viernes, 12 de agosto de 2016

Misión Abastecimiento Soberano y muerte de los CLAP

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
A solo unas semanas de haber lanzado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el presidente de la República, Nicolás Maduro, lanzó la Gran Misión de  Abastecimiento Soberano y Seguro. El ministro para la Defensa, (G/J) Vladimir Padrino López -a cuyo mando quedan los demás ministros de la producción- será el encargado de activar esta misión cívico-militar.
La designación del Ministro de Defensa para dirigir esta nueva Misión revela que la política económica sigue siendo de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento y especulación a través de operativos de fiscalización, control, multas y penas de cárcel, sin mayores actuaciones en materia de políticas macroeconómicas y sectoriales. Al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que castigan la producción y desquician los precios–, el Gobierno ataca el problema como si de un delito se tratara, cuando la escasez y la inflación tienen su raíz en un clima adverso a la inversión productiva y en las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que no han sido corregidas.
La escasez era guerra avisada, la inevitable consecuencia de una larga sobrevaluación de la tasa de cambio que estimuló toda clase de importaciones baratas que barrieron con el aparato productivo nacional. Solo faltaba que colapsaran los precios del petróleo para que quedara al descubierto el deplorable estado de una agricultura e industria, ahogadas por importaciones, expropiaciones y rígidos controles que desalentaron la inversión. La construcción del nuevo modelo productivo soberano resultó ser pura retórica y las empresas estatizadas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.  
Voluntarismo e improvisación
Una de las principales críticas que se le hace al Gobierno en el manejo de la crisis alimentaria es el alto grado de voluntarismo e improvisación. Su errático manejo se debe a la improvisación en el diseño de las políticas, planes y programas. Es la consecuencia inevitable de la debilidad institucional, el reflejo de la baja calificación técnica de los titulares de los cargos públicos que carecen de formación y experiencia como planificadores y decisores.
En su afán de derrotar la llamada guerra económica, el Gobierno lanzó una ofensiva plagada de regulaciones y controles que propician la corrupción, sin comprender que la escasez, el acaparamiento, la especulación y el contrabando son la consecuencia inevitable de los incentivos perversos que ofrece el régimen de cambios múltiples, los ineficientes subsidios y los rígidos controles de precios.
La intervención gubernamental degeneró en mecanismos de control y racionamiento que no han resuelto el problema. Ni el control de precios, ni los captahuellas, ni la compra por cédula, ni la prohibición a los buhoneros de vender alimentos subsidiados, ni las guías para transporte, ni el cierre de la frontera, pudieron evitar el contrabando de extracción y la creciente escasez de alimentos.
La muerte prematura de los CLAP
En este errático accionar, la más reciente improvisación la constituyen los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Distribuir bolsas de comida casa por casa y a todos los hogares venezolanos requiere una colosal capacidad logística que ninguna empresa privada ha sido capaz de desarrollar en décadas. Mucho menos lo puede lograr en cuestión de semanas un Estado burocrático e ineficiente, sin personal calificado ni entrenado, sin organización ni métodos, sin infraestructura ni redes de almacenamiento y transporte, sin los mecanismos de control que mantengan a raya a la corrupción.
A través de los CLAP se pretendió distribuir casa por casa los productos de la canasta alimentaria. Según el INE, en Venezuela hay 30 millones de habitantes que conforman 7 millones de familias. Para estimar la cobertura de los CLAP convengamos que cada familia tiene en promedio 4,3 miembros (30.000.000/7.000.000). Una persona consume en promedio 1 kilo de alimento diario, para un total de 30 kilos/mes. Si multiplicamos esta cantidad por 4,3 miembros, resulta que cada familia requiere aproximadamente 130 kilos/mes. Las bolsas CLAP contienen 10 kilos de comida y la promesa es que lleguen a los hogares con una frecuencia quincenal. Si esta meta se logra, cada familia recibiría 20 kilos/mes, lo que representa un déficit de 110 kilos/mes. Estos sencillos cálculos revelan que los CLAP apenas cubren el 15 % de las necesidades mensuales de alimentos de una familia promedio. Hasta ahora, la bolsa de alimentos ha sido recibida por el 20 % de las familias, equivalente a 6 millones de personas. 24 millones de venezolanos solo han visto por fotos la bolsa de comida. Los CLAP terminaron siendo otro desacierto gubernamental para abordar la grave crisis de escasez de alimentos y por eso ahora son discretamente sepultados con la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.
El burocratismo estatal y la débil organización comunal no garantizan la cobertura de 7 millones de hogares a lo largo y ancho del territorio nacional. Ni siquiera la descomunal inversión que a lo largo de más de una década se hizo en la redes de Mercal, Pdval y Bicentenario, ni con la expropiación e intervención de cadenas de alimentos como Cada, Éxito y Día a Día, se logró cubrir el 40% de la población. Hasta ahora, ningún intento gubernamental por sustituir los canales de distribución y comercialización del mercado ha servido para garantizar una creciente y amplia cobertura en la distribución de alimentos. La gran mayoría de los hogares canaliza su acceso a los alimentos a través de las redes tradicionales de distribución y comercialización conformada por mercados municipales, bodegas, abastos y supermercados que hoy están diezmadas por el cerco de la Sundde y por la falta de proveedores.
La corrupción
Cuando no se había olvidado aún el caso de Pudreval y están frescas las imágenes de los gerentes de los Abastos Bicentenario presos, los escándalos en torno a la corrupción en los CLAP no se hicieron esperar. Las bolsas de comida son vendidas por los buhoneros por el triple de su valor y ya hasta en Colombia se consiguen. Con frecuencia, los distribuidores aplican un “tumbao" y entregan la bolsa incompleta para luego revender los productos que le sacan. Huelga decir que las bolsas no contienen todos los productos para una dieta balanceada e incluyen productos que las familias no quieren.
Los CLAP fueron muy mal recibidos por vastos sectores de la población. En la práctica, las acciones gubernamentales para controlar el reparto de alimentos y medicinas operan como un instrumento de dominación y control, ya que para tener acceso a la bolsa de comida hay que registrarse en unas listas de la Unión Nacional de Mujeres, UBCH, Frente Francisco de Miranda y Consejos Comunales, y este registro desemboca en un mecanismo de exclusión social de quienes no quieren participar de esas fórmulas de control gubernamental.
Por todo esto, los CLAP son ahora sustituidos por la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Murieron al nacer. No pudieron resolver la escasez, el acaparamiento, ni la especulación porque el problema no es de distribución sino de producción. Y mientras no se sustituya la política de contingencia por una verdadera política de reactivación económica y promoción de inversiones, las descomunales colas para conseguir alimentos y medicinas seguirán atormentando a la población.
Venezuela a las puertas de una conmoción social
Los mecanismos para racionar el acceso a los alimentos y medicinas no contribuyen a alejar al país de la crisis humanitaria y de una conmoción social. Así lo comprueba el incremento de las protestas, saqueos a supermercados y asalto de camiones que transportan alimentos a lo largo y ancho del país. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en mayo se documentaron 52 saqueos y 36 intentos de saqueo, y continúan los actos violentos en contra de locales comerciales, abastos, supermercados y transportes.
El OVCS realiza un seguimiento de la conflictividad a través de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. También utiliza fuentes de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales. Con base en la observación directa no participante sobre los fenómenos estudiados, registró en mayo de 2016 al menos 641 protestas en todo el país, equivalente a 21 diarias, 37 % más que en mayo de 2015 cuando el número de protestas llegó a 469. El acumulado hasta mayo alcanza 2.779 protestas populares, masivas, espontáneas, y protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad. La gente protesta en rechazo a la escasez de alimentos (172 protestas = 27 %); por vivienda digna con servicios básicos (144 protestas = 22 %); en defensa de sus derechos laborales (112 protestas = 18 %); mayor seguridad ciudadana, derecho a la justicia (86 protestas = 13 %); y, derecho a la educación (56 protestas = 9 %).Las 172 protestas registradas en rechazo a la escasez de alimentos representan 320% más con respecto a mayo 2015, cuando se realizaron 41 protestas. Estas aumentan mes a mes y son protagonizadas principalmente por vecinos.
Mientras las élites políticas apuestan a exterminarse y no se ponen de acuerdo en un programa mínimo de medidas económicas para reactivar la producción y aliviar los graves problemas de escasez, el malestar social crece y pone al país a las puertas de una conmoción social. @victoralvarezr

¿Convergerán Dicom y el paralelo?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
En cuatro meses el tipo de cambio Dicom se ha devaluado 210%, al pasar de  206 Bs/$ hasta 642. Pero después de este ascenso continuo, en los últimos días el tipo de cambio Dicom reflejó varios altibajos atribuidos a un intento del Gobierno por desacelerar su impetuosa alza y morigerar la inflación.  

Según los datos del BCV, en junio Simadi/Dicom liquidó un promedio de 7,6 millones $/día, lo que representa un aumento de 95% en comparación con mayo. Pero a pesar de este aumento, el porcentaje de divisas liquidadas a través de este mecanismo apenas llega a 10 %, mientras que el 90 % se sigue liquidando por el sistema administrado Dipro con lo ruinoso que resulta para Pdvsa en particular, y el fisco en general.

¿Por qué se soltó el Dicom?

En una economía que se ha contraído durante dos años consecutivos, la recaudación de ISR e IVA inevitablemente se ve afectada. Muchas empresas  registran pérdidas y no aportan al fisco. Por otra parte, la necesidad de estirar los ingresos debido a la voracidad inflacionaria, induce a la informalización de la economía, fenómeno que se expresa en un creciente número de operaciones de compra-venta que se hacen sin factura para evitar el pago del IVA. Todo esto afecta la recaudación y deprime el ingreso fiscal en términos reales.

El margen de maniobra para tapar el hueco fiscal se reduce y la única opción que le está quedando al Gobierno es vender más cara la menguada renta petrolera. Así, la venta de un creciente porcentajes de petrodólares a la tasa Simadi/Dicom deviene como un alivio a las precarias finanzas de Pdvsa y la unificación cambiaria surge como el salvavidas para evitar el naufragio fiscal del gobierno.

Dipro insostenible para Pdvsa

Ante el estancamiento de los precios del petróleo, la irracionalidad de la tasa Dipro destroza las finanzas de Pdvsa. Si los precios del petróleo logran estabilizarse en torno a los 40 $/b, pero la compañía petrolera es obligada a vender más del 90% de su ingreso en divisas a la tasa de 10 Bs/$, eso quiere decir que por cada barril de petróleo de 159 litros, Pdvsa apenas obtiene 400 Bs/b. Es decir, solo 2,5 Bs por litro de petróleo, menos de lo que cuesta un caramelo. Por eso, al convertir el 90 % de su ingreso en divisas a la tasa Dipro de 10 Bs/$, los bolívares que recibe no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Y, justamente, eso es lo que lleva a Pdvsa a endeudarse con el BCV.

Unificar el régimen de cambios múltiples en torno a la tasa Dicom (que al momento de escribir este artículo había alcanzado los 642 Bs/$) generaría suficientes bolívares para que Pdvsa pueda pagar la nómina y honrar todas sus deudas y compromisos. Esto eliminaría la presión que se ejerce sobre el BCV, el cual es obligado a realizar desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financia el déficit de Pdvsa y otros entes públicos, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.

Al recoger más bolívares de los que ya circulan por cada petrodólar vendido a una tasa de cambio mayor, el impacto antiinflacionario sería más eficaz. Más que obstinarse en su intento fallido y vano de pulverizar el paralelo acercándolo a la tasa Dipro, a Pdvsa y el Gobierno le convienen cada vez más unificar el régimen de cambios a un nivel lo más cercano posible al dólar paralelo. 

¿Por qué no se termina de tomar la medida?

Una de las razones por las cuales el gobierno teme unificar el régimen de cambios múltiples es por el impacto inflacionario que le atribuye a esta medida. Pero según el Cendas, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en junio en Bs. 277.432,88, un aumento de 22,5% en comparación con mayo de 2016 y 766,3% entre junio de 2015 y junio de 2016. Esta tasa de inflación intermensual superior a 20 % evidencia que la contención de la inflación que se le atribuye a Dipro no funciona.

El derrumbe de los precios del petróleo agravó la escasez de divisas y determinó que muchas importaciones previstas a la tasa Dipro migraran a la tasa Dicom y dólar paralelo. Ante la certeza de que tarde o temprano esta migración a una tasa de cambio mayor se concretaría para el resto de los rubros, como en efecto ocurrió, el precio de los productos importados a tasa preferencial tendieron a calcularse con base en el dólar paralelo, anulando así el efecto antiinflacionario que se buscaba con la tasa de cambio protegida.  

Las creencias limitantes que marcan la interpretación oficial atribuyen al ajuste cambiario un impacto inflacionario que ya se ha producido y prácticamente no hay precio alguno que se calcule con base en la tasa Dipro, porque el proceso de formación de precios es gobernado por lo que indique el paralelo.

Incentivos a la corrupción

La enorme diferencia entre las tasas Dipro y Dicom no deja de crecer y actualmente es de 64 veces. Esto degenera en un perverso estímulo a la especulación cambiaria  y la corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que la brecha con el paralelo supera las 100 veces. Unificar el régimen de cambios en una sola tasa de cambio aliviará las finanzas de Pdvsa, corregirá estas graves distorsiones y permitirá calcular el PVP con base en una sola tasa de cambio considerablemente menor. Esto se traduciría en una desaceleración del ritmo inflacionario e, incluso, del nivel de precios que han alcanzado muchos productos.

Lejos de atizar la inflación, la unificación cambiaria erradicaría el delito de recibir dólares preferenciales Dipro para después fijar el PVP con base en el dólar más caro de Dicom o el paralelo. También eliminaría los incentivos a los especuladores que desfalcan al país a través de empresas de maletín que no importan los productos para los cuales se le asignan los dólares preferenciales. Así se le daría un duro golpe a los corruptos que manejan las redes de bachaqueros y del contrabando de extracción de los productos subsidiados que se importan con la tasa Dipro. @victoralvarezr

¿Se agota el margen de maniobra para pagar la deuda externa?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Si en lo que resta de año los precios del petróleo se estabilizan en torno a los 40 $/b, Venezuela recibiría ingresos por el orden de los $ 33 millardos. En 2015 las importaciones de bienes y servicios sumaron $ 50 millardos, pero este año se han visto muy afectadas por la prioridad que el Gobierno le ha dado a los pagos de la deuda externa. El colapso de los precios del petróleo, la enorme dependencia de las importaciones de bienes y servicios, el peso de la deuda externa, los pagos por indemnizaciones ratificados por el CIADI y la deuda en divisas con sectores productivos que aún no ha sido cancelada por Cadivi-Cencoex, estrechan el margen de maniobra para mantener un ritmo de pagos de la deuda externa que supera los $ 10 millardos anuales.

Recordemos que en Venezuela, el 96% del ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso de los precios, el ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones en la capacidad de pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer y pagar una creciente deuda externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy la situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente reservas internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.

El boom en los precios del petróleo y las materias primas proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar una nueva arquitectura financiera internacional que las interminables reuniones de los burócratas no cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos centrales de cada país ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur. Así, los países extractivistas que hoy resultan afectados por el colapso de los precios del petróleo y de las materias primas no encuentran alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI y del BM para tener acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus problemas de balanza de pagos.

¿Reestructuración o moratoria?

La gravedad de la deuda externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del PIB en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un contraído PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el verdadero valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda como porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable. 

Otra idea errónea sobre la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo se recuperarán a través del control de la producción en la Opep. Los fallidos intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.

Otra falsa esperanza es creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo de los proyectos del Fondo Chino.

Lo cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000 millones y el país no puede seguir como va. Ante el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas que impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI, se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado cambiario hasta la moratoria unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración de los pagos.

Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de Economía,  Joseph Stiglitz, quien argumenta que cuando un país impone  una reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”, asegura quien también fue jefe de los asesores económicos de Bill Clinton

Los que se oponen a la moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República y Pdvsa. Ambos tienen activos estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13 refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un alto costo político para el Gobierno.

El margen de maniobra para liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana para aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar en un año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por compras gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los pagos en dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán, etc.; reperfilar los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por vencerse con nuevas emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas por el burocratismo y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la imagen de Venezuela en los mercados financieros para corregir la sobrestimación del riesgo-país.

La situación de Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y económicas, los acreedores perciben que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no sufre una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces, que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea tan mal tratado por las calificadoras de riesgo?

La auditoría de la deuda externa

Al igual de lo que ocurrió en los inicios del capitalismo rentístico venezolano, en el neo-rentismo socialista la acumulación originaria del capital de la boliburguesía se sustentó en la rapiña de la abundante renta petrolera. Para muestra un botón: el desfalco de más de 20 millardos de dólares en un solo año que fue denunciado por el exministro Jorge Giordani, la expresidenta del BCV, Edmeé Betancourt, y el expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino. Este colosal desfalco comprueba que la capacidad de auditoría y control de los entes del Estado resulta ampliamente desbordada por la colusión de empresarios y funcionarios públicos corruptos que se confabulan para defraudar a la Nación. La Fiscalía y la Contraloría apenas tienen capacidad para investigar algunos casos aislados, sin poder encarar la magnitud del problema.

En respuesta a esta debilidad institucional del Estado venezolano surge la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, sustentada en los derechos consagrados en la CRBV y en la Ley Orgánica de Contraloría Social. Esta iniciativa se plantea auditar el otorgamiento de divisas preferenciales, la contratación y manejo de la deuda pública y, en general, la forma como se han administrado las finanzas públicas.

Esclarecer como el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó a las puertas de una crisis humanitaria pasa por auditar empresas públicas y privadas, compañías transnacionales e instituciones bancarias y financieras  que pudieran estar involucradas en la fuga de capitales a través de los delitos de deuda externa ficticia, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación a través de empresas de maletín y otros mecanismos inventados para capturar la mayor tajada de la renta petrolera.

Por eso, el monto de la deuda que el país finalmente tenga que pagar debe resultar de una Auditoria Pública y evitar así que se legalicen los fraudes a la Nación en un eventual proceso de reestructuración y reprogramación de los pagos. La  viabilidad de la auditoría ciudadana implica apertura y transparencia en las instituciones públicas que tienen la información pertinente, de tal forma que se pueda saber la situación real de los ingresos en divisas, cuál es el monto de las reservas, así como las obligaciones comerciales y financieras que debe afrontar el BCV. Igualmente es necesario contar con información transparente y oportuna para saber en tiempo real: ¿Cuánto está ingresando y cuánto está saliendo por día? ¿A qué se destinan las divisas de la renta petrolera? ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares preferenciales?  Solo así se podrá investigar y conocer el verdadero monto de la estafa, recuperar el máximo de recursos y sancionar a los responsables. @victoralvarezr

Sin acuerdos políticos es imposible reactivar la economía

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El pasado mes de junio la Unasur entregó al Gobierno un diagnóstico de la economía venezolana con recomendaciones para su estabilización y reactivación.  El propio ex-presidente Leonel Fernández adelantó tres de las recomendaciones principales: unificación cambiaria, subsidios directos a los consumidores y un plan de abastecimiento de alimentos y medicinas.

Este documento fue elaborado por un grupo de economistas entre los que se encuentra Francisco Rodríguez, quien renunció al cargo de Economista Jefe de la Región Andina del Bank of America para formar parte de los asesores de la Unasur. En este rol se ha reunido con el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, con el asesor español, Alfredo Serrano Mancilla y con el propio presidente, Nicolás Maduro, para explicar los alcances del Plan de Estabilización que contempla medidas como la unificación cambiaría, el aumento del precio de la gasolina, la eliminación de los fondos parafiscales, la sustitución de subsidios indirectos por subsidios directos a la población, así como estrategias para mejorar el abastecimiento de alimentos y medicinas.

Francisco Rodríguez es partidario de un debate abierto con todos los sectores del país sobre las propuestas hechas por Unasur, tal como lo escribió en un artículo publicado en Prodavinci: “Dada la gravedad de la crisis económica venezolana y la existencia de un debate abierto en torno a la búsqueda de soluciones para esta crisis, sugiero que el gobierno venezolano haga público el contenido del informe de Unasur, para que la sociedad pueda debatir las soluciones y contrastarlas con el curso actual de las políticas así como con las recomendaciones de otros especialistas. Publicar el informe de Unasur e invitar a un debate público sobre sus recomendaciones ayudaría a marcar una enorme diferencia con la forma en la que en el pasado se han discutido los cambios en política económica”.

Pero no solo el Gobierno está llamado a promover un debate transparente sobre la política económica, también las fuerzas políticas de la Oposición deben hablarle claro al país sobre las medidas que implementarían para sacar al país de la crisis, sin que sean los más pobres los que paguen el costo del ajuste. Sin acuerdos políticos, ni este ni otro gobierno podrá enderezar el rumbo de la economía. Para crear los grandes consensos que se necesitan, es imprescindible abrir un espacio de diálogo y debate transparente en el que se consideren los pro y contra de las diferentes propuestas que están en el ambiente, entre las cuales podemos mencionar las de Unasur, Foro Qué Hacer, Asamblea Nacional, Universidad de Harvard y otros economistas venezolanos que han hecho importantes aportes para un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social.

El Foro Qué Hacer, promovido por el exministro Felipe Pérez Martí, a través de un amplio debate avanza en la formulación de un programa económico que logre al menos tres condiciones clave para sacar al país de la crisis: liquidez, solvencia y confianza. Saliéndole al paso a la fatalidad de algunos economistas que sentencian la inevitabilidad de medidas draconianas y antipopulares, el Foro Qué Hacer argumenta que, lejos de un ajuste contractivo, todavía hay margen de maniobra para ejecutar un ajuste expansivo. Aseguran que un programa económico bien llevado -antes que cargar los costos del ajuste a la población vulnerable-, al erradicar las causas que generan la escasez, el acaparamiento, la especulación y la inflación, lograría una considerable recuperación del poder de compra de los asalariados y una mejora de la calidad de vida de la población.

La Comisión de Finanzas de la AN realizó una serie de consultas para elaborar un cuerpo básico de propuestas a ser presentadas al Gobierno y al país para superar la crisis, promover el crecimiento económico sostenido, bajar la inflación y mejorar la inclusión social. Este proceso de consultas fue coordinado por el diputado José Guerra, quien sistematizó para su análisis y debate las 10 propuestas más importantes para detener el deterioro, superar la crisis económica y evitar un mayor impacto social. Son propuestas sensatas y viables para elevar la calidad del diálogo político y crear los consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo en función de acordar un Programa Básico de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa para la Reactivación Productiva.  

Ricardo Hausmann dirige a un grupo de economistas en el Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard cuyo objetivo es generar información útil para diseñar políticas que ayuden a superar la crisis. Importante contribución si se tiene en cuenta la escasez de información actualizada sobre las cuentas nacionales por parte del INE, BCV,  Ministerio de Finanzas y otras dependencias oficiales que dificultan la rendición de cuentas y la auditoría social: ¿En qué se invirtieron los 650 millardos que el Gobierno afirma destinó a la inversión social? ¿Cuáles fueron los proyectos financiados con los 140 millardos del Fonden? ¿Qué se ha hecho con los 54 millardos del Fondo Chino?, son preguntas recurrentes que todos los analistas económicos se hacen sin poder responderlas con base en información oficial, oportuna, veraz y confiable.

Cualquiera sea el programa económico que pueda consensuarse, éste requerirá financiamiento. Venezuela no es un país quebrado, tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, además de importantes yacimientos de oro, diamantes, coltán, hierro, etc. que ayudan a su percepción como un país solvente, con capacidad de pago a futuro. El problema es la liquidez de corto plazo que se requiere para cubrir las importaciones, pagar oportunamente la deuda externa comercial y financiera, y cancelar las indemnizaciones ratificadas por el CIADI.

Superar la crisis de liquidez pasa por construir los acuerdos políticos que permitan concretar alternativas de financiamiento fresco, tanto en el FMI como en los mecanismos de financiamiento bilateral, quienes exigirán un programa de estabilización económica viable y creíble. Y armar este programa requiere una visión compartida sobre la naturaleza y magnitud de los desequilibrios macroeconómicos, un diagnóstico común sobre los problemas de la balanza de pagos, la naturaleza del déficit fiscal, la estructura de deuda externa, las causas técnicas, económicas, financieras y geopolíticas de la caída en la producción de Pdvsa, las distorsiones de los precios, etc. A la luz de un conocimiento económico riguroso será posible construir los consensos políticos que faciliten el diseño y ejecución de las políticas y estrategias para superar la crisis. @victoralvarezr

El Congreso de Conindustria

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Conindustria celebró su Congreso bajo el lema “Productividad, Innovación y Reactivación Industrial”. Temas como la situación de la manufactura nacional; El papel de la empresa privada en el desarrollo económico y social del país; La productividad, la tecnología y la innovación en la reactivación industrial; La educación y la innovación tecnológica para la innovación industrial; y, Las alternativas para superar los desequilibrios macroeconómicos y sectoriales fueron abordados en el evento por destacados y reconocidos ponentes y panelistas.

La tarea de conformar una economía sustentada en los ingresos generados por la actividad productiva y así superar la dependencia del ingreso petrolero, todavía sigue pendiente. Los problemas relacionados con la escasez de divisas que restringen la capacidad de importación, deben ser vistos como una oportunidad para relanzar el desarrollo industrial. No hay que esperar a que reboten los precios del petróleo y se produzca un nuevo auge de la renta. Para la industria nacional, la abundancia de petrodólares ha sido una maldición porque ha estimulado la tendencia a importar lo que aquí se puede producir a través de un sostenido impulso a la industrialización venezolana.

Venezuela: pobre país rico

Una vez más el país sufre la paradoja de ser un país rico en materias primas pero pobre en las tecnologías para transformarlas en productos de mayor valor agregado. Impulsar la manufactura nacional sustentada en el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas es un imperativo en estos tiempos de escasez. Sobre todo si tenemos en cuenta el efecto multiplicador que el desarrollo de este sector es capaz de ejercer sobre otras actividades económicas orientadas a generar la oferta de bienes, servicios y empleos destinados a satisfacer las necesidades esenciales de nuestra sociedad.

La caída de los precios del petróleo, al agudizar la escasez de divisas, es al mismo tiempo una oportunidad para relanzar la industrialización. Ya no se cuenta con la abundante renta petrolera que propició la sobrevaluación de la tasa de cambio y entronizó una prolongada tendencia a comprarle al resto del mundo lo que aquí se puede fabricar. Hay que convertir este problema en una nueva oportunidad para relanzar la industrialización con el fin de lograr que las necesidades del consumo interno sean cubiertas con productos nacionales.

La política industrial en la agenda económica

En el Congreso de Conindustria se planteó el reto de reactivar y reindustrializar la economía para contribuir a superar los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. Pero la reindustrialización de la economía no puede ser un proceso que se deje en manos de la mano invisible del mercado, sino un esfuerzo bien planificado, sustentado en la complementación de los sectores público y privado para lograr la rápida reactivación de las capacidades productivas y tecnológicas que están cerradas u operando a media máquina.

En adelante, la política industrial debe ser un componente fundamental de la política económica orientada al logro de los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria y productiva. Por eso es tan importante armonizar la política macroeconómica con las políticas sectoriales, particularmente la agrícola, industrial y tecnológica. El punto de partida radica en desalentar las importaciones para favorecer la producción nacional a través de un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera, una política arancelaria y tributaria que proteja el esfuerzo productivo nacional, y una gama de incentivos fiscales y financieros para la inversión productiva y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas.

Reindustrializar la economía


Según los indicadores internacionales, un país ha logrado su grado de industrialización cuando el sector manufacturero aporta al menos el 20% del PIB. Pero en Venezuela la industria contribuye con menos del 14 % y la densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes cayó de 0,33 en 1999 a 0,25 al cierre de 2015.

En Venezuela, la reindustrialización está llamada a ser la fuerza motriz para impulsar la transformación de una economía rentista, que poco produce y casi todo lo importa, en una nueva economía independiente y soberana. Es la única estrategia posible para transformar el modelo primario-exportador en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente importaciones, diversificar la oferta exportable y, de esta manera, ahorrar y generar nuevas fuentes de divisas que nos hagan menos dependientes del ingreso petrolero.

En la Visión Industrial 2025 del Congreso de Conindustria se planteó convertir la industrialización en el sustento del bienestar social. Ciertamente, los países que han alcanzado una creciente calidad de vida han reconocido la importancia de la industria como la fuerza motriz del desarrollo económico y social. En su proceso de transformación productiva, el crecimiento del sector manufacturero ha sido mayor que la velocidad de crecimiento del PIB, convirtiéndose así en el sector dinamizador del desarrollo económico y del aumento del grado de industrialización, es decir, de la contribución de la industria en la conformación del PIB, en comparación con el aporte de los demás sectores económicos.

La industrialización es un componente clave de la estrategia antiinflacionaria, toda vez que genera empleo productivo cuya remuneración no solo se traduce en demanda, sino que tiene como contrapartida una creciente producción de bienes y servicios. Al satisfacer la demanda interna con una producción industrial de creciente valor agregado, se evita que los ajustes en el tipo de cambio encarezcan  el componente importado y aticen la inflación. De esta forma se contribuye a preservar el poder de compra de los salarios y a proteger el bienestar social. @victoralvarezr

Diez propuestas para superar la crisis económica

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

La Comisión de Finanzas de la AN realizó una serie de consultas con el fin de armar un conjunto de propuestas para superar la crisis, promover el crecimiento económico, bajar la inflación y mejorar la inclusión social. Para dar su aporte fueron invitados los profesores Leonardo Vera, Ronald Balza, Felipe Pérez Martí, Asdrúbal Oliveros, Rodrigo Agudo y quien suscribe. Esta consulta fue coordinada por una Subcomisión dirigida por el diputado José Guerra y con el interés de contribuir a la  difusión y debate de sus resultados, presentamos en una apretada síntesis las 10 propuestas más importantes.    

Respetar el derecho de propiedad y el Estado de derecho: los países donde los derechos de propiedad están plenamente garantizados son los que tienen mejor desempeño económico y social. La inversión se concreta cuando existen reglas claras y confianza por parte de los inversionistas. Pero en Venezuela las expropiaciones y confiscaciones la han ahuyentado.

Disminuir la inflación y mejorar el ingreso de la población: evitar que la inflación devore el poder de compra de los salarios implica cerrar la brecha fiscal estimada en 15,0% del PIB, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, disminuir la tasa de crecimiento de la emisión de dinero y recuperar las funciones del bolívar como medio de cambio y reserva de valor. Igualmente se requiere incrementar la oferta interna de alimentos y medicinas, y estimular la competencia promoviendo la entrada de nuevas empresas al mercado.

Apoyar la producción nacional: proveer divisas para materias primas e insumos, restablecer las líneas crédito internacionales al cancelar la deuda comercial válidamente contraída, incrementar la generación de electricidad y suministro de agua, garantizar la seguridad personal, eliminar el monopolio de las importaciones públicas y reasignar esos recursos a la compra de bienes nacionales, sincerar precios rezagados para reactivar la producción.

Incentivar la diversificación de la economía: tipo de cambio que favorezca la producción nacional y las exportaciones no petroleras, impulsar el desarrollo productivo identificando sectores con ventajas comparativas, programa de compras gubernamentales en favor de la producción nacional y política de comercio exterior que apoye las exportaciones de bienes y servicios.

Unificar gradualmente los tipos de cambio: no existe una política cambiaria sino un sistema de asignación de divisas. Las distorsiones del régimen de cambios múltiple se superan con la unificación cambiaria, para que a principios de 2017 se tenga una tasa de cambio única y fluctuante. Esta medida debe ser complementada con la política monetaria y fiscal para moderar las oscilaciones del tipo de cambio.

Flexibilizar el control de precios: la forma más eficiente de asignar los recursos es mediante el funcionamiento eficiente del mercado con su debida regulación. Esto implica modificar o derogar la Ley de Precios Justos y sustituirla por una legislación que estimule la competencia y combata los monopolios. Solo se controlarán precios en situaciones excepcionales.

Diseñar una nueva política petrolera: la política petrolera basada en recortes de producción desembocó en una pérdida de mercados, recursos y oportunidades. Se plantea: mantener a PDVSA como empresa estatal y concentrar sus funciones en las actividades petroleras, expandir la extracción en la próxima década a razón de 100.000 barriles/año, abrir nuevos espacios a la inversión nacional y extranjera para financiar ese aumento de la extracción de crudos, gas y la producción de refinados como base de una política de industrialización de los hidrocarburos.

Aplicar una política social eficiente para reducir la pobreza: el nivel de gasto social no se corresponde con los resultados obtenidos. Para que la política social sea efectiva debe ejecutarse en un ambiente de estabilidad económica. Subsidios generalizados y dispersos ya no son financiables. Se propone: focalizar los subsidios en todas sus modalidades, otorgar subsidios en bolívares y no subsidios implícitos en divisas que subvencionan la producción extranjera al mantener una moneda sobrevaluada, establecer fondos de participación donde una porción de la renta petrolera vaya directamente a los hogares venezolanos, ordenar las políticas sociales en un solo ente gubernamental.

Refinanciar la deuda externa: Con un precio petrolero de 35 $/b, la renta no alcanza para financiar importaciones, pagar los servicios y cancelar la deuda. Conseguir capitales frescos implica diseñar y aplicar un programa económico coherente y creíble. La Subcomisión sugiere: abordar la deuda externa como un problema de Estado, nombrar una comisión bipartidista de la AN que coordine con el Gobierno un plan de refinanciamiento de la deuda externa, propiciar canjes voluntarios de deuda para toda la estructura de vencimientos, evitar solapamientos y gestionar financiamiento con agencias y bancos internacionales.

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: La estructura del gasto público en Venezuela presenta una proliferación de fondos y entes que realizan erogaciones fuera de la Ley de Presupuesto, violando el principio constitucional de la unidad del tesoro. Se plantea: consolidar el gasto que realizan los fondos para-fiscales en el presupuesto nacional, facilitar y simplificar los trámites usando las tecnologías modernas, publicar oportunamente las cifras de cualquier naturaleza, aprobar la Ley de Transparencia, someter la Administración Pública Nacional al control constitucional.

Son propuestas sensatas y viables para elevar la calidad del diálogo político y crear los consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo en función de acordar un Programa Básico de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa para la Reactivación Productiva que permitan superar la escasez, el acaparamiento, la especulación e inflación que azotan a la población. @victoralvarezr 

A las puertas de la unificación cambiaria

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

En una economía que se ha contraído durante dos años consecutivos, la recaudación de ISR e IVA inevitablemente se ve afectada. Muchas empresas, lejos de generar ganancias, registran pérdidas y no aportan al fisco. Por otra parte, la necesidad de estirar los ingresos debido a la voracidad inflacionaria, induce a la informalización de la economía, fenómeno que se expresa en un creciente número de operaciones de compra-venta que se hacen sin factura para evitar el pago del IVA. Todo esto deprime el ingreso fiscal en términos reales.

El margen de maniobra para tapar el hueco fiscal se reduce y la única opción que le está quedando al gobierno es vender más caro la menguada renta petrolera. Así, la unificación cambiaria deviene como una medida inevitable para evitar el naufragio fiscal del gobierno. Distintos voceros del oficialismo vienen preparando el terreno y han señalado la  necesidad de simplificar la política cambiaria. Si bien se está a las puertas de la unificación de las tasas de Dipro y Dicom, mientras persista el control de cambios, la coexistencia de una sola tasa de cambio oficial con el dólar paralelo seguirá siendo un incentivo perverso para los especuladores cambiarios y corruptos que ya saben cómo capturar la divisa oficial para después venderla más cara.   

Dipro insostenible para Pdvsa

Ante la debacle de los precios del petróleo, la irracionalidad de la tasas Dipro recae con toda su fuerza sobre Pdvsa. Si los precios del petróleo logran estabilizarse en torno a los 40 $/b, pero la compañía petrolera es obligada a vender buena parte de su ingreso en divisas a la tasa de 10 Bs/$, eso quiere decir que por cada barril de petróleo de 159 litros, Pdvsa apenas obtiene 400 Bs/b. Es decir, apenas 2,5 Bs/litro de petróleo. Por eso, al convertir a la tasa Dipro su ingreso en dólares a bolívares, estos no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Y, justamente, eso es lo que la lleva a endeudarse con el BCV.

Unificar el régimen de cambios múltiples en torno a la tasa Dicom (que al momento de escribir este artículo había alcanzado los 569 Bs/$) generaría suficientes bolívares para que Pdvsa pueda pagar la nómina y honrar todas sus deudas y compromisos. Esto eliminaría la presión que se ejerce sobre el BCV, el cual es obligado a realizar desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financia el déficit de Pdvsa y otros entes públicos, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.

¿Por qué no se termina de tomar la medida?

Una de las razones por las cuales el gobierno teme unificar el régimen de cambios múltiples es por el supuesto impacto inflacionario que le atribuye a esta medida. Según cálculos de Econométrica, la tasa de inflación interanual abril 2015-abril 2016- cerró en 412,2%, lo cual deja en evidencia que el supuesto impacto antiinflacionario de mantener una tasa Dipro de 10 Bs/$ para las importaciones de alimentos y medicinas no funciona y solo representa un perverso incentivo para los especuladores cambiarios y corruptos.

Adicionalmente, el derrumbe de los precios del petróleo agravó la escasez de divisas y determinó que muchas importaciones previstas a la tasa Dipro migraran a la tasa Dicom y dólar paralelo. Ante la certeza de que tarde o temprano esta migración a una tasa de cambio mayor se concretaría para el resto de los rubros, como en efecto ocurrió, el precio de los productos importados a tasa preferencial tendieron a calcularse con base en el dólar paralelo, anulando así el efecto antiinflacionario que se buscaba con la tasa de cambio protegida.  

Pero el rígido dogma económico que domina la interpretación oficial atribuye al ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste ya ha sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno que se calcule con base en la tasa Dipro. Y ni siquiera a la de Dicom, porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado por lo que indique el paralelo.

Incentivos a la corrupción

La enorme diferencia entre las tasas Dipro y Dicom no deja de crecer y actualmente es de 64 veces. Esto degenera en un perverso estímulo a la especulación cambiaria  y la corrupción, sobre todo si se tiene en cuenta que la brecha con el paralelo supera las 100 veces. Esto exacerba una demanda artificial que entorpece la administración racional de las divisas y estimula toda clase de delitos cambiarios. Unificar el régimen de cambios múltiples en una sola tasa de cambio aliviará las finanzas de Pdvsa, corregirá estas graves distorsiones y permitirá calcular el PVP con base en una tasa de cambio considerablemente menor. Esto se traduciría en una desaceleración del ritmo inflacionario e, incluso, del nivel de precios que actualmente han alcanzado muchos productos.

Lejos de desquiciar los precios, la unificación cambiaria erradicaría la práctica de recibir dólares preferenciales Dipro para después fijar el PVP con base en el dólar más caro de Dicom o el paralelo. También eliminaría los incentivos a los especuladores que desfalcan al país a través de empresas de maletín que no importan los productos para los cuales se le asignan los dólares preferenciales. Por si fuera poco, se le daría un duro golpe a los corruptos que manejan las redes de bachaqueros y del contrabando de extracción de los productos subsidiados que se importan con la tasa Dipro. Lo realmente antipopular no es tomar las medidas para estabilizar la economía, sino mantener la inacción que agrava los flagelos del contrabando, escasez y especulación que atormentan y azotan a la población. @victoralvarezr

Venezuela: ¿diálogo o violencia?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

Hace dos años se desató una ola de violencia para forzar la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. En aquel entonces se comparó la situación de Venezuela con la represión desatada en Ucrania que terminó con el derrocamiento del gobierno de Yanukovich. Las noticias transmitidas por los medios internacionales intentaron convencer a la opinión pública mundial de que los estudiantes venezolanos estaban siendo salvajemente reprimidos por el Gobierno. Hasta en la ceremonia de los Premios Oscar hubo artistas que levantaron carteles de “SOS Venezuela” como parte de una campaña mediática para justificar la intervención extranjera con el pretexto de evitar la masacre de un pueblo.

De “La Salida” al “Revocatorio”

En febrero de 2014 la Oposición lucia dividida. Por un lado, la postura de Henrique Capriles -quien luego de motivar los hechos violentos de abril de 2013 para desconocer la victoria de Maduro-, finalmente se decantó por la vía electoral, llamando a acumular fuerzas para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones municipales. Pero al cantar fraude en las presidenciales de 2013, Capriles convirtió en una derrota el avance electoral sin precedentes que no había logrado ningún otro candidato de la Oposición. Cuestionó la transparencia del poder electoral y sembró dudas en sus seguidores que no fueron a votar en las elecciones municipales, facilitando así el triunfo de muchos candidatos chavistas.

Por el otro lado, la posición de Leopoldo López, quien con su consigna de “Maduro vete ya” se desmarcó de la vía electoral que retomó Capriles. Las protestas que al comienzo fueron masivas y pacíficas, quedaron reducidas a pequeños grupos violentos que alteraron la vida cotidiana y finalmente fueron rechazadas por la propia base opositora que, obstinada de tanta arbitrariedad, prefirió recuperar la tranquilidad en su vecindad. Aquella ola de violencia se concentró en 18 ciudades del país donde la Oposición había ganado las municipales y por eso varios alcaldes fueron acusados por el Gobierno de facilitar la alteración del orden público al no remover las barricadas que impedían el libre tránsito. De hecho, dos de sus alcaldes fueron enjuiciados, destituidos y encarcelados.

Si alguna lección dejó aquellos trágicos sucesos es que solo con la activación de los mecanismos constitucionales para resolver una crisis de gobernabilidad es que se puede evitar la reedición de una ola de violencia semejante que ponga al país al borde de una guerra civil. Por eso, el Gobierno debería celebrar que la Oposición optó por la vía democrática para conquistar el poder. El Referendo Revocatorio (RR) es la solución constitucional, democrática, electoral y pacífica para superar el caos y reordenar al país.

Obstaculizar el RR es tender la alfombra a los grupos violentos de ambos polos que sueñan con una gran batalla final. El recrudecimiento de la violencia terminará aportando el número de muertos que serán presentados como la prueba irrefutable de la masacre que sufre el pueblo venezolano y, sobre esa base, justificar una intervención militar.

¿Derecho político o golpe constitucional?

No se puede conculcar un derecho político desvirtuándolo como parte de un “golpe constitucional”. La revocatoria de los funcionarios de elección popular fue una propuesta de la Revolución Bolivariana, planteada por el propio Hugo Chávez, quien fue el primero en someterse a un RR y dejar en manos del soberano la decisión de revocar o ratificar su mandato. Y lo hizo con las encuestas en su contra y a sabiendas de que en el RR se estaba jugando la suerte de la Revolución Bolivariana.

A diferencia del ejemplo que Chávez dio, Nicolás Maduro ha dicho que “el referéndum revocatorio es una opción, no una obligación”. No, el RR es un derecho político consagrado en la CRBV que el CNE está obligado a canalizar con base en el marco legal que lo rige. No es un elemento opcional o accesorio o en la CRBV sino un componente esencial de la Democracia Participativa y Protagónica para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y evalúe si está satisfecha con el Gobierno y, sobre esa base, decida soberanamente si lo ratifica o lo revoca. No hay otra vía para resolver de forma constitucional, democrática, electoral y pacífica la actual crisis de gobernabilidad económica, social y política.

El Gobierno une a la MUD

La agenda de la MUD, inicialmente dispersa entre la Enmienda, el Revocatorio y la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a las gestiones del Gobierno para que el TSJ declarara inviable la aplicación de la Enmienda, finalmente se concentró en torno a la convocatoria del RR.

Como se sabe, su objetivo es que se realice antes de que se cumplan cuatro años de la presidencia de Nicolás Maduro para que el CNE convoque elecciones presidenciales en los 30 días siguientes. De lo contrario, el Vicepresidente quedaría encargado de culminar el período presidencial. Si este fuera el caso, se habría cambiado a un hombre más no al Gobierno, ni mucho menos al modelo económico, político y social en cuestión.

El CNE tiene que ser un árbitro neutral y no puede sucumbir ante las presiones ni de aquellos factores que gritan “Referendo YA” y pretenden saltarse los pasos legales en su afán de convocar cuanto antes el RR, ni tampoco de aquellos que a nombre del derecho que tienen de supervisar los pasos del proceso, despliegan sus triquiñuelas y se obstinan en atravesar revisiones distintas a las estrictamente establecidas en las leyes.

Al convalidar maniobras para violentar los lapsos rigurosamente establecidos, el CNE pondría en duda la neutralidad y pulcritud con la que condujo esta consulta popular. Si finalmente se imponen las maniobras dilatorias se lapidarán las soluciones constitucionales y pacíficas y esto abonará el camino a las salidas violentas y dictatoriales. @victoralvarezr

¿Para qué sirvió el Decreto de Emergencia Económica?

Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias

El presidente Nicolás Maduro anunció que renovará una vez más el Decreto de Emergencia Económica (DEE) y aseguró que lo mantendrá activado a lo largo del año para tener a mano las respuestas a la crisis económica. Sin embargo, las largas colas que sufre la población demuestran que no ha habido avances concretos en la superación de la escasez, el acaparamiento, la especulación y la inflación. Ninguna mejoría se percibe desde que este decreto fue dictado y prorrogado.  

El Gobierno afirma que están vigentes las causas que motivaron el DEE y acusa a los enemigos de la Revolución de provocar una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo. Esta interpretación ignora el comportamiento cíclico de los precios del petróleo que está asociado al desempeño de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo y el retorno de Irán a los mercados, así como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.  

Lo que está afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo subirían indefinidamente llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero sin ahorrar nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), tal como lo ordena el artículo 321 de la CRBV. Y en lugar de ajustar a los nuevos precios del petróleo el Presupuesto 2016, que fue calculado con base a 40 $/b, el gobierno sigue gastando como si nada hubiese pasado y afirma absurdamente que aunque los precios del petróleo lleguen a 0, el financiamiento de los programas sociales no se verá afectado.

Aferrarse a un DEE lleno de contradicciones no contribuirá en nada a superar la crisis. Esto ya se demostró en los primeros 120 días de vigencia del mismo. Recordemos que  en el numeral 10 del artículo 2 se plantea: “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, pero justo en el numeral 9 incluye una medida que aleja al inversor, al plantear que: “el Ejecutivo Nacional podrá requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.

El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del DEE. En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-, en el numeral 8 plantea: “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.

El Gobierno insiste en atribuir estos problemas a la guerra económica sin reconocer la responsabilidad que tienen los errores y desviaciones de la política económica. No logra articular una eficaz estrategia económica para reactivar la producción nacional y por eso los 14 motores no terminan de despegar en medio de la peor tormenta macroeconómica que el país haya sufrido. Y si no se corrigen los graves desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y de precios, si no se garantiza la seguridad jurídica y la paz laboral, y si no se supera el severo racionamiento de electricidad, es imposible crear el ambiente adecuado para estimular la inversión productiva que requiere el despegue de esos motores.

Por su inercia,  pareciera que el Gobierno no logra comprender la complejidad del problema ni cómo resolverlo. Ni siquiera el nuevo equipo económico ha podido articular las medidas necesarias para encarar el tamaño de la crisis. La solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar recursos extraordinarios a proyectos que no están previstos en el presupuesto, así como la dispensa de los requisitos y controles de rigor con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la inercia de un gobierno acostumbrado a gastar los recursos públicos sin mayores controles por parte del Poder Legislativo. Y al inyectar desmesuradas cantidades de dinero a una economía afectada por crecientes índices de escasez, lo único que logra es azuzar cada vez más la inflación y agravar el enorme malestar que socava su base de apoyo social en crecientes sectores de la población.

En lugar de someter al país a la inútil confrontación de poderes, el clamor nacional reclama un gran acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para adelantar un Programa de Estabilización Económica que permita recuperar el bienestar social. En vez de desgastar al país en esta infecunda confrontación que lleva a negar las leyes que aprueba la Asamblea Nacional o a rechazar los decretos que dicta el Gobierno, ambos poderes deberían estar trabajando conjuntamente para corregir las distorsiones derivadas del régimen de cambios múltiples, de los rígidos controles de precios que ahorcan la producción y de los ineficientes subsidios que estimulan el contrabando de extracción. Asimismo, deberían convenir una Agenda Legislativa Mínima para la enderezar el rumbo económico, adecuando todas aquellas leyes que han contribuido a crear un ambiente adverso y hostil en contra de la inversión productiva. Solo así se podrá reactivar la producción agrícola e industrial para superar al fin los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida que azotan a la población.  @victoralvarezr