Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
Si en lo que resta de
año los precios del petróleo se estabilizan en torno a los 40 $/b, Venezuela
recibiría ingresos por el orden de los $ 33 millardos. En 2015 las
importaciones de bienes y servicios sumaron $ 50 millardos, pero este año se
han visto muy afectadas por la prioridad que el Gobierno le ha dado a los pagos
de la deuda externa. El colapso de los precios del petróleo, la enorme
dependencia de las importaciones de bienes y servicios, el peso de la deuda
externa, los pagos por indemnizaciones ratificados por el CIADI y la deuda en
divisas con sectores productivos que aún no ha sido cancelada por
Cadivi-Cencoex, estrechan el margen de maniobra para mantener un ritmo de pagos
de la deuda externa que supera los $ 10 millardos anuales.
Recordemos que en
Venezuela, el 96% del ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso
de los precios, el ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones
en la capacidad de pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer
y pagar una creciente deuda externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy
la situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente reservas
internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.
El boom en los precios del petróleo y las materias primas
proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente
aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara
las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar
una nueva arquitectura financiera internacional que las interminables reuniones
de los burócratas no cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos
centrales de cada país ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo
Monetario del Sur y Banco del Sur. Así, los países extractivistas que hoy
resultan afectados por el colapso de los precios del petróleo y de las materias
primas no encuentran alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI
y del BM para tener acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus
problemas de balanza de pagos.
¿Reestructuración
o moratoria?
La gravedad de la deuda
externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación
del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del
PIB en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un contraído
PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el verdadero
valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda como
porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable.
Otra idea errónea sobre
la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo
se recuperarán a través del control de la producción en la Opep. Los fallidos
intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen
para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.
Otra falsa esperanza es
creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado
como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos
hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el
tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo
de los proyectos del Fondo Chino.
Lo
cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000
millones y el país no puede seguir como va. Ante el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas
que impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la
deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI,
se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado
cambiario hasta la moratoria unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración de los pagos.
Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de
Economía, Joseph Stiglitz, quien
argumenta que cuando un país impone una
reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una
política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas
que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de
exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de
nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que
había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”,
asegura quien también fue jefe de los asesores
económicos de Bill Clinton
Los que se oponen a la
moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República
y Pdvsa. Ambos tienen activos
estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial
y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13
refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y
embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un
alto costo político para el Gobierno.
El margen de maniobra para
liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana para
aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar en un
año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por compras
gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los pagos en
dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán, etc.; reperfilar
los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por vencerse con nuevas
emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas por el burocratismo
y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la imagen de Venezuela en
los mercados financieros para corregir la sobrestimación del riesgo-país.
La situación de
Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de
una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y
económicas, los acreedores perciben que
el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales
reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no
sufre una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema
temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana
es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en
sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los
precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces,
que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de
maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea
tan mal tratado por las calificadoras de riesgo?
La auditoría de la
deuda externa
Al igual de lo que
ocurrió en los inicios del capitalismo rentístico venezolano, en el
neo-rentismo socialista la acumulación originaria del capital de la
boliburguesía se sustentó en la rapiña de la abundante renta petrolera. Para
muestra un botón: el desfalco de más de 20 millardos de dólares en un solo año
que fue denunciado por el exministro Jorge Giordani, la expresidenta del BCV, Edmeé
Betancourt, y el expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo
Sanguino. Este colosal desfalco comprueba que la capacidad de auditoría y control
de los entes del Estado resulta ampliamente desbordada por la colusión de
empresarios y funcionarios públicos corruptos que se confabulan para defraudar
a la Nación. La Fiscalía y la Contraloría apenas tienen capacidad para
investigar algunos casos aislados, sin poder encarar la magnitud del problema.
En respuesta a esta
debilidad institucional del Estado venezolano surge la Plataforma para la
Auditoría Pública y Ciudadana, sustentada
en los derechos consagrados en la CRBV y en la Ley Orgánica de Contraloría
Social. Esta iniciativa se plantea auditar el
otorgamiento de divisas preferenciales, la contratación y manejo de la deuda pública
y, en general, la forma como se han administrado las finanzas públicas.
Esclarecer como el país con
las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó a las puertas de una
crisis humanitaria pasa por auditar empresas públicas y privadas, compañías
transnacionales e instituciones bancarias y financieras que pudieran estar involucradas en la fuga de
capitales a través de los delitos de deuda externa ficticia, sobrefacturación
de importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación a través de
empresas de maletín y otros mecanismos inventados para capturar la mayor tajada
de la renta petrolera.
Por eso, el monto de la deuda
que el país finalmente tenga que pagar debe resultar de una Auditoria Pública y evitar así que se legalicen los fraudes a la Nación en un
eventual proceso de reestructuración y reprogramación de los pagos. La viabilidad de la auditoría ciudadana implica apertura y transparencia
en las instituciones públicas que tienen la información pertinente, de tal
forma que se pueda saber la situación real de los ingresos en divisas, cuál es
el monto de las reservas, así como las obligaciones comerciales y
financieras que debe afrontar el BCV. Igualmente es necesario contar con información
transparente y oportuna para saber en tiempo real: ¿Cuánto está ingresando y
cuánto está saliendo por día? ¿A qué se destinan las divisas de la renta
petrolera? ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares preferenciales? Solo así se podrá investigar y conocer el verdadero monto de la estafa,
recuperar el máximo de recursos y sancionar a los responsables. @victoralvarezr
