilidad se ve afectado. Al quedarse el precio controlado por debajo del costo de producción, las empresas comienzas a sufrir pérdidas. Y así, ni las cooperativas, EPS y empresas más solidarias de la economía social, popular y comunal pueden sostenerse. Cuando los costos de producción superan el precio controlado inevitablemente se desestimula la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez y la especulación. Entonces importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica.
Cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo reclama mecanismos más eficaces. En lugar de seguir quemando Reservas Internacionales con las “subastas” y otro tipo de intervenciones, es preferible autorizar a los exportadores a vender su ingreso en divisas en el mercado paralelo. Este aumento de la oferta privada aliviará la carga que recae sobre el BCV y las Reservas Internacionales, toda vez que operaría como un mecanismo de convergencia entre ambos tipos de cambio, evitando que el dólar paralelo se despegue y siga siendo el tipo de cambio marcador en la formación de los precios de la economía venezolana.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.
Pero en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública en la economía.
La caída del PIB en Venezuela es una ocasión propicia para revisar la política económica. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación cualitativa de la economía. Esta transformación tiene dos ejes clave:
1) Creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.
2) Transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Los apoyos del Estado a la producción local son una condición básica para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de acertadas políticas y estrategias orientadas a la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista.

¿Reactivar o transformar la economía?

Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van desgastando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente.
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces comenzamos a celebrar la caída del PIB, argumentando que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. En la antesala de unas elecciones de la AN es muy cara la factura política que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero no será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Hoy más que nunca, se requiere el diseño y ejecución de una sabia y oportuna estrategia de reactivación y transformación estructural de la economía venezolana.

La economía del conocimiento

En los años 90, los grandes países consumidores de petróleo impusieron la creencia de que el petróleo tenía sus días contados como principal fuente de energía. Ante la reivindicación en los precios de los crudos que lograron los países de la OPEP en los años 70 y 80, las potencias industrializadas reaccionaron llevando a cabo un descomunal esfuerzo por desarrollar fuentes alternas de energía que supuestamente desplazarían al petróleo como el fundamento de la gran producción en serie.
Las tensiones en la OPEP no se hicieron esperar. Por un lado, los países miembros que sufrían un progresivo agotamiento de sus reservas apostaron a controlar la producción con el fin de vender al mayor precio posible sus decrecientes reservas. Por la otra, los países con abundantes reservas, haciéndose eco del argumento de las grandes potencias de que las fuentes alternas de energía se encontraban a la vuelta de la esquina, se apuraron a romper las cuotas de producción y a rematar sus reservas antes de que se quedaran en el subsuelo.
El resultado fue que a comienzos de los años 2000 los precios del petróleo se encontraban por el piso y la OPEP estaba prácticamente desmembrada. A lo largo de la última década, esta organización se ha reconstruido y ha logrado reivindicar precios justos para el petróleo. La cotización de los crudos ha mejorado y las reservas probadas que Venezuela tiene son las más grandes del mundo. A diferencia de otros países que necesitan realizar un enorme esfuerzo productivo para generar las fuentes de divisas que requieren para comprar las materias primas y recursos energéticos que no poseen, Venezuela percibe una cuantiosa renta petrolera que le permite comprar al resto del mundo los bienes y servicios que bien pudiera estar produciendo internamente.
En aquellas naciones, la falta de recursos naturales, lejos de ser una restricción insalvable para el desarrollo, más bien ha sido un acicate. Ejemplos claros son los de Japón, China y los países industrializados del sudeste asiático. Sin poseer mayores reservas de materias primas y energía han logrado desarrollar una portentosa industria manufacturera de base tecnológica que ha invadido al mundo entero con una producción de creciente calidad y precios cada vez más competitivos, demostrando así que poseer recursos naturales es necesario más no suficiente para la prosperidad de una nación, de la misma forma que carecer de ellos no es un obstáculo para desarrollarse.
Las transforma­ciones tecnológicas en curso han alterado el patrón de ventajas comparativas que sustentaron la inserción de Venezuela en la Economía mundial. Las ventajas competitivas derivadas de las capacidades para producir y utilizar conocimientos han desplazado las ventajas comparativas heredadas de la naturaleza. De la ventaja basada en recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas con base en el dominio tecnológi­co. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron los recursos naturales y el petróleo barato para el viejo modelo productivo es semejante al que hoy tiene el conoci­miento científico y tecnológico para el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos.

El comunismo del Cardenal Urosa

Como era de esperarse en la antesala de todo proceso electoral, algún vocero de la oligarquía tenía que salir a tratar de meterle miedo al pueblo desempolvando la cantaleta anticomunista. Esta vez el escogido fue el Cardenal Urosa.
Si el Cardenal se tomara un tiempo para revisar algunos datos, se percataría de que en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre 2003-2009 el desempleo se redujo de 16.8 % a 7.5 %; el sector informal bajó de 52.7% a 44 %; el porcentaje de hogares pobres cayó de 55.1 a 23.8, mientras que la pobreza extrema se redujo de 25 % a 5.9 %. Si eso es comunismo, entonces: ¡Bienvenido sea el comunismo!.
Sin embargo, a pesar de sus proclamas anticomunistas, el peso del sector capitalista en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente aumentó. Pasó de 64.7 % en 1998 a cerca de 70 % en 2009, mientras que el sector público cayó de 35 % a 30 %. Es bueno que el Cardenal Urosa se entere que en ese sector capitalista de la economía, que tácitamente defiende, se ha recrudecido la explotación de los trabajadores: en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital, diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Así pues, tanto la estructura del PIB como el nivel de empleo están fuertemente marcados por el abrumador peso que todavía tiene la economía capitalista, siendo ésta la que define la naturaleza explotadora y depredadora del modelo productivo que aún impera en Venezuela, el cual hay que transformar en un nuevo modelo productivo socialista para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social.
El impacto social de este capitalismo salvaje se ha visto mitigado gracias a la inversión social de la renta petrolera: es lo que ha permitido compensar una distribución del ingreso favorable al sector capitalista. Pero en Venezuela hemos entendido que una auténtica Revolución Socialista no se limita a asegurar el acceso gratuito de los pobres a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales. Ahora nos proponemos ir más allá de la inversión social de la renta petrolera y transformar radicalmente el régimen de propiedad para transferir a los pobres el poder sobre los procesos de producción de los bienes básicos y esenciales que se necesitan para garantizar la supervivencia humana.

¿Control obrero o empoderamiento popular?

Pendiente está el reto de aumentar el peso de la economía social en el PIB. Hay maneras de lograrlo. Una: concentrando incentivos públicos en este sector para hacerlo crecer a un ritmo superior al resto de la economía. Otra: incubando la economía social en el seno de la propia economía pública y privada. O las dos al mismo tiempo.
En este sentido, es interesante la propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores para lograr su participación protagónica en los procesos productivos, profundizar la formación sociopolítica y crear las bases para el desarrollo de las relaciones socialistas de producción.
Pero no se trata solo de Consejos que obliguen a los patronos a permitir el acceso a la información sobre los procesos productivos, administrativos, tecnológicos, etc. de la empresa: la clave está en lograr un verdadero empoderamiento popular. El control de los centros de trabajo también tiene que ser comunitario. Y esto es posible si a los Consejos Comunales se les reconoce su condición de copropietarios sociales para que asuman, conjuntamente con los trabajadores, las políticas para mejorar las condiciones de trabajo y del entorno comunitario, a través de la inversión social de las ganancias.
La mencionada propuesta de Ley debe ser complementada con otra para democratizar la propiedad, que condicione el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de un requisito de copropiedad de los Consejos de Trabajadores y Comunales, los cuales serían los únicos autorizados para tramitar los apoyos públicos a favor de la empresa de la cual son copropietarios. Ambos recibirían préstamos del Estado para comprar su participación accionaria, dejando claro que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda no será distribuido como ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario. Su complementación permitirá fortalecer su unidad y elevar el nivel de organización para avanzar, no solo en la cogestión y contraloría social, sino en un verdadero empoderamiento popular que resuelva a favor del pueblo la contradicción fundamental del capitalismo, la cual se expresa en la producción social de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, versus la apropiación individual de la riqueza que se deriva del esfuerzo productivo de toda la sociedad.

Claves para construir el Nuevo Modelo Productivo

La construcción de un nuevo modelo productivo socialista debe plantearse con claridad al menos los siguientes objetivos:
1. Impulsar nuevas relaciones de poder a partir de un sostenido proceso de cogestión, autogestión, control obrero y apropiación de los productores directos y de la comunidad sobre los medios de producción destinados a generar los bienes y servicios que componen la canasta alimentaria y la canasta básica.
2. Definir los sectores económicos que el Estado se reserva, identificar aquellos en los que se promoverá y protegerá la economía social y en los que se permitirá y estimulará la inversión privada nacional y extranjera.
3. Diversificar la economía con un peso creciente de los sectores de la agricultura y la industria, por ser los que generan los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
4. Impulsar amplia y creciente inclusión social para asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y miembros de la comunidad.
5. Localizar nuevas unidades productivas en municipios y comunidades con PIB per cápita o Indice de Desarrollo Humano por debajo de la media nacional, en función de corregir asimetrías y disparidades regionales.
6. Asegurar sustentabilidad ambiental para evitar el impacto de las emanaciones gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos sobre la salud de los trabajadores y el ambiente comunitario.
7. Estimular eficiencia en el uso de energía, gas, agua, materias primas e insumos básicos con el fin de racionalizar y preservar las fuentes naturales de esos recursos.
8. Promover la integración internacional con base en la transferencia de tecnología, desarrollo del talento humano, asistencia técnica y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.
9. Sustituir eficientemente importaciones por producción nacional y diversificar la oferta exportable competitiva en términos de precio, calidad, cantidad y puntualidad de entrega.
10. Priorizar el otorgamiento de los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica a las empresas de la economía social.
11. Promover nuevos valores de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad.
La célula fundamental del nuevo modelo productivo serán las empresas de la economía social. Estas son unidades productivas sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida y están llamadas a generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a los problemas de los trabajadores y la comunidad.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

Cuando gastamos recursos públicos en pagar expropiaciones, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas, no estamos contribuyendo por esa vía a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo.
El reto es crear más empresas para construir un sólido aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En vez de destinar sumas multimillonarias para pagar a los dueños capitalistas unas expropiaciones que solo permiten convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada, el gran desafío de la política económica bolivariana es aumentar la densidad de empresas productivas por cada mil habitantes, reindustrializando así la economía nacional.
Hay que medir bien las consecuencias
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Fueron los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. -y no las fuerzas del mercado- los que se llevan el mérito de haber impulsado el crecimiento del PIB a lo largo de 22 trimestres consecutivos.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces dimos un bandazo y comenzamos a celebrar la caída del PIB con el argumento de que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Pero en ninguna de estas celebraciones hemos medido bien las consecuencias.
¿Reactivar o transformar la economía?
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Hemos advertido que apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social.
Ninguna persona es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada. Por lo tanto, la sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para compensar la caída de la producción mercantil y reenganchar a las personas que perderán su empleo en las empresas quebradas. La pobreza está asociada a la imposibilidad de tener acceso a los bienes básicos y esenciales para la sobrevivencia humana. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que hambrientos desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. Y en la antesala de unas elecciones cruciales de la Asamblea Nacional es muy cara la factura que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos.
¿Expropiar o democratizar la propiedad?
En el país, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. Ahora que muchas de éstas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad a través de una política que:
· Condicione el acceso de las empresas privadas a los incentivos públicos al cumplimiento de un requisito de venta de un porcentaje de sus acciones a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales.
· Las empresas privadas, en lugar de pedir préstamos a la banca pública, tendrían que activar programas de participación laboral y comunitaria en su estructura accionaria: solo así podrían tener acceso a los incentivos del Estado para reactivar la economía y democratizar la propiedad.
· El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones, utilizaría estos fondos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales para que adquieran su participación accionaria, inyectando por esta vía recursos para reactivar la empresa.
· El mayor porcentaje del excedente que le corresponda a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario.
· Un porcentaje de los dividendos deberá destinarse a pagar al Estado el crédito recibido para comprar las acciones.
De esta forma se impulsaría un modelo de expresas mixtas que, a la par de masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, servirá para preservar las capacidades gerenciales e innovativas que toma tantos años crear y fortalecer y que son claves para garantizar la buena marcha de cualquier empresa.
Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van minando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara.
Cuando todos los trabajadores y miembros de la comunidad posean acciones y se sientan verdaderos propietarios sociales de las empresas donde trabajan, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. Este es el mejor camino para erradicar de una buena vez las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

¿Cómo democratizar la propiedad?

En Venezuela, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. En los últimos años, se dedicaron a operaciones especulativas, revendiendo en cuestión de minutos instrumentos denominados en moneda extranjera: una especie de casinos para jugar a los dados y al póquer electrónico, ávidas del golpe de suerte y la ganancia fácil.
Ahora que muchas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad de los medios de producción fundamentales. Para esto, la próxima AN estaría llamada a aprobar una Ley para Democratizar la Propiedad que establezca la creación de una nueva Bolsa de Valores Socialista, a través de la cual las empresas mercantiles queden obligadas a ofrecer a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales un porcentaje significativo del valor de las empresas.
El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones a los dueños capitalistas, utilizaría estos recursos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales, con la condición de que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda según sea su participación accionaria, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario, así como a pagar el crédito recibido para comprar las acciones. De esta forma, se podrá masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, y los trabajadores y miembros de la comunidad se sentirán verdaderos propietarios sociales de esas empresas.
“O inventamos o erramos”. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara. Por la vía que proponemos, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social sin fines de lucro, pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y de la comunidad.

La Revolución tiene dos caras

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar con mucho simplismo que lo que está cayendo es el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles con fines de lucro han reducido su nivel de ventas y producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre y quiebra de pequeñas, medianas y grandes empresas; y, por lo tanto, de un incremento del desempleo.
No habría ningún tipo de riesgo y amenaza si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía nacional se viera inmediatamente compensado con el crecimiento vertiginoso de la economía social. Pero esto no es así. Después de una década de Revolución y amplio apoyo a las cooperativas, Fundos Zamoranos y EPS, la economía solidaria representa menos del 2% del PIB.
No se trata de celebrar ingenuamente la caída del PIB, ni de expropiar luego las empresas cerradas para transformarlas en propiedad estatal. En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa en la burocracia estatal, están dadas las condiciones para mantener al rojo vivo la inflación, toda vez que este es un empleo improductivo cuyos salarios no tienen su debida contrapartida en una abundante producción. Para muestra un botón: el último aumento del salario mínimo significa la inyección de casi 10 millardos de Bs. F. que no tienen respaldo en un aumento equivalente de la producción. El reto no puede estar, entonces, en quebrar las empresas existentes sino en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.
De cara a la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión, el objetivo ahora -más que reactivar el PIB-, es transformar su estructura y evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2009, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Al concentrarse en la reactivación y no en la transformación de lo que había, la propia política económica bolivariana fue la que contribuyó a que el sector capitalista de la economía creciera a una velocidad mayor que la economía pública y la economía social.
Una Revolución verdadera es una permanente contradicción dialéctica entre dos procesos que se excluyen entre sí, pero a la vez se presuponen. Por lo tanto, tiene dos caras: la cara de la superación del viejo orden capitalista, explotador e inferior; y, la cara de la construcción del nuevo orden socialista, obligado a demostrar que es realmente superior.
La secuencia y sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de revitalizar y restaurar el dominio del viejo orden; el cual, aunque pueda ser finalmente superado, nunca quedará del todo desaparecido.
El capitalismo: ¿un mal necesario?
A pesar de la creciente crítica al capitalismo, el peso de este sector lejos de disminuir más bien ha aumentado. Pasó de 64.7 % en 1998 a 70 % en 2009. El sector público cayó de 35 % a 30 %, mientras que la participación de la economía social, contabilizada como componente del sector privado, es de apenas 1.6 %. El sector mercantil sigue siendo mayoritario y, por lo tanto, define la naturaleza capitalista de la economía, lo cual es totalmente contradictorio con los objetivos del Gobierno de construir un modelo productivo socialista.
Ante la frustración que ocasionan estos resultados, no se puede cometer ahora la ingenuidad de destruir el actual patrimonio productivo con la pretensión de construir sobre sus ruinas la economía solidaria. Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan llevar comida todos los días en la mesa de su casa. Destruir la economía capitalista sin que se haya construido la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de recesión, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar social. Si la cara de la destrucción creativa no se sincroniza con la cara de la construcción revolucionaria la gente que se ha quedado sin empleo y sufre los estragos de la inflación terminará concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer” y se corre el riesgo de restaurar el orden anterior.
El Socialismo rentista
En Venezuela, los avances en materia de reducción de desempleo, pobreza y exclusión han sido gracias a la inversión social de la renta petrolera, la cual también ha permitido compensar y disimular una distribución regresiva del ingreso en el sector privado de la economía, donde la participación del capital se ha incrementado en desmedro de lo que reciben los trabajadores.
En 1998 al factor trabajo le tocaba el 39.7% del valor creado, superior al 36.2 % que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Esto quiere decir que en Venezuela, la lucha por lograr una mejor distribución del ingreso no se dirige a capturar una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera.
Justamente, la naturaleza rentista del socialismo venezolano es lo que explica que la pugna por la distribución del ingreso no se caracterice por cruentos conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas. Sin embargo, cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. La rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más violenta si los precios del petróleo mantienen un comportamiento errático y la economía no se reactiva en el corto plazo.
En cualquier caso, un trabajador con familia que mantener, preferirá estar como asalariado en una empresa capitalista, en lugar de estar anotado en una lista, a la espera de que se abra una empresa de la economía social.

La destrucción creativa

La Revolución es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. La sincronización de este proceso es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de restaurar el viejo orden.

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar que está cayendo el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles han reducido su nivel de producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre de muchas empresas y, por lo tanto, de un incremento del desempleo. No habría ningún tipo de riesgo si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía se viera inmediatamente compensado con el crecimiento de la economía social. Pero ésta representa menos del 2% del PIB.

En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa empleada en la burocracia estatal, el reto está en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. La economía social no crecerá como resultado de las leyes de la oferta y la demanda. Su desarrollo será el resultado de las políticas que se lleven a cabo para incentivar una nueva actividad económica guiada por principios de solidaridad y cooperación.

Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan poner comida todos los días en la mesa de su casa. Apostar a destruir la economía capitalista sin que se haya construido aún la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar que erosione la base de apoyo social de la Revolución. La amenaza de la restauración capitalista no depende solo de los enemigos de la Revolución, también nuestros errores le pueden hacer un gran favor. La Revolución como proceso de destrucción creativa tiene que estar perfectamente sincronizado. De lo contrario los que se quedan sin trabajo y sufren los estragos de la inflación terminarán concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer”.

La intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo del comercio y la inversión bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. En su libro “El malestar en la globalización”, Joseph Stiglitz, al referirse al Milagro del Este Asiático-, reconoce que: “La razón era obvia: los países habían tenido éxito no sólo a pesar del hecho de no haber seguido los dictados del Consenso de Washington, sino justamente porque no lo habían hecho”.

Reactivar, modernizar y ampliar el parque productivo nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional.

Y no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.

La promoción de exportaciones

En Venezuela, las devaluaciones nunca han sido parte de una estrategia de promoción de exportaciones. Siempre han respondido a los desequilibrios fiscales que aparecen como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Cada vez que se derrumba la renta petrolera y la economía entra en recesión, los dólares se venden más caros para compensar el deterioro del ingreso fiscal.
La devaluación del bolívar estimula momentáneamente las ventas en el exterior. El coeficiente de exportaciones con respecto al valor bruto de la producción manufacturera se eleva, pero vuelve a caer tan pronto se recupera la demanda interna y reaparece la sobrevaluación.
En períodos de recesión, la caída de la demanda interna ha sido parcialmente compensada con las exportaciones, contrarrestando así el desplome del consumo y la caída de las ventas en el mercado doméstico. Pero más allá de breves períodos de auge, las exportaciones privadas de nuevo se desinflan y nunca han registrado un crecimiento significativo y sostenido que valga la pena destacar.
Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria para estimular las exportaciones diferentes al petróleo. Pero no es suficiente para garantizar el desarrollo de un sólido sector exportador. Las experiencias de promoción de exportaciones exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas bien articuladas.
Devaluar no es suficiente para exportar. Tampoco la reducción de aranceles y de las barreras al comercio. Conquistar un espacio en los mercados internacionales exige competir con calidad, cantidad, precios y oportunidad de entrega. Pero también requiere la creación de un adecuado ambiente para la actividad productiva y exportadora que incluye servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, plantas de tratamiento y otros servicios de apoyo a la producción; carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y aeropuertos; la formación técnica y productiva de los trabajadores; las capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas; el funcionamiento de las aduanas y los organismos públicos que administran el marco legal que rige las operaciones e incentivos al comercio exterior. Cuando uno de esos eslabones falla se altera un sistema que debe funcionar cada vez mejor, y por lo tanto, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.
El pobre desempeño de las exportaciones no tradicionales venezolanas no se debe a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, sino a la falta de una política integral de promoción de exportaciones. No obstante, la corrección de la sobrevaluación estructural del bolívar es un requisito para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. La asignatura pendiente -además de encontrar una tasa cambiaria de equilibrio que evite el efecto negativo de la sobrevaluación estructural del bolívar-, sigue siendo la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real. Sin producción nacional no es posible sustituir importaciones. Mucho menos exportar.

El capitalismo rentístico venezolano

La renta petrolera tiene su origen en un plusvalor internacional que pagan los países consumidores de petróleo. No es el resultado del esfuerzo productivo interno. En Venezuela, la percepción de una creciente renta petrolera engendró una economía con rasgos muy particulares:

1) Dio nacimiento a una clase capitalista que sustentó su proceso de acumulación en la apropiación de una parte importante de esa renta. En el capitalismo clásico, los empresarios se hacen explotando a los trabajadores, pero en el capitalismo rentístico los empresarios nacen cuando consiguen un préstamo de algún banco público. Se trata de una clase capitalista espúrea que se ha reproducido al amparo del Estado y de la distribución de la renta. La baja presión fiscal, la sobrevaluación del bolívar, los créditos blandos de la banca pública, las compras gubernamentales y las inversiones en infraestructura de apoyo a la actividad productiva fueron algunos de los mecanismos más importantes de distribución de la renta petrolera a favor de esa clase empresarial parasitaria. El sector privado venezolano debe comprender esto y, también, que las tasas de ganancias tan elevadas que fueron posible en el pasado gracias a la disponibilidad de la renta petrolera ya no son ni serán posibles.
2) La lucha distributiva se basa en la captura de la mayor parte de la renta petrolera y no en el reparto del fruto del esfuerzo productivo interno. Cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo y se intensifican los reclamos, marchas, paros y huelgas para lograr una mejor distribución del ingreso.
3) La inversión social de la renta petrolera a través de las Misiones ha permitido compensar una distribución regresiva del ingreso en el sector privado de la economía, donde la participación del capital se ha incrementado en desmedro de lo que reciben los trabajadores. En 1998 a estos les tocaba el 39.7% del valor creado, superior al 36.2 % que le tocaba al capital. Diez años después, la participación de los trabajadores cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%.
Estos datos son una clara demostración del capitalismo salvaje que aún predomina en Venezuela, el cual no se aprecia en toda su crudeza debido a la inversión social de la renta petrolera. Pero la rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más cruenta si la renta petrolera no se recupera o la economía no se reactiva en el corto plazo.

Devaluación, orígenes, razones y consecuencias

Contenido

1. Devaluación, orígenes, razones y consecuencias 1
1.1. Política cambiaria como instrumento de política industrial 1
1.2. Política cambiaria como un instrumento de política antiinflacionaria 3
1.3. Política cambiaria como instrumento de política fiscal 3
1.4. Política cambiaria como instrumento de política exterior 4
2. Agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta 5
2.1. La sobrevaluación del bolívar 5
2.2. La baja presión fiscal 5
2.3. La alta nómina de empleados públicos y los subsidios 6
2.4. El gasto público 6
3. Las consecuencias de la devaluación 6
3.1. Sobre la transformación del aparato productivo 6
3.2. Sobre el comportamiento de los precios y la distribución del ingreso 8
3.3. Devaluar para pagar pasivos laborales 8
4. Devaluación y revisión de la estrategia económica 9
5. Respuesta a las preguntas de los participantes en el Foro 11

1. Devaluación, orígenes, razones y consecuencias
Voy a desarrollar mi intervención a la luz de cuatro usos posibles de la política cambiaria y de cuatro mecanismos de distribución de la renta petrolera para poder reflexionar sobre el tema del Foro de hoy: «Devaluación, orígenes, razones y consecuencias». Voy a tratar de vincular el plano teórico de esta reflexión con la evidencia empírica de situaciones muy concretas que me tocó vivir en el ámbito de la gerencia pública en distintas responsabilidades que hube de asumir.
1.1. Política cambiaria como instrumento de política industrial
Comenzaré diciendo que la política cambiaria puede utilizarse como un instrumento de política industrial para inducir y promover las transformaciones estructurales en el aparato productivo. De hecho, este es el argumento que más ha pesado en la explicación que los voceros del gobierno le han dado a la medida de devaluación: se parte del supuesto de que la devaluación va a tener un efecto importante en la sustitución de importaciones y en la promoción de exportaciones.
Pero el uso que se le ha dado a la política cambiaria ha ido a contrapelo de ese planteamiento. Una de las críticas más fuertes que ha hecho el gobierno venezolano ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido justamente la relacionada con la perniciosa práctica de los multimillonarios subsidios que las principales potencias le conceden a sus exportaciones agrícolas y manufactureras. Mucho se cuestionó, también, en las negociaciones del ALCA que esos subsidios a las exportaciones de los EE.UU. y la Unión Europea resultaban ruinosos para las economías de los países pobres, toda vez que significaban una competencia desleal contra el aparato productivo de los países subdesarrollados.
Contradictoriamente, la sobrevaluación del tipo de cambio en Venezuela se traduce en un subsidio al dólar y, en consecuencia, un subsidio a las importaciones que se hacen con esa moneda barata. Estas crecientes importaciones compiten y desplazan a la producción agrícola y manufacturera nacional del mercado interno. Por si fuera poco, castiga de manera muy severa la competitividad cambiaria de las exportaciones venezolanas diferentes al petróleo, que son las únicas exportaciones que puede aguantar ese tipo de cambio.
Devaluar no es suficiente para exportar. Tampoco la reducción de aranceles y de las barreras al comercio. Conquistar un espacio en los mercados internacionales exige competir con calidad, cantidad, precios y oportunidad de entrega. Pero también requiere la creación de un adecuado ambiente para la actividad productiva y exportadora que incluye tanto la estabilidad macroeconómica, como adecuados servicios de agua, luz, gas, telecomunicaciones, plantas de tratamiento y otros servicios de apoyo a la producción; carreteras, autopistas, ferrovías, puertos y aeropuertos; la formación técnica y productiva de los trabajadores; las capacidades gerenciales, tecnológicas e innovativas; así como el buen funcionamiento de las aduanas y los organismos públicos que administran el marco legal que rige las operaciones e incentivos al comercio exterior. Cuando uno de esos eslabones falla se altera un sistema que debe funcionar cada vez mejor, y por lo tanto, se dificulta y entorpece el esfuerzo exportador.
Más adelante voy a comentar cómo, si esta medida de devaluación no se complementa con otras decisiones en materia de política fiscal, monetaria, e incluso, de la propia política cambiaria, de política de precios y sobre todo con el diseño de una política agrícola, industrial y tecnológica que permita fortalecer la calidad, productividad y competitividad del aparato productivo, el efecto esperado de la devaluación se desvanecerá en el tiempo; y, por si sola, no generará los resultados y efectos que se le atribuyen, de cara a la transformación de una economía rentista e importadora en una economía productiva y exportadora de una amplia gama de bienes de servicios de alto contenido tecnológico y de creciente grado de transformación industrial.
1.2. Política cambiaria como un instrumento de política antiinflacionaria
La política cambiaria también puede ser utilizada como un instrumento de política antiinflacionaria. De hecho, es lo que se hizo en los últimos años cuando -a través del anclaje cambiario y la sobrevaluación del bolívar-, se utilizó justamente la política cambiaria y se subsidió el dólar para abaratar las importaciones; medida que al final tuvo efectos contraproducentes y muy negativos sobre el propio aparato productivo interno, el cual se vio desplazado por un creciente volumen de importaciones realizadas con un dólar subsidiado y cada vez más barato.
Por eso sostengo que la viabilidad de impulsar la transformación de la economía a partir del uso del instrumento de la política cambiaria es parcialmente cierto, toda vez que esa medida aislada verá anulado sus efectos si se reedita el fenómeno de una inflación en Venezuela superior a la de sus principales socios comerciales y no se ajusta de inmediato el tipo de cambio para corregir este diferencial. Como ya lo explicó el Dr. Pedro Palma, esto tiende a sobrevaluar el tipo de cambio y la corrección parcial de ese diferencial inflacionario que con esta devaluación se ha logrado, se vería volatilizado en el curso del año, justamente por el auge inflacionario que la propia devaluación origina.
1.3. Política cambiaria como instrumento de política fiscal
La política cambiaria, además de los usos antes comentados como instrumentos de política industrial o como instrumento de política antiinflacionaria, también puede tener aplicaciones y efectos muy concretos en materia de política fiscal.
Al ser el Estado venezolano el perceptor del 95% ó más del ingreso en divisas, esa situación provoca que cualquier medida que se adopte de vender los dólares más caros, supone entonces una transferencia de recursos del resto de la sociedad que tiene bolívares, a favor del Estado que es el dueño de los dólares.
Cualquier medida de devaluación opera entonces como un impuesto cambiario que nutre e inyecta ingresos fiscales adicionales. De hecho, la caída del precio del petróleo y la contracción de la economía traen como consecuencia una menor recaudación de IVA e ISR y crea problemas de flujo de caja en la Tesorería, amenazando el pago de nómina y proveedores. Esta es una de las razones de más peso que subyace en la decisión de devaluar para compensar así la caída del ingreso fiscal.
1.4. Política cambiaria como instrumento de política exterior
Una cuarta aplicación que puede tener la política cambiaria es como un instrumento de política exterior para impulsar procesos de integración económica. Esto sería más efectivo aún si al nuevo sistema de cambio dual se le añadiera un tipo de cambio para los exportadores que colocan sus productos en aquellos países que pudieran resultar de importancia estratégica en la política exterior del Gobierno venezolano.
Desde hace tiempo se ha planteado el efecto inhibidor que tiene la sobrevaluación del tipo de cambio sobre la integración comercial y las metas de promoción de exportaciones no tradicionales. Estas sufren un tipo de cambio fijado sobre la base de la productividad de la industria petrolera, el cual no expresa la verdadera productividad de los demás sectores transables de la economía. Ni siquiera expresa la productividad de las industrias básicas que supuestamente aprovechan las ventajas comparativas que el país tiene en materia de recursos naturales, mineros y energéticos, pero que con un bolívar cada vez más sobrevaluado tampoco lograr cubrir sus costos de producción a la hora de exportar.
Una tasa de cambio competitiva es una condición necesaria para estimular las exportaciones diferentes al petróleo. Pero no es suficiente para garantizar y sostener el desarrollo de un sólido sector exportador. Las experiencias de promoción de exportaciones exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas bien articuladas. Sobre este planteamiento, voy a volver a comentar más adelante.
2. Agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta
En relación con los mecanismos de la distribución de la renta que a continuación voy a exponer, su agotamiento o revitalización dependen de ese recurrente ciclo que tiene la economía venezolana de entrar en períodos de sobrevaluación-devaluación-sobrevaluación, los cuales tienden a ser más o menos prolongados según sea el comportamiento de los precios de petróleo y de los niveles de la renta petrolera. Veamos:
2.1. La sobrevaluación del bolívar
Sin lugar a dudas, la sobrevaluación del bolívar es un mecanismo de distribución de la renta petrolera. El hecho de permitir durante varios años que el tipo de cambio se sobrevalue -aún cuando implique sacrificar ingresos fiscales adicionales que el Gobierno pudieran obtener si ajustara anualmente el tipo de cambio para corregir el diferencial inflacionario entre Venezuela y sus principales socios comerciales-, constituye un mecanismo para la distribución de la renta petrolera.
2.2. La baja presión fiscal
La baja presión fiscal que durante muchos años se ha observado en Venezuela, también es un mecanismo de distribución de la renta petrolera. Un Estado o un Fisco necesitado de más recursos para cubrir el gasto público, para cubrir las necesidades internas, seguramente tendría en vigencia un Impuesto de los Activos Empresariales o tendría una tasa de Impuesto al Valor Agregado más alta, un mayor Impuesto sobre la Renta o tendría impuestos indirectos a la gasolina, a los licores y a los cigarrillos mucho más altos.
Esta baja presión fiscal también expresa un mecanismo de distribución de la renta petrolera que, como planteaba antes, se puede revitalizar en períodos de auge rentístico, cuando los precios del petróleo suben y el país obtiene un abundante ingreso petrolero. En esas circunstancias, el Gobierno no necesita afincársele a los demás agentes económicos para obtener los recursos fiscales que la abundante renta petrolera le provee.
2.3. La alta nómina de empleados públicos y los subsidios
Hay otros mecanismos de distribución de la renta que también se fortalecen o se debilitan dependiendo de ese comportamiento errático de los precios del petróleo. Son los que tienen que ver con la posibilidad de contratar un creciente nómina de empleados públicos cuyos sueldos, salarios y beneficios laborales se pagan con la renta petrolera.
También se financian con la renta los subsidios, no solamente a la gasolina, sino también al agua, a la luz, el gas. Al igual que los demás, este mecanismo también colapsa cuando se desploma la renta. Como quiera que sea, el hecho de que pese tan poco la factura de agua, electricidad y gas en los presupuestos de los hogares o incluso en la propia estructura de costos del aparato productivo, induce a un uso muy irracional que raya casi en el desperdicio y despilfarro de estos recursos. Este es un rasgo característico de la cultura rentista.
2.4. El gasto público
Y, por supuesto, otro mecanismo de distribución de la renta tiene que ver con el gasto público, con la inversión en infraestructura, con el financiamiento a los sectores productivos y con el gasto social, en particular, el alto peso que tienen las Misiones sociales dentro de ese gasto social.
Entonces, desde mi perspectiva, la medida de devaluación tiene sus orígenes en los vaivenes y avatares del ciclo: auge rentístico-sobrevaluación-caída del ingreso externo-crisis fiscal-necesidad de devaluar-inflación-auge rentístico-sobrevaluación.
3. Las consecuencias de la devaluación
Las consecuencias de la devaluación están, entonces, muy asociados a los cuatros usos que describí anteriormente en relación con las aplicaciones de la política cambiaria como instrumento de política industrial, antiinflacionaria, fiscal y de política exterior.
3.1. Sobre la transformación del aparato productivo
La cultura rentística nos lleva a utilizar buena parte del ingreso petrolero para comprarle al resto del mundo lo que aquí se pudiera producir internamente. Desde años atrás se ha estado planteando la necesidad de ajustar el tipo de cambio de cara a la tarea largamente pospuesta de crear las condiciones para facilitar la transformación de una economía rentista en una economía productiva.
Como ya lo dije antes, el problema de la sobrevaluación del tipo de cambio castiga de manera muy severa la competitividad de los exportadores no tradicionales, incluido el sector que se llegó a llamar en una oportunidad de «exportaciones tradicionales» como el café y el cacao, hasta la propia competitividad de los sectores de las industrias básicas.
La economía venezolana tuvo más de cinco años de crecimiento sostenido. Pero cuando uno analiza la estructura del PIB para evaluar la calidad de ese crecimiento, descubre que es un crecimiento de baja calidad que se sustentó sobre todo en los sectores del comercio, los servicios, el comercio importador, la actividad financiera y en la dinámica del sector telecomunicaciones. Pero no fue un crecimiento sustentado en la expansión, en el crecimiento sostenido de la agricultura y de la industria. De hecho, más bien, se puede apreciar cómo, en los últimos años, el aporte relativo al PIB tanto de la agricultura como de la industria se redujo como consecuencia del desplazamiento que sufrió la producción nacional por las crecientes importaciones realizadas con un dólar barato y subsidiado.
Y en períodos de recesión, la caída de la demanda interna ha sido parcialmente compensada con las exportaciones, contrarrestando así el desplome del consumo y la caída de las ventas en el mercado doméstico. Pero más allá de breves períodos de auge, las exportaciones privadas de nuevo se desinflan y nunca han registrado un crecimiento significativo y sostenido que valga la pena destacar.
Desde la voz oficial se ha planteado que la decisión de devaluar el bolívar va a traer como consecuencia la transformación del aparato productivo, el cambio de una economía importadora en una economía productiva y exportadora. Pero en Venezuela las devaluaciones nunca han sido parte de una estrategia para la transformación del modelo rentista. Siempre han respondido a los desequilibrios fiscales que aparecen como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Cada vez que se derrumba la renta petrolera y la economía entra en recesión, los dólares se venden más caros para compensar el deterioro del ingreso fiscal. Si la medida de devaluación no se acompaña de políticas industriales y tecnológicas que refuercen, que complementen el impacto positivo que pudiera tener la política cambiaria en ese sentido, sencillamente esos propósitos una vez más se verán frustrados y postergados.
3.2. Sobre el comportamiento de los precios y la distribución del ingreso
La devaluación va a tener indudablemente un impacto inflacionario. Una de las consecuencias es esa. Por lo tanto, reclama el diseño y ejecución de una acertada estrategia antiinflacionaria que pueda compensar el inevitable impacto que la propia devaluación genera sobre la estructura de costos del componente importado y el comportamiento de los precios.
Obviamente, se va a producir una redistribución del ingreso, como explicó el doctor Pedro Palma. La medida de devaluación supone esa transferencia de recursos desde el sector que prácticamente monopoliza el ingreso en divisas hacia el sector que compra las divisas. Igualmente desencadenará una transferencia de parte del ingreso de los sectores que viven de un sueldo o ingreso fijo hacia los sectores que manejan y controlan la fijación de los precios.
Por supuesto, ese ingreso fiscal adicional que recibirá el Gobierno permitirá este año aumentar los sueldos y salarios (medida que ya fue anunciada), mantener los niveles de empleo procurando mantener al día los pagos a contratistas para que las obras y las construcciones en el interior del país no se paralicen en pleno año electoral. Tengamos en cuenta que este es un año crucial para el gobierno. Se elige una nueva Asamblea Nacional donde el marco legal que se ha diseñado para sustentar las políticas del Ejecutivo, pudiera verse en juego en el caso de que cambie la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y se desmonten, entonces, todas las Leyes que han sido revisadas, reformadas y aprobadas en estos últimos años.
Entonces, ese ingreso adicional en bolívares que se deriva de la medida de devaluación le va inyectar al gobierno suficientes recursos para aumentar el gasto y crear un ambiente que de alguna manera conjure las amenazas de abstención, de decepción y voto castigo que eventualmente pudiera presentarse, compensando la contracción económica y el auge inflacionario por la vía de aumentar los sueldos y salarios y mantener el actual nivel de empleo, procurando mantener al día el pago a los proveedores y así evitar la conflictividad laboral. Estos ingresos adicionales también le permitirán al Gobierno central la transferencia de recursos a las gobernaciones y alcaldías, toda vez que es en los circuitos electorales del interior del país donde se van a elegir los diputados a la Asamblea Nacional.
3.3. Devaluar para pagar pasivos laborales
Cuando uno ve, por ejemplo, los conflictos que en estos momentos tienen las empresas básicas donde los trabajadores están reclamando el pago de pasivos laborales, de aumentos de sueldos que están pendientes, de bonos que todavía no se han cancelado, comprende claramente como al tipo de cambio de 2,15 el ingreso en divisas de empresas básicas como Ferrominera del Orinoco, Sidor, Alcasa, Venalum, Proforca, etc. no rendía lo suficiente y, por lo tanto, no alcanzaba para cubrir todos esos crecientes gastos de operación y compromisos laborales denominados en bolívares.
Ese tipo de cambio anclado desde hace cinco años estaba no solamente ya comprometiendo la competitividad externa de estas empresas, sino incluso, su propia viabilidad interna. Esa altísima conflictividad laboral y social, de alguna forma encuentra una máscara de oxígeno con la devaluación, porque va a permitir que estas empresas conviertan ahora buena parte de su ingreso en divisas al tipo de cambio de 4,30. Esto significará una mayor cantidad de bolívares para poder ponerse al día no solamente con los compromisos labores, sino también con buena parte de las deudas que tiene pendientes con proveedores, con contratistas, sin excluir, por ejemplo, los aportes que las empresas básicas hacen a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para alimentar los presupuestos que esta Corporación tiene para invertir en las obras de infraestructura en la región.
4. Devaluación y revisión de la estrategia económica
Yo quisiera, ya finalizando esta reflexión, subrayar la importancia que pudiera tener el ajuste cambiario como un primer paso de avance en la revisión de una estrategia económica que ya lucía agotada para transformar esa economía rentista en un nuevo modelo productivo. Esto es posible sí y sólo sí esa medida es complementada con otras decisiones en materia de política fiscal, en materia de política cambiaria, en materia de política de precios y en materia de políticas sectoriales, agrícolas, industriales y tecnológicas.
Se ha pretendido atribuir a la decisión de devaluación un efecto mágico, automático, sobre la transformación productiva. Pero la historia económica venezolana reciente tiene muchos episodios que corroboran que esa misma medida cada vez que es utilizada única y exclusivamente para aumentar el ingreso fiscal cada vez que cae el precio del petróleo, si no va acompañada de otras medidas complementarias pierde totalmente su efecto y se vuelven a reeditar, entonces, todos los fenómenos asociados a una economía rentista que cae en ese ciclo vicioso de dejar que el dólar se sobrevalue.
Cuando el nivel de ingreso petrolero está alto se subsidia el dólar y así se subsidian las importaciones que desplazan la producción nacional. Entramos, entonces, en ese círculo vicioso donde importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Y esas crecientes importaciones finalmente terminan tapiando el aparato productivo nacional.
No es cierto que la devaluación va a permitir automáticamente el tránsito de la economía rentista importadora al nuevo modelo productivo exportador. Si bien la devaluación encarece las importaciones que compiten con la producción nacional y mejora el ingreso en bolívares de los exportadores, la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente para sostener el esfuerzo exportador. Es necesario construir una competitividad auténtica basada en el desarrollo de ventajas competitivas de tipo tecnológico que permitan que esa dotación de factores que el país tiene en materia de petróleo, gas, recursos naturales y materias primas sea efectivamente aprovechada.
El ingreso en divisas que se obtiene al exportar estos recursos, en lugar de ser consumido por la vía de las importaciones, debe ser reorientado hacia la inversión productiva y al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas que a la larga permitan transformar el petróleo, gas, recursos mineros y naturales en productos de mayor valor agregado y contenido tecnológico.
El pobre desempeño de las exportaciones no tradicionales venezolanas no se debe a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, sino a la falta de una política integral de promoción de exportaciones. No obstante, la corrección de la sobrevaluación estructural del bolívar es un requisito para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. La asignatura pendiente -además de encontrar una tasa cambiaria de equilibrio que evite el efecto negativo de la sobrevaluación estructural del bolívar-, sigue siendo la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real. Sin producción nacional no es posible sustituir importaciones. Mucho menos exportar.
De modo que, creo que el impacto de la devaluación sobre la transformación productiva, para que sea creíble, para que se demuestre que no fue solamente tomada con fines fiscales en un año electoral, donde el gobierno necesitaba más recursos para poder cubrir sus gastos, tendrá que ser respaldada con un conjunto de medidas complementarias en materia de política macroeconómica, agrícola, industrial y tecnológica.
Incluso, si el propio gobierno está interesado en profundizar los procesos de integración, a ese tipo de cambio dual debería agregársele otro tipo de cambio que remunere de mejor manera el esfuerzo productivo que hacen los exportadores. El tipo de cambio llamado “petrolero” puede expresar efectivamente la competitividad del sector petrolero, pero aún no expresa la verdadera productividad y competitividad de los demás sectores de la economía.
Si los exportadores venezolanos pudieran retener el equivalente al valor agregado que generan y venderlo en el mercado paralelo al tipo de cambio del dólar permuta, reintegrando al BCV única y exclusivamente el porcentaje que corresponde al componente importado que es financiado con las divisas que Cadivi les entrega, seguramente ese estímulo cambiario, aunado a las demás medidas de política sectorial que antes mencioné, pudieran reforzarse entre sí para profundizar y acelerar la transformación estructural de la economía venezolana.
¡Muchas gracias por su atención!
5. Respuesta a las preguntas de los participantes en el Foro
Víctor Álvarez. Quisiera terminar con unas reflexiones más propositivas. El tema que hoy nos ocupa es «Devaluación, orígenes, razones y consecuencias». Un impacto de la devaluación es de tipo inflacionario. La explicación de este fenómeno suele hacerse desde ópticas diferentes. Una lo hace desde la esfera de la circulación; otra, desde la esfera de la producción. Pero como ya lo han explicado varios ponentes, el fenómeno inflacionario en Venezuela está muy asociado al ciclo sobrevaluación-devaluación del tipo de cambio. Cuando el ingreso petrolero se descalabra y el Gobierno entra en problemas fiscales, ésta termina siendo la gota que desborda el vaso, el verdadero detonante de la devaluación. Aunque haya otras razones que se van acumulando y ejercen presión para ajustar el tipo de cambio, éstas nunca terminan de ser lo suficientemente fuertes para que se tome la decisión. Sólo cuando hay crisis fiscal es que se adopta la medida y entonces la corrección del problema de la sobrevaluación termina reproduciendo y agravando el problema inflacionario y volvemos entonces al mismo círculo vicioso de sobrevaluación-devaluación-inflación-sobrevaluación-devaluación. Y la asignatura pendiente sigue siendo ¿cómo encontramos entonces la solución estructural del problema?.
Para fundamentar mis propuestas le tomo la palabra el profesor Héctor Malavé Mata y planteo lo siguiente: Si bien es cierto que la devaluación puede tener un efecto positivo, toda vez que las importaciones se encarecen y le pueden dar un margen de maniobra al aparato productivo para competir en precios con las importaciones encarecidas, esa es una condición necesaria más no suficiente para asegurar ese efecto de sustitución de importaciones y promoción de exportaciones que se le atribuye a la medida de devaluación. Si la devaluación se queda como una medida aislada, su potencial efecto positivo se va debilitando y disolviendo como resultado de la propagación de la inflación que la propia medida de ajuste cambiario va a generar.
Entonces habría que atacar el problema por la vía de aumentar una oferta que no ha sido lo suficientemente dinámica como para estar a la altura del aumento de la demanda, del aumento de la liquidez. No se trata de una medida aislada sino de toda una política para dinamizar el aparato productivo y así sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable. La devaluación le da cierta competitividad al aparato productivo, pero para que vaya más allá de una competitividad espúrea, transitoria, provisional, efímera en el tiempo, que termine siendo un espejismo, el papel regalo con el cual se envolvió la medida de devaluación fiscalista y se justificó desde el punto de vista comunicacional, habría que ejecutar otra serie de medidas que permitan cumplir, entre otros, los siguientes objetivos:
• En primer lugar, un objetivo de reactivación de todas esas empresas que el doctor Pedro Palma planteaba que entraron en contracción, que vieron disminuido su ritmo de actividad en el año 2009; evitar que empresas que están cerradas, aunque no quebradas, se desmantelen y terminen entonces vendiéndose e instalándose sus equipos a otros países; me refiero al impulso de un programa de reactivación con distintos incentivos para salvar el patrimonio productivo que todavía queda. Esa reactivación de esas industrias permitiría entonces aumentar la oferta nacional de bienes y servicios e ir logrando ese efecto sustitución.
• Para lograr el aumento de las exportaciones, generar nuevas fuentes de divisas que compensen la caída del ingreso petrolero y corrijan el monopolio que tiene el Estado en el mercado de divisas con una creciente oferta privada, planteo el diseño y ejecución de una política de reconversión tecnológica; porque en los mercados no vamos a competir solamente con la competitividad cambiaria que nos da la devaluación, esos mercados se van a conquistar con productos de buena calidad, cuando la entrega sea oportuna y en las cantidades requeridas; entonces, ese programa de reconversión estaría apuntado a fortalecer la calidad, la productividad y la competitividad del aparato productivo y así complementar el efecto positivo que tiene la devaluación en términos de competitividad cambiaria.
• Pero también se requiere una política de reindustrialización para aumentar la densidad empresarial del país. Nosotros tenemos apenas 0.3 establecimientos manufactureros por cada 1.000 habitantes; Colombia tiene 1.2 establecimientos por cada 1.000 habitantes y México, tiene 1.7 establecimientos manufactureros por cada 1.000 habitantes. Esos países tienen una capacidad productiva que no solamente permite atender las necesidades crecientes del mercado nacional sino que también tienen una oferta exportable permanente, no exportan excedentes. Como no viven de una renta petrolera o minera, son países que tienen toda una estrategia exportadora y en determinados sectores han logrado posicionarse de manera continua y estable en los mercados internacionales. Entonces nosotros deberíamos al menos trazarnos en los próximos 5-10 años la meta de alcanzar un establecimiento por cada 1.000 habitantes; todavía estaríamos por debajo de Colombia, todavía estaríamos por debajo de México pero subiríamos nuestro parque industrial de los 7.800 establecimientos que tenemos ahora a por lo menos 26.000. Por esa vía estaríamos aumentando entonces la producción nacional, atacar el problema inflacionario por la vía estructural; es decir, aumentando la oferta, sustituyendo las importaciones con producción nacional y diversificando y aumentando nuestra oferta exportable de manera permanente.
Una última propuesta para el debate: los exportadores necesitan un estímulo adicional, un incentivo mucho más poderoso que el que se acaba de otorgar con la devaluación. Todos sabemos que hasta hace poco los exportadores estaban obligados a cambiar sus divisas al tipo de cambio oficial y solamente podían retener el 10%, ahora se amplió ese margen al 30%. Planteaaría, entonces que los exportadores retengan y puedan vender en el mercado paralelo el porcentaje de divisas equivalente al valor agregado que generan, reintegrando al BCV el monto equivalente a lo que Cadivi les otorga para cubrir el componente importado.
Por esa vía estaríamos aumentando la oferta de divisas en ese mercado paralelo. Esta medida estimularía las exportaciones no tradicionales y sustentaría una mayor oferta de divisas por parte del sector privado exportador, lo cual aliviaría de alguna forma la presión que hay sobre el BCV de quemar reservas internacionales con el fin de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo, cuando la razón del aumento de la demanda y de la cotización del dólar en el mercado paralelo es el retraso de CADIVI a la hora de liquidar oportunamente las divisas que requieren los sectores productivos para cancelar a tiempo las deudas con sus proveedores.
Por supuesto, todo esto debe ir acompañado de una medida de reorganización institucional donde Cadivi, que ya ha dado muestras de agotamiento y que ya cumplió su papel, termine ya entregando esas funciones al Banco Central de Venezuela y que éste sea el que asuma esa tarea.
Gracias.