¿Ser gobierno o tener el poder?

Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún tiene pendiente superar lo que queda del marco legal y del entorno institucional que fue creado para favorecer a poderosos grupos de interés en contra de los intereses del pueblo.

No basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República. La construcción de un auténtico poder popular pasa por la destrucción de la ineficiente pero aun vigente estructura del Estado burocrático, la cual se mantiene al amparo de la rutina y viejas prácticas que en muchos casos se han recrudecido y agravado.
Las tensiones entre el burocratismo y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no han sido resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en los poderes públicos, desconcentrar y traspasar al pueblo el poder represado en ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular a través de la consolidación de los Consejos de Fábrica, de los Consejos Comunales y de las Comunas es una de las grandes tareas planteadas en la construcción del socialismo venezolano.
La sustitución completa del Estado burocrático por un nuevo Estado revolucionario tiene que ser uno de los objetivos cardinales de la fase socialista en la que ha entrado la Revolución Bolivariana. Y no se trata de destruir completamente el Estado de un día para otro sino de comprender las condiciones necesarias que deben cumplirse para lograr su extinción. Basta mirar la pretensión de la principal potencia imperialista de instalar bases militares en países cercanos para entender el enorme papel que aún tiene que jugar el Estado en la defensa de la soberanía nacional.
Profundizar la Revolución Bolivariana implica terminar de erradicar las condiciones que facilitan la explotación del ser humano y resolver la contradicción entre la naturaleza social de la producción y el carácter privado de la apropiación de los medios de producción y de los excedentes. Esto pasa por derrotar a los viejos y nuevos grupos de poder económico que pugnan por monopolizar los incentivos públicos para apoyar la actividad productiva y reorientar los mismos a favor de una nueva economía comunal en manos de los trabajadores directos y la comunidad.

La burocracia y el secuestro de la propiedad estatal

La tendencia a la burocratización del Estado tiene sus síntomas en el creciente dominio de una poderosa minoría que logra controlar los puestos claves de mando para disfrutar así de perversos privilegios, los cuales logran transformar y mantener a lo largo del tiempo como si fueran derechos adquiridos.
La esencia del burocratismo consiste en la preservación de un modelo organizativo y funcional del Estado que permite la entronización de un poderoso sector privilegiado que logra capturar el control de los poderes públicos para ponerlos al servicio de sus objetivos personales, grupales y corporativos. A diferencia de los auténticos servidores públicos, a los burócratas -tan pronto han sido designados-, se le sube el cargo a la cabeza y se creen por encima de la sociedad a la que deben servir. Son trepadores y arribistas, cazadores de cargos públicos por medio de los cuales van tejiendo su funesta estructura de poder.
El burocratismo como burguesía funcional
El burocratismo se apropia de una parte importante del ingreso generado por el resto de la sociedad a través de: elevados sueldos en comparación con el resto del funcionariado mal pagado, primas de jerarquía, bonos especiales, gastos de representación, viajes y viáticos internacionales, asignaciones de lujosos vehículos con chofer y escolta, suntuosas viviendas, onerosos teléfonos, etc. Por si fuera poco, abusan de sus posiciones de poder a través de las nefastas prácticas del nepotismo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, testaferros, amiguismo y compadrazgo.
Mientras se mantengan las condiciones para que los viejos y nuevos grupos de poder económico ejerzan su influencia para absorber y monopolizar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. que facilita el Gobierno para apoyar la actividad económica y productiva, se mantendrán las condiciones que operan como un caldo de cultivo para reproducir y extender el pernicioso fenómeno de la burocratización y el burocratismo.
Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún no ha concluido la transformación radical de las condiciones que permiten la reproducción del burocratismo. Por eso, no basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República, el cual no solo está vivo y se resiste a perder sus privilegios, sino que en muchos casos se ha recrudecido y agravado.
Estado burocrático vs Estado comunal
Las tensiones entre el Estado burocrático y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no están resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en diferentes niveles de los poderes públicos, desconcentrar y traspasar a los trabajadores directos y a la comunidad organizada el poder represado en empresas públicas, ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular, es un reto que se ha planteado el Gobierno Bolivariano.
Con este fin, la Comuna está llamada a asumir la labor diaria de administrar los recursos públicos, desarrollar la nueva legislación y construir un modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular. Pero para eso, la proliferación de ministerios y entes del Estado tendrá que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales para el diseño y ejecución de las políticas públicas, de tal forma que quienes ejerzan estas responsabilidades no sean burócratas indolentes e incompetentes, sino auténticos representantes del pueblo, elegidos por los trabajadores y miembros de la comunidad.
Una Estado comunal significa una sociedad gobernada por sus trabajadores y por la comunidad, y no por la burocracia y la nomenklatura. Implica concentrar cada vez más poder político y económico en manos del pueblo y no en la burocracia estatal. Es así como a la larga se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la consolidación de un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.
Burocracia y secuestro de la propiedad estatal
Entre las duras lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el Socialismo en el siglo XX hay que recordar que el burocratismo, lejos de reducirse, por el contrario amplio su cobertura y se convirtió en un azote, dando origen a élites de poder cada vez más alejadas del sentir del pueblo. En su propósito de derrotar la pobreza y la exclusión social, en los países socialistas del bloque soviético se estatizaron prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo asalariado y asegurar la inversión social de las ganancias, se procedió a expropiar la mayoría de los medios de producción y distribución. Esto derivó en:
• Un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
• Entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenklatura partidista que, en la práctica, derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por el imperio de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en el entramado del Estado.
• Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo a un modelo organizativo y funcional del Estado, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que invadió todos los campos de la vida social.
Tanto en el socialismo como en el capitalismo la propiedad estatal no es percibida como propiedad social, toda vez que termina siendo secuestrada por élites burocráticas que la administran con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Estas prácticas desviadas y perniciosas causaron un creciente descontento social que dio al traste con la mayoría de los ensayos por construir el socialismo en la URSS y demás países del bloque “socialista” de Europa oriental.

El voto castigo: análisis crítico del 26-S y la tarea de la nueva AN

“Hay que aspirar a Papa para llegar a sacristán”. Para las elecciones del 26S el partido de gobierno se fijó metas muy altas en función de alcanzar la mayoría en la AN. El PSUV ganó 18 de los 24 estados, 56 de los 87 circuitos y 98 de los 165 diputados. Aunque no logró la mayoría calificada de 2/3 para aprobar leyes orgánicas o 3/5 para leyes habilitantes, obtuvo la mayoría absoluta, la cual es más que suficiente para sancionar el marco legal pendiente que permita desarrollar la CRBV y avanzar en la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión social. El hecho de no haber logrado todas las metas planteadas no debe interpretarse como una derrota. Ya quisiera cualquier partido político, luego de once años de gobierno, mantener la mayoría absoluta en el parlamento.

La correlación de fuerzas en la nueva AN
La correlación de fuerzas es favorable al gobierno y despeja el peligro de sabotaje de la oposición a través de maniobras de voto censura al vicepresidente o ministros/as, para lo cual se requiere el voto de 3/5 partes de los diputados/as. Por si fuera poco, la participación de casi el 70 % de los electores registrados en el REP le confiere una sólida legitimidad a la mayoría absoluta del PSUV en la próxima AN. Y en caso de necesitar la mayoría calificada, la diversidad de fuerzas contradictorias que componen la MUD, más los dos diputados del PPT, le abren a la bancada oficialista un importante compás de negociaciones y potenciales alianzas, inaugurando así una nueva etapa en la que será necesario dejar de mandar para aprender a gobernar generando consensos y construyendo acuerdos.
De la victoria al triunfalismo
La clara victoria del PSUV no puede llevar a la obnubilación del triunfalismo que impide analizar de manera más clara y sensata los mensajes y advertencias que pueden quedar sumergidos en la euforia de la celebración. Sobre todo si tomamos en cuenta que así como los candidatos de la Revolución obtuvieron el respaldo de 5.433.040 votos, también concentraron el rechazo de 5.320.175 electores.
Está claro que la demora del CNE en anunciar los resultados se debió a lo reñido que resultó el escrutinio en muchos circuitos. En la mayoría de estos finalmente los candidatos del PSUV se impusieron por apenas un pequeño margen. Esta cerrada diferencia es justamente lo que explica por qué la oposición, una vez hecha la sumatoria nacional de sus resultados parciales, si bien acumuló casi el mismo número de votos que el PSUV, no logró un número equivalente de curules. Muchos de sus candidatos, aunque sacaron una alta votación, fueron derrotados por una pequeña diferencia. Pero lo que no queda claro es cómo en la Venezuela bolivariana y revolucionaria, donde no hay tantos capitalistas ni oligarcas -como una vez se lo dijera Fidel Castro al propio Chávez-, los candidatos de la oposición hayan acumulado una votación tan alta.
Los errores cometidos: revisión, rectificación y reimpulso
Un análisis más agudo de estos resultados obliga a preguntarse si los candidatos tenían un verdadero arraigo popular o fueron importados de otros estados e impuestos por la Dirección Nacional; si estamos en presencia de un pueblo plenamente consciente y comprometido o todavía hay mucho clientelismo político que superar; si el obligatorio “trabajo voluntario” al que fueron sometidos los funcionarios públicos fue causa de abstención electoral; si la gestión de gobierno ha sido todo lo eficiente que el pueblo exige; si la inflación, el desempleo y la inseguridad son un invento mediático o verdaderos problemas que causan estragos en la población; si la torpeza con la que se procedió a expropiar pequeños comercios familiares, cercanos a sitios históricos y plazas públicas, lejos de ser visto como una conquista popular fue interpretado, por el contrario, como una amenaza a la propiedad personal y familiar; si el caso de miles de contenedores de comida podrida, cuando el ingreso de muchas familias ni siquiera alcanza para comprar la canasta alimentaria, puso en bandeja de plata argumentos a la oposición para evidenciar la supuesta indolencia e incapacidad del gobierno; si el burocratismo, la incompetencia y la corrupción son calumnias de los enemigos de la Revolución o verdaderas prácticas perversas que están minando la fe, la esperanza y el entusiasmo de la gente; si es cierto que la abstención favoreció a la oposición o, por el contrario, muchos de los que antes votaban por los candidatos del gobierno esta vez lo hicieron por la oposición; si estos resultados son una manifestación de deslealtad y traición o una advertencia sobre muchas cosas que es necesario mejorar?
No seamos ingenuos. Cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa las transnacionales y sus socios nacionales explotarán al máximo nuestros errores para reconquistar el poder, imponer sus leyes al gobierno y descalabrar así la Revolución. El Socialismo de Allende perdió bajo las balas fascistas lo que ganó con los votos del pueblo y la Revolución Sandinista perdió en las urnas lo que ganó con la vida de millares de combatientes.
Las tareas de la nueva AN
Hasta ahora el socialismo venezolano ha sido esencialmente rentista. La mejora en los indicadores sociales y el cumplimiento anticipado de las metas del milenio ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y no a la creación de nuevas relaciones económicas que aseguren una distribución progresiva del ingreso a favor de las grandes mayorías asalariadas que viven de un ingreso fijo.
Asegurar el carácter irreversible de los progresos en el campo social impone al Gobierno la necesidad de contar con un marco legal que le permita acelerar la creación de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social; fundamentado en el control de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada sobre los procesos de producción, distribución y comercialización; y, a través del cual la mayor parte de las ganancias no se distribuya sólo como dividendos entre los accionistas, sino que un porcentaje creciente sea invertido como ganancia social, en función de resolver los problemas comunes de los trabajadores y la comunidad.
Más que reactivar la economía capitalista -que aún pesa el 70% del PIB- la prioridad del Gobierno será contar con nuevas leyes que le permitan reorientar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. en función de promover una nueva economía social que elimine la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.
Con este fin, una de las leyes clave será la “Ley para la promoción y desarrollo de nuevas formas de Propiedad Social”, la cual es necesaria para delimitar los sectores económicos que el Estado se reserva por razones estratégicas, tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, servirá para identificar los sectores en los que se estimulará y protegerá la economía social, particularmente los relacionados con las canastas alimentaria y básica, cuya producción debe quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad organizada. Esta ley también tendrá que dejar claro cuáles son los sectores en los que se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera, siempre y cuando se comprometa con la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

El pueblo vota por el pueblo

En la IV República, el pueblo empobrecido y excluido mostraba poco interés en acudir a las urnas para elegir a quienes luego se burlarían de su fe y esperanza. El desinterés por la política se hizo creciente y así el país comenzó a ser controlado por cúpulas que se imponían en comicios con más de un 60 % de abstención.

Los dirigentes del pasado se fueron alejando cada vez más de los sectores populares y más nunca llegaron a ver de cerca las penurias del pueblo. Y sus herederos de la actual oposición parecen que no han asimilado esa lección. Se han limitado a desplegar sus campañas electorales a través de entrevistas por radio, prensa y televisión, ostentosas caravanas, vallas y millares de afiches con sus rostros bien maquillados y sonrientes, con muy poco contacto con los sectores populares.
Hoy somos parte de un pueblo consciente que sabe escoger cada vez mejor a sus gobernantes y representantes. El 26S el pueblo no votará por tránsfugas ni se quedará en la casa derrotado por la desilusión y el escepticismo, tal como ocurría en la IV República. Una vez más, como ha ocurrido desde el 6 de diciembre de 1998, saldrá con entusiasmo a votar por los candidatos surgidos de las entrañas del pueblo y comprometidos con sus mejores causas.
De nuevo el pueblo derrotará a los poderosos bajo las mismas reglas que hace más de medio siglo ellos mismos impusieron. Tengamos en cuenta que cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa a las que aún hacemos el juego, las corporaciones transnacionales y sus socios nacionales intentarán imponer sus candidatos para reconquistar el poder legislativo, imponer sus leyes al gobierno, descalabrar las conquistas de la Revolución y secuestrar de nuevo a PDVSA y demás empresas del Estado para ponerlas al servicio de sus partticulares intereses. La nueva AN debe entender muy bien el mandato que el pueblo le dará para aprobar el marco legal que permita profundizar y consolidar el poder popular. De lo contrario la Revolución siempre estará amenazada por enemigos que ya no tienen el poder político, pero mantienen un sólido poder económico, el cual ponen al servicio de su obstinación por recuperar sus privilegios. Por lo tanto, no cantemos victoria ni seamos triunfalistas y vayamos todos a votar por los candidatos de la Revolución.
Sobre todo porque buena parte del viejo marco legal y del ineficiente entorno institucional heredado de la IV República todavía se mantiene vigente y obstaculiza el avance de la Revolución. En el próximo período legislativo es necesario acelerar la destrucción del viejo Estado burocrático para levantar sobre sus ruinas el nuevo Estado comunal y revolucionario. La Comuna como genuina expresión del poder popular, sin mediaciones de ningún tipo, está llamada a ampliar la democracia más allá del voto. Y para profundizar el desarrollo de la democracia participativa y protagónica, la nueva AN está emplezada a relanzar la propuesta de reducir la jornada laboral y liberar el tiempo que los ciudadanos necesitan para asumir desde la Comuna la dirección de los asuntos públicos secuestrados por la burocracia en todos los niveles de gobierno: central, estadal y municipal.

En la lucha contra el Estado burocrático heredado de la IV República, la proliferación de ministerios y entes del Estado tendrá que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales mucho más eficientes. Cada vez más, el diseño y ejecución de las políticas públicas debe estar bajo la responsabilidad de auténticos y eficientes representantes del pueblo, elegidos por los trabajadores y miembros de la comunidad, y no en manos de burócratas incapaces e indolentes.

Sin lugar a dudas, el carácter irreversible de la Revolución pasa por concentrar cada vez más poder político y económico en manos del pueblo y no en la burocracia estatal.

Economía crecerá de manos del pueblo

Fidel Castro concedió recientemente una entrevista al periodista Jeffrey Goldberg de la revista “The Atlantic” y ante la pregunta de si el modelo socialista de la isla es exportable, el líder histórico de la Revolución respondió: “El modelo cubano ya no funciona ni para nosotros”, agregando que “el Estado ha tenido un rol demasiado grande en la vida económica del país”"
El Socialismo del SXX, tras el ideal humanista de derrotar la pobreza y la exclusión social, estatizó prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo ajeno y asegurar la inversión social de las ganancias, procedió a expropiar desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc.
Parte de las lecciones más importantes del intento fallido por construir el SSXX son las siguientes:
1) Implantación de un capitalismo monopolista de Estado que inhibió el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, todo lo cual se tradujo en una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas.
2) Entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenclatura partidista que, en la práctica, derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por el imperio de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.
3) Agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.
En el SSXX, la propiedad estatal no fue percibida como propiedad de todo el pueblo, toda vez que terminó siendo secuestrada por élites burocráticas que la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Las nefastas consecuencias de ese modelo provocaron una creciente insatisfacción social que finalmente causó la implosión de la URSS y el bloque “socialista” de Europa oriental. Pero esto no quiere decir que haya triunfado el capitalismo, el cual tampoco ha sido capaz de enfrentar con éxito los flagelos de la pobreza, la contaminación ambiental y la degradación moral.
La construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social no puede quedar entrampada en el maniqueísmo de la propiedad privada vs. la propiedad estatal. La economía crecerá de manera sostenida solo si está en manos de quiénes están más interesados en producir una abundante oferta de bienes y servicios destinados a satisfacer sus crecientes necesidades. Por eso, el pueblo emprendedor es el llamado a conformar un nuevo tejido empresarial, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido como ganancia social y así dar respuesta a los problemas más acuciantes de los trabajadores y la comunidad.

¡No me suban más el sueldo pero paren la inflación!

Aumento salarial vs. inflación: con una mano da y con la otra quita

El BCV acaba de informar que la inflación en el mes de agostó fue de 1,6%. El total acumulado en los ocho meses del año en curso llega a 19,9%, con lo cual queda anulado el aumento salarial de 20% que fue aplicado a partir del 1° de mayo.

En los próximos meses, la inflación que se acumule hasta diciembre erosionará aún más el salario real que se tenía antes del último aumento. Gracias al tradicional aumento de todos los años, en 2010 nominalmente ganaremos más; pero, debido a que la inflación es mayor que el aumento salarial, realmente podremos adquirir menos bienes y servicios que en el 2009. En términos netos, a pesar del aumento salarial, al ser mayor el aumento de precios habremos perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo que antes teníamos.
Cuando los precios suben los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan la producción y los precios. Y esto seguirá siendo así mientras el promedio interanual de la inflación supere el porcentaje del aumento salarial.

Baja la inflación pero suben los precios

El BCV y el Gobierno Nacional consideran que la inflación ha entrado en una fase de desaceleración. La inflación promedio anual de CAP II fue de 44,0%, la de Caldera II 60% y con Chávez de 22,6%.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en el mes de julio una variación intermensual de 1,4%, menor que la observada en junio que fue de 2,1%. El resultado de 1,6 % en agosto, si bien fue menor al 2,2 % del mismo mes en 2009, repuntó en comparación con el 1,4 % de julio de este año. Aunque la de agosto es la segunda menor tasa intermensual en los últimos 17 meses, aún no se puede hablar de una tendencia hacia la baja. Los precios no dejan de crecer: siguen subiendo pero a un ritmo apenas menor.
Veamos: la variación anualizada al mes de julio 2010 desaceleró de 31,3% a solo 30,5 %. Entre los meses de agosto de 2009-2010, los precios acumulan un alza de 29,9%, mayor que el 26,7% registrado entre los mismos meses de 2008-2009. La variación acumulada en los primeros 7 meses de 2010 fue de 18,0 %, superior al 13,1 % hasta julio 2009; y el reciente dato de 19,9 % es mayor al 15,6% acumulado hasta agosto de 2009. Una lectura correcta de los propios datos oficiales indican que las presiones inflacionarias aún no han sido conjuradas.
La inflación no es mayor gracias a los precios de los bienes y servicios que están controlados y debido a la recesión por la que ha atravesado la economía nacional a lo largo de 5 trimestres. Pero a pesar del control precios, de los subsidios, de la sobrevaluación del tipo de cambio y de la recesión, la inflación no para. En productos de procedencia nacional llega a 21,5% y en productos de procedencia importada es de 15,2%.

Aumento del salario real y reactivación económica

La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo privado y es una de las causas de la actual recesión que padece la economía venezolana. Al no haber suficiente demanda, la racionalidad capitalista -en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo-, lo que hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeoran aún más la situación. El empeño por trasladar a los precios -de forma inmediata y en una mayor proporción-, cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias.
Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades básicas y no básicas satisfechas. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía y ayuda a vencer la recesión. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión.
El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Solo así se podrá aumentar el poder de compra de la gran mayoría de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales y relanzar la economía en un círculo virtuoso de más empleo-mejores salarios-mayor demanda-crecimiento económico sostenido.

La pugna por la distribución del ingreso

El resultado de la pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el saldo neto del intercambio entre aumento de salarios por inflación. En dependencia de cuál sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso.
El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Por su parte, el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción. Para no afectar su margen de ganancias, el factor capital inmediatamente lo traslada al precio de venta, generalmente en mayor proporción. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta el próximo 1° de mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.
Cuando los precios suben los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del factor capital, el cual controla el 70 % del PIB y fija la mayoría de los precios.
La inflación promedio anual sigue siendo superior al aumento de sueldos que suele ser de 20%. En esas condiciones, el salario mínimo se rezaga y termina quedándose por debajo del costo de la canasta alimentaria. Solo en alimentos la inflación en el período agosto 2009/agosto 2010 supera el 40 %. El salario mínimo es de Bs. F. 1.223,89 pero se requieren Bs. F. 2.484,73 para comprar la canasta alimentaria. Y esto a quien más afecta es a las familias que viven de un salario mínimo. El impacto de la inflación sobre el Estrato I (más pobre) entre agosto 2009 y agosto 2010 es de 33,9%, mientras que en los más ricos es de 28%.
Una inflación mayor que el incremento salarial es uno de los factores que explica la distribución regresiva del ingreso que se observa en la economía venezolana. En 1998 al trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital; diez años después su participación cayó a 32.8 %, mientras que la del capital subió a 48.8%. Es así como los ricos se hacen cada vez más ricos mientras los pobres se hacen cada vez más pobres.
Y ante la pesadilla de la voraz inflación –que no solo vuelve sal y agua el aumento de 20% sino que se traga también un porcentaje del ingreso real anterior-, no faltará quien reclame en su angustioso afán: “no me suban más el sueldo pero paren la inflación”.

La burocracia como burguesía funcional

Entre las duras lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el Socialismo en el siglo XX hay que recordar que el burocratismo, lejos de reducirse se extendió de forma cada vez más intrusiva, dando origen a élites de poder cada vez más alejadas del sentir del pueblo. Por eso, una Revolución auténtica está llamada a crear todas las condiciones necesarias para abrirle paso a una sociedad gobernada por sus trabajadores y por la comunidad, y no por la burocracia y la nomenklatura.
La esencia del burocratismo consiste en la preservación de un modelo organizativo y funcional del Estado que permite la entronización de un poderoso sector privilegiado que captura el control de los poderes públicos para ponerlos al servicio de sus objetivos personales, grupales y corporativos. A diferencia de los auténticos servidores públicos, a los burócratas -tan pronto han sido designados-, se le sube el cargo a la cabeza y se creen por encima del pueblo al que deben servir.
No se puede subestimar el permanente peligro de burocratización que acecha a toda Revolución. Una cosa son los verdaderos revolucionarios que asumen delicadas responsabilidades en la estructura del Estado y se consagran al servicio público, sacrificando hasta su salud, familia y vida personal, y otra muy distinta son los trepadores y arribistas, cazadores de cargos públicos por medio de los cuales van tejiendo su funesta estructura de poder. La tendencia a la burocratización del Estado tiene sus síntomas en el creciente dominio de una poderosa minoría que logra controlar los puestos claves de mando para disfrutar así de perversos privilegios, los cuales logran transformar y mantener a lo largo del tiempo como derechos adquiridos.
El burocratismo se apropia de una parte importante del ingreso generado por los trabajadores a través de: elevados sueldos en comparación con el resto del funcionariado mal pagado, primas de jerarquía, bonos especiales, gastos de representación, viajes y viáticos internacionales, asignaciones de lujosos vehículos con chofer y escolta, suntuosas viviendas, onerosos teléfonos, etc. En los hechos, este poderoso sector de la burocracia constituye una especie de burguesía funcional, una casta explotadora que se apropia de una parte importante del esfuerzo productivo de la sociedad; es decir, del plustrabajo, toda vez que su participación abiertamente favorable en la distribución del ingreso se deriva no de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino de los privilegios asociados a los altos cargos que ostentan. Por si fuera poco, abusan de sus posiciones de poder a través de las nefastas prácticas del nepotismo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, testaferros, amiguismo y compadrazgo.
No basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República. Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún tiene pendiente la tarea de superar todo lo que queda del marco legal y del entorno institucional que fue creado para favorecer a poderosos grupos de interés en contra de los intereses del pueblo. Aún no ha concluido la transformación radical de las condiciones que permiten la reproducción del burocratismo, el cual aún está vivo y se resiste a perder sus privilegios. La construcción de un auténtico poder popular pasa por la destrucción de la ineficiente pero aun vigente estructura del Estado burocrático, la cual se mantiene al amparo de la rutina y viejas prácticas que en muchos casos se han recrudecido y agravado.
Estas tensiones entre el burocratismo heredado de la IV República y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no han sido resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en diferentes niveles de los poderes públicos, desconcentrar y traspasar al pueblo el poder represado en ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular a través de la consolidación de los Consejos de Fábrica, de los Consejos Comunales y de las Comunas es una de las grandes tareas planteadas en la construcción del socialismo venezolano.
La sustitución completa del Estado burocrático por un nuevo Estado revolucionario tiene que ser uno de los objetivos cardinales de la fase socialista en la que ha entrado la Revolución Bolivariana. Y no se trata de destruir completamente el Estado de un día para otro sino de comprender las condiciones necesarias que deben cumplirse para lograr su extinción. Basta mirar la pretensión de la principal potencia imperialista de instalar bases militares en países cercanos para entender el enorme papel que aún tiene que jugar el Estado en la defensa de la soberanía nacional.
Mientras se mantengan las condiciones que facilitan la explotación de un ser humano por otro ser humano, mientras esté viva la contradicción entre la naturaleza social de la producción y el carácter privado de la apropiación de los medios de producción y de los excedentes, mientras los viejos y nuevos grupos de poder económico ejerzan su nefasta influencia para absorber y monopolizar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. que facilita el Gobierno Bolivariano para apoyar la actividad económica y productiva, se mantendrán las condiciones que operan como un caldo de cultivo para reproducir y extender el pernicioso fenómeno de la burocratización y el burocratismo.

El capitalismo engendra desempleo, pobreza y exclusión social. Al mismo tiempo, exacerba el consumismo para dar salida a su frenética producción, aumentar las ventas y maximizar así sus ganancias. Esta perversa contradicción tiende a debilitar y corromper los valores éticos y morales ante el afán de alcanzar un mayor disfrute de vida material. Mientras no se sustituyan los valores capitalistas del individualismo, consumismo y mayor nivel de vida material por los valores socialistas de la solidaridad, el desarrollo humano integral y el saber vivir, la corrupción y el burocratismo seguirán siendo flagelos que amenazan la salud de la Revolución Bolivariana.
En esta nueva fase de la Revolución Bolivariana, es el poder de la Comuna el que puede y tiene que destronar al burocratismo. La Comuna está llamada a ampliar la democracia más allá del voto, asumiendo la labor diaria de administrar los recursos públicos, así como la legislación y la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular. Por eso, la proliferación de ministerios y entes del Estado tendrá que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales para el diseño y ejecución de las políticas públicas, con base en un creciente control directo de los trabajadores y de la comunidad, de tal forma que quienes ejerzan estas funciones y responsabilidades no sean burócratas indolentes sino auténticos representantes del pueblo, elegidos por los trabajadores y miembros de la comunidad.
Para facilitar la participación masiva de los trabajadores y la comunidad en el control y administración de los asuntos públicos, es importante relanzar la propuesta que se hizo en la Reforma Constitucional de reducir la jornada laboral, con el fin de liberar tiempo para que los ciudadanos puedan dedicar una parte de éste a las funciones y tareas propias del poder comunal, asumiendo así las funciones de la vieja burocracia y contribuyendo a acelerar la extinción completa del viejo Estado burocrático. Por esta vía se contribuirá como nunca a profundizar el desarrollo y consolidación de una verdadera democracia participativa y protagónica.
Entender la importancia de terminar de destruir el Estado heredado de la IV República es crucial para asegurar el carácter irreversible de la Revolución Bolivariana. De lo contrario siempre estará amenazada por opositores y enemigos que ya no tienen el poder político, pero mantienen un sólido poder económico, el cual ponen al servicio de su obstinación por recuperar sus privilegios. Cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa a las que le hacemos el juego, las corporaciones transnacionales y sus socios nacionales intentarán imponer sus candidatos para reconquistar el poder legislativo, imponer sus leyes al gobierno y descalabrar así las conquistas de la Revolución Bolivariana.
Ese pueblo que antes sufría los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social y que ha sido rescatado y visibilizado por la Revolución Bolivariana no vacilará en apoyar el propósito de terminar de sustituir el Estado burocrático por un nuevo Estado Comunal. La revolución Bolivariana no puede seguir entrampada bregando cada cinco o seis años por lograr una correlación de fuerzas favorable, en medio de un permanente sabotaje de los enemigos del proceso que desacelera y frena el avance de la Revolución. La supervivencia de la Revolución Bolivariana pasa por concentrar cada vez más poder político y económico en las manos del pueblo y no en la burocracia estatal. Solo así será posible construir un nuevo Estado Comunal que elimine las condiciones que aún permiten la explotación del ser humano, la destrucción del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales. Es así como a la larga se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la consolidación de un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.

La Comuna en el Nuevo Modelo Productivo

La Comuna está llamada a superar problemas claves heredados de la economía capitalista, tales como:
· Contradicción entre la naturaleza cada vez más social de la producción y la apropiación privada de los medios de producción
· Incongruencia entre la riqueza socialmente generada y la apropiación privada de los excedentes
· Diferencias entre el trabajo manual y el trabajo intelectual
· Cuellos de botella entre la actividad agrícola e industrial
· Desarrollo desigual entre el campo y la ciudad
· Las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social
En lugar de reeditar la experiencia fallida del SSXX -el cual se basó en la propiedad absoluta del Estado sobre la gran mayoría de los medios de producción y distribución, dando origen a un Capitalismo de Estado a través del cual el burocratismo y la nomenklatura secuestraron la propiedad pública, administrándola con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara-, en la Comuna venezolana el sistema de propiedad debe ser colectivo. Ya quedó demostrado que la propiedad estatal o "propiedad de todo el pueblo" terminó siendo algo extraño y lejano para el ciudadano de a pié, el cual nunca se sintió “copropietario social” de esa única forma de “propiedad social”.
En el período de tránsito del capitalismo al socialismo, la remuneración del trabajo individual y la distribución de los frutos del esfuerzo colectivo debería hacerse a través de una combinación de los principios de "a cada quien según su trabajo" y "a cada quien de acuerdo sus necesidades”. Así se evitaría condenar a los trabajadores manuales y del campo a devengar los más bajos salarios debido a su menor calificación profesional o a la menor complejidad tecnológica de su actividad.
Con el fin de asegurar el control de los trabajadores directos y de la comunidad sobre los procesos de producción e inversión social de los excedentes, es necesario ampliar la cobertura de la Comuna como forma de organización social y productiva a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esto es clave para lograr que la remuneración individual se base en el trabajo de cada uno, compensando o corrigiendo las diferencias a través de la inversión social de los excedentes, evitando así la práctica de las cooperativas de distribuir individualmente todo el excedente, en menoscabo de la atención a las necesidades colectivas y sociales de la Comuna.

Inflación vs. salario

La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo privado y es causa de recesión. Al no haber suficiente demanda, los capitalistas -en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo-, lo que hacen es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeoran aún más la situación. El empeño por trasladar de inmediato y en una mayor proporción cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. De hecho, en la reciente baja del ritmo inflacionario influye la recesión por la que atraviesa la economía nacional.
Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Solo así se podrá aumentar el poder de compra de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada.
La inflación no es mayor gracias a los bienes y servicios cuyos precios están controlados. Pero a pesar del control precios, de los subsidios y de la sobrevaluación del tipo de cambio, la inflación en productos de procedencia nacional llega a 20,3% y la de los importados es de 14,4%. La inflación cerró en julio 2010 en 1,4% mientras que en julio 2009 fue 2,1%. Esta tendencia a la baja no quiere decir que la inflación ha sido derrotada: los precios siguen subiendo pero a menor velocidad.
Los trabajadores que viven de un ingreso fijo ven como el aumento anual de 20% se vuelve sal y agua. Quien devenga un sueldo mínimo de Bs. F. 1.223,89 y tiene que gastar Bs. F. 2.484,73 para solo comprar la Canasta Alimentaria transfiere parte de su ingreso al factor capital que domina la producción y los precios. Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades básicas y no básicas satisfechas. Cualquier aumento de los sueldos mueve la economía y ayuda a vencer la recesión. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se causa y profundiza la recesión, toda vez que la lógica contradictoria del capital induce a bajar el nivel de producción y a recortar las nóminas, golpeando aún más el ingreso familiar y entrampando la economía en un circulo vicioso de recesión-recorde de producción-ajuste de nóminas-caida de la demanda-recesión .

Los mecanismos del mercado han demostrado su creciente incapacidad para sacar a la economía de este círculo vicioso. Esto hace necesaria una sabia y oportuna intervención del Estado no solo para reactivar la economía sino, fundamentalmente, para transformar la lógica económica basada en la maximización del lucro a través de la intensificación de la explotación de los trabajadores y de la depredación de la naturaleza, por una nueva lógica económica centrada en los principios de solidaridad, cooperación, complementación, equidad y sustentabilidad.

La pugna por la distribución del ingreso

Cuando los precios suben los salarios no lo hacen de inmediato. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor de los capitalistas que dominan la producción y fijan los precios. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa la pérdida del poder adquisitivo.
Con frecuencia, a pesar de los aumentos, el salario mínimo se queda por debajo del costo de la canasta alimentaria. La inflación en alimentos es de 42% en el período julio 2009/julio 2010. El salario mínimo es de Bs. F. 1.223,89 pero se requieren Bs. F. 2.484,73 para comprar la Canasta Alimentaria. Y esto a quien más afecta es a las familias que viven de un salario mínimo. El impacto de la inflación sobre el Estrato I (más pobre) entre julio 2009/julio 2010 es de 35,8%.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en julio una variación de 1,4%, inferior a la de junio que fue de 2,1%. Es la menor tasa intermensual en los últimos 16 meses lo que sugiere una tendencia hacia la baja. La inflación promedio anual de CAP II fue de 44,0%, la de Caldera II 60% y con Chávez de 22,6%. Esto no quiere decir que los precios dejen de crecer: siguen subiendo pero a un ritmo apenas menor. La variación anualizada al mes de julio de 2010 bajó de 31,3% a 30,5 %, pero la variación acumulada en lo que va de año se ubica en 18,0%, superior a la acumulada en igual período de 2009 cuando fue de 13,1%.
En el segundo trimestre de 2010, el Índice de Remuneraciones de los Asalariados registró un incremento de 7,5%, mayor que el anterior de 4,5%, pero menor que la del mismo trimestre de 2009 que fue de 13,7%. La inflación promedio anual sigue siendo superior al aumento de sueldos que suele ser de 20%. Una inflación mayor que el incremento salarial es lo que explica la distribución regresiva del ingreso que se observa en el sector capitalista de la economía. En 1998 al trabajo le tocaba el 39.7%, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital; diez años después cayó a 32.8 %, mientras que la del capital subió a 48.8%. Así, los ricos se hacen cada vez más ricos mientras los pobres se hacen cada vez más pobres.

Baja la inflación pero suben los precios

La pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el saldo neto del intercambio de aumento de sueldos por inflación. En dependencia de cuál sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso.
El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la inflación. Por su parte, el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción. Para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio en igual, mayor o menor proporción. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta la nueva contratación colectiva (que en promedio suele ser cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.
El INPC tuvo en julio una variación de 1,4%, menor que 1,8% en mayo y 2,1% en junio. Es la menor tasa intermensual en los últimos 16 meses y sugiere una tendencia hacia la baja. Pero esto no quiere decir que los precios dejen de crecer: siguen subiendo pero a un ritmo menor. De hecho, la variación anualizada a julio 2010 desaceleró de 31,3% a 30,5 %, aunque la variación acumulada en los 7 meses de 2010 se ubica en 18,0%, superior a la acumulada en igual período de 2009 cuando llegó a 13,1%. La inflación acumulada en 11 años y 7 meses es de 835% y desde que entró en vigencia la reconversión monetaria es de 90,4%.
En promedio, la inflación anual es superior al aumento de sueldos que suele ser de 20%. En el Estrato I, el más pobre, la inflación anualizada fue 35,8 %. Por lo tanto, en este canje de aumento de sueldos por inflación, los ricos se hacen cada vez más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres. Al ser mayor la inflación que el aumento de sueldos, se produce una transferencia neta del ingreso del factor trabajo que vive de un sueldo fijo a favor del factor capital que ajusta con rapidez la mayoría de los precios. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial, ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan los precios. Según la distribución factorial del ingreso, en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7%, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital. Diez años después, cayó a 32.8 % mientras que la del capital subió a 48.8%.
Cuando se castigan los sueldos se castiga también el ritmo de actividad económica. Al no haber suficiente demanda, en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo, el factor capital lo que hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeora aún más la situación. El salario no es sólo un costo de producción más. Es la principal fuerza motriz de la demanda agregada. El factor trabajo, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando recibe aumento de sueldos tiende a gastarlo todo. No tiene capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la del factor capital que tiene sus necesidades básicas satisfechas.
Los aumentos de sueldos impulsarán la reactivación económica siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Es hora de entender que proteger el aumento de los sueldos es lo que puede reactivar la economía y vencer la recesión.

La transición al socialismo

Los voceros de la oposición no se cansan de afirmar que en Venezuela se está instaurando el comunismo, haciendo gala de su ignorancia del pensamiento marxista y de las lecciones que dejó la fallida construcción del socialismo en el siglo XX.
El comunismo pasa por la eliminación de las condiciones que permiten la explotación del ser humano por otro ser humano; implica la extinción de las clases sociales, del Estado y del burocratismo; la superación de las contradicciones entre el campo y la ciudad, entre trabajo manual y trabajo intelectual; es el fin de una economía que -por estar centrada en la maximización del lucro- exacerba el consumismo para abrirle camino a la producción industrial a gran escala, con la consiguiente explotación irracional de los recursos naturales y la destrucción del planeta.

Por su parte, la construcción socialista requiere impulsar nuevas formas de propiedad social que expresen un verdadero empoderamiento de los trabajadores y la comunidad sobre los medios de producción para hacer posible el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, de las potencialidades humanas y de una creciente producción destinada a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo. La propiedad privada coexiste con la propiedad estatal, pero lo más importante es el impulso que se le imprima a las nuevas formas de propiedad social, popular y comunal.

En consecuencia, la construcción de una nueva sociedad que libere a los asalariados de la explotación del capital pasa por dos etapas: la socialista y la comunista. Pero hay un período de transición entre la sociedad capitalista y la socialista, lleno contradicciones, de marchas y contramarchas, de concesiones tácticas para asegurar el logro de los objetivos estratégicos. Identificar la transición socialista con el comunismo solo cabe en la cabeza de los que desconocen el curso natural de los procesos históricos.
Siendo así, Venezuela todavía no está preparada ni siquiera para la transición socialista. Apenas se están comenzando a crear esas condiciones. Para profundizar ese proceso se requiere impulsar un creciente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y en nuestro caso más bien se han recrudecido los rasgos de una economía rentista que todo lo importa y poco produce. La agricultura apenas aporta el 5 % del PIB y debería estar en 12 % para alcanzar los objetivos de la seguridad y soberanía alimentarias. La industria manufaturera apenas aporta el 15 % del PIB, cuyo peso debería alcanzar al menos el 20% para considerar que la economía venezolana al fin se ha industrializado.

La economía venezolana sigue siendo una de las más atrasadas de América Latina; cuyos países -al no disponer de la enorme renta petrolera que disfruta Venezuela-, no pueden importarlo todo y por lo tanto se han visto obligados a desarrollar su aparato productivo interno para satisfacer sus necesidades más elementales. Pero en el caso venezolano, este subdesarrollo económico se disimula y queda encubierto a través de un exacerbado consumismo que crea un espejismo de prosperidad. Pero lo cierto es que seguimos atrapados en el círculo vicioso de una economía rentista: importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
La conquista del poder político es una condición necesaria más no suficiente para iniciar el tránsito hacia el socialismo. En Venezuela logramos la soberanía política pero aún no hemos alcanzado la soberanía productiva, porque no puede ser soberano un país que no produce lo que le alimenta, ni lo que calza y viste, ni las medicinas que sanan sus enfermedades, ni los libros que lee o las películas que lo entretienen.

Por lo tanto, impulsar la transición hacia el socialismo impone la necesidad de profundizar el crecimiento y desarrollo de un sólido aparato productivo capaz de sustituir el enome volumen de importaciones que aún realizamos y, a la vez, diversificar la oferta exportable para generar nuevas fuentes de divisas que compensen el comportamiento errático del ingreso petrolero.

Pero en la transición socialista se requiere, además, impulsar nuevas relaciones de poder, sustituyendo las relaciones de explotación por las de solidaridad y cooperación. Solo así se podrán eliminar definitivamente las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión. Estos flagelos irán desapareciendo a medida que se sustituya la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales -no por la agotada propiedad estatal que termina siendo secuestrada por el burocratismo, administrada con negligencia e ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara-, sino por nuevas formas de propiedad social, popular y comunal que empoderen de verdad a los trabajadores directos y a la comunidad para que sean ellos quienes dirijan el esfuerzo productivo a la luz de sus necesidades y aseguren la inversión social de los excedentes en función de dar respuesta a sus problemas más importantes. De allí que consolidar el poder político para profundizar la construcción socialista sea un proceso cada vez más económico.
En medio de la crisis de 2002-2003, la reactivación de la economía capitalista fue un mal necesario para generar empleo, elevar la producción, combatir la escasez y salvar la Revolución Bolivariana. Gracias a los generosos incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, siministro de materias primas, capacitación de fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. que ofreció el gobierno al aparato productivo para entonces existente, compuesto fundamentalmente por empresas mercantiles, el sector capitalista de la economía creció más que la economía pública y la social, hasta alcanzar el 70 % del PIB.

Ahora bien, una economía socialista no será obra de las fuerzas del mercado. Mientras predomine el capitalismo se mantendrán las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social. Por eso, ha llegado el momento de reconocer la situación antes creada y, en adelante, dejar claro que la etapa de las concesiones a los capitalistas ha terminado. En adelante los apoyos públicos al sector productivo deben quedar condicionados al compromiso de los beneficiarios con la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social; y, en su gran mayoría, estos incentivos se deben reorientar para que lo que más crezca sea una nueva economía social que sustituya las relaciones de explotación del ser humano y de depredación del ambiente, por nuevas relaciones de solidaridad, cooperación y sustentabilidad.

La Economía no monetaria y la Revolución de los prosumidores

Alvin Toffler en la “La tercera ola” (1980) acuñó la palabra prosumidor para “designar a quienes creamos bienes, servicios o experiencias para nuestro propio uso o disfrute, antes que para venderlos o intercambiarlos”. Son los protagonistas de un esfuerzo productivo que no se hace para obtener una ganancia sino para satisfacer necesidades propias. Se trata de una economía no registrada en las cuentas nacionales del PIB pero que genera una abundante producción de bienes y servicios. Hablamos de la economía prosumidora no monetaria.
El prosumo se basa en el trabajo no remunerado para crear valor, el cual ha terminado siendo un soporte clave para la propia economía monetaria. Para muestra un botón: si el self service o autoservicio que sustituye el trabajo remunerado de vendedores y mesoneros en un número cada vez mayor de establecimientos comerciales y restaurantes se reconociera en las cuentas nacionales, tendríamos una idea del trabajo gratis que cada uno de nosotros hace como prosumidor.
Las TIC han impulsado como nunca el prosumo: desde los emails que sustituyen las cartas que antes iban por correo postal, las fotos digitales que ya no revelamos en un estudio fotográfico, la música y libros que obtenemos gratis a través de Internet; hasta los retiros, pagos y transferencias que hacemos a través de un cajero automático o banca electrónica, todas estas constituyen diferentes formas de prosumo. Desplazar buena parte del trabajo del productor al prosumidor será la próxima jugada de una economía cada vez más dependiente de la mano de obra no remunerada. No tardará en llegar el escáner que se coloca a la salida del supermercado para leer el precio de los productos colocados en el carrito y cargarlo automáticamente a la tarjeta de crédito del prosumidor. Así, miles de cajeras verán cómo se destruyen sus puestos de trabajo.
Pero el prosumo de la economía no monetaria también está compuesto por una amplia gama de actividades socialmente cohesionadoras: la atención médica de Barrio Adentro, la educación en las Misiones Ribas y Sucre, el trabajo voluntario de los consejos comunales y juntas de condominio. También incluye la ayuda solidaria que nos hace el vecino al llevarnos los niños a la escuela o darnos la cola hasta el trabajo. Si los miembros de cada familia tuvieran que pagar por los desayunos, almuerzos y cenas que se consumen en casa, por la ropa que se lava y plancha, por las noches de hospedaje y cuidados que recibe un familiar enfermo, por el transporte de los hijos al colegio, esta economía doméstica es mucho lo que sumaría al PIB. Imaginemos que tuviéramos que pagar a otros para que nos presten estos servicios: el monto de la factura nos dejaría sin liquidez.
Pero el trabajo no remunerado, especialmente el de las mujeres, se mantiene totalmente subestimado en las estadísticas económicas. Tampoco se contabiliza el equivalente al prosumo que se genera todos los días en las comunidades y organizaciones no lucrativas, escenario por excelencia de la economía no monetaria. Al ver la actividad económica como aquello que solo ocurre cuando el dinero se cambia por una mercancía -y esta operación queda contabilizada en una máquina registradora o factura fiscal-, los institutos de estadísticas y bancos centrales ignoran el peso de la economía no monetaria. Obviamente, las relaciones monetario-mercantiles son más fáciles de contar en comparación con las relaciones de solidaridad y cooperación que rigen la lógica de la economía no monetaria.

Ley de Comunas: de la contraloría social al empoderamiento popular

En la Comuna el poder popular puede ser simultáneamente poder constituyente y poder constituido. La dinámica de la Comuna permite superar las reminiscencias de la democracia representativa en la que una vez electos los gobernantes y legisladores, estos se alejan y desvinculan de sus electores y solo reaparecen en la próxima campaña electoral, a pesar de haber incumplido las promesas y compromisos por los cuales fueron elegidos.

Como sabemos, esa manera de entender la democracia representativa terminó siendo una burla para las expectativas y esperanzas del pueblo. De allí la necesidad de avanzar hacia la construcción de una democracia participativa y protagónica que transfiriera poder a las comunidades.

Ahora bien, esto no significa que el nuevo sistema político que en Venezuela se construye se base única y exclusivamente en esquemas de democracia directa o asamblearia. De hecho, en las elecciones del próximo 26 de septiembre se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional que representarán a los electores de sus circuitos.

La clave para una adecuada fórmula de democracia representativa y democracia participactiva está en saber distinguir los asuntos de cobertrura nacional de los problemas a nivel comunal. Cuando se trata de abordar problemas concretos cuya solución está al alcance de la propia comunidad, nada mejor que la amplia y creciente participación de la comunidad. Sobre esta base es que la gente se identifica y compromete con las decisiones que ella misma toma. Por supuesto, no hay que descartar que cuando se trate de un numero muy elevado de comunidades, cuya participación masiva dificulte las deliberaciones y toma de decisiones, las propias comunidades decidan elegir sus mejores representantes que, como ya sabemos, en la experiencia venezolana se han llamado voceros o voceras.

Hay que dejar claro que no se trata de eliminar todo el sistema de representatividad, sino de crear un sistema mucho más eficaz, basado en la participación directa, que impida que los elegidos se separen y olviden de sus electores. Sobre todo, teniendo en cuenta que el poder popular no se expresa sólo en los Consejos Comunales, sino también en los consejos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, etcétera. Así, los voceros en la comuna pueden ser también representantes de todas las expresiones del poder popular.

En este sentido, la Ley de las Comunas es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. A su vez, con este instrumento legal se amplía y fortalece la base legal para impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación de los trabajadores directos y de la comunidad.
La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder.
La comuna dispondrá de un Plan, con líneas estratégicas de desarrollo comunal, a la luz de: a) vocación económica y productiva que determine su dotación natural de recursos agrícolas, forestales, turísticos, mineros, etc; b) características de organización social y tradiciones de lucha; c) cultura, sistema de creencias y conocimiento ancestral; localización en el territorio; y, características generales de su población.
Asimismo, para avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo que libere a los asalariados de la explotación del capital y reconozca al ser humano como la razón de ser de la actividad económica y productiva, la Comuna podrá desarrollar su propio sistema micro-financiero con el fin de impulsar proyectos socio-productivos que aseguren la inversión social de los excedentes, en función de resolver problemas concretos de la comunidad.
Las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna serán la fuente más rica para crear nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal, la cual tiende a ser secuestrada por el burocratismo y administrada como si de una propiedad privada se tratara. No se trata solo de una contraloría social o control obrero contemplativos y sin mayor posibilidad de decisión, sino de profundizar un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, conviertiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

La estrategia antiinflacionaria

Todo ajuste cambiario tiene efectos positivos y negativos. La devaluación proporciona un alivio al productor local, al no tener que competir con importaciones baratas por un dólar subsidiado. Los exportadores reciben más bolívares por cada dólar y así disponen de un margen mayor para cubrir los costos internos. El lado malo es su impacto en la estructura de costos y en el comportamiento de los precios en una economía que opera con un alto componente importado. Sobre todo cuando la devaluación no se complementa con una estrategia antiinflacionaria que permita armonizar el aumento de la demanda, derivada de un mayor gasto público, con un aumento equivalente en la oferta nacional. En lo que va de año, este desequilibrio se ha visto acentuado por una contracción del aparato productivo que ya acumula cinco trimestres consecutivos.
Para no anular los efectos positivos del ajuste cambiario es necesario cortar el círculo vicioso inflación-sobrevaluación-devaluación-inflación. Ciertamente, buena parte de este impacto inflacionario ya fue absorbido en el año 2009. Debido a la exclusión de muchos códigos arancelarios del tipo de cambio oficial, los importadores se trasladaron al mercado paralelo y ya habían transferido este impacto cambiario a la estructura de costos y los precios al consumidor. También los retrasos en la liquidación de divisas obligaron a las empresas a comprarlas en el mercado paralelo y a trasladar este incremento al precio final.
Una acertada estrategia antiinflacionaria pasa por distinguir las causas de la inflación de las consecuencias que la misma genera. Es un error definir la inflación como un aumento de los precios, cuando en realidad es una pérdida del poder de compra de la moneda. Unos explican la inflación en la esfera de la circulación. La ven como un fenómeno monetario que provoca un desbordamiento de la demanda superior a la oferta. Acusan al gasto público y proponen su reducción. Otros ven su origen en la esfera de la producción. Sostienen que se debe a la escasa oferta nacional y proponen incentivar la producción de bienes y servicios. En nuestro caso no es ni lo uno ni lo otro sino ambas dos.
Lo cierto es que ya no hay dólares a 2.15. En lo que va de año, el dólar oficial se ha vendido a 2.60 y 4.30 y esto inevitablemente ha repercutido en el costo de los insumos importados. Por otra parte, los ingresos adicionales que PDVSA y el fisco obtienen al vender los dólares más caros han servido para aumentar el gasto público. Y si no se reactiva en el segundo semestre la economía para poder respaldar el incremento de la cantidad de bolívares en circulación con un aumento equivalente de la producción, se profundizará el desequilibrio entre oferta y demanda y se atizará la inflación.
El control de precios ha servido para contener la especulación pero ha mostrado sus límites para atacar las causas estructurales de la inflación. Se controla el precio final y se mantiene congelado por largos períodos que van más allá de un año. Pero si anualmente se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias, transporte y otros servicios, más temprano que tarde la rigidez del control se revierte contra una sana lógica económica de recuperar los costos de producción para asegurar la sustentabilidad y viabilidad económica y financiera de las empresas. Cuando los precios controlados se rezagan en comparación con la evolución de la estructuira de costos, no solo el margen de ganancia y rentabilidad se ve afectado. Al quedarse el precio controlado por debajo del costo de producción, las empresas comienzas a sufrir pérdidas. Y así, ni las cooperativas, EPS y empresas más solidarias de la economía social, popular y comunal pueden sostenerse. Cuando los costos de producción superan el precio controlado inevitablemente se desestimula la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez y la especulación. Entonces importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica.
Cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo reclama mecanismos más eficaces. En lugar de seguir quemando Reservas Internacionales con las “subastas” y otro tipo de intervenciones, es preferible autorizar a los exportadores a vender su ingreso en divisas en el mercado paralelo. Este aumento de la oferta privada aliviará la carga que recae sobre el BCV y las Reservas Internacionales, toda vez que operaría como un mecanismo de convergencia entre ambos tipos de cambio, evitando que el dólar paralelo se despegue y siga siendo el tipo de cambio marcador en la formación de los precios de la economía venezolana.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.
Pero en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública en la economía.
La caída del PIB en Venezuela es una ocasión propicia para revisar la política económica. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación cualitativa de la economía. Esta transformación tiene dos ejes clave:
1) Creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.
2) Transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Los apoyos del Estado a la producción local son una condición básica para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de acertadas políticas y estrategias orientadas a la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista.

¿Reactivar o transformar la economía?

Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van desgastando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente.
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces comenzamos a celebrar la caída del PIB, argumentando que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. En la antesala de unas elecciones de la AN es muy cara la factura política que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero no será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Hoy más que nunca, se requiere el diseño y ejecución de una sabia y oportuna estrategia de reactivación y transformación estructural de la economía venezolana.

La economía del conocimiento

En los años 90, los grandes países consumidores de petróleo impusieron la creencia de que el petróleo tenía sus días contados como principal fuente de energía. Ante la reivindicación en los precios de los crudos que lograron los países de la OPEP en los años 70 y 80, las potencias industrializadas reaccionaron llevando a cabo un descomunal esfuerzo por desarrollar fuentes alternas de energía que supuestamente desplazarían al petróleo como el fundamento de la gran producción en serie.
Las tensiones en la OPEP no se hicieron esperar. Por un lado, los países miembros que sufrían un progresivo agotamiento de sus reservas apostaron a controlar la producción con el fin de vender al mayor precio posible sus decrecientes reservas. Por la otra, los países con abundantes reservas, haciéndose eco del argumento de las grandes potencias de que las fuentes alternas de energía se encontraban a la vuelta de la esquina, se apuraron a romper las cuotas de producción y a rematar sus reservas antes de que se quedaran en el subsuelo.
El resultado fue que a comienzos de los años 2000 los precios del petróleo se encontraban por el piso y la OPEP estaba prácticamente desmembrada. A lo largo de la última década, esta organización se ha reconstruido y ha logrado reivindicar precios justos para el petróleo. La cotización de los crudos ha mejorado y las reservas probadas que Venezuela tiene son las más grandes del mundo. A diferencia de otros países que necesitan realizar un enorme esfuerzo productivo para generar las fuentes de divisas que requieren para comprar las materias primas y recursos energéticos que no poseen, Venezuela percibe una cuantiosa renta petrolera que le permite comprar al resto del mundo los bienes y servicios que bien pudiera estar produciendo internamente.
En aquellas naciones, la falta de recursos naturales, lejos de ser una restricción insalvable para el desarrollo, más bien ha sido un acicate. Ejemplos claros son los de Japón, China y los países industrializados del sudeste asiático. Sin poseer mayores reservas de materias primas y energía han logrado desarrollar una portentosa industria manufacturera de base tecnológica que ha invadido al mundo entero con una producción de creciente calidad y precios cada vez más competitivos, demostrando así que poseer recursos naturales es necesario más no suficiente para la prosperidad de una nación, de la misma forma que carecer de ellos no es un obstáculo para desarrollarse.
Las transforma­ciones tecnológicas en curso han alterado el patrón de ventajas comparativas que sustentaron la inserción de Venezuela en la Economía mundial. Las ventajas competitivas derivadas de las capacidades para producir y utilizar conocimientos han desplazado las ventajas comparativas heredadas de la naturaleza. De la ventaja basada en recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas con base en el dominio tecnológi­co. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron los recursos naturales y el petróleo barato para el viejo modelo productivo es semejante al que hoy tiene el conoci­miento científico y tecnológico para el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos.

El comunismo del Cardenal Urosa

Como era de esperarse en la antesala de todo proceso electoral, algún vocero de la oligarquía tenía que salir a tratar de meterle miedo al pueblo desempolvando la cantaleta anticomunista. Esta vez el escogido fue el Cardenal Urosa.
Si el Cardenal se tomara un tiempo para revisar algunos datos, se percataría de que en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre 2003-2009 el desempleo se redujo de 16.8 % a 7.5 %; el sector informal bajó de 52.7% a 44 %; el porcentaje de hogares pobres cayó de 55.1 a 23.8, mientras que la pobreza extrema se redujo de 25 % a 5.9 %. Si eso es comunismo, entonces: ¡Bienvenido sea el comunismo!.
Sin embargo, a pesar de sus proclamas anticomunistas, el peso del sector capitalista en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente aumentó. Pasó de 64.7 % en 1998 a cerca de 70 % en 2009, mientras que el sector público cayó de 35 % a 30 %. Es bueno que el Cardenal Urosa se entere que en ese sector capitalista de la economía, que tácitamente defiende, se ha recrudecido la explotación de los trabajadores: en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital, diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Así pues, tanto la estructura del PIB como el nivel de empleo están fuertemente marcados por el abrumador peso que todavía tiene la economía capitalista, siendo ésta la que define la naturaleza explotadora y depredadora del modelo productivo que aún impera en Venezuela, el cual hay que transformar en un nuevo modelo productivo socialista para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social.
El impacto social de este capitalismo salvaje se ha visto mitigado gracias a la inversión social de la renta petrolera: es lo que ha permitido compensar una distribución del ingreso favorable al sector capitalista. Pero en Venezuela hemos entendido que una auténtica Revolución Socialista no se limita a asegurar el acceso gratuito de los pobres a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales. Ahora nos proponemos ir más allá de la inversión social de la renta petrolera y transformar radicalmente el régimen de propiedad para transferir a los pobres el poder sobre los procesos de producción de los bienes básicos y esenciales que se necesitan para garantizar la supervivencia humana.

¿Control obrero o empoderamiento popular?

Pendiente está el reto de aumentar el peso de la economía social en el PIB. Hay maneras de lograrlo. Una: concentrando incentivos públicos en este sector para hacerlo crecer a un ritmo superior al resto de la economía. Otra: incubando la economía social en el seno de la propia economía pública y privada. O las dos al mismo tiempo.
En este sentido, es interesante la propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores para lograr su participación protagónica en los procesos productivos, profundizar la formación sociopolítica y crear las bases para el desarrollo de las relaciones socialistas de producción.
Pero no se trata solo de Consejos que obliguen a los patronos a permitir el acceso a la información sobre los procesos productivos, administrativos, tecnológicos, etc. de la empresa: la clave está en lograr un verdadero empoderamiento popular. El control de los centros de trabajo también tiene que ser comunitario. Y esto es posible si a los Consejos Comunales se les reconoce su condición de copropietarios sociales para que asuman, conjuntamente con los trabajadores, las políticas para mejorar las condiciones de trabajo y del entorno comunitario, a través de la inversión social de las ganancias.
La mencionada propuesta de Ley debe ser complementada con otra para democratizar la propiedad, que condicione el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de un requisito de copropiedad de los Consejos de Trabajadores y Comunales, los cuales serían los únicos autorizados para tramitar los apoyos públicos a favor de la empresa de la cual son copropietarios. Ambos recibirían préstamos del Estado para comprar su participación accionaria, dejando claro que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda no será distribuido como ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario. Su complementación permitirá fortalecer su unidad y elevar el nivel de organización para avanzar, no solo en la cogestión y contraloría social, sino en un verdadero empoderamiento popular que resuelva a favor del pueblo la contradicción fundamental del capitalismo, la cual se expresa en la producción social de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, versus la apropiación individual de la riqueza que se deriva del esfuerzo productivo de toda la sociedad.