Las 25 medidas que le faltaron anunciar a Nicolás Maduro

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Una Revolución verdadera siempre será atacada por los poderosos intereses que golpea y afecta. Por eso, no se puede permitir ninguna inacción o error que ayude a quienes conspiran y pretenden desestabilizarla. Los problemas de escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación que el gobierno atribuye a la guerra económica, son en gran medida generados por las desviaciones y errores de su propia política económica.

Así, hasta los buhoneros, bachaqueros y raspacupos que se lucran con los incentivos perversos de la política económica, son considerados como agentes al servicio de la guerra económica, sin ser necesariamente enemigos políticos del gobierno. Por el contrario, lejos de querer tumbarlo desean que siga gobernando de esa forma para aumentar aún más sus escandalosas ganancias.

Los rígidos y prolongados controles de cambio y de precios, así como los ruinosos subsidios a la gasolina, alimentos y servicios ya no dan ningún resultado. Paradójicamente, crean las condiciones para que prolifere el contrabando de extracción, la reventa a precios exorbitantes de los productos subsidiados, la especulación cambiaria y, en general, se multipliquen los negocios fraudulentos.

En este contexto, las medidas que finalmente aprobó el presidente Nicolás Maduro se quedaron muy por debajo de la enorme expectativa que había generado la creciente espera por el anuncio de las mismas. El gobierno tiene un margen de maniobra mucho mayor para superar la crisis y enderezar el rumbo de la economía. Pero ni siquiera los nuevos ministros del equipo económico han podido romper la inercia y sacar al gobierno de su larga inacción. A continuación presentamos al menos 25 medidas que el presidente Nicolás Maduro tiene al alcance de la mano y pudo haber anunciado en larga alocución del pasado miércoles 17 de febrero, pero no lo hizo, a riesgo de que la situación se siga deteriorando aceleradamente, se agrave la espiral hiperinflacionaria y surjan las condiciones para un estallido social que desemboque en una grave crisis de gobernabilidad.

Medidas cambiarias

1) Unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Esto ayudará a sustituir importaciones por producción nacional, diversificar las exportaciones no petroleras, promover la inversión extranjera, repatriar capitales y atraer turismo internacional. Como el Estado es el perceptor directo del 95% del ingreso en divisas, al obtener más bolívares por cada dólar recibirá suficientes recursos para mantener los programas sociales que activen una válvula de escape ante el enorme descontento social.

Medidas fiscales

2) Reformular el Presupuesto 2016 -que fue calculado con base en un barril de petróleo a 40 $/b- al nuevo precio de 25 $/b.

3) Ahora que no hay reservas excedentarias ni precios exorbitantes del petróleo que alimenten al FONDEN para financiar el presupuesto paralelo, hay que retomar la sana práctica de un solo presupuesto aprobado por la AN, ahorrando en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) el 50% del ingreso que entre por encima del precio del petróleo establecido en el Presupuesto.

4) Arroparse hasta donde llegue la cobija, implantando una rigurosa disciplina fiscal que evite incurrir en un déficit superior al 5% del PIB.

5) Reactivar el cobro de peajes, exonerando únicamente al transporte público, para aliviar el déficit fiscal y generar los recursos que se requieren para repotenciar la deteriorada vialidad pública.

6) Sincerar las tarifas de servicios públicos para generar los recursos necesarios para sufragar las inversiones básicas de mantenimiento que erradiquen los frecuentes cortes de agua, electricidad y gas que tanto malestar generan en la población.

Medidas monetarias

7) Restituir la autonomía del BCV en el manejo de las reservas internacionales, la emisión de billetes y el control de la creación de dinero bancario que aceleran el crecimiento inflacionario de la liquidez monetaria.

8) Prohibir expresamente el financiamiento del BCV al déficit de PDVSA, empresas públicas, ministerios, entes adscritos y misiones, erradicando la inyección a la circulación doméstica de desmesuradas cantidades de dinero sin respaldo que buscan comprar productos y dólares cada vez más escasos, razón por la cual se disparan los precios y la cotización del dólar paralelo.

9) Corregir las tasas de interés reales negativas que desestimulan el ahorro y exacerban el consumo, lo cual refuerza aún más las presiones inflacionarias que se quieren abatir.

Medidas de precios

10) Eliminar los rígidos e ineficientes controles que congelan el PVP por debajo de los costos de producción, lo cual desestimula la producción y causa escasez, ya que nadie produce para perder.

11) Sustituir los ineficientes subsidios indirectos a los productos que luego se revenden a través del contrabando de extracción, por subsidios directos a los hogares pobres.

12) Igualar el precio de los alimentos y medicinas al precio que tienen estos bienes en los países vecinos, para así evitar el contrabando de extracción que estimula la abismal diferencia de precios y anula totalmente la eficiencia social de los subsidios, al no conseguirse el producto en el país.

13) Igualar el precio de la gasolina al que tiene en la frontera para erradicar el contrabando de extracción, permitiendo a PDVSA recuperar los costos de refinación, transporte y comercialización.

 

14) Invertir las ganancias que se deriven del precio justo de la gasolina en la modernización y ampliación del sistema de transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país, garantizando la estabilidad de las tarifas y, por tanto un impacto positivo de la medida sobre la mayoría de la población que no tiene vehículo propio

Medidas para el manejo inteligente del menguado ingreso en divisas

15) Limitar el Convenio con Cuba y países del Alba a la cooperación en salud para reducir a su mínima expresión el envío de petróleo que se cobra en especies e impide la generación de un ingreso neto en divisas.  

16) Adecuar PetroCaribe a las nuevas restricciones presupuestarias, cobrando en 180 días el 100 % de la factura que se financia a 20 años, sin pagos en especies porque esos bienes y servicios se pueden producir nacionalmente.

17) Ahorrar divisas sustituyendo las importaciones gubernamentales por un programa de compras públicas en favor de la producción nacional, con garantía de pronto pago para evitar problemas de liquidez de la producción agrícola e industrial y así lograr su reactivación estable y sostenida.

18) Reducir y reorientar el gasto militar hacia la adquisición de maquinarias y equipos para reactivar la agricultura e industria y aumentar la producción nacional de alimentos y medicinas.

19) Gestionar nuevo financiamiento externo con garantía de reservas en oro, el cual será destinado únicamente y exclusivamente a reactivar las exportaciones no petroleras, de tal forma que se garantice la generación de divisas para cancelar el préstamo y recuperar un nivel adecuado de reservas internacionales.

Medidas para el manejo de la deuda externa financiera y comercial

20) Recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 40% de su valor nominal y así aliviar los próximos pagos de capital e intereses.

21) Reprogramar el pago del componente en divisas de las obras de infraestructura contratadas a Brasil, China, Irán, etc., los cuales serán cancelados con los bonos de la deuda externa recomprados, hasta tanto mejoren los precios del petróleo y se activen nuevas fuentes de divisas.

22) Negociar con los proveedores internacionales el pago con bonos de la República el monto de la deuda comercial que aún está pendiente, con el fin de reactivar el suministro de materias primas, bienes intermedios, maquinarias y tecnología que no se producen en el país y se requieren con urgencia para reactivar la producción nacional de alimentos, medicinas y repuestos.

Medidas para reactivar la producción agrícola e industrial

23) Desestatizar a través de la Bolsa Pública de Valores las empresas secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción, impulsando nuevas formas de propiedad social mixta que permitan la participación accionaria de los consejos de trabajadores, consejos comunales e inversión privada nacional y extranjera.

24) Financiamiento extraordinario de la banca pública en montos suficientes, bajas tasas de interés, largos plazos y garantías flexibles para la reactivación urgente de la agricultura y la industria manufacturera.

25) Programa especial de suministro de insumos básicos a la industria transformadora, en condiciones adecuadas de precios, condiciones de pago, calidad, volúmenes y oportunidad de entrega.  @victoralvarezr

 

Sin producción no hay oferta exportable

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Sin haber resuelto los graves problemas de escasez que azotan a la mayoría de la población, el Gobierno se plantea ahora promover las exportaciones no tradicionales para diversificar las fuentes de divisas y compensar el descalabro del ingreso petrolero. Pero lo cierto es que sin producción nacional no es posible sustituir importaciones, ni mucho menos exportar. Por eso, la promoción de exportaciones no petroleras exige como primer paso una política de reactivación, reconversión y reindustrialización. Y esto pasa por corregir las distorsiones macroeconómicas, institucionales y sectoriales que castigan la producción y la competitividad de la oferta exportable venezolana.

Tasa de cambio competitiva: necesaria más no suficiente

La creciente brecha entre el impetuoso ritmo de la inflación doméstica en comparación con una inflación mucho más baja en los países que son los principales socios comerciales de Venezuela, tiende a sobrevaluar la tasa de cambio oficial y castiga severamente la competitividad cambiaria de la producción nacional.  

Corregir la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial es un requisito clave para superar el sesgo anti-exportador de la economía venezolana. Pero encontrar una tasa cambiaria que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, requiere la definición de políticas macroeconómicas, agrícolas industriales y tecnológicas coherentes que hagan posible un desarrollo sostenido de la economía real.

Los países exportadores de bienes de alto contenido tecnológico tienen claro que una tasa de cambio aislada es insuficiente para sustituir importaciones e incrementar las exportaciones. Los países con estrategias de exportación exitosas demuestran que el tipo de cambio jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones debido a que formó parte de un conjunto integral de políticas macroeconómicas y sectoriales bien articuladas. Los ajustes macroeconómicos se justificaron para crear un ambiente favorable a la inversión productiva y nunca fueron considerados un fin en sí mismo.

Pero en Venezuela, el pobre desempeño de las exportaciones no petroleras manufactureras se debe a la ausencia de un tipo de cambio competitivo, agravado por la ausencia de políticas macroeconómicas, agrícolas, industriales y tecnológicas coherentes. Se requiere un ambiente macroeconómico adecuado que contribuya a la efectividad de las políticas sectoriales para impulsar la transformación de una economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

Unificación cambiaria: fin de los negocios rentistas

Aunque algunos de los nuevos ministros del área económica han hablado de “simplificación cambiaria”, refiriéndose a la unificación de las tasas de Cencoex y Sicad y manteniendo la tasa Simadi. Pero mantener dos tipos de cambio seguirá operando como un incentivo perverso a los especuladores y corruptos que siempre logran la manera de capturar los dólares baratos para después venderlos caros. Un régimen de cambios múltiples es el caldo de cultivo perfecto para que fermenten los delitos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de importaciones, empresas de maletín y los más asombrosos ilícitos que se cometen con el uso indebido del cupo electrónico y las tarjetas de crédito.

La unificación cambiaria haría innecesaria la actual norma que obliga a los exportadores a enterar un porcentaje de las divisas originadas en las operaciones de exportación a la tasa de cambio oficial. Y en caso de mantener un régimen de cambios múltiples, hay que evitar la repetición de los negocios rentistas de  pseudo exportadores que solicitan dólares preferenciales para importar componentes e insumos que luego ensamblan o empaquetan sin mayor valor agregado, y pretenden que se les permita convertir todo el ingreso por exportaciones a la tasa más alta.

Si se prolonga el régimen de cambios múltiples, estos exportadores quedarían obligados a devolver al BCV las divisas preferenciales que se asignen, y solo podrán vender a un precio mayor las divisas equivalentes al valor agregado que generen. Esto sería un poderoso estímulo al proceso de industrialización, toda vez que a mayor valor agregado mayor sería el porcentaje de divisas del que los exportadores pueden disponer.

De pedir dólares a generar divisas

Debido al colapso de los precios del petróleo, la importación de materias primas, insumos básicos, maquinarias, equipos y tecnologías para el aparato productivo interno está prácticamente paralizada. Mientras el sector privado no genere sus propias fuentes de divisas seguirá dependiendo de la insuficiente, demorada, discrecional y poco transparente asignación de divisas provenientes de la menguada renta petrolera.

En lugar de seguir exigiendo al Gobierno la liquidación oportuna de divisas petroleras para honrar las deudas con proveedores extranjeros, el debate entre los sectores público y privado debe estar enfocado en la adopción de una nueva tasa de cambio que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria nacionales. Solo así se podrá liberar a la producción nacional de la ruinosa competencia que representan las importaciones gubernamentales y privadas que se hacen a una tasa de cambio artificialmente baja y, a su vez, respaldar la competitividad cambiaria de la oferta exportable nacional en los mercados internacionales. @victoralvarezr

 

Lo que se necesita es un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Un gobierno puede equivocarse, pero solo ha fracasado cuando empieza a culpar a otros de sus propios errores. En los supuestos del Decreto de Emergencia Económica se afirma erróneamente que “las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo”. Esta interpretación ignora el comportamiento cíclico de los precios del petróleo, cuya causa esencialmente se debe al curso de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo, así como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.

Lo que está “afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo siempre seguirían subiendo llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero, en lugar de alimentar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tal como lo ordena el artículo 321 de la CRBV.

Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa, pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más igualitaria del mundo. La explicación: el ahorro de la renta petrolera para atender las necesidades futuras. En lugar de crear fondos para gastar las reservas excedentarias o todo el ingreso petrolero que se reciba por encima de precio presupuestado del barril de petróleo, Noruega creó fondos para ahorrar dinero como un mecanismo de previsión para encarar los malos tiempos y evitar carencias para las generaciones futuras. Con este fin, construyó un gran acuerdo nacional y estableció una regla que limita a 4% -el equivalente al rendimiento esperado del Fondo- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, el cual se nutre fundamentalmente del ingreso fiscal no petrolero. En otras palabras, el ingreso petrolero no se gasta sino que se invierte, y el Gobierno solo puede hacer uso de los rendimientos. Actualmente maneja un monto superior a los 850 mil millones de dólares. Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, cuando se calcula sobre semejante monto, se traduce en términos absolutos en una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para completar el gasto del gobierno que se financia sobre todo con impuestos.

Pero en Venezuela, en lugar de comenzar por sincerar el Presupuesto 2016, calculado con base en un precio de 40 $/b, y presentar una nueva regla fiscal en la que el Poder Ejecutivo se compromete a no presentar proyectos de presupuesto con un déficit superior al 5% del PIB y, adicionalmente, ahorrar en el FEM el 50% de todo dólar adicional que el país reciba por encima de 25 $/b, lo que hace es tensar aún más las relación con la AN al presentar un Decreto de Emergencia Económica con el que, entre otros fines, pretende hacer un uso discrecional de los saldos del presupuesto 2015 y del 2016, sin mayores controles por parte de la AN.

Es un Decreto lleno de contradicciones que agravará la crisis. Paradójicamente, mientras en el numeral 10 del artículo 2 del mencionado Decreto se plantea: “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos” -y justo cuando acaba de crear un nuevo Ministerio para la Inversión Extranjera-, en el numeral anterior (9) incluye una medida que espanta y aleja al inversor al plantear que “el Ejecutivo Nacional podrá requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.

El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del Decreto. En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-, en el numeral 8 plantea sin pudor autocrítico “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.

Por otra parte, la solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar recursos extraordinarios a proyectos aunque no estén previstos en el presupuesto, así como la dispensa de los requisitos y controles con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la inercia de un gobierno acostumbrado a administrar los recursos públicos sin mayores controles por parte del Poder Legislativo. Con este Decreto, el Ejecutivo intenta abrir una vía de escape para evadir el marco legal que rige la actividad económica y evitar el análisis de créditos adicionales y contratos que deben ser aprobados por la AN, la cual ahora está controlada por la Oposición.

No es necesario un Decreto de Emergencia Económica

Según la CRBV y la Ley de Estados de Excepción, la emergencia económica es una forma de estado de excepción que permite al Gobierno dictar medidas que pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada. El Gobierno aspira que la AN apruebe por unanimidad el Estado de Emergencia Económica para “adoptar las medidas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana”.

Pero para adoptar las medidas necesarias para superar la crisis no se necesita ningún Decreto de Emergencia Económica, sino voluntad política para superar la inercia y romper la inacción de un equipo de gobierno que pareciera no comprender la naturaleza de la crisis, ni saber utilizar el importante margen de maniobra que aún tiene el Ejecutivo Nacional para enderezar el rumbo económico del país y evitar perores consecuencias que las ya sufridas por la inmensa mayoría de la población.

En lugar de un Decreto de Emergencia Económica hecho a la medida de un Gobierno que quiere evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, el reto que deben asumir tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo es acordar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social. El Gobierno tiene al alcance de la mano un conjunto de medidas que lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. Entre estas medidas se destacan las siguientes:

Medidas de Política Cambiaria

El dogma económico que rige la interpretación oficial atribuye al ajuste cambiario un falso impacto inflacionario, cuando lo cierto es que éste ya ha sido absorbido y prácticamente no hay precio alguno en el mercado que se calcule con base a las tasas de Cencoex o Sicad. Ni siquiera a la de Simadi, porque el proceso de formación de precios se ha desquiciado hasta quedar gobernado por lo que indiquen los desvaríos del dólar paralelo. Para muestra un botón: en el sector alimentos que es el más favorecido con la asignación de dólares preferenciales, la inflación de 2014 llegó a 102 %, muy superior al 68 % registrado por el INPC, lo cual revela la ineficacia del anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria. El BCV acaba de publicar la inflación anualizada hasta septiembre de 2015 y la misma escaló a 141,5%

La irracionalidad de las tasas Cencoex y Sicad recaen con toda su fuerza sobre Pdvsa. Obligada a vender el mayor porcentaje de su ingreso en divisas a las bajas tasas de 6,30 y 12 Bs /$, la compañía no logra recoger suficientes bolívares para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contratistas, transferir aportes a los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Pero basta con unificar el régimen de cambios múltiples a un nivel tal que los bolívares que PDVSA reciba por la venta de sus divisas le alcancen para mantener al día sus compromisos. Sincerar la tasa de cambio evitaría que la compañía tenga que endeudarse con el BCV y así éste no se vería presionado por el Gobierno a realizar las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo con las que financia el déficit fiscal.

Medidas de Política Fiscal

Un acuerdo básico para corregir  el déficit fiscal comienza por reformular y mejorar la calidad del Presupuesto 2016, el cual fue calculado con base a un precio del petróleo de 40 $/b, pero el mismo ya se acerca a 25 $/b. Esto pasa por reducir en 100% los gastos suntuarios en remodelaciones, vehículos, publicidad, viajes, etc.; erradicar la práctica del Gobierno de Calle que da origen a otro presupuesto paralelo. Se trata ahora de implantar una rigurosa regla fiscal para que la AN no reciba ningún Proyecto de Presupuesto ni apruebe créditos adicionales que impliquen un déficit mayor al 5% del PIB.

El colapso de los precios del petróleo y la caída de la recaudación de ISR e IVA debido a la contracción económica obligan a retomar la sana práctica de un solo presupuesto, adecuando el marco legal que fue creado para hacer uso de las llamadas reservas excedentarias y precios exorbitantes. En adelante, todo ingreso superior a los 40 $/b -en lugar de ser gastado a través del Fonden-, debe ser ahorrado en un Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual solo podrá ser usado cuando el precio del petróleo caiga por debajo del precio proyectado en el Presupuesto Anual de la Nación.

Corregir el déficit fiscal implica erradicar los subsidios ineficientes que no llegan al consumidor y lo que hacen es estimular el derroche, el contrabando de extracción y la especulación. Se trata de sustituir los subsidios indirectos a los productos y servicios por subsidios directos a las familias en condición de pobreza. Esto incluye desde sincerar el precio de la gasolina hasta la racionalización de las tarifas de servicios públicos, pasando por la sustitución de los subsidios directos a los alimentos y medicinas por subsidios directos a los hogares pobres. Solo en gasolina, el subsidio representa un costo de oportunidad de $ 12 mil millones, mientras que el contrabando de extracción supera los 3.500 millones. Sincerar las tarifas de servicios públicos (electricidad, agua y gas) significa corregir al menos 6,5 puntos del déficit fiscal. Reactivar el cobro de peajes generará recursos propios para  repotenciar el sistema vial y ayudará a corregir el déficit fiscal.

Evitar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impulsar nuevas formas de propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores directos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera, condicionando ésta última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación del talento humano, asistencia técnica a las Pymes y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión.

La Reforma Fiscal debe ser completada con el ajuste del IVA y del  ISR,  racionalización del arancel de aduanas, implantación del impuesto al débito bancario y a las transacciones financieras, aumento de la unidad tributaria, timbres fiscales, impuestos a licores y cigarrillos e impuesto al lujo. Una vez que se reactive la economía y se estabilice su crecimiento será necesario reactivar el Impuesto a los Activos Empresariales y aumentar el ISR a las grandes ganancias.

Medidas de Política Monetaria

La perversa complicidad entre el déficit fiscal y el desequilibrio monetario generan una voraz inflación que pulveriza el poder de compra de los salarios. Por eso, la superación de la emergencia económica no es viable si no se recupera la autonomía del BCV en el manejo de reservas internacionales y la emisión de dinero. Solo así se podrá erradicar definitivamente el financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo del déficit de PDVSA y de las empresas públicas. Sin lugar a dudas, éste es el principal factor propagador de la inflación.

Esto permitirá centralizar las posiciones en divisas y reservas internacionales en BCV y asegurar un manejo coherente del encaje legal y de las tasas de interés que contribuya a recuperar la estabilidad y confianza en sistema monetario y financiero.

Unificar el régimen de cambios múltiples permitirá sanear las finanzas de Pdvsa, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del BCV. Al recibir más bolívares por cada dólar, la autoridad monetaria drenará el exceso de liquidez que presiona al alza los precios, incluyendo la cotización del dólar paralelo. Y todavía mejor, un solo tipo de cambio erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los cazadores de renta, especuladores y corruptos, quienes inventan cualquier trampa para captar los dólares baratos de Cencoex y Sicad para después venderlos más caros.

Medidas para el manejo de la deuda Externa

Venezuela tiene margen de maniobra para evitar caer en un default que lleve al embargo de los activos de Pdvsa y la República. Puede recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos del 50 % de su valor nominal; adecuar PetroCaribe a las restricciones presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 15-20 años; reorientar las importaciones gubernamentales en favor de la producción nacional; reprogramar el pago del componente en divisas de las obras contratadas a Brasil, Irán y otros países, cancelándoles el saldo con los bonos de la deuda externa recomprados con descuento, o sustituyendo los pagos vencidos con nuevas emisiones de deuda. Otro margen nada despreciable para liberar divisas se encuentra en la reducción de gasto militar.

Medidas para evitar la liquidación de las reservas internacionales

Afirman que la liberación cambiaria se traducirá en una indetenible fuga de divisas que liquidará las reservas internacionales, pero resulta ser que es todo lo contrario. La unificación cambiaria a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo más bien activará nuevas fuentes de divisas provenientes de la inversión extranjera, exportaciones no petroleras, repatriación de capitales y el turismo internacional.

Claro está que la competitividad cambiaria es una condición necesaria más no suficiente. Las inversiones extranjeras como nueva fuente de divisas no petroleras exigen un clima de seguridad jurídica y paz laboral y esto pasa por la adecuación del marco legal, particularmente la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Mercado de Capitales, la Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Concesiones y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.

Este nuevo marco legal contribuirá a crear un mejor clima para promover inversiones en la repotenciación de la infraestructura en parques industriales, la mejora de los servicios de electricidad, agua, gas, plantas de tratamiento, la gestión de puertos, aeropuertos y almacenes. Particularmente la reforma de la LOCTI deberá estar orientada a facilitar la inversión empresarial directa en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas para mejorar sus productos y procesos de cara al fortalecimiento de la calidad, productividad y competitividad internacional. @victoralvarezr

La ilusión monetaria

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El BCV por fin publicó el informe anual sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en el cual revela que la inflación acumulada durante 2015 alcanzó el 180,9%, la más alta desde el año 1996 cuando finalizó en 103,3%. Los precios de los alimentos se incrementaron 315%, muy superior al 102,2% registrado en 2014. Por sexto año consecutivo, la inflación en alimentos fue superior a la inflación anual promedio. De los 12 meses de 2015, cinco registraron tasas de inflación de dos dígitos. El mes en el que más subieron los alimentos fue en agosto, con 17,4%. Con 12 meses de inflación mensual al ritmo actual de 20%, las mediciones del propio BCV le van a terminar dando la razón al pronóstico de 720% de inflación que anunció el FMI. De hecho, la frecuencia de tiempo a la cual se duplican los precios es cada vez más corta y justamente eso es lo que anuncia la inminencia del proceso hiperinflacionario.  

Para compensar el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores que viven de un ingreso fijo, Nicolás Maduro anunció el aumento número 11 en los 3 años que van de su período presidencial. El salario mínimo pasa de Bs.9.649 a Bs. 11.578, con un incremento del 20%. También aumentó la base de cálculo del bono de alimentación que sube de 1,5 a 2,5 de la Unidad Tributaria y pasa de Bs. 6.750 a Bs. 13.275. Sumando salario y bono, el ingreso nominal de los trabajadores pasará de 16.399 a 24.853 bolívares.

Pero recordemos que un aumento de los ingresos nominales que no esté respaldado con su correspondiente aumento en la productividad y la producción, se traduce en una mayor inflación que anula el aumento. El ajuste salarial con el que se pretende compensar la erosión de la inflación no está asociado a incrementos en la productividad del trabajo y se realiza en una economía caracterizada por crecientes índices de escasez debido a que el aparato productivo no termina de reactivarse en un contexto de inseguridad jurídica, amenazas de expropiación y conflictividad laboral. A su vez, la escasez de divisas sentencia que las importaciones serán cada vez menores.

Así, la caída de la producción nacional combinada con menores importaciones se traduce en mayor escasez y grandes presiones en la formación de precios. En una economía con una alta inflación de costos y de demanda, y una creciente escasez estructural, este aumento incrementará el circulante monetario sin el correspondiente aumento de la cantidad de bienes y servicios. Esto presionará aún más los precios. Con un déficit fiscal de más de 20 % del PIB y el financiamiento de este déficit con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, Venezuela se encuentra en la antesala de la hiperinflación, un fenómeno que fue entendido y superado en todo del mundo, pero que en Venezuela amenaza con empobrecer aún más a los hogares.

El Gobierno no ha logrado controlar el incremento sostenido y vertiginoso de los precios. Y en la carrera de los salarios contra la inflación, siempre salen perdiendo los salarios. Este nuevo aumento se queda corto frente a la inflación y, paradójicamente, genera más inflación porque se paga con la emisión de bolívares que no tienen respaldo y no refleja un incremento real en la productividad. En efecto, para poder pagar el aumento en ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías, etc., el Gobierno tendrá que tramitar un crédito adicional cuya inyección a la circulación doméstica no tiene el debido respaldo en un aumento de la producción. En consecuencia, la presión de demanda adicional que significa más dinero en una economía con menos mercancías que comprar, desembocará en una inflación mayor al incremento del salario mínimo y del bono de alimentación.  

Una vez más, el aumento salarial “será pan para hoy y hambre para mañana”, porque la consiguiente inflación volverá sal y agua el aumento. Pura ilusión monetaria porque las familias que viven de un ingreso fijo nominalmente ganarán más bolívares, pero realmente podrán comprar menos bienes y así buena parte de sus necesidades básicas quedará insatisfecha. @victoralvarezr

 

Medidas económicas: insuficientes e inocuas

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Los anuncios del presidente Nicolás Maduro han generado reacciones contradictoras. Entre los seguidores del oficialismo preocupados por la prolongada inacción gubernamental, estas medidas han sido celebradas como un signo de recuperación de una política económica en estado de coma. Mientras que en la oposición, los anuncios han sido valorados como un paquetazo rojo que encarecerá el transporte, alimentos y medicinas y, por tanto, empobrecerá más a la Nación.

Desde mi perspectiva, las medidas son insuficientes e inocuas para erradicar las causas estructurales de la caída de la producción y los consiguientes problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que devoran los salarios reales y destruyen el bienestar de la población.

Reconocer que “la red de mercados Bicentenarios se pudrió” tuvo que estar acompañado de un cambio radical de la agotada política de controles de precios e ineficientes subsidios que, al prolongarse exageradamente en el tiempo, degeneraron en una gama de incentivos perversos al desvío de alimentos y medicinas a los mercados informales e ilegales de buhoneros, bachaqueros y contrabandistas que encontraron la oportunidad de lucrarse aprovechando las desviaciones de la política económica. Sin embargo, la solución es inocua, toda vez que se basa en la creación de una Mega-corporación de Alimentos que será mucho más difícil de controlar, sus procedimientos serán muy opacos y terminará siendo otro caldo de cultivo para nuevos escándalos de corrupción. Mientras se sigan atacando las consecuencias del problema pero no se erradiquen las verdaderas causas, el remedio será peor que la enfermedad.

La creación de un estado Mayor para la fijación de precios tampoco resuelve el problema. Parte de un diagnóstico equivocado que confunde la especulación con la inflación. Creer que los precios suben porque inescrupulosos empresarios especuladores lograron vulnerar el sistema de controles y en adelante lo que toca es reforzarlos, ignora que el actual auge inflacionario es causado por el colapso del aparato productivo nacional que fue barrido por las importaciones baratas que se hicieron a lo largo de una década en la que prevaleció una tasa de cambio sobrevaluada que estimuló toda clase de importaciones que desplazaron y arruinaron la producción agrícola e industrial. Cuando se mezcla la escasez con el desbordamiento de la demanda que es causada por el financiamiento del déficit fiscal con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo, esta masa de dinero al ser inyectada a la circulación doméstica, salen a comprar productos y dólares cada vez más escasos, todo lo cual se traduce en una alza sostenida de los precios, así como del dólar paralelo. Si el PMVP se mantiene congelado mientras aumentan los precios de las materias primas, maquinarias, fuerza de trabajo, etc., llega un momento en que los costos de producción superan los precios congelados y, como nadie produce para perder, se desincentiva la producción  e inevitablemente estallan los problemas de desabastecimiento y escasez.

El nuevo esquema de precios de la gasolina no le permitirá a Pdvsa cubrir los costos de producción ni mucho menos generar un excedente para alimentar el Fondo de Misiones Sociales. Si se ajustan por inflación los últimos datos oficiales sobre los costos de refinación, transporte y comunicación de la gasolina, estos no bajan de 9 Bs/litro, lo que quiere decir que 1 o 6 Bs/litro Pdvsa seguirá soportando un ruinoso subsidio que deteriora sus finanzas. Mientras la diferencia de precios entre el mercado interno y los países vecinos sea superior a 150 veces, se mantendrán los incentivos perversos al contrabando de extracción que, según las propias denuncias del Ministerio de Petróleo y Pdvsa, superan los 100 mil barriles diarios. Estos siniestros incentivos se hubiese podido erradicar aplicando un ajuste escalonado en tres semestres: en el primero el precio sería equivalente al 50% del precio promedio en dólares de los países vecinos, el cual sería convertido en bolívares a la nueva tasa de 10 Bs/$; en el segundo se elevaría al 75% y en el tercer trimestre al 100 %, ya que solo así se desestimularía el contrabando de extracción. A lo largo del ajuste, las ganancias que se obtengan del nuevo precio de la gasolina serán invertidas en la modernización del sistema de transporte público, de tal forma que los principales beneficiarios sean los sectores populares que hasta no se han beneficiado para nada del escandaloso subsidio a la gasolina.

El nuevo Sistema de Divisas es otro saludo a la bandera y no resuelve los problemas financieros de Pdvsa ni representa un incentivo para la inversión extranjera o la repatriación de capitales. Si a 25 $/b de 159 litros de petróleo a Pdvsa se le obliga a vender su ingreso en divisas a 10 $/b, solo recibirá 250 bolívares por barril de petróleo. O sea, apenas 1,57 Bs/litro de petróleo. Los bolívares que obtiene Pdvsa al vender su ingreso en divisas a una tasa tan baja no le alcanzan para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, pagar las deudas con proveedores, ni para transferir recursos a las misiones sociales. Por eso se endeuda con el BCV que es obligado a imprimir enormes cantidades de dinero sin respaldo. Y, al ser estos inyectados a una economía con creciente escasez de bienes, lo que se hace es agravar la inflación.

El aumento de sueldos y bonos de alimentación otra vez terminará siendo “pan para hoy y hambre para mañana”. Pura ilusión monetaria, ya que este aumento rápidamente quedará convertido en sal y agua por la voracidad inflacionaria y, aunque nominalmente ganen más bolívares, lo trabajadores que viven de un ingreso fijo podrán comprar menos bienes.

Los 14 motores no podrán ni siquiera despegar mientras no se corrija la turbulencia macroeconómica y cesen los gritos de guerra contra la inversión privada nacional y extranjera, la cual no vendrá al país bajo un clima de inseguridad jurídica y conflictividad laboral. @victoralvarezr                   

De Agroisleña a Agropatria: cuando estatizar no es socializar

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

Agroisleña fue expropiada en 2010 mediante el decreto 7.700 en el que estableció “la adquisición forzosa de los bienes muebles, inmuebles y bienechurías”. La compañía ha planteado que los accionistas del Grupo Agroisleña esperan el pago de la justa compensación económica por la expropiación, de acuerdo con lo establecido en las leyes venezolanas. Recientemente el Ministro de Agricultura Productiva y Tierras anunció su disposición a reunirse con representantes de Agroisleña para discutir aspectos legales sobre el litigio, anticipando que no se trata de una devolución, sino de analizar el litigio.

Ante la inoperancia y falta de producción de las empresas estatales, para superar los graves problemas de escasez que azotan a la población, en voz baja voceros del oficialismo han planteado devolver a sus propietarios las empresas expropiadas. Este espíritu autocrítico pasa por reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas, Sin embargo, en el numeral 8 del decreto de Emergencia Económica que la AN acaba de rechazar, el Gobierno planteó sin ningún pudor autocrítico “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.

Estatizar no es socializar

Estatizar no es socializar, ni mucho menos democratizar la propiedad. Las expropiaciones no rindieron los resultados que el Gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo y el pseudosindicalismo que se aliaron para sabotear e impedir la participación de los trabajadores directos en la dirección y gerencia de esas empresas. Sin comprender las razones que llevaron al colapso del socialismo del siglo XX, se repitió el error de expropiar y estatizar, creyendo que de esa forma se estaba socializando y democratizando la propiedad de empresas productivas. Pero una vez expropiadas, terminaron secuestradas quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.

Con el fin de rescatar esas empresas y aliviar la pesada carga que representan para la gestión fiscal, el gobierno más bien tendría que ofrecer a la inversión nacional y extranjera un porcentaje de participación accionaria en las empresas expropiadas y estatizadas que tienen potencial de recuperación, acompañando el riesgo que representa esta inversión con un conjunto de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades tecnológicas e innovativas, etc.

 

La participación de los trabajadores

La democratización de la propiedad de estas empresas debe contemplar la participación de los trabajadores en todos sus niveles gerenciales, administrativos y operativos. Así, los dividendos que correspondan a su participación accionaria, en lugar de ser repartidos como dividendos individuales, serán la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo en la empresa, aliviando así las exigencias de los trabajadores en cada contratación colectiva, que en gran medida quedarían cubiertas con la inversión laboral de este porcentaje de ganancias.

Este proceso se puede llevar a cabo a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la cual diseñaría los instrumentos necesarios para traducir en participación accionaria de los trabajadores, el equivalente monetario de los incentivos de política económica que las empresas recibirían para lograr la reactivación de las empresas desestatizadas y socializadas, más no privatizadas. La Bolsa Pública tendría la tarea de diseñar una nueva gama de servicios e instrumentos en el mercado de valores, con el fin de propiciar una distribución progresiva del ingreso y reducir los niveles de desigualdad.

Como contrapartida al financiamiento blando que recibiría de la banca pública, la empresa emitiría por un valor equivalente el monto de acciones que pasaría a ser propiedad del Consejo de Trabajadores, dejando claro que el monto de las ganancias que anualmente corresponda al porcentaje de esta participación accionaria, en lugar de ser repartido como dividendos individuales entre los trabajadores, una parte sería destinada a pagar el crédito con el cual se compraron las acciones, mientras que el saldo sería invertido en la mejora de las condiciones laborales dentro de la empresa (comedor, gimnasio, baños, áreas de recreación y descanso, etc.) y en el financiamiento de proyectos de interés común que contribuyan a mejorar su calidad de vida y grado de bienestar de los trabajadores y sus familias, tales como las micromisiones sociales: Mercal para los trabajadores de la empresa, Misión Salud para toda su nómina, Misión Vivienda para quienes aún no tengan casa o apartamento propio, Misión Ribas para los que deseen terminar su bachillerato o la Misión Sucre para los trabajadores que quieran continuar sus estudios universitarios, etc.. Esto aliviará la carga fiscal que representa la política social, la cual tendría un carácter menos asistencialista y compensatorio, y quedaría cada vez más vinculada al esfuerzo productivo de los beneficiaros de estos programas sociales.

De esta forma, los trabajadores –en lugar de reeditar el clima de conflictividad que se repite tanto en las empresas estatales como en las privadas-, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y financiero de sus propias empresas, toda vez que –al convertirse en copropietarios sociales de las mismas- asegurarían que el porcentaje de las ganancias correspondiente a su participación accionaria sea la fuente de recursos para financiar proyectos de interés común para todos los trabajadores de la empresa.  @victoralvarezr

¿Logró la gira de Eulogio Del Pino mejores precios del petróleo?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, emprendió desde el 30 de enero una larga gira por Rusia, Qatar, Irán y Arabia Saudita con el fin de explicar la propuesta para “recuperar el equilibrio” en el único mercado donde el gobierno entiende el funcionamiento de la Ley de la Oferta y la Demanda: el mercado petróleo. En los demás mercados cualquier mención a la defensa de los mecanismos de los precios es considerado neoliberalismo puro y duro.  

Para sustentar la posibilidad real de recuperar y estabilizar la cotización del petróleo en los mercados internacionales, es necesario comprender las causas coyunturales y estructurales que determinan la evolución de los precios. En primer lugar, la combinación de una menor actividad económica global con una mayor producción de países No-OPEP ha provocado un exceso de oferta estimada en 2 millones de barriles diarios y, en consecuencia, el derrumbe de los precios.

En la OPEP hay visiones distintas que generan crecientes tensiones. La caída de los precios  golpea los ingresos de países como Venezuela, Irak, Nigeria que, agobiados por sus déficits fiscales y próximos pagos de deuda, requieren acciones urgentes para lograr que el precio del crudo salgan del foso en el que han caído. Pero Arabia Saudita -país que cuenta con suficientes reservas en divisas para soportar la caída de los precios-, es partidario de dejar que sea el mercado quien restaure los precios, en lugar de recortar la producción. La suspensión de las sanciones a Irán se traduce en un incremento en la oferta en torno a los 500 mil barriles diarios, cuestión que acentuará las presiones a la baja de los precios del petróleo.  

Precios bajos dejan por fuera a los petróleos caros que se extraen con la técnica del fracking. Por eso importantes productores de la OPEP, en lugar de recortar, prefieren mantener su nivel de extracción. Sobre todo Arabia Saudita, que no está dispuesta a sacrificar su producción para que otros países no OPEP ocupen su cuota de mercado.

La apreciación del dólar en comparación con otras monedas de reserva también afecta negativamente los ingresos de los países exportadores de petróleo y materias primas que facturan en dólares sus exportaciones. Un mayor poder de compra de la divisa estadounidense se traduce en menos dólares por barril.   

Pero lo más importante son los cambios estructurales en la matriz energética mundial debido a la difusión de las tecnologías de información que mejoran la eficiencia energética y determinan que hoy es posible producir la misma unidad de PIB con menos energía. En 2017, EE.UU. pasará a ser el primer productor de crudos con su petróleo de esquisto y dejará de comprar tanto petróleo a los países de la OPEP.

Contradicciones entre Plan de la Patria y posición de Venezuela en la OPEP

El gobierno venezolano propone una banda que opere como mecanismo activador de recortes/aumentos de la producción para estabilizar el precio del petróleo, pero contradictoriamente el objetivo N° 3 del Plan de la Patria plantea duplicar la extracción y llevarla de 3,3 a 6 millones de barriles diarios. Habría que preguntarse, entonces, si duplicar la extracción de petróleo es coherente con el propósito de la gira de Eulogio del Pino por los países de la Opep. ¿Qué pasará con los precios cuando Venezuela pueda extraer tanto petróleo?

En materia de política petrolera, el objetivo cardinal del gobierno bolivariano ha sido reivindicar precios más justos para el petróleo, lo cual suele ir a contrapelo de maximizar la extracción del crudo. Controlar los volúmenes de producción es la mejor manera de defender un nivel alto para los precios del petróleo. Por lo tanto, duplicar la extracción puede inducir a los demás países de la OPEP a aumentar su producción, provocando así una sobreoferta de crudos que pudiera hundir los precios. Esto significaría retroceder al tiempo en que los países miembros resquebrajaron su disciplina de cuotas, aumentaron unilateralmente la producción y provocaron una sobreoferta que colapsó los precios.

Recordemos que en los años 90, PDVSA, al maximizar los volúmenes de extracción, incurrió en una frecuente violación de la cuota fijada por la OPEP y fue un factor determinante en el derrumbe de los precios petroleros. En consecuencia, si controlar los volúmenes de producción es la estrategia del gobierno para defender el precio del petróleo, al duplicar el volumen de producción -tal como lo Plantea el Plan de la Patria-, esto inducirá a los demás países de la OPEP a aumentar también su producción, lo que provocaría una sobreoferta de crudos que descalabraría los precios del petróleo y daría al traste con la aspiración de estabilizar en una banda el precio de los crudos.

Lograr mejores precios para el petróleo está en abierta contradicción con incrementar su extracción. En la lógica del mercado petrolero, estos objetivos son irreconciliables. El aumento de la producción provoca una baja en los precios, y viceversa. Este es el círculo vicioso en el que quedan atrapadas las economías que dependen de la exportación de un recurso natural, toda vez que al aumentar la extracción para obtener una mayor renta, los precios se desploman y el ingreso rentístico colapsa.

A la luz de los factores antes explicados, resulta poco probable que los precios del petróleo superen el mínimo de 40 $/b estimado para el presupuesto 2016. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Plan de la Patria se plantea duplicar la extracción de petróleo, lo cual se contradice con el planteamiento que el gobierno venezolano ahora le hace a la OPEP de activar un mecanismo regulador para recortar la producción y defender los precios. @victoralvarezr

 

Lo que reveló el Decreto de Emergencia Económica

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

El análisis del Decreto de Emergencia Económica (DEE) que fue rechazado por la Asamblea Nacional (AN) ayuda a revelar la orientación de la política económica para el año 2016. Sobre esta base podremos evaluar la pertinencia y relevancia de las medidas que impulsará el Gobierno y que pudieran estar contempladas en otras formas de estado de excepción.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Estados de Excepción, la emergencia económica es una forma de estado de excepción que permite al Gobierno dictar medidas que pueden sobreponerse a las Leyes vigentes en materia económica. Una vez habilitado, el Ejecutivo regula los derechos fundamentales cuyas garantías han sido restringidas, tales como la libertad económica y la propiedad privada.

El Gobierno quiso que la AN le aprobara por unanimidad el Estado de Emergencia Económica para “adoptar las medidas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana”. La AN negó el Decreto argumentando que para adoptar las medidas necesarias para superar la crisis el Gobierno ya cuenta con un marco legal vigente y, por lo tanto, no se necesita ningún Decreto de Emergencia Económica. , sino voluntad política para superar la inercia y romper la inacción de un equipo de gobierno que pareciera no comprender la naturaleza de la crisis, ni sabe cómo utilizar el importante margen de maniobra que aún tiene el Ejecutivo Nacional para enderezar el rumbo económico del país.

El Gobierno no entiende la naturaleza de la crisis

Al analizar el alcance de las medidas contempladas  queda claro que el gobierno no entiende la naturaleza de la crisis y se empeña en aplicar controles, medidas administrativas y arremetidas de fiscalización, sin detenerse a reflexionar sobre el impacto de los desequilibrios macroeconómicos y sectoriales como verdadera causa de la crisis.

El gobierno se empeña en prolongar una política económica basada en controles, multas y penas de cárcel que alejan la inversión y agrava los problemas de escasez, acaparamiento y especulación. Antes que un DEE, la superación de esta problemática impone la necesidad de aplicar un programa básico de medidas macroeconómicas, sectoriales e institucionales que permitan reactivar la económica y asegurar un crecimiento estable y sostenido.

Un gobierno puede equivocarse, pero solo ha fracasado cuando empieza a culpar a otros de sus propios errores. En los supuestos del Decreto de Emergencia Económica se afirma erróneamente que “las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo”. Esta interpretación ignora que el comportamiento errático de los precios del petróleo se debe a los altibajos de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo, así como a las tensiones bélicas entre los países del Medio Oriente. Sin embargo, confundiendo el fenómeno con su esencia, se insiste en los fundamentos del DEE que el colapso de los precios del petróleo está “afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país, generando un obstáculo a la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”. Lo que ha provocado esta crisis fiscal que amenaza con quebrar las finanzas públicas es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo siempre seguirían subiendo llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero, en lugar de alimentar el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tal como lo ordena el artículo 321 de la CRBV, para poder enfrentar los tiempos de escasez.

Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa, pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más igualitaria del mundo. La explicación: el ahorro de la renta petrolera para atender las necesidades futuras. Con el fin de  financiar a largo plazo su Estado de bienestar, Noruega deposita en el Banco Noruego de Inversiones casi toda la renta petrolera que recauda a través de impuestos al sector petrolero, regalías por yacimientos y dividendos por su participación mayoritaria en Statoil, la empresa petrolera noruega. En otras palabras, el ingreso petrolero no se gasta sino que se invierte, y el Gobierno solo puede hacer uso de los rendimientos. Actualmente maneja un monto superior a los 850 mil millones de dólares. Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, cuando se calcula sobre semejante monto, se traduce en términos absolutos en una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para completar el gasto del gobierno que se financia sobre todo con impuestos.

La obstinación por evadir el control de la AN

Si algo se le ha criticado al actual Gobierno es la falta de transparencia a la hora de rendir cuentas sobre la administración  de los presupuestos públicos. Una y otra vez se le ha solicitado al gobierno transparencia sobre el destino y resultados de presupuestos anuales, créditos adicionales, así como los recursos del Fonden, Fondo Chino y otros fondos paralelos. Administrar sin facilitar información degeneró en un estímulo perverso a la corrupción, con casos que han estremecido a la opinión pública y que incluso fueron denunciados por exministros y altos funcionarios del propio Gobierno.

Sin reparar en este clamor nacional, el Gobierno solicitó un DEE para “disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” y “asignar recursos extraordinarios para proyectos previstos o no en la ley de presupuestos” sin autorización previa de la AN. Esto resulta inadmisible y activa las alarmas, toda vez que el Gobierno se propone  incrementar el precio de la gasolina y la simplificación cambiaria, decisiones que generarán recursos extrapresupuestarios que el Gobierno pretende utilizar de forma discrecional, sin control de la AN, y pueden convertirse en otro caldo de cultivo para que fermenten nuevos escándalos de corrupción. @victoralvarezr

 

¿Cómo controlar la inflación?

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencias

En el artículo 4 del Decreto de Emergencia Económica que no fue aprobado por la AN, el Gobierno planteó la posibilidad de controlar la libre circulación de efectivo, lo cual tendría un grave impacto sobre el funcionamiento del sistema de pagos y del sistema financiero. El Gobierno cree que controlando los retiros y transferencias bancarias podrá frenar el auge de los precios y proteger el poder de compra de la moneda nacional. No logra entender que el desequilibrio monetario que atiza la inflación se origina en el sometimiento del BCV a las exigencias de dinero que le impone el déficit de PDVSA y las empresas básicas. Se equivoca al creer que para proteger la moneda nacional basta con establecer límites a las transacciones en efectivo, cuando es el financiamiento monetario del déficit fiscal el principal factor propagador de la inflación en Venezuela. 

De insistir por esta vía, el pánico que generaría en las personas naturales y jurídicas podría conducir a un retiro masivo de depósitos, causando una grave crisis financiera que sería como un tiro de gracia a la maltrecha economía del país. Si el Gobierno insiste en controlar las operaciones bancarias estimulará retiros masivos y afectará el buen funcionamiento del sistema bancario. El acabose sería el estallido de una crisis financiera desencadenada por la incomprensión de las causas de la enfermedad y su empeño en atacar solo los síntomas, aplicando remedios que terminan siendo peor que la enfermedad. El récipe correcto está en la aplicación de los artículos 318 y 320 de la CRBV, que establecen claramente que el BCV no debería financiar el déficit de las empresas y entes públicos a través de la emisión de dinero sin respaldo.

Los precios del petróleo están por debajo de 25 $/b, pero el Gobierno mantiene la inercia de gastar con base en un petróleo a 40 $/b, que fue el precio estimado en el Presupuesto de 2016. Esta propensión a gastar más de lo que le ingresa anuncia otro año con un déficit fiscal superior al 10% del PIB. Lo más graves es que -a la luz de la última reforma a la Ley del BCV-, toda apunta que seguirá financiando este déficit a través de emisiones  de dinero sin respaldo. Con esta perniciosa práctica se agrava el desequilibrio entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios. Por eso el ciudadano de a pie que sale al mercado con mucho dinero buscando bienes escasos, lo único que consigue es una mayor inflación.  

La inflación solo podrá controlarse a través del diseño y ejecución de políticas macroeconómicas y sectoriales coherentes que ofrezcan un ambiente propicio a la inversión productiva. La corrección de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y de precios debe ser complementado con la ejecución de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas que contribuyan a la reactivación, reconversión y reindustrialización de la economía nacional. Es así como aumentará la oferta de los bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población.

La unificación del régimen de cambios múltiples a un nivel que exprese la verdadera productividad del sector transable, particularmente de la agricultura e industria, propiciará la sustitución eficiente de importaciones por producción nacional. Una vez superados los problemas de escasez en el mercado interno, el incremento sostenido de la producción sustentará la diversificación de la oferta exportable como nueva fuente de divisas que compense el colapso del ingreso petrolero. @victoralvarezr