Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencias
El presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, realizó una histórica visita a Cuba para reconstruir
las relaciones con la Isla, después de casi sesenta años de Revolución. En su discurso en
el Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso,
Obama se pronunció en contra del embargo comercial
a Cuba.
Obama
no fue recibido en el aeropuerto por el Jefe de Estado. Raúl Castro envió a su
Canciller. Tampoco los cubanos molestaron al inusual visitante con consignas de
“Cuba si, yanquis no”. Esta vez, el Presidente de la principal potencia del
mundo no fue tratado como el enemigo imperial que tradicionalmente se ha
encarnado en la figura del mandatario estadounidense. Con esta visita, EE. UU. está
dejando de ser para el régimen cubano el peligroso
enemigo del Norte para convertirse de ahora en adelante en un país vecino con el que se puede coexistir.
Se acabó lo que quedaba de socialismo del siglo XX
A los largo de más de
medio siglo, la cruda realidad que afecta al pueblo cubano ha sido atribuida al
bloqueo económico imperialista. Tanto así que el día de la llegada de Obama, el
diario oficial Granma tituló en primera página: “El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo”. Sin dejar de
reconocer el terrible impacto que ha tenido el embargo comercial sobre la
economía cubana y la calidad de vida de sus ciudadanos, el bloqueo también ha
servido para justificar el anacronismo de un modelo económico basado en el
absolutismo de la propiedad estatal que conculcó por décadas el derecho al
emprendimiento individual por considerarlo el germen de la restauración
capitalista. Esto inhibió el desarrollo de las fuerzas productivas, burocratizó
la fuerza de trabajo y desembocó en una de las principales causas de la crónica
escasez que ha azotado al pueblo cubano.
Con
el objetivo de
actualizar su modelo económico y captar un creciente flujo de inversiones
extranjeras para impulsar su precaria economía, Cuba promulgó la Ley de
Inversión Extranjera N° 118. Esta ley constituye un paso muy importante en la
actualización de su modelo económico y responde a la urgente necesidad de
recibir capitales que le permitan enfrentar los problemas de escasez y
racionamiento que durante más de medio siglo han castigado a su población.
Con esa Ley, Cuba cambia
de paradigma y decide otorgar ventajas sin precedentes al capital privado.
Reconoce la importancia de la inversión extranjera asociada a la transferencia
tecnológica y la asistencia técnica a las empresas nacionales para diversificar
la actividad económica local. Además del turismo, se espera que estas
inversiones contribuyan a mejorar los servicios públicos, la infraestructura y
la producción agrícola, minera e industrial.
La posibilidad real de tener
acceso a las fuentes de financiamiento, tecnologías, asistencia técnica y
mercados que Cuba necesita está estrechamente vinculada a la credibilidad de
los incentivos y condiciones que sea capaz de ofrecer y cumplir. De allí su determinación
de mejorar el clima de inversiones a través de atractivos incentivos fiscales,
paz laboral y un ambiente en el que coexista armónicamente la propiedad estatal,
privada y mixta.
Los principios rectores de la actualización del
modelo económico cubano deslindan campos para que los mecanismos del mercado
puedan operar. Estos conceptos deberán regir las relaciones entre el Consejo de
Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las
Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). En tal sentido se
plantea:
·
Separar
las funciones estatales de las empresariales y aumentar las atribuciones de la
empresa en el uso eficiente de los recursos.
·
Los OACE
solo ejecutan funciones estatales, mientras que las OSDE son organizaciones que
únicamente realizan funciones de carácter empresarial.
·
Las
Juntas de Gobierno son un órgano de dirección del Estado para controlar a las
OSDE, con el fin de exigir eficiencia y cumplimiento de la legislación.
·
Preparación
de todos los dirigentes que llevan a la práctica la reorganización
institucional para evitar errores por incompetencia e impericia.
·
Crear
condiciones para la unificación monetaria y cambiaria a fin de restablecer el
valor del peso cubano, sus funciones como dinero y la medición correcta de los
resultados económicos.
·
Perfeccionamiento
del sistema de salarios, pensiones y otros ingresos para garantizar que cada
cual reciba un salario acorde con su trabajo.
·
Gradualidad
en el proceso para evitar improvisaciones y contramarchas.
El canje de Cuba por Venezuela
Obama pasará a la
historia como el Presidente de los EE.UU. que reinició las relaciones
diplomáticas con Cuba e impulso el fin del bloqueo económico. Pero también trascenderá
como el mandatario estadounidense que declaró a Venezuela como una amenaza
extraordinaria e inusual. ¿Por qué Obama toma esta decisión
después de reconocer que el empeño por aislar a Cuba durante más de 50 años,
lejos de doblegar la Revolución, estimuló la solidaridad con el pueblo cubano y
la condena de los EE.UU. en la ONU? ¿Acaso subyace en esta decisión la
preocupación de Washington por la influencia que Venezuela pueda seguir ejerciendo en la integración latinoamericana,
justo ahora cuando los precios del petróleo se han desplomado y el país
atraviesa por la peor crisis económica de su historia reciente?
Lo cierto es que
con el actual ingreso petrolero que no alcanza para cubrir las importaciones
esenciales y a la vez mantener al día los pagos de la deuda externa, el Palacio
de Miraflores tendrá limitaciones para mantener al mismo nivel los convenios de
cooperación energética. Y en tal contexto de restricciones financieras, la Casa
Blanca despliega su nueva diplomacia con Cuba y aspira barrer con la petrodiplomacia bolivariana y erradicar la
influencia que Venezuela ha tenido sobre los países que forman parte de
PetroCaribe, Alba, Unasur y Celac. La derrota del Kichnerismo en Argentina, de
Evo Morales en Bolivia y la crisis política que amenaza la permanencia de Dilma
Rousseff en la presidencia de Brasil, representan viento a favor para la
aspiración de la potencia estadounidense de recuperar su debilitada influencia
en América Latina.
Como el reinicio de las relaciones diplomáticas no
significa el fin automático del bloqueo contra Cuba, el cual es un mandato de
las leyes Torricelli y Helms-Burton que solo pueden ser derogadas por el
Congreso, Obama quiere despejar las complicadas negociaciones con los
republicanos que controlan la mayoría parlamentaria para levantar las sanciones
contra Cuba, a cambio de sanciones más severas contra Venezuela. Por eso, ratifica
y prolonga la vigencia del Decreto que declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Los casos de corrupción que han escandalizado la opinión pública nacional
e internacional vienen como anillo al dedo para presentar al
Estado venezolano como un Estado forajido, con instituciones incapaces y corrompidas,
cuya impunidad convierte al país en tierra de nadie, en territorio sin ley. Las
sanciones impuestas serán presentadas por los medios internacionales no como
castigo a unos funcionarios aislados, sino como evidencia de la descomposición
que sufren las instituciones que ellos representan. De no ser por este
propósito, no habría sido necesario catalogar a Venezuela como una amenaza a la
seguridad de los EE.UU.
Esta acción puede entorpecer la solución
democrática de las tensiones internas. El Gobierno venezolano ha caído en la jugada
al prorrogar el Decreto de Emergencia Económica que había sido
rechazado por la Asamblea Nacional y que en sus primeros 60 días de vigencia no
rindió ningún efecto. Y ante el temor de tener que digerir una derrota mucho
más aplastante que la sufrida por el oficialismo en las parlamentarias del 6 de
Diciembre, crecen los rumores de la suspensión de las elecciones de
gobernadores previstas para finales de este año 2016. Así, la suspensión de las
elecciones regionales sería aprovechada para desatar una campaña de desprestigio
que aísle internacionalmente al Gobierno de Nicolás Maduro, toda vez que a
todas luces sería una arbitrariedad que conculcaría los derechos democráticos
de los venezolanos a elegir sus propios gobernantes, una vez que el período de
estos se ha vencido.
Por el bien de la
Nación, el gobierno no puede caer en la tentación de suspender las
elecciones. En lugar de atizar un conflicto de poderes con la
Asamblea Nacional, el Gobierno debería promover el diálogo político y convocar
a la Asamblea Nacional para impulsar un Gobierno de Complementación y Unidad que
impulse un Programa Básico de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa
Mínima para reactivar la inversión productiva. Estas serían los pasos claves para
impedir que a la crisis económica se le añada una crisis política que
desemboque en una grave crisis de gobernabilidad. @victoralvarezr
