Baja la inflación pero suben los precios

La pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el saldo neto del intercambio de aumento de sueldos por inflación. En dependencia de cuál sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso.
El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la inflación. Por su parte, el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción. Para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio en igual, mayor o menor proporción. Los trabajadores en cambio tienen que esperar hasta la nueva contratación colectiva (que en promedio suele ser cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.
El INPC tuvo en julio una variación de 1,4%, menor que 1,8% en mayo y 2,1% en junio. Es la menor tasa intermensual en los últimos 16 meses y sugiere una tendencia hacia la baja. Pero esto no quiere decir que los precios dejen de crecer: siguen subiendo pero a un ritmo menor. De hecho, la variación anualizada a julio 2010 desaceleró de 31,3% a 30,5 %, aunque la variación acumulada en los 7 meses de 2010 se ubica en 18,0%, superior a la acumulada en igual período de 2009 cuando llegó a 13,1%. La inflación acumulada en 11 años y 7 meses es de 835% y desde que entró en vigencia la reconversión monetaria es de 90,4%.
En promedio, la inflación anual es superior al aumento de sueldos que suele ser de 20%. En el Estrato I, el más pobre, la inflación anualizada fue 35,8 %. Por lo tanto, en este canje de aumento de sueldos por inflación, los ricos se hacen cada vez más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres. Al ser mayor la inflación que el aumento de sueldos, se produce una transferencia neta del ingreso del factor trabajo que vive de un sueldo fijo a favor del factor capital que ajusta con rapidez la mayoría de los precios. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial, ya ha transferido buena parte de su ingreso a los factores que dominan los precios. Según la distribución factorial del ingreso, en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7%, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital. Diez años después, cayó a 32.8 % mientras que la del capital subió a 48.8%.
Cuando se castigan los sueldos se castiga también el ritmo de actividad económica. Al no haber suficiente demanda, en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo, el factor capital lo que hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeora aún más la situación. El salario no es sólo un costo de producción más. Es la principal fuerza motriz de la demanda agregada. El factor trabajo, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando recibe aumento de sueldos tiende a gastarlo todo. No tiene capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la del factor capital que tiene sus necesidades básicas satisfechas.
Los aumentos de sueldos impulsarán la reactivación económica siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios. Es hora de entender que proteger el aumento de los sueldos es lo que puede reactivar la economía y vencer la recesión.

La transición al socialismo

Los voceros de la oposición no se cansan de afirmar que en Venezuela se está instaurando el comunismo, haciendo gala de su ignorancia del pensamiento marxista y de las lecciones que dejó la fallida construcción del socialismo en el siglo XX.
El comunismo pasa por la eliminación de las condiciones que permiten la explotación del ser humano por otro ser humano; implica la extinción de las clases sociales, del Estado y del burocratismo; la superación de las contradicciones entre el campo y la ciudad, entre trabajo manual y trabajo intelectual; es el fin de una economía que -por estar centrada en la maximización del lucro- exacerba el consumismo para abrirle camino a la producción industrial a gran escala, con la consiguiente explotación irracional de los recursos naturales y la destrucción del planeta.

Por su parte, la construcción socialista requiere impulsar nuevas formas de propiedad social que expresen un verdadero empoderamiento de los trabajadores y la comunidad sobre los medios de producción para hacer posible el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, de las potencialidades humanas y de una creciente producción destinada a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo. La propiedad privada coexiste con la propiedad estatal, pero lo más importante es el impulso que se le imprima a las nuevas formas de propiedad social, popular y comunal.

En consecuencia, la construcción de una nueva sociedad que libere a los asalariados de la explotación del capital pasa por dos etapas: la socialista y la comunista. Pero hay un período de transición entre la sociedad capitalista y la socialista, lleno contradicciones, de marchas y contramarchas, de concesiones tácticas para asegurar el logro de los objetivos estratégicos. Identificar la transición socialista con el comunismo solo cabe en la cabeza de los que desconocen el curso natural de los procesos históricos.
Siendo así, Venezuela todavía no está preparada ni siquiera para la transición socialista. Apenas se están comenzando a crear esas condiciones. Para profundizar ese proceso se requiere impulsar un creciente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y en nuestro caso más bien se han recrudecido los rasgos de una economía rentista que todo lo importa y poco produce. La agricultura apenas aporta el 5 % del PIB y debería estar en 12 % para alcanzar los objetivos de la seguridad y soberanía alimentarias. La industria manufaturera apenas aporta el 15 % del PIB, cuyo peso debería alcanzar al menos el 20% para considerar que la economía venezolana al fin se ha industrializado.

La economía venezolana sigue siendo una de las más atrasadas de América Latina; cuyos países -al no disponer de la enorme renta petrolera que disfruta Venezuela-, no pueden importarlo todo y por lo tanto se han visto obligados a desarrollar su aparato productivo interno para satisfacer sus necesidades más elementales. Pero en el caso venezolano, este subdesarrollo económico se disimula y queda encubierto a través de un exacerbado consumismo que crea un espejismo de prosperidad. Pero lo cierto es que seguimos atrapados en el círculo vicioso de una economía rentista: importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
La conquista del poder político es una condición necesaria más no suficiente para iniciar el tránsito hacia el socialismo. En Venezuela logramos la soberanía política pero aún no hemos alcanzado la soberanía productiva, porque no puede ser soberano un país que no produce lo que le alimenta, ni lo que calza y viste, ni las medicinas que sanan sus enfermedades, ni los libros que lee o las películas que lo entretienen.

Por lo tanto, impulsar la transición hacia el socialismo impone la necesidad de profundizar el crecimiento y desarrollo de un sólido aparato productivo capaz de sustituir el enome volumen de importaciones que aún realizamos y, a la vez, diversificar la oferta exportable para generar nuevas fuentes de divisas que compensen el comportamiento errático del ingreso petrolero.

Pero en la transición socialista se requiere, además, impulsar nuevas relaciones de poder, sustituyendo las relaciones de explotación por las de solidaridad y cooperación. Solo así se podrán eliminar definitivamente las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión. Estos flagelos irán desapareciendo a medida que se sustituya la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales -no por la agotada propiedad estatal que termina siendo secuestrada por el burocratismo, administrada con negligencia e ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara-, sino por nuevas formas de propiedad social, popular y comunal que empoderen de verdad a los trabajadores directos y a la comunidad para que sean ellos quienes dirijan el esfuerzo productivo a la luz de sus necesidades y aseguren la inversión social de los excedentes en función de dar respuesta a sus problemas más importantes. De allí que consolidar el poder político para profundizar la construcción socialista sea un proceso cada vez más económico.
En medio de la crisis de 2002-2003, la reactivación de la economía capitalista fue un mal necesario para generar empleo, elevar la producción, combatir la escasez y salvar la Revolución Bolivariana. Gracias a los generosos incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, siministro de materias primas, capacitación de fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. que ofreció el gobierno al aparato productivo para entonces existente, compuesto fundamentalmente por empresas mercantiles, el sector capitalista de la economía creció más que la economía pública y la social, hasta alcanzar el 70 % del PIB.

Ahora bien, una economía socialista no será obra de las fuerzas del mercado. Mientras predomine el capitalismo se mantendrán las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social. Por eso, ha llegado el momento de reconocer la situación antes creada y, en adelante, dejar claro que la etapa de las concesiones a los capitalistas ha terminado. En adelante los apoyos públicos al sector productivo deben quedar condicionados al compromiso de los beneficiarios con la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social; y, en su gran mayoría, estos incentivos se deben reorientar para que lo que más crezca sea una nueva economía social que sustituya las relaciones de explotación del ser humano y de depredación del ambiente, por nuevas relaciones de solidaridad, cooperación y sustentabilidad.

La Economía no monetaria y la Revolución de los prosumidores

Alvin Toffler en la “La tercera ola” (1980) acuñó la palabra prosumidor para “designar a quienes creamos bienes, servicios o experiencias para nuestro propio uso o disfrute, antes que para venderlos o intercambiarlos”. Son los protagonistas de un esfuerzo productivo que no se hace para obtener una ganancia sino para satisfacer necesidades propias. Se trata de una economía no registrada en las cuentas nacionales del PIB pero que genera una abundante producción de bienes y servicios. Hablamos de la economía prosumidora no monetaria.
El prosumo se basa en el trabajo no remunerado para crear valor, el cual ha terminado siendo un soporte clave para la propia economía monetaria. Para muestra un botón: si el self service o autoservicio que sustituye el trabajo remunerado de vendedores y mesoneros en un número cada vez mayor de establecimientos comerciales y restaurantes se reconociera en las cuentas nacionales, tendríamos una idea del trabajo gratis que cada uno de nosotros hace como prosumidor.
Las TIC han impulsado como nunca el prosumo: desde los emails que sustituyen las cartas que antes iban por correo postal, las fotos digitales que ya no revelamos en un estudio fotográfico, la música y libros que obtenemos gratis a través de Internet; hasta los retiros, pagos y transferencias que hacemos a través de un cajero automático o banca electrónica, todas estas constituyen diferentes formas de prosumo. Desplazar buena parte del trabajo del productor al prosumidor será la próxima jugada de una economía cada vez más dependiente de la mano de obra no remunerada. No tardará en llegar el escáner que se coloca a la salida del supermercado para leer el precio de los productos colocados en el carrito y cargarlo automáticamente a la tarjeta de crédito del prosumidor. Así, miles de cajeras verán cómo se destruyen sus puestos de trabajo.
Pero el prosumo de la economía no monetaria también está compuesto por una amplia gama de actividades socialmente cohesionadoras: la atención médica de Barrio Adentro, la educación en las Misiones Ribas y Sucre, el trabajo voluntario de los consejos comunales y juntas de condominio. También incluye la ayuda solidaria que nos hace el vecino al llevarnos los niños a la escuela o darnos la cola hasta el trabajo. Si los miembros de cada familia tuvieran que pagar por los desayunos, almuerzos y cenas que se consumen en casa, por la ropa que se lava y plancha, por las noches de hospedaje y cuidados que recibe un familiar enfermo, por el transporte de los hijos al colegio, esta economía doméstica es mucho lo que sumaría al PIB. Imaginemos que tuviéramos que pagar a otros para que nos presten estos servicios: el monto de la factura nos dejaría sin liquidez.
Pero el trabajo no remunerado, especialmente el de las mujeres, se mantiene totalmente subestimado en las estadísticas económicas. Tampoco se contabiliza el equivalente al prosumo que se genera todos los días en las comunidades y organizaciones no lucrativas, escenario por excelencia de la economía no monetaria. Al ver la actividad económica como aquello que solo ocurre cuando el dinero se cambia por una mercancía -y esta operación queda contabilizada en una máquina registradora o factura fiscal-, los institutos de estadísticas y bancos centrales ignoran el peso de la economía no monetaria. Obviamente, las relaciones monetario-mercantiles son más fáciles de contar en comparación con las relaciones de solidaridad y cooperación que rigen la lógica de la economía no monetaria.

Ley de Comunas: de la contraloría social al empoderamiento popular

En la Comuna el poder popular puede ser simultáneamente poder constituyente y poder constituido. La dinámica de la Comuna permite superar las reminiscencias de la democracia representativa en la que una vez electos los gobernantes y legisladores, estos se alejan y desvinculan de sus electores y solo reaparecen en la próxima campaña electoral, a pesar de haber incumplido las promesas y compromisos por los cuales fueron elegidos.

Como sabemos, esa manera de entender la democracia representativa terminó siendo una burla para las expectativas y esperanzas del pueblo. De allí la necesidad de avanzar hacia la construcción de una democracia participativa y protagónica que transfiriera poder a las comunidades.

Ahora bien, esto no significa que el nuevo sistema político que en Venezuela se construye se base única y exclusivamente en esquemas de democracia directa o asamblearia. De hecho, en las elecciones del próximo 26 de septiembre se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional que representarán a los electores de sus circuitos.

La clave para una adecuada fórmula de democracia representativa y democracia participactiva está en saber distinguir los asuntos de cobertrura nacional de los problemas a nivel comunal. Cuando se trata de abordar problemas concretos cuya solución está al alcance de la propia comunidad, nada mejor que la amplia y creciente participación de la comunidad. Sobre esta base es que la gente se identifica y compromete con las decisiones que ella misma toma. Por supuesto, no hay que descartar que cuando se trate de un numero muy elevado de comunidades, cuya participación masiva dificulte las deliberaciones y toma de decisiones, las propias comunidades decidan elegir sus mejores representantes que, como ya sabemos, en la experiencia venezolana se han llamado voceros o voceras.

Hay que dejar claro que no se trata de eliminar todo el sistema de representatividad, sino de crear un sistema mucho más eficaz, basado en la participación directa, que impida que los elegidos se separen y olviden de sus electores. Sobre todo, teniendo en cuenta que el poder popular no se expresa sólo en los Consejos Comunales, sino también en los consejos de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, etcétera. Así, los voceros en la comuna pueden ser también representantes de todas las expresiones del poder popular.

En este sentido, la Ley de las Comunas es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. A su vez, con este instrumento legal se amplía y fortalece la base legal para impulsar la construcción de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación de los trabajadores directos y de la comunidad.
La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder.
La comuna dispondrá de un Plan, con líneas estratégicas de desarrollo comunal, a la luz de: a) vocación económica y productiva que determine su dotación natural de recursos agrícolas, forestales, turísticos, mineros, etc; b) características de organización social y tradiciones de lucha; c) cultura, sistema de creencias y conocimiento ancestral; localización en el territorio; y, características generales de su población.
Asimismo, para avanzar en la construcción de un nuevo modelo productivo que libere a los asalariados de la explotación del capital y reconozca al ser humano como la razón de ser de la actividad económica y productiva, la Comuna podrá desarrollar su propio sistema micro-financiero con el fin de impulsar proyectos socio-productivos que aseguren la inversión social de los excedentes, en función de resolver problemas concretos de la comunidad.
Las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna serán la fuente más rica para crear nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal, la cual tiende a ser secuestrada por el burocratismo y administrada como si de una propiedad privada se tratara. No se trata solo de una contraloría social o control obrero contemplativos y sin mayor posibilidad de decisión, sino de profundizar un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, conviertiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

La estrategia antiinflacionaria

Todo ajuste cambiario tiene efectos positivos y negativos. La devaluación proporciona un alivio al productor local, al no tener que competir con importaciones baratas por un dólar subsidiado. Los exportadores reciben más bolívares por cada dólar y así disponen de un margen mayor para cubrir los costos internos. El lado malo es su impacto en la estructura de costos y en el comportamiento de los precios en una economía que opera con un alto componente importado. Sobre todo cuando la devaluación no se complementa con una estrategia antiinflacionaria que permita armonizar el aumento de la demanda, derivada de un mayor gasto público, con un aumento equivalente en la oferta nacional. En lo que va de año, este desequilibrio se ha visto acentuado por una contracción del aparato productivo que ya acumula cinco trimestres consecutivos.
Para no anular los efectos positivos del ajuste cambiario es necesario cortar el círculo vicioso inflación-sobrevaluación-devaluación-inflación. Ciertamente, buena parte de este impacto inflacionario ya fue absorbido en el año 2009. Debido a la exclusión de muchos códigos arancelarios del tipo de cambio oficial, los importadores se trasladaron al mercado paralelo y ya habían transferido este impacto cambiario a la estructura de costos y los precios al consumidor. También los retrasos en la liquidación de divisas obligaron a las empresas a comprarlas en el mercado paralelo y a trasladar este incremento al precio final.
Una acertada estrategia antiinflacionaria pasa por distinguir las causas de la inflación de las consecuencias que la misma genera. Es un error definir la inflación como un aumento de los precios, cuando en realidad es una pérdida del poder de compra de la moneda. Unos explican la inflación en la esfera de la circulación. La ven como un fenómeno monetario que provoca un desbordamiento de la demanda superior a la oferta. Acusan al gasto público y proponen su reducción. Otros ven su origen en la esfera de la producción. Sostienen que se debe a la escasa oferta nacional y proponen incentivar la producción de bienes y servicios. En nuestro caso no es ni lo uno ni lo otro sino ambas dos.
Lo cierto es que ya no hay dólares a 2.15. En lo que va de año, el dólar oficial se ha vendido a 2.60 y 4.30 y esto inevitablemente ha repercutido en el costo de los insumos importados. Por otra parte, los ingresos adicionales que PDVSA y el fisco obtienen al vender los dólares más caros han servido para aumentar el gasto público. Y si no se reactiva en el segundo semestre la economía para poder respaldar el incremento de la cantidad de bolívares en circulación con un aumento equivalente de la producción, se profundizará el desequilibrio entre oferta y demanda y se atizará la inflación.
El control de precios ha servido para contener la especulación pero ha mostrado sus límites para atacar las causas estructurales de la inflación. Se controla el precio final y se mantiene congelado por largos períodos que van más allá de un año. Pero si anualmente se aumentan los sueldos y se mantienen liberados los precios de las materias primas, insumos y maquinarias, transporte y otros servicios, más temprano que tarde la rigidez del control se revierte contra una sana lógica económica de recuperar los costos de producción para asegurar la sustentabilidad y viabilidad económica y financiera de las empresas. Cuando los precios controlados se rezagan en comparación con la evolución de la estructuira de costos, no solo el margen de ganancia y rentabilidad se ve afectado. Al quedarse el precio controlado por debajo del costo de producción, las empresas comienzas a sufrir pérdidas. Y así, ni las cooperativas, EPS y empresas más solidarias de la economía social, popular y comunal pueden sostenerse. Cuando los costos de producción superan el precio controlado inevitablemente se desestimula la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez y la especulación. Entonces importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.
Para evitar este círculo vicioso hay que diseñar una estrategia antiinflacionaria eficaz, con decisiones coherentes en política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios, así como en materia de política agrícola, industrial y tecnológica.
Cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo reclama mecanismos más eficaces. En lugar de seguir quemando Reservas Internacionales con las “subastas” y otro tipo de intervenciones, es preferible autorizar a los exportadores a vender su ingreso en divisas en el mercado paralelo. Este aumento de la oferta privada aliviará la carga que recae sobre el BCV y las Reservas Internacionales, toda vez que operaría como un mecanismo de convergencia entre ambos tipos de cambio, evitando que el dólar paralelo se despegue y siga siendo el tipo de cambio marcador en la formación de los precios de la economía venezolana.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.
Pero en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública en la economía.
La caída del PIB en Venezuela es una ocasión propicia para revisar la política económica. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación cualitativa de la economía. Esta transformación tiene dos ejes clave:
1) Creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.
2) Transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.
Los apoyos del Estado a la producción local son una condición básica para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de acertadas políticas y estrategias orientadas a la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista.

¿Reactivar o transformar la economía?

Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van desgastando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente.
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces comenzamos a celebrar la caída del PIB, argumentando que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. En la antesala de unas elecciones de la AN es muy cara la factura política que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero no será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Hoy más que nunca, se requiere el diseño y ejecución de una sabia y oportuna estrategia de reactivación y transformación estructural de la economía venezolana.

La economía del conocimiento

En los años 90, los grandes países consumidores de petróleo impusieron la creencia de que el petróleo tenía sus días contados como principal fuente de energía. Ante la reivindicación en los precios de los crudos que lograron los países de la OPEP en los años 70 y 80, las potencias industrializadas reaccionaron llevando a cabo un descomunal esfuerzo por desarrollar fuentes alternas de energía que supuestamente desplazarían al petróleo como el fundamento de la gran producción en serie.
Las tensiones en la OPEP no se hicieron esperar. Por un lado, los países miembros que sufrían un progresivo agotamiento de sus reservas apostaron a controlar la producción con el fin de vender al mayor precio posible sus decrecientes reservas. Por la otra, los países con abundantes reservas, haciéndose eco del argumento de las grandes potencias de que las fuentes alternas de energía se encontraban a la vuelta de la esquina, se apuraron a romper las cuotas de producción y a rematar sus reservas antes de que se quedaran en el subsuelo.
El resultado fue que a comienzos de los años 2000 los precios del petróleo se encontraban por el piso y la OPEP estaba prácticamente desmembrada. A lo largo de la última década, esta organización se ha reconstruido y ha logrado reivindicar precios justos para el petróleo. La cotización de los crudos ha mejorado y las reservas probadas que Venezuela tiene son las más grandes del mundo. A diferencia de otros países que necesitan realizar un enorme esfuerzo productivo para generar las fuentes de divisas que requieren para comprar las materias primas y recursos energéticos que no poseen, Venezuela percibe una cuantiosa renta petrolera que le permite comprar al resto del mundo los bienes y servicios que bien pudiera estar produciendo internamente.
En aquellas naciones, la falta de recursos naturales, lejos de ser una restricción insalvable para el desarrollo, más bien ha sido un acicate. Ejemplos claros son los de Japón, China y los países industrializados del sudeste asiático. Sin poseer mayores reservas de materias primas y energía han logrado desarrollar una portentosa industria manufacturera de base tecnológica que ha invadido al mundo entero con una producción de creciente calidad y precios cada vez más competitivos, demostrando así que poseer recursos naturales es necesario más no suficiente para la prosperidad de una nación, de la misma forma que carecer de ellos no es un obstáculo para desarrollarse.
Las transforma­ciones tecnológicas en curso han alterado el patrón de ventajas comparativas que sustentaron la inserción de Venezuela en la Economía mundial. Las ventajas competitivas derivadas de las capacidades para producir y utilizar conocimientos han desplazado las ventajas comparativas heredadas de la naturaleza. De la ventaja basada en recursos naturales se ha pasado a un nuevo patrón en el que lo importante es la creación de ventajas com­petitivas con base en el dominio tecnológi­co. El significado deter­minante que una vez tuvie­ron los recursos naturales y el petróleo barato para el viejo modelo productivo es semejante al que hoy tiene el conoci­miento científico y tecnológico para el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos.

El comunismo del Cardenal Urosa

Como era de esperarse en la antesala de todo proceso electoral, algún vocero de la oligarquía tenía que salir a tratar de meterle miedo al pueblo desempolvando la cantaleta anticomunista. Esta vez el escogido fue el Cardenal Urosa.
Si el Cardenal se tomara un tiempo para revisar algunos datos, se percataría de que en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Entre 2003-2009 el desempleo se redujo de 16.8 % a 7.5 %; el sector informal bajó de 52.7% a 44 %; el porcentaje de hogares pobres cayó de 55.1 a 23.8, mientras que la pobreza extrema se redujo de 25 % a 5.9 %. Si eso es comunismo, entonces: ¡Bienvenido sea el comunismo!.
Sin embargo, a pesar de sus proclamas anticomunistas, el peso del sector capitalista en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente aumentó. Pasó de 64.7 % en 1998 a cerca de 70 % en 2009, mientras que el sector público cayó de 35 % a 30 %. Es bueno que el Cardenal Urosa se entere que en ese sector capitalista de la economía, que tácitamente defiende, se ha recrudecido la explotación de los trabajadores: en 1998 al trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % del que se apoderaba el capital, diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Así pues, tanto la estructura del PIB como el nivel de empleo están fuertemente marcados por el abrumador peso que todavía tiene la economía capitalista, siendo ésta la que define la naturaleza explotadora y depredadora del modelo productivo que aún impera en Venezuela, el cual hay que transformar en un nuevo modelo productivo socialista para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social.
El impacto social de este capitalismo salvaje se ha visto mitigado gracias a la inversión social de la renta petrolera: es lo que ha permitido compensar una distribución del ingreso favorable al sector capitalista. Pero en Venezuela hemos entendido que una auténtica Revolución Socialista no se limita a asegurar el acceso gratuito de los pobres a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales. Ahora nos proponemos ir más allá de la inversión social de la renta petrolera y transformar radicalmente el régimen de propiedad para transferir a los pobres el poder sobre los procesos de producción de los bienes básicos y esenciales que se necesitan para garantizar la supervivencia humana.

¿Control obrero o empoderamiento popular?

Pendiente está el reto de aumentar el peso de la economía social en el PIB. Hay maneras de lograrlo. Una: concentrando incentivos públicos en este sector para hacerlo crecer a un ritmo superior al resto de la economía. Otra: incubando la economía social en el seno de la propia economía pública y privada. O las dos al mismo tiempo.
En este sentido, es interesante la propuesta de Ley de Consejos de Trabajadores para lograr su participación protagónica en los procesos productivos, profundizar la formación sociopolítica y crear las bases para el desarrollo de las relaciones socialistas de producción.
Pero no se trata solo de Consejos que obliguen a los patronos a permitir el acceso a la información sobre los procesos productivos, administrativos, tecnológicos, etc. de la empresa: la clave está en lograr un verdadero empoderamiento popular. El control de los centros de trabajo también tiene que ser comunitario. Y esto es posible si a los Consejos Comunales se les reconoce su condición de copropietarios sociales para que asuman, conjuntamente con los trabajadores, las políticas para mejorar las condiciones de trabajo y del entorno comunitario, a través de la inversión social de las ganancias.
La mencionada propuesta de Ley debe ser complementada con otra para democratizar la propiedad, que condicione el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de un requisito de copropiedad de los Consejos de Trabajadores y Comunales, los cuales serían los únicos autorizados para tramitar los apoyos públicos a favor de la empresa de la cual son copropietarios. Ambos recibirían préstamos del Estado para comprar su participación accionaria, dejando claro que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda no será distribuido como ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario. Su complementación permitirá fortalecer su unidad y elevar el nivel de organización para avanzar, no solo en la cogestión y contraloría social, sino en un verdadero empoderamiento popular que resuelva a favor del pueblo la contradicción fundamental del capitalismo, la cual se expresa en la producción social de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, versus la apropiación individual de la riqueza que se deriva del esfuerzo productivo de toda la sociedad.

Claves para construir el Nuevo Modelo Productivo

La construcción de un nuevo modelo productivo socialista debe plantearse con claridad al menos los siguientes objetivos:
1. Impulsar nuevas relaciones de poder a partir de un sostenido proceso de cogestión, autogestión, control obrero y apropiación de los productores directos y de la comunidad sobre los medios de producción destinados a generar los bienes y servicios que componen la canasta alimentaria y la canasta básica.
2. Definir los sectores económicos que el Estado se reserva, identificar aquellos en los que se promoverá y protegerá la economía social y en los que se permitirá y estimulará la inversión privada nacional y extranjera.
3. Diversificar la economía con un peso creciente de los sectores de la agricultura y la industria, por ser los que generan los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
4. Impulsar amplia y creciente inclusión social para asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y miembros de la comunidad.
5. Localizar nuevas unidades productivas en municipios y comunidades con PIB per cápita o Indice de Desarrollo Humano por debajo de la media nacional, en función de corregir asimetrías y disparidades regionales.
6. Asegurar sustentabilidad ambiental para evitar el impacto de las emanaciones gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos sobre la salud de los trabajadores y el ambiente comunitario.
7. Estimular eficiencia en el uso de energía, gas, agua, materias primas e insumos básicos con el fin de racionalizar y preservar las fuentes naturales de esos recursos.
8. Promover la integración internacional con base en la transferencia de tecnología, desarrollo del talento humano, asistencia técnica y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.
9. Sustituir eficientemente importaciones por producción nacional y diversificar la oferta exportable competitiva en términos de precio, calidad, cantidad y puntualidad de entrega.
10. Priorizar el otorgamiento de los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica a las empresas de la economía social.
11. Promover nuevos valores de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad.
La célula fundamental del nuevo modelo productivo serán las empresas de la economía social. Estas son unidades productivas sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida y están llamadas a generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a los problemas de los trabajadores y la comunidad.

¿Expropiar o democratizar la propiedad?

Cuando gastamos recursos públicos en pagar expropiaciones, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas, no estamos contribuyendo por esa vía a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo.
El reto es crear más empresas para construir un sólido aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En vez de destinar sumas multimillonarias para pagar a los dueños capitalistas unas expropiaciones que solo permiten convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada, el gran desafío de la política económica bolivariana es aumentar la densidad de empresas productivas por cada mil habitantes, reindustrializando así la economía nacional.
Hay que medir bien las consecuencias
Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, celebrábamos el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca reparamos en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios.
Fueron los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. -y no las fuerzas del mercado- los que se llevan el mérito de haber impulsado el crecimiento del PIB a lo largo de 22 trimestres consecutivos.
Pero cuando nos dimos cuenta que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, entonces dimos un bandazo y comenzamos a celebrar la caída del PIB con el argumento de que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla.
Pero en ninguna de estas celebraciones hemos medido bien las consecuencias.
¿Reactivar o transformar la economía?
Ahora que la economía venezolana acumula cuatro trimestres consecutivos de contracción, hay que evitar que se sumerja en una larga y profunda depresión. Hemos advertido que apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social.
Ninguna persona es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada. Por lo tanto, la sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para compensar la caída de la producción mercantil y reenganchar a las personas que perderán su empleo en las empresas quebradas. La pobreza está asociada a la imposibilidad de tener acceso a los bienes básicos y esenciales para la sobrevivencia humana. Los trabajadores que tienen una familia que mantener, que todos los días necesitan llevar comida a la mesa de su casa, preferirán ser asalariados en una empresa capitalista que hambrientos desempleados, anotados en una lista de espera en los portones de las empresas públicas. Y en la antesala de unas elecciones cruciales de la Asamblea Nacional es muy cara la factura que por este malestar se puede pagar.
La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guie este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos.
¿Expropiar o democratizar la propiedad?
En el país, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. Ahora que muchas de éstas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad a través de una política que:
· Condicione el acceso de las empresas privadas a los incentivos públicos al cumplimiento de un requisito de venta de un porcentaje de sus acciones a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales.
· Las empresas privadas, en lugar de pedir préstamos a la banca pública, tendrían que activar programas de participación laboral y comunitaria en su estructura accionaria: solo así podrían tener acceso a los incentivos del Estado para reactivar la economía y democratizar la propiedad.
· El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones, utilizaría estos fondos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales para que adquieran su participación accionaria, inyectando por esta vía recursos para reactivar la empresa.
· El mayor porcentaje del excedente que le corresponda a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario.
· Un porcentaje de los dividendos deberá destinarse a pagar al Estado el crédito recibido para comprar las acciones.
De esta forma se impulsaría un modelo de expresas mixtas que, a la par de masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, servirá para preservar las capacidades gerenciales e innovativas que toma tantos años crear y fortalecer y que son claves para garantizar la buena marcha de cualquier empresa.
Por definición, una Revolución es un proceso de cambios rápidos y profundos y no un largo y extenuante camino de ensayo y error, de marchas y contramarchas que van minando al paso del tiempo la esperanza y la confianza de la gente. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara.
Cuando todos los trabajadores y miembros de la comunidad posean acciones y se sientan verdaderos propietarios sociales de las empresas donde trabajan, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. Este es el mejor camino para erradicar de una buena vez las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

¿Cómo democratizar la propiedad?

En Venezuela, apenas un pequeño porcentaje de las cuantiosas sumas de dinero que se tranzan en las casas de bolsa se canaliza hacia inversiones productivas. En los últimos años, se dedicaron a operaciones especulativas, revendiendo en cuestión de minutos instrumentos denominados en moneda extranjera: una especie de casinos para jugar a los dados y al póquer electrónico, ávidas del golpe de suerte y la ganancia fácil.
Ahora que muchas han sido intervenidas, pueden ser transformadas en eficaces instrumentos para democratizar la propiedad de los medios de producción fundamentales. Para esto, la próxima AN estaría llamada a aprobar una Ley para Democratizar la Propiedad que establezca la creación de una nueva Bolsa de Valores Socialista, a través de la cual las empresas mercantiles queden obligadas a ofrecer a las asociaciones de trabajadores y consejos comunales un porcentaje significativo del valor de las empresas.
El Estado, en lugar de seguir pagando caras indemnizaciones a los dueños capitalistas, utilizaría estos recursos para otorgar préstamos a las organizaciones de trabajadores y consejos comunales, con la condición de que el mayor porcentaje del excedente que les corresponda según sea su participación accionaria, no será distribuido como dividendos o ganancia individual, sino que será invertido en función de mejorar las condiciones laborales y del entorno comunitario, así como a pagar el crédito recibido para comprar las acciones. De esta forma, se podrá masificar la cogestión, autogestión y el control obrero y comunitario sobre los procesos de producción, y los trabajadores y miembros de la comunidad se sentirán verdaderos propietarios sociales de esas empresas.
“O inventamos o erramos”. No repitamos la historia del socialismo del siglo XX. El ciudadano de a pie no identifica la propiedad estatal como propiedad social, mucho menos cuando la misma es secuestrada por la burocracia, administrada con negligencia o manejada como si de una propiedad privada se tratara. Por la vía que proponemos, en lugar de aumentar el tamaño del capitalismo de Estado, le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social sin fines de lucro, pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y de la comunidad.

La Revolución tiene dos caras

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar con mucho simplismo que lo que está cayendo es el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles con fines de lucro han reducido su nivel de ventas y producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre y quiebra de pequeñas, medianas y grandes empresas; y, por lo tanto, de un incremento del desempleo.
No habría ningún tipo de riesgo y amenaza si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía nacional se viera inmediatamente compensado con el crecimiento vertiginoso de la economía social. Pero esto no es así. Después de una década de Revolución y amplio apoyo a las cooperativas, Fundos Zamoranos y EPS, la economía solidaria representa menos del 2% del PIB.
No se trata de celebrar ingenuamente la caída del PIB, ni de expropiar luego las empresas cerradas para transformarlas en propiedad estatal. En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa en la burocracia estatal, están dadas las condiciones para mantener al rojo vivo la inflación, toda vez que este es un empleo improductivo cuyos salarios no tienen su debida contrapartida en una abundante producción. Para muestra un botón: el último aumento del salario mínimo significa la inyección de casi 10 millardos de Bs. F. que no tienen respaldo en un aumento equivalente de la producción. El reto no puede estar, entonces, en quebrar las empresas existentes sino en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.
De cara a la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión, el objetivo ahora -más que reactivar el PIB-, es transformar su estructura y evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2009, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Al concentrarse en la reactivación y no en la transformación de lo que había, la propia política económica bolivariana fue la que contribuyó a que el sector capitalista de la economía creciera a una velocidad mayor que la economía pública y la economía social.
Una Revolución verdadera es una permanente contradicción dialéctica entre dos procesos que se excluyen entre sí, pero a la vez se presuponen. Por lo tanto, tiene dos caras: la cara de la superación del viejo orden capitalista, explotador e inferior; y, la cara de la construcción del nuevo orden socialista, obligado a demostrar que es realmente superior.
La secuencia y sincronización de este proceso de destrucción creativa es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de revitalizar y restaurar el dominio del viejo orden; el cual, aunque pueda ser finalmente superado, nunca quedará del todo desaparecido.
El capitalismo: ¿un mal necesario?
A pesar de la creciente crítica al capitalismo, el peso de este sector lejos de disminuir más bien ha aumentado. Pasó de 64.7 % en 1998 a 70 % en 2009. El sector público cayó de 35 % a 30 %, mientras que la participación de la economía social, contabilizada como componente del sector privado, es de apenas 1.6 %. El sector mercantil sigue siendo mayoritario y, por lo tanto, define la naturaleza capitalista de la economía, lo cual es totalmente contradictorio con los objetivos del Gobierno de construir un modelo productivo socialista.
Ante la frustración que ocasionan estos resultados, no se puede cometer ahora la ingenuidad de destruir el actual patrimonio productivo con la pretensión de construir sobre sus ruinas la economía solidaria. Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan llevar comida todos los días en la mesa de su casa. Destruir la economía capitalista sin que se haya construido la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de recesión, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar social. Si la cara de la destrucción creativa no se sincroniza con la cara de la construcción revolucionaria la gente que se ha quedado sin empleo y sufre los estragos de la inflación terminará concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer” y se corre el riesgo de restaurar el orden anterior.
El Socialismo rentista
En Venezuela, los avances en materia de reducción de desempleo, pobreza y exclusión han sido gracias a la inversión social de la renta petrolera, la cual también ha permitido compensar y disimular una distribución regresiva del ingreso en el sector privado de la economía, donde la participación del capital se ha incrementado en desmedro de lo que reciben los trabajadores.
En 1998 al factor trabajo le tocaba el 39.7% del valor creado, superior al 36.2 % que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 32.8 % mientras que la de los capitalistas subió a 48.8%. Esto quiere decir que en Venezuela, la lucha por lograr una mejor distribución del ingreso no se dirige a capturar una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera.
Justamente, la naturaleza rentista del socialismo venezolano es lo que explica que la pugna por la distribución del ingreso no se caracterice por cruentos conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas. Sin embargo, cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. La rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más violenta si los precios del petróleo mantienen un comportamiento errático y la economía no se reactiva en el corto plazo.
En cualquier caso, un trabajador con familia que mantener, preferirá estar como asalariado en una empresa capitalista, en lugar de estar anotado en una lista, a la espera de que se abra una empresa de la economía social.

La destrucción creativa

La Revolución es un proceso de destrucción creativa: destruye lo viejo e inferior y lo suplanta por lo nuevo y superior. La sincronización de este proceso es clave para no dejar vacíos en los que se incube la posibilidad de restaurar el viejo orden.

La caída del PIB por cuarto trimestre consecutivo ha servido para afirmar que está cayendo el capitalismo. Si bien es cierto que las empresas mercantiles han reducido su nivel de producción, esta “implosión” del capitalismo venezolano seguramente irá acompañado del cierre de muchas empresas y, por lo tanto, de un incremento del desempleo. No habría ningún tipo de riesgo si esta caída de la producción y el empleo en el sector capitalista de la economía se viera inmediatamente compensado con el crecimiento de la economía social. Pero ésta representa menos del 2% del PIB.

En un país con un creciente porcentaje de la Población Económicamente Activa empleada en la burocracia estatal, el reto está en multiplicar las empresas de la economía real para incrementar el número de empleos productivos. En Venezuela la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. La economía social no crecerá como resultado de las leyes de la oferta y la demanda. Su desarrollo será el resultado de las políticas que se lleven a cabo para incentivar una nueva actividad económica guiada por principios de solidaridad y cooperación.

Poner en marcha una empresa requiere un largo proceso de maduración y puesta a punto que puede llevar años. Y los trabajadores necesitan poner comida todos los días en la mesa de su casa. Apostar a destruir la economía capitalista sin que se haya construido aún la economía socialista nos puede dejar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación y desempleo. Este es el atajo perfecto para provocar un creciente malestar que erosione la base de apoyo social de la Revolución. La amenaza de la restauración capitalista no depende solo de los enemigos de la Revolución, también nuestros errores le pueden hacer un gran favor. La Revolución como proceso de destrucción creativa tiene que estar perfectamente sincronizado. De lo contrario los que se quedan sin trabajo y sufren los estragos de la inflación terminarán concluyendo que “es mejor malo conocido que bueno por conocer”.

La intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo del comercio y la inversión bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. En su libro “El malestar en la globalización”, Joseph Stiglitz, al referirse al Milagro del Este Asiático-, reconoce que: “La razón era obvia: los países habían tenido éxito no sólo a pesar del hecho de no haber seguido los dictados del Consenso de Washington, sino justamente porque no lo habían hecho”.

Reactivar, modernizar y ampliar el parque productivo nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional.

Y no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.