¿Conviene vender CITGO?

Por: Víctor Álvarez R.

A comienzos de 1983, Venezuela estaba al borde del colapso. En una desesperada maniobra para evitar la debacle cambiaria en pleno año electoral, el gobierno de LHC ordenó transferir al BCV los recursos del Fondo de Inversión de Pdvsa que estaban depositados en los EE.UU. Esta decisión recrudeció las tensiones entre la tecnocracia de Pdvsa y la dirigencia política de la IV República, escenificadas en las frecuentes confrontaciones entre el presidente de Pdvsa y el Ministro de Energía y Minas. Para evitar que el gobierno nuevamente echara mano a los recursos de la compañía, en lugar de mantener activos líquidos, los gerentes petroleros decidieron invertir afuera todos los fondos. Comenzó así la internacionalización de Pdvsa, como estrategia para evitar que las ganancias de la empresa fueran transferidas al fisco.

Ya para entonces la tecnocracia de Pdvsa había consolidado un sólido control del negocio petrolero que le permitía retar a la dirigencia política de la IV República, tal como lo hizo en contra del Presidente Chávez cuando paralizaron y sabotearon la industria. Incluso CAP II hizo un intento fallido por detener la política de internacionalización de Pdvsa y no solo se opuso a la compra del 50% restante de Citgo, sino que ordenó vender la misma. Pero se impuso el criterio de la tecnocracia bajo el supuesto peligro de que la refinería fuera comprada por un competidor del petróleo venezolano en el mercado estadounidense. Así, las ganancias generadas por Citgo, lejos de contribuir con el fisco nacional, quedaron sometidas al severo régimen tributario estadounidense.  

Con el argumento de transformar el petróleo pesado en productos de valor agregado que generaran un mayor ingreso para la Nación, se continuó la compra de refinerías en el exterior. Así fue como se adquirieron la Veba Oil, Citgo y otras refinerías que no solo se encontraban en avanzado estado de obsolescencia tecnológica, sino que además fueron diseñadas para procesar petróleos livianos y no los crudos pesados que abundan en el subsuelo venezolano. De hecho, según la memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo, en 2013 Citgo procesó apenas 30% de petróleo nacional y el 70% restante fue comprado a precios de mercado en otros países, sobre todo a México, mientras que el crudo nacional es transferido con descuentos que afectan los ingresos de la casa matriz y los dividendos que ésta debe pagarle al Estado como su único dueño.

En Venezuela los crudos livianos y medios se están agotando. Las reservas probadas son fundamentalmente de petróleo pesado, por lo que en apenas unos años Citgo no podrá refinar petróleo venezolano. Su reconversión tecnológica exigiría una inversión millardaria, lo que hace mucho más rentable invertir estos recursos en nuevas refinerías en los países BRICS (Brasil, India, China) y de América Latina, en las que se procesen los crudos pesados de Venezuela. Además, hay que tener en cuenta que los EE.UU. trabajan en una nueva estrategia energética a largo plazo, sustentada en el desarrollo de fuentes alternas de energía y en los nuevos petróleos de lutitas, lo que impone una razón adicional para diversificar los mercados.

Estas razones nos permiten concluir que mantener  Citgo no será un buen negocio para Venezuela. @victoralvarezr

¿Cómo ganar la guerra económica?

Por: Víctor Álvarez R.

La guerra económica tiene como fin provocar una creciente escasez, acaparamiento, especulación e inflación para generar malestar en la población, minar la base de apoyo social del gobierno, lograr su derrota en las elecciones parlamentarias de 2015 y activar el referendo revocatorio en 2016. Enfrentar con éxito esta amenaza impone cortar de raíz el margen de maniobra que la propia política económica del gobierno bolivariano le concede a sus enemigos, quienes aprovechan al máximo las posibilidades de acaparar, especular y contrabandear para desestabilizar la economía y crear una crisis de gobernabilidad. 

Eliminar incentivos a la especulación cambiaria

La enorme brecha entre los extremos del régimen de cambios múltiples se ha convertido en un incentivo para atraer a los especuladores que buscan echarle mano a los dólares baratos de Cencoex para venderlos caros a la tasa de Sicad 2 o del paralelo. Esta abismal diferencia exacerba la mentalidad rentista hasta en el ciudadano de a pie, quien busca viajar a la tasa de 11 Bs/$ y al regreso pagar los gastos revendiendo el cupo de $ 500 a 80 Bs/$. Otros arman redes para obtener asignaciones a 49 Bs/$ en Sicad 2 que luego revenden en el paralelo. La especulación cambiaria se desborda con los delitos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, empresas de maletín, “raspacupos” y demás negocios ilegales a través de los cuales se sigue defraudando a la Nación. Derrotar a los especuladores implica cortar por lo sano y unificar las múltiples tasas de cambio para que se acabe de una vez por todas el perverso incentivo al rentismo parasitario y corrupto que ofrece la propia política cambiaria.

      Eliminar incentivos al contrabando de extracción

La política de precios se basa en un sistema de subsidios a fin de garantizar precios solidarios a los trabajadores venezolanos. Por eso, los productos de la canasta básica, combustibles, electricidad, gas doméstico, agua potable, etc. se mantienen congelados durante varios años. Sin embargo, suele ser tan bajo el PVP en el mercado nacional en comparación con los países vecinos, que esa diferencia estimula un descomunal contrabando de extracción. Según datos de voceros oficiales, por esta vía se pierde más del 40% de los productos subsidiados, siendo esta una de la causas de la escasez que azota a los consumidores locales. Un solo dato: en Colombia el litro de gasolina que cuesta 2.275 pesos, en Venezuela se consigue a solo 29 pesos. Dicho en bolívares, lo que aquí cuesta apenas 0.097  céntimos, allá cuesta Bs 7.5. Llenar en la frontera un tanque de 80 litros sale en 2.320 pesos, lo que cuesta un solo litro en Colombia. Así, lo que compran por 2.320 pesos lo revenden luego por 182.000 pesos. Con un viaje diario obtienen $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Mientras se mantenga semejante diferencial de precios persistirá el incentivo al contrabando de extracción, el cual asciende a 100 mil barriles diarios, según la propia Pdvsa. Con base en un precio de 100 $/barril, 100 mil barriles diarios por 365 días al año equivalen a $ 3 mil 650 millones al año, un negocio que genera a las mafias sumas más que suficientes para corromper y amenazar a quienes terminan siendo cómplices y parte del contrabando de extracción. Y lo mismo ocurre con los alimentos, medicamentos, productos de higiene personal, etc., cuya escasez se sufre incluso en la red Mercal, Pdval, Bicentenario y Farmapatria, donde se observan anaqueles vacíos. Así, el millardario desembolso que el gobierno hace al subsidiar productos de primera necesidad termina siendo anulado, no solo por las poderosas mafias de contrabandistas, sino por los propios buhoneros y revendedores del sector informar que a cada nuevo control le inventan su manera de burlarlo. Derrotar a los contrabandistas, bachaqueros y revendedores implica nuevamente cortar por lo sano, homologando el precio de estos bienes al nivel que tiene en los países vecinos  y acabar así con el incentivo al contrabando de extracción que ofrece ese enorme diferencial de precios. ¿De qué vale un PVP subsidiado y controlado si el producto no se consigue?.

     Eliminar los factores propagadores de la inflación

El control de precios ha mostrado sus límites. Se controla el precio final pero se dejan liberados los precios de los insumos. Así, hasta en la economía social los costos de producción superan el precio controlado y desestimulan la producción. Como nadie produce para perder, surgen brotes de acaparamiento que agravan la escasez. Y cuando finalmente se corrige el rezago de varios años, se liberan las compuertas de la inflación que estaba artificialmente represada. 

La inflación anualizada al mes de agosto está en 63,4 %. Si esta tendencia sigue, a final de año la inflación puede estar cerca del 100 %. Cuando los bancos centrales pueden crear dinero, suele ser una tentación para un gobierno en déficit buscar financiamiento en el instituto emisor, a través de la emisión de bonos que la autoridad monetaria compra. Al mes de agosto, el financiamiento del BCV a Pdvsa supera los Bs 515.853.533 millones, sin que la producción haya aumentado en la misma proporción. La expansión de la liquidez monetaria -sin respaldo en el aumento de la oferta de bienes-, se traduce en un deterioro del poder de compra de la moneda. Derrotar la inflación exige prohibir el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV, toda vez que el crecimiento de la liquidez monetaria en un mercado afectado por crecientes índices de escasez es una de las causas propagadoras de la inflación. En la práctica se trata de un impuesto inflacionario que recae con más peso sobre la capacidad de compra de los sectores que viven de un ingreso fijo, que es justamente la base de apoyo social que a la Revolución Bolivariana le interesa proteger y preservar. @victoralvarezr

¿Tendrá un impacto inflacionario la unificación cambiaria?

Por: Víctor Álvarez R.

A la unificación cambiaria se le atribuye un impacto inflacionario que pudiera no ser tal, toda vez que el alza en los precios derivada de una mayor tasa de cambio oficial se ha ido absorbiendo a medida que las importaciones previstas a la tasa de Cencoex han sido trasladadas a Sicad 1. Ante la certeza de que esta migración a Sicad 1 tarde o temprano se concretará -como un paso intermedio a un tipo de cambio aún mayor-, un número creciente de precios tiende a ser calculado con base en la tasa de Sicad 2 y el paralelo. Unificar las múltiples tasas de cambio en una sola permitiría sincerar esta situación y comenzar a  calcular el PVP a partir de una sola tasa de cambio menor que Sicad 2 y el paralelo, lo cual se traduciría más bien en una baja de la inflación.

Cencoex, Sicad 1 y 2 han devenido en un complicado régimen que -al dificultar el acceso a la divisa oficial y trasladar la demanda insatisfecha al mercado paralelo-, tiende a ampliar la brecha cambiaria y a recrudecer las distorsiones en la formación de los precios. El régimen de restricciones obliga a comprar las divisas más caras y termina anulando el anclaje de la tasa Cencoex como instrumento de política antiinflacionaria. Cuando falla el régimen cambiario (liquidación transparente, oportuna y suficiente de divisas) los objetivos antiinflacionarios de la política cambiaria se ven, entonces, anulados.

¿A qué nivel se fijará la tasa única?

La nueva cotización de la divisa tendrá que estar en un punto intermedio entre los actuales extremos, cuya enorme brecha indica que la tasa Cencoex está considerablemente sobrevaluada, a la vez que la de Sicad 2 está muy subvaluada. Ante un bajo nivel de reservas internacionales y el actual exceso de liquidez, un cambio único a un nivel menor que Sicad 1 no resultaría confiable ni sostenible, toda vez que las presiones de demanda en el mercado cambiario harían muy difícil aislar los factores especulativos para estabilizar la nueva tasa, sobre todo si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos.

De allí que una referencia para la unificación cambiaria podría ser 25 Bs/$, que es donde se estima está el tipo de cambio de equilibrio. Si a 25 Bs/$ la sumatoria de la oferta pública y privada de divisas satisface la demanda, ya no habrá razones para precios tan altos del paralelo y este desaparecerá. Mientras más inminente sea la unificación, quienes amasan grandes fortunas especulando tenderán a vender sus posiciones en divisas antes de que el paralelo caiga a su mínimo nivel.

¿Es sostenible la unificación cambiaria?

La confiabilidad y sostenibilidad de una tasa de cambio de 25 Bs/$ pasa por centralizar en el BCV más de $ 130 millardos que tiene la Nación regados en distintas cuentas. Esto demostrará que se dispone de un nivel más que suficiente de divisas para atender las necesidades de importación y pago de deuda externa, y para enfrentar con éxito cualquier ataque especulativo o fuga de divisas.

Al despejarse la incertidumbre sobre la tasa de cambio futura, se reactivarán los flujos de inversión extranjera, exportaciones no petroleras, turismo internacional y repatriación de capitales. Esto aumentará la oferta de divisas y el dólar paralelo –que marca la formación de precios- tenderá a la baja, tal como ocurrió cuando se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios, se activó el Sicad 2 y el paralelo cayó de casi 100 Bs/$ a menos de 70 Bs/$.

Al obtener más bolívares por cada dólar que el gobierno venda, la propia unificación cambiaria aliviará el déficit fiscal. Si además sincera el precio de la gasolina, PDVSA podrá sanear sus finanzas y no tendrá que recurrir a nuevos endeudamientos con el BCV. Así, el instituto emisor recibirá menos presiones para emitir dinero base, lo cual ayudará a poner freno al desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria y aliviar las presiones sobre el mercado cambiario.

Para afianzar la sostenibilidad de la unificación cambiaria es necesario complementarla con una reforma fiscal orientada a mejorar la recaudación, aumentar la alícuota de ISR, reducir el IVA, y reactivar los impuestos al lujo, activos empresariales, transacciones financieras y débito bancario, así como racionalizar el arancel de aduanas plagado de exenciones y exoneraciones que no se justifican.

¿Qué hacer con las ganancias cambiarias?

Así como se ha planteado destinar las ganancias que genere un precio justo de la gasolina a financiar las prioridades sociales, en el caso de las ganancias cambiarias estas deberían destinarse al financiamiento de la reactivación, reconversión y reindustrialización del aparato productivo nacional, en función de transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

Las ganancias cambiarias pueden ser la fuente de financiamiento para los programas de políticas agrícola, industrial y tecnológica que permitan reimpulsar la producción nacional, en función de sustituir importaciones, ahorrar divisas y mejorar aún más el balance en el mercado cambiario. Así, la combinación complementaria de las medidas macroeconómicas con las políticas sectoriales ayudaría a abatir las presiones inflacionarias, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, creando las condiciones necesarias para bajar drásticamente el ritmo inflacionario, estabilizar los precios y proteger la capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría que vive de un salario fijo. @victoralvarezr

¿Devaluación o reforma fiscal?

Por: Víctor Álvarez R.

En Venezuela, la sobrevaluación del tipo de cambio y la baja presión fiscal han sido dos de los mecanismos más utilizados para distribuir la renta petrolera, con el consiguiente sacrificio de los ingresos fiscales que supone un precio del dólar por debajo de la tasa de equilibrio y una menor recaudación de tributos. En lugar de utilizar la política fiscal como un mecanismo para lograr una redistribución progresiva del ingreso, en Venezuela lo que ha predominado es la distribución de la renta petrolera para compensar la inequidad en la distribución del ingreso y financiar el presupuesto nacional. De allí que la política tributaria no haya ejercido mayores presiones sobre el sector privado, a través del cobro de impuestos a un nivel semejante al de otros países.

¿En qué consiste la Revolución Fiscal?

El gobierno nacional anunció una Revolución Fiscal que ha activado las alarmas en el sector empresarial, toda vez que se propone un aumento de la recaudación tributaria, en lugar de poner el énfasis en la disciplina fiscal. Consideran que nuevos impuestos sobre las empresas puede desincentivar aún más la inversión.

En Venezuela la presión fiscal sobre la empresa privada es muy baja si se le compara con otros países. Mientras en América Latina los gobiernos de orientación neoliberal que conceden una amplia gama de exenciones, exoneraciones y otros incentivos fiscales a la inversión, logran recaudar entre 25%-30% del PIB, en Venezuela la recaudación fiscal no petrolera apenas llega al 15% del PIB. Por eso, una vez más se plantea la reforma fiscal para lograr que la contribución de los privados sea semejante a su aporte en otros países. 

Esta reforma tiene que partir por perfeccionar la recaudación de los tributos ya existentes como el IVA y el ISLR. El abanico de medidas va desde el alza de la unidad tributaria y el ajuste de los timbres fiscales hasta el incremento de las alícuotas del ISLR, pasando por la reactivación del IDB, del Impuesto a las Transacciones Financieras, del Impuesto al Lujo y un aumento de los impuestos a licores y cigarrillos. Debe incluir la eliminación de las exenciones y exoneraciones del arancel de aduanas que no se justifican, así como la corrección de los subsidios regresivos a la gasolina, electricidad, gas y agua que favorecen a sectores residenciales de alto consumo, los cuales no necesitan que se les subsidie nada. Otra fuente importante de recaudación se encuentra en la reactivación del cobro de peajes en la red vial.

¿Es viable la Revolución Fiscal?

La viabilidad social y económica de la reforma debe ir acompañada de una reducción significativa del IVA, así como de la presión parafiscal que imponen las contribuciones establecidas en las leyes de ciencia y tecnología, deporte, drogas y otras contribuciones a la cultura, economía comunal, turismo, etc. cuya sumatoria hace que esta carga parafiscal sea mucho mayor que en Venezuela que otros países.  

La viabilidad y sostenibilidad de la Reforma exige cambiar la política fiscal pro-cíclica al control de los ciclos económicos. La gestión fiscal se ha empeñado en aumentar el gasto público cuando aumenta el ingreso petrolero y recortar el presupuesto cuando cae la renta, en lugar de ahorrar en tiempos de bonanza para compensar los tiempos de escasez.

El gobierno no está capacidad de seguir subsidiando de manera indefinida y sin condiciones empresas del Estado que no son estratégicas ni rentables. Es absurdo que empresas que generan crecientes pérdidas cancelen millardarias sumas de dinero por concepto de bonos a la productividad, meritocracia y dividendos, cuando lo que dan es pérdidas. La solución pasa por activar un esquema de incentivos asociados a la mejora del desempeño empresarial y de un programa de reconversión laboral para transformar la burocracia improductiva en nuevos emprendedores. Solo así se podrá impulsar la transformación de la cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, en una nueva cultura sustentada en el valor del trabajo: “de cada quien según su capacidad y a cada cual según su trabajo”.

La devaluación con fines fiscales

En Venezuela, la devaluación suele ser el mecanismo al cual se apela para corregir el déficit fiscal. Como el Estado es el perceptor del mayor porcentaje del ingreso en divisas, le resulta fácil venderlas a un precio mayor y automáticamente obtiene ingresos extraordinarios que le permiten corregir el déficit, sin atacar las verdaderas causas del deterioro fiscal asociadas a los desequilibrios macroeconómicos y sectoriales.

La estabilización del precio del petróleo aunado al estancamiento de la extracción del crudo, al irracional subsidio a la gasolina y al creciente consumo en plantas termoeléctricas, ha mermado el ingreso fiscal petrolero,  a la vez que se mantiene un creciente gasto público. Esto ha desembocado en un déficit fiscal superior al 10% del PIB.

Una vez más el modelo rentista acusa señales de agotamiento. Si el gobierno logra incrementar la recaudación de impuestos, unificar las múltiples tasas de cambio en torno a 25 Bs/$ y sincerar el precio de la gasolina, en conjunto estas medidas permitirían generar ingresos superiores al 12% del PIB. Así se corregiría de raíz el déficit fiscal, en lugar de seguir financiándolo con emisiones de dinero inorgánico en un mercado con crecientes índices de escasez, lo cual agrava la inflación, eleva la demanda de divisas escasas, hace crecer la brecha entre la tasa de cambio oficial y el paralelo, y mantiene viva la especulación cambiaria y de precios que tanto malestar causan en la población. @victoralvarezr

¿Por qué el litro de gasolina debe costar Bs. 4?

Por: Víctor Álvarez R.

El pasado 28 de agosto se realizó el foro de Últimas Noticias “El precio de la gasolina: necesidad y efectos de un ajuste”. Allí planteamos que el escandaloso subsidio a los combustibles se ha convertido en un despojo de los recursos que corresponden a los que menos tienen, para que los disfruten quienes más tienen. Para superar las creencias limitantes sobre lo que puede ocurrir en Venezuela si se sincera el precio de gasolina, aportamos elementos para un debate educativo que permita fijar un precio justo para el combustible y propusimos mecanismos para asegurar que las ganancias sean invertidas en proyectos de interés nacional. Entre las creencias limitantes abordamos la falsa naturaleza antipopular del aumento, al cual se le atribuye ser el detonante de un estallido social.

En Venezuela, un litro de gasolina de 95 octanos cuesta Bs. 0,097. En EE.UU o la Unión Europea puede llegar a 2 $/litro. Pero no se trata de subir el precio al nivel internacional ni de seguir regalando la gasolina. Ni tan calvo ni con dos pelucas. En países con gobiernos de izquierda como Bolivia, Ecuador, Uruguay o Nicaragua, el galón de 3.78 litros cuesta $ 3.90, algo más de 1 $ /litro. En esos países que tienen precios solidarios para la población, llenar un tanque de 60 litros cuesta $ 60. Aquí, 60 litros x 0,097 Bs/litro sale en solo Bs 5,82, menos de 1$ a la tasa de cambio oficial de 6,30 Bs/$. Esto equivale a un subsidio de $ 60 cada vez que se llena el tanque, que en promedio es una vez a la semana. Si lo multiplicamos por 52 semanas, resulta que por cada vehículo el propietario recibe $ 3.120 de subsidio anual, que multiplicado por 4 millones de vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, el subsidio asciende a $ 12.480 millones; mientras que los más pobres, los que no tienen carro y nunca van a una bomba de gasolina a llenar un tanque, no se benefician para nada de este subsidio. Por el contrario, se ven condenados a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente. De allí que lo realmente antipopular y reaccionario es mantener un subsidio que le quita a los más pobres recursos que deberían ser invertidos en su beneficio. Una distribución progresiva y revolucionaria del ingreso implicaría reorientar este subsidio desde quienes más tienen hacia quienes menos tienen.

Según la LOPJ, un precio justo es el que permite cubrir los costos y obtener una ganancia máxima de 30%. El costo de refinación es 2,75 Bs/litro, más los costos de transporte y distribución que rondan 0,35 Bs/litro, suma 3,10, más 0,90 de ganancia, nos indica que el precio justo no debería bajar de 4 Bs/litro. Los costos los recuperaría PDVSA, pero las ganancias deben depositarse en fondos especialmente creados para modernizar y ampliar la flota de transporte público a través del financiamiento a empresas comunales de transporte colectivo que no subirían el precio del pasaje. Otro porcentaje debería destinarse a aumentar los sueldos de maestros, profesores de educación media y universitaria, las becas de los estudiantes y mantener al día el pago de las pensiones. Es tanto lo que se recaudaría cada año que alcanzaría para aumentar los sueldos de la policía y dotarlos de un mejor equipamiento. @victoralvarezr

¿Es necesario un gobierno de coalición?

Por: Víctor Álvarez R.

En los violentos disturbios que sacudieron recientemente al país, diferentes líderes y gobernantes de América Latina -aliados de la Revolución Bolivariana-, recomendaron un gobierno de coalición para aislar a los factores violentos y antidemocráticos. A las sugerencias públicas de Lula, siguieron los consejos de Rafael Correa y Pepe Mujica de corregir los errores de política económica, a fin de estimular la inversión y reactivar la producción. Incluso Unasur envió cancilleres para facilitar ese proceso de diálogo.

La crisis política luce hoy superada, más no así la crisis económica. La inacción gubernamental -al no tomar las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que tiene al alcance de la mano para corregir los desequilibrios macroeconómicos- castigan la actividad productiva y agravan los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que tanto malestar causan en la población. El gobierno luce paralizado por sus contradicciones internas y por la manipulación de los sectores de izquierda y derecha que aterran a la gente diciendo que viene un programa de shock, a la usanza de los impuestos por el FMI. Los factores de la oposición, en lugar de asumir un liderazgo propositivo favorable a la adopción de las medidas para superar la crisis económica, se empeñan en una guerra de desgaste que -si bien potencia el referendo revocatorio-, haría inviable un gobierno de la oposición, ante la gravedad de los problemas económicos que heredarían.

Una postura sensata de ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para acordar un gobierno de coalición, con un programa básico que detenga el deterioro de la economía y así evitar que éste se convierta en el detonante de una nueva crisis de gobernabilidad, con creciente conflictividad social que sería aprovechada por la derecha fascista para buscar las muertes que sirvan de pretexto para un golpe de Estado. La represión generalizada activaría una férrea resistencia popular que un eventual gobierno de la oposición -electo en las urnas- no podría controlar y, en consecuencia, tampoco podría gobernar.

El gobierno tiene que evitar el desgaste que significa encarar un referendo revocatorio y la oposición debe contribuir a sanear la economía, si quiere alimentar sus esperanzas de gobernar en un clima de paz social. La solución de los problemas económicos revitalizaría las probabilidades del gobierno para su reelección en las elecciones de 2019, y también incrementaría las probabilidades de aquella parte de la oposición que no está pensando en salidas violentas, sino que tiene la mira puesta en las elecciones parlamentarias y presidenciales. De allí la conveniencia para ambos de crear los consensos necesarios para sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen de cambios, aprobar la reforma fiscal, retomar la disciplina monetaria y reorientar los incentivos de política económica en favor del aparato productivo nacional. La aplicación de este conjunto de medidas tendría un impacto positivo sobre la mayoría de la población, toda vez que no se trata  de un ajuste antipopular que genera pobreza y exclusión, sino de corregir los errores de la política económica que ponen en peligro la gobernabilidad. @victoralvarezr

¿Hacia dónde va la política social?

Por: Víctor Álvarez R.

La política social asistencialista y compensatoria no ofreció antes, ni podrá ofrecer nunca, una solución estructural a la problemática del desempleo, la pobreza y la exclusión social. La prolongación incondicional de las compensaciones, lejos de erradicar sus causas, por el contrario exacerban la cultura rentista que pretende vivir indefinidamente de ingresos que no son fruto del trabajo. Las medidas compensatorias crean inercias que condicionan su evolución a largo plazo y las asignaciones se vuelven “derechos inalienables”, comprometiendo cuantiosos recursos que tendrían mejores resultados si fuesen destinados a la capacitación técnica y al financiamiento de proyectos productivos.

La clave de una política social revolucionaria radica en transformar las asignaciones permanentes y sin condiciones en un incentivo temporal, sujeto al logro de metas para  elevar el nivel educativo y la capacitación técnica, como fundamento para el desarrollo de proyectos productivos que hagan posible la inserción de los excluidos en la construcción de un nuevo modelo productivo liberador. Sin embargo, el poco peso de la economía social en el PIB y en la Población Económicamente Activa indica que este sigue siendo un reto pendiente que es necesario encarar, perfeccionando la política social.  

En la primera etapa de la política social bolivariana prevaleció una orientación asistencialista, toda vez que resultaba urgente desactivar la bomba de tiempo social heredada de la IV República. La inversión social de la renta petrolera permitió aliviar los estragos de la pobreza, pero sin tener muy claro que las compensaciones tendrían un carácter temporal y serían gradualmente sustituidas por nuevos programas orientados a profundizar la inserción de la población pobre y excluida al sistema educativo y de capacitación productiva. El relanzamiento de las misiones anunciado por el Presidente Nicolás Maduro señala que la compensación se mantendrá pero será coyuntural e irá desapareciendo a medida que el aumento del nivel educativo, la capacitación técnica y el financiamiento a proyectos productivos faciliten la inclusión social en el sistema económico, de tal forma que los favorecidos dejen de depender de las asignaciones de las misiones y puedan satisfacer sus necesidades a partir de su propio esfuerzo productivo. A través de la creación de millares de empresas comunales y de propiedad social, bajo el control de los trabajadores y la comunidad, se facilitará la incorporación de los excluidos en la producción de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

De allí la importancia de repensar las misiones que nacieron con una orientación asistencialista y compensatoria para impulsar su salto cualitativo, cuyo nuevo principio rector debe ser: “De cada quien según su capacidad y a cada cual según su trabajo”. A la luz de este principio socialista, las asignaciones quedarán condicionadas a logro de metas en materia de estudio y capacitación técnica, superando la cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo y así abrirle paso a una nueva cultura sustentada en el valor del trabajo. @victoralvarezr

¿Cuánto costará el dólar?

Por: Víctor Álvarez R.

El actual régimen de cambios múltiples desaparecerá para darle paso a un solo tipo de cambio. Con la unificación cambiaria, la tasa de 6,30 Bs/$ será eliminada, al igual que las tasas de Sicad 1 y Sicad 2, y el nuevo precio del dólar quedará entre esos dos extremos. La pregunta que surge es: ¿A qué nivel se ubicará la nueva tasa de cambio?.

La nueva cotización de la divisa tendrá que estar en un punto intermedio entre los actuales extremos, cuya enorme brecha indica que la tasa Cencoex está considerablemente sobrevaluada, a la vez que la de Sicad 2 está muy subvaluada. Ante un bajo nivel de reservas internacionales y el actual exceso de liquidez, un cambio único a un nivel menor que Sicad 1 no resultaría confiable ni sostenible, toda vez que las presiones de demanda en el mercado cambiario harían muy difícil aislar los factores especulativos para estabilizar la nueva tasa, sobre todo si no se corrigen los desequilibrios macroeconómicos. Acertadamente, el gobierno ha anunciado que procederá a la unificación cambiaria, una vez que haya adoptado las medidas para corregir las distorsiones fiscales y monetarias.

Al obtener  el gobierno más bolívares por cada dólar que venda en el mercado, la propia unificación cambiaria aliviará el déficit fiscal. En efecto, al vender los dólares a una tasa mayor y sincerar el precio de la gasolina, PDVSA podrá sanear sus finanzas y no tendrá que recurrir a nuevos endeudamientos con el BCV. A su vez, el instituto emisor recibirá menos presiones para emitir dinero base y se pondrá freno al desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria en un mercado con crecientes índices de escasez, mezcla perfecta para atizar la inflación. Esta es una razón por la que la nueva tasa debería colocarse por encima de Sicad 1 y por debajo de Sicad 2.

Una referencia podría ser 25 Bs/$, donde se estima está el tipo de cambio de equilibrio. Al despejarse la incertidumbre sobre la tasa de cambio futura, se reactivarán los flujos de inversión extranjera, exportaciones no petroleras, turismo internacional y repatriación de capitales. Esto aumentará la oferta de divisas y el dólar paralelo –que marca la formación de precios- tenderá a la baja, tal como ocurrió cuando se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios, se activó el Sicad 2 y el paralelo cayó de casi 100 Bs/$ a menos de 70 Bs/$. Si a 25 Bs/$ la oferta pública y privada de divisas satisface la demanda, ya no habrá razones para precios tan altos del paralelo y este desaparecerá. Mientras más inminente sea la unificación, quienes amasan grandes fortunas especulando tenderán a vender sus posiciones en divisas antes de que el paralelo caiga a su mínimo nivel, caída que se acelerará una vez que el paralelo se sitúe por debajo del Sicad 2.

Si se aprendieron las lecciones que dejó el anclaje cambiario, la unificación se hará a través de un sistema de flotación con bandas o un crawling peg con pequeños y periódicos ajustes que eviten la tendencia a la sobrevaluación. Así, la nueva tasa de cambio se irá acercando a un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo, facilite la sustitución de importaciones, la diversificación de exportaciones y la transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador. @victoralvarezr

La movida de mata

Por: Víctor Álvarez R.

El presidente Nicolás Maduro anunció la revisión total del gobierno con el fin de “reestructurar lo que haya que reestructurar y arreglar todo lo malo” y afirmó que realizará una “sacudida completa del gobierno para entrar en una etapa de eficiencia verdadera”. Esta movida de mata debería comenzar por lo que en la IV República se conocía como los policamburistas. Hay muchos funcionarios que no son eficientes en el desempeño de un solo cargo y, sin embargo, tienen cuatro y cinco cargos más. Este es un grave síntoma de burocratización, y no me refiero a la tradicional burocracia con su parafernalia de trámites innecesarios y consumada negligencia, sino a la formación de grupos de poder que extienden sus tentáculos a través del reparto clientelar de cargos y prebendas. Estos arribistas y cazadores de cargos que se proponen concentrar cada vez más y más poder son la principal amenaza para mejorar la eficiencia gubernamental.

Es como si en los equipos de fútbol que se enfrentan en el Mundial de Brasil, a algunos jugadores les dieran simultáneamente las tareas de ser porteros, defensas, volantes, delanteros y masajistas. No pueden cubrir todas las posiciones a la vez y esa es una de las causas de la ineficiencia gubernamental. No se improvisa con las designaciones ni las estrategias porque se tiene claro que desde el primer minuto el equipo rival sale a la cancha con la clara intención de meterle al otro una goleada. Cada selección está integrada por el mejor talento que cada país tiene, nadie va al Mundial a aprender a jugar fútbol. Cuando un equipo gana o pierde, en los análisis se destaca el acierto o no que tuvo el Director Técnico a la hora de hacer la alineación del equipo, colocar a cada quien en la posición adecuada, darle la responsabilidad para la que está mejor dotado y capacitado. Si gana, el Director Técnico destaca y elogia el desempeño del equipo, pero si las cosas no salen como deseaba, él asume la responsabilidad y no achaca la culpa a sus jugadores, reconoce que la selección que hizo no fue la adecuada, o que se equivocó al no cambiar a tiempo a un jugador que ya no daba para más.

Esta movida de mata tiene que hacerse sin traumas para evitar que se generen resentimientos y solidaridades, al decir que se remueve a los funcionarios porque fracasaron, proyectando la culpa en quien previamente los designó, sin asumir ninguna responsabilidad en el tiempo que se les dejó en el cargo. Lo correcto es hacer lo que el presidente Maduro ha anunciado: reestructurar todo lo que haya que reestructurar para mejorar la eficiencia gubernamental, y hacer la selección de las personas con los mejores méritos y credenciales para confiarles esas delicadas responsabilidades. Lejos de convertir la movida de mata en una cacería de brujas, lo que toca es estimular un debate leal y comprometido con la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión social. La voz crítica y propositiva debe fluir con libertad y no puede ser catalogada de deslealtad y traición. De lo contrario, se crea un ambiente de miedo y terror en el que nadie se atreve a levantar la mano para hacer una crítica constructiva, a riesgo de ser despedido del gobierno o defenestrado del partido por desleal y traidor. @victoralvarezr

Razones para sincerar el precio de la gasolina

Víctor Álvarez R.

El presidente Nicolás maduro convocó a un debate nacional para sincerar el precio de la gasolina, anticipando que con la medida se pueden generar ganancias entre Bs 40-100 mil millones, las cuáles pueden ser destinadas a financiar la inversión social y propuso distribuir 20 % para cada una de las siguientes prioridades: Gran Misión Vivienda, becas del sistema universitario, Misión  Amor Mayor, Patria Segura y vialidad.

El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen, pero en realidad origina una redistribución regresiva del ingreso que  beneficia sobre todo a los que más tienen. Los sectores de mayores ingresos que pueden comprarse uno o varios carros no necesitan que se les subsidie nada, mientras que los más pobres que no tienen carro propio y se ven obligados a trasladarse en un precario sistema de transporte público, no se benefician para nada de este subsidio.

El costo de oportunidad

A pesar de tratarse de un subsidio antipopular, el ajuste del precio de la gasolina se ha convertido en un tema tabú, prolongando así un subsidio regresivo que estimula, además, un consumo irracional y despilfarrador del combustible y lleva a que en las ciudades venezolanas se genere un 40% más de gases de efecto invernadero, en comparación con otras ciudades de América Latina, lo cual resulta totalmente contradictorio con el objetivo N° 5 del Plan de la Patria que plantea contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Mientras en países de América Latina con gobiernos de izquierda como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Brasil, el precio de la gasolina no baja de 1 $/litro, en Venezuela  la gasolina de 95 octanos se vende a Bs. 0,097, menos de 2 centavos de dólar por litro. Un guayoyo cuesta 250 veces más que un litro de gasolina. En estos países, llenar un tanque de 60 litros sale en más de 60 dólares, mientras que en Venezuela solo cuesta Bs. 5,80, menos de un dólar a la tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto representa un subsidio de $ 60 dólares, que multiplicado por 52 semanas asciende a $ 3.120 de subsidio que anualmente recibe cada propietario de vehículo. Si multiplicamos este monto por los 4 millones de vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, anualmente se destinan $ 12 mil 480 millones a subsidiar a la minoría que tiene carro propio, mientras que la mayoría que se ve obligada a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente, no se beneficia de semejante subsidio.

El contrabando de extracción

En Colombia, el galón de 3,78 litros cuesta 8.600 pesos; o sea, 2.275 pesos por litro. Con base en una tasa de cambio 1.900 pesos por dólar y 6.30 Bs/$, un bolívar equivale a 301,6 pesos. Si dividimos 2.275 pesos que cuesta el litro entre esta tasa de cambio de 301,6 bolívares por peso, esto significa que un litro de gasolina que se compra en Venezuela a 0.097, en Colombia equivale a Bs. 7,5. A la actual tasa de cambio oficial, en Colombia un litro de gasolina cuesta 78 veces más. Dicho de otra forma, el litro de gasolina que en Colombia cuesta 2.275 pesos, en Venezuela cuesta solo 29 pesos, y esto se traduce en un enorme estímulo para que los vehículos crucen  la frontera y llenen el tanque en las estaciones de servicio venezolanas. En efecto, llenar un tanque de 80 litros de 95 octanos por apenas 2.320 pesos (lo que cuesta un solo litro en Colombia) para luego revenderlo por 182.000 es un negocio muy lucrativo que incentiva el contrabando de extracción. Con un viaje diario de lunes a viernes cualquiera obtiene un ingreso aproximado de $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Esto sin considerar los vehículos de las redes de contrabandistas que han sido acondicionados con tanques con capacidad de 250 litros y más.

Ante semejante diferencial de precios, cualquier control o medida represiva que se tome con la intención de combatir el contrabando de extracción, siempre será insuficiente. La solución no está en más alcabalas y controles sino en erradicar el principal estímulo a tales prácticas perversas e ilegales. Sincerar el precio de la gasolina, sin que esto signifique llevarlo al precio internacional, permitirá reducir este enorme diferencial, que es la principal causa del contrabando de extracción. 

¿Cuál debería ser el precio justo de la gasolina?

Según la ley, un precio justo es aquel que permite cubrir los costos de producción y obtener una ganancia de 30 %. Según la información suministrada por el propio presidente de PDVSA, el costo de refinación está en 2,75 Bs/litro. Si se suman los costos de transporte y comercialización para las estaciones de servicio, equivalentes a 0,28 Bs/litro, más el 30% de ganancias, el precio justo para la gasolina no debería bajar de 4 Bs/litro, que sigue siendo mucho menor que lo que cuesta en los países de América Latina con gobiernos progresistas, y mucho menor aún de lo que cuesta en EE.UU., Europa y Japón, donde el galón de 3,78 litros está en torno a los $ 6.  Si se sincera el precio de la gasolina con base en lo que plantea la Ley de Precios Justos, se obtendrían cerca de Bs.100 mil millones en ganancias que pudieran ser reorientados a las misiones sociales y a la modernización y ampliación del sistema de transporte público, el cual es utilizado justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo propio.

Política cambiaria y régimen cambiario

Víctor Álvarez R.

La política cambiaria tiene que ver con el nivel al que se fija el precio de la divisa para lograr los objetivos de la política económica, los cuales pueden ir desde vencer la inflación hasta impulsar el crecimiento del PIB, pasando por fortalecer la competitividad cambiaria de las exportaciones. A diferencia, el régimen cambiario se refiere a los requisitos, procedimientos y restricciones para tener acceso a las divisas. El precio se fija a través de los convenios cambiarios, mientras que el régimen se aplica  con las providencias. Si bien esta distinción conceptual es bastante clara, en la práctica los cambios en las reglas de acceso suelen alterar el precio establecido en la política cambiaria. En efecto, lo engorroso y lento que puedan resultar los trámites para liquidar de manera transparente, oportuna y suficiente las divisas, termina encareciendo el precio al que finalmente se compran las mismas.

Cadivi, Sitme, Cencoex, Sicad 1 y 2 han devenido en un complicado régimen cambiario que, al dificultar el acceso a la divisa oficial, traslada la demanda insatisfecha al mercado paralelo, cuestión que tiende a ampliar la brecha cambiaria. Así,  el régimen de restricciones obliga a comprar las divisas más caras y termina anulando la tasa de cambio oficial que se fija para cumplir los objetivos de la política económica. Cuando falla el régimen cambiario (liquidación transparente, oportuna y suficiente de divisas) los objetivos de la política cambiaria se ven, entonces, afectados.

Al priorizar el objetivo antiinflacionario, la política cambiaria optó por el anclaje cambiario, bajo el supuesto de que así se abarataba el componente importado. Pero los hechos han demostrado que la rigidez cambiaria no es garantía de estabilidad de precios si ésta no va a acompañado de disciplina fiscal, monetaria y financiera. Ante el fracaso de la meta de inflación, la prioridad en adelante debe ser asegurar el crecimiento del PIB y diversificar las exportaciones. Esto exige fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del sector transable, respalde la competitividad cambiaria de las exportaciones, estimule la inversión extranjera y sea atractiva para el turismo internacional. 

El desequilibrio monetario

La expansión monetaria de origen fiscal dio al traste con los objetivos antiinflacionarios de la política de anclaje cambiario. El financiamiento del BCV al déficit de Pdvsa y otras empresas públicas con desmesuradas emisiones de dinero base, ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria y esta enorme masa de dinero en circulación ejerce una permanente presión sobre el mercado cambiario. Lo más absurdo y patético es que el torrencial incremento de la liquidez monetaria que el propio BCV se ha encargado de desquiciar, pretende ser recogido a cuenta gotas a través de sucesivos aumentos del encaje legal.

Otro factor que presiona el mercado cambiario es que –en un contexto de abundante liquidez pero tasas de interés por debajo de la inflación-, los agentes económicos prefieren proteger el poder de compra de sus ahorros comprando divisas, lo cual genera una fuerte demanda de dólares escasos que no hace más que ampliar la descomunal brecha entre la tasa oficial y el dólar paralelo. Mientras no se corrija el déficit fiscal y se regule la expansión monetaria, continuarán las presiones inflacionarias en el mercado interno. No se trata simplemente de tratar de absorber la liquidez a través de aumentos del encaje legal o la emisión de bonos, sino de limitar la tendencia a incrementar el gasto público a través de la práctica de los créditos adicionales y de financiar el déficit de PDVSA y otras empresas públicas a través del endeudamiento con el BCV.  

La unificación cambiaria

El actual régimen de cambios múltiples ofrece incentivos a la corrupción y especulación. Al atizar una demanda artificial, entorpece la administración racional de las divisas según las prioridades del país. Crear un ambiente propicio a la reactivación e inversión productivas pasa por adecuar el marco regulatorio e institucional en materia cambiaria, a fin de asegurar un acceso ágil y oportuno a las divisas que requiere el aparato productivo para poder conjurar la actual amenaza de estancamiento e inflación. Solo si la implantación de un nuevo régimen cambiario despeja la incertidumbre sobre la tasa de cambio futura y resuelve los problemas que han dificultado el acceso oportuno a las divisas, las presiones sobre el mercado paralelo se aliviarán, las múltiples tasas comenzarán a converger, y de esta forma se corregirán las distorsiones que está provocando las ineficiencias del actual régimen cambiario.

Así como la tasa de cambio de Cencoex está considerablemente sobrevaluada, la tasa de cambio de Sicad 2 está muy subvaluada. Si finalmente se concreta la anunciada unificación cambiaria, el nuevo precio del dólar estará entre esos dos extremos, toda vez que la tasa de 6,30 Bs/$ sería eliminada, así como las tasas de Sicad 1 y Sicad 2. El actual régimen de cambios múltiples desaparecería para darle paso a un solo tipo de cambio. La nueva tasa debería colocarse por encima de Cencoex y Sicad 1 y por debajo de Sicad 2, en torno a los 25 Bs/$ que es donde se estima está el tipo de cambio de equilibrio. Con la unificación cambiaria, el dólar paralelo caería, tal como ocurrió cuando se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios y se activó el Sicad 2. Para entonces, el paralelo cayó de casi 100 Bs/$ a menos de 70 Bs/$.

Claves para el éxito de la unificación cambiaria

Víctor Álvarez R.

El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, anunció que se tiene prevista la unificación cambiaria  en el corto plazo. Esta medida cobra fuerza a partir de la salida de Jorge Giordani, quien como Ministro de Planificación y luego de Economía y Finanzas, fue el principal defensor del anclaje cambiario. Congelar el precio de la divisa fue asumido como un instrumento de política antiinflacionaria, pero a la larga generó graves distorsiones fiscales y monetarias. La propia PDVSA terminó siendo una de las grandes afectadas, toda vez que al tipo de cambio de 6.30 Bs/$ ya no puede obtener suficientes bolívares para mantener al día el pago de una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar deudas con proveedores y contratistas, transferir fondos a las misiones sociales y cancelar a tiempo sus obligaciones con el fisco.

Por si fuera poco, el anclaje cambiario, en medio de una inflación superior a los dos dígitos, provocó la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial, lo cual incentivó un creciente volumen de importaciones que desplazaron a la producción nacional y provocó una drástica caída del aporte de la agricultura e industria en la conformación del PIB. Al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones privadas, el anclaje hizo más dependiente al fisco y a las reservas internaciones de la renta petrolera y acentuó los rasgos de una economía de puertos.

Después de más de una década de control de cambios los resultados no fueron los esperados. El anclaje no sirvió para controlar la inflación, toda vez que la cotización del paralelo terminó siendo la tasa marcadora en la formación de precios y, al arrastrar la tasa de cambio oficial, con cada nueva devaluación se recrudeció la inflación. Tampoco sirvió para controlar la fuga de capitales, según la CEPAL entre 2004-2013 la transferencia neta de divisas al exterior fue de $ 234 millardos. El déficit fiscal, originado en gran medida por el ingreso que el Estado deja de percibir al vender los dólares a un precio artificialmente inferior, se está financiado con emisiones de dinero inorgánico en un mercado con crecientes índices de escasez, lo cual desquicia la inflación. La deuda de PDVSA con el BCV se incrementó 189%, lo que representa Bs 475 millardos, equivalentes a $ 75,4 millardos al tipo de cambio oficial de 6,30 Bs/$.

Aunque es una medida a todas luces necesaria, el gobierno no termina de adoptar la unificación cambiaria por temor al impacto inflacionario que pueda tener, si la nueva tasa se aleja demasiado del precio al que se vende el dólar a través de Cencoex y Sicad 1, que son las tasas que rigen para más del 80% del total de importaciones que el país realiza. Conjurar la amenaza inflacionaria de la unificación cambiaria dependerá de las medidas complementarias para estimular una creciente oferta de divisas no petroleras. La clave está en poner en marcha un conjunto de nuevas políticas de repatriación de capitales, promoción de inversiones extranjeras, diversificación de exportaciones y estímulo al turismo internacional, las cuales están llamadas a ser las nuevas fuentes de divisas que complementen el ingreso petrolero.

Según datos del BCV, en el exterior hay depósitos privados de origen venezolano que superan los $160 millardos. Con un cuerpo básico de incentivos fiscales y financieros bien articulados que estimulen la repatriación de estos activos para su inversión productiva, podría volver al país un porcentaje considerable de esos depósitos. Asumamos que no se va a repatriar ni el 100% ni el 50%, pero conque solo retorne el 5% ya estamos hablando de $ 8 millardos que, sumados a una inversión extranjera en el orden de $ 10 millardos al año, más $ 5 millardos por exportaciones privadas (monto inferior a los $ 7 millardos que Venezuela ya demostró que puede exportar) y $ 4 millardos por visitantes internacionales (apenas la mitad de lo que los venezolanos gastamos el año pasado en el exterior) estamos hablando de una oferta privada de $ 27 millardos que, sumados al presupuesto público de $ 42 millardos de origen petrolero, representa un gran total de $69 millardos, cantidad más que suficiente para satisfacer holgadamente las necesidades de divisas, aliviar el actual déficit en el mercado cambiario, pulverizar el paralelo y mantener así el precio del dólar entre las tasas de Cencoex y Sicad 1, como bandas mínima y máxima entre las cuales fluctuaría un único tipo de cambio.    

La idea de implantar un crawling peg, a través del cual la tasa de cambio experimentaría una devaluación continua pero moderada, estaría condenada al fracaso si no se activa una oferta de divisas privadas, toda vez que la oferta de dólares procedente de la renta petrolera seguirá limitada.  Al no funcionar como régimen de fijación de precio y ajuste de cantidades, resultará en un control de cambios en el que se vende una cantidad racionada a un precio determinado que no podrá suplir la demanda inercial de divisas. Así, el paralelo subirá más rápido que el crawling peg y los incentivos a la especulación generados por las rentas del diferencial cambiario se mantendrían, aún después de la unificación.

Hay que advertir que, si bien la unificación aliviará las cuentas de PDVSA, si no se corrige el déficit del gobierno central y de las empresas estatales, y éste se sigue financiado con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, los efectos positivos de la unificación cambiaria pueden verse rápidamente anulados.

Propuesta 9 a la Comisión Económica para la Paz: Reforma Fiscal para evolucionar de la cultura rentista a la tributaria

Por: Víctor Álvarez R.

El debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales de los exagerados subsidios a los servicios públicos de agua, electricidad, gas, combustibles y peajes es un tema pendiente en Venezuela, cuya otrora abundante renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo, y esto obliga a establecer prioridades. Encarar con honestidad esta discusión demostrará el grado de madurez de la sociedad y de responsabilidad del gobierno que no puede seguir evadiendo las decisiones que hay que tomar con el argumento del costo político que las mismas pueden generar.

Es hora de analizar la conveniencia y viabilidad de reorientar o eliminar los subsidios que no están beneficiando a los grupos más empobrecidos de la sociedad, comenzando por el subsidio a la gasolina y peajes, así como a la electricidad, agua y gas en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo. Sobre todo si tomamos en cuenta que el exorbitante monto de recursos que absorben estos subsidios pudieran ser reorientados a atender las urgentes necesidades de educación, salud, vivienda y seguridad.

Subsidios antipopulares

Los subsidios como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias, son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el susidio a los combustibles y servicios públicos favorece más a los sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso.

Por eso, muchos de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda vez que estimulan el contrabando de extracción hacia países vecinos que disfrutan de los bajos precios de los combustibles y alimentos que no se consiguen en el mercado nacional. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados están arrojando. Así por ejemplo, en lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y subsidiar la modernización y ampliación del transporte público con un porcentaje del monto que se recaude. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado el diesel para ese tipo de transporte.

La cultura rentista

Los subsidios se mantienen como una forma de distribuir la renta petrolera en beneficio de la sociedad que se considera dueña de dichos recursos. Lo que en esencia es una actitud paternalista del Estado, suele ser presentada como una conquista de las luchas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, incrementan la inequidad y pueden ser empleados de mejor manera. Por lo tanto, deben eliminarse o reorientarse, con la condición básica de que cualquier decisión que al respecto se tome no genere un solo pobre más.  

En Venezuela, los subsidios son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. En adelante, para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos: i) aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen; ii) para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado y canalizado directamente a las personas que realmente los necesitan; iii) ante el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.

La reforma fiscal

A diferencia de los años de la política neoliberal cuando se recurrió a sucesivas alzas en los precios de los servicios públicos y combustibles para lograr el equilibrio fiscal y no tener que gravar con nuevos impuestos a la inversión nacional y extranjera, en la actualidad la corrección del déficit fiscal pasa por evolucionar de la cultura rentista que espera que todo lo pague el petróleo, hacia una verdadera cultura tributaria que exprese la corresponsabilidad ciudadana en el financiamiento de los servicios públicos.

Para evitar el impacto inflacionario de devaluar nuevamente el bolívar con fines de recaudación fiscal, un asunto pendiente se refiere a la reforma tributaria. Hay que comenzar por perfeccionar los mecanismos de recaudación, para luego transformar los impuestos indirectos y regresivos como el IVA, en impuestos directos y progresivos como el impuesto a la renta, al lujo, a los activos empresariales y a las grandes herencias.

Además de aumentar los impuestos de los contribuyentes, el gobierno también está emplazado a racionalizar el gasto público para corregir el déficit fiscal. Esto pasa por lograr una certera focalización de los subsidios y así poder lograr más y mejores resultados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.