viernes, 12 de septiembre de 2014

La movida de mata


Por: Víctor Álvarez R.

El presidente Nicolás Maduro anunció la revisión total del gobierno con el fin de “reestructurar lo que haya que reestructurar y arreglar todo lo malo” y afirmó que realizará una “sacudida completa del gobierno para entrar en una etapa de eficiencia verdadera”. Esta movida de mata debería comenzar por lo que en la IV República se conocía como los policamburistas. Hay muchos funcionarios que no son eficientes en el desempeño de un solo cargo y, sin embargo, tienen cuatro y cinco cargos más. Este es un grave síntoma de burocratización, y no me refiero a la tradicional burocracia con su parafernalia de trámites innecesarios y consumada negligencia, sino a la formación de grupos de poder que extienden sus tentáculos a través del reparto clientelar de cargos y prebendas. Estos arribistas y cazadores de cargos que se proponen concentrar cada vez más y más poder son la principal amenaza para mejorar la eficiencia gubernamental.

Es como si en los equipos de fútbol que se enfrentan en el Mundial de Brasil, a algunos jugadores les dieran simultáneamente las tareas de ser porteros, defensas, volantes, delanteros y masajistas. No pueden cubrir todas las posiciones a la vez y esa es una de las causas de la ineficiencia gubernamental. No se improvisa con las designaciones ni las estrategias porque se tiene claro que desde el primer minuto el equipo rival sale a la cancha con la clara intención de meterle al otro una goleada. Cada selección está integrada por el mejor talento que cada país tiene, nadie va al Mundial a aprender a jugar fútbol. Cuando un equipo gana o pierde, en los análisis se destaca el acierto o no que tuvo el Director Técnico a la hora de hacer la alineación del equipo, colocar a cada quien en la posición adecuada, darle la responsabilidad para la que está mejor dotado y capacitado. Si gana, el Director Técnico destaca y elogia el desempeño del equipo, pero si las cosas no salen como deseaba, él asume la responsabilidad y no achaca la culpa a sus jugadores, reconoce que la selección que hizo no fue la adecuada, o que se equivocó al no cambiar a tiempo a un jugador que ya no daba para más.

Esta movida de mata tiene que hacerse sin traumas para evitar que se generen resentimientos y solidaridades, al decir que se remueve a los funcionarios porque fracasaron, proyectando la culpa en quien previamente los designó, sin asumir ninguna responsabilidad en el tiempo que se les dejó en el cargo. Lo correcto es hacer lo que el presidente Maduro ha anunciado: reestructurar todo lo que haya que reestructurar para mejorar la eficiencia gubernamental, y hacer la selección de las personas con los mejores méritos y credenciales para confiarles esas delicadas responsabilidades. Lejos de convertir la movida de mata en una cacería de brujas, lo que toca es estimular un debate leal y comprometido con la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión social. La voz crítica y propositiva debe fluir con libertad y no puede ser catalogada de deslealtad y traición. De lo contrario, se crea un ambiente de miedo y terror en el que nadie se atreve a levantar la mano para hacer una crítica constructiva, a riesgo de ser despedido del gobierno o defenestrado del partido por desleal y traidor. @victoralvarezr

martes, 19 de agosto de 2014

Razones para sincerar el precio de la gasolina


Víctor Álvarez R.

El presidente Nicolás maduro convocó a un debate nacional para sincerar el precio de la gasolina, anticipando que con la medida se pueden generar ganancias entre Bs 40-100 mil millones, las cuáles pueden ser destinadas a financiar la inversión social y propuso distribuir 20 % para cada una de las siguientes prioridades: Gran Misión Vivienda, becas del sistema universitario, Misión  Amor Mayor, Patria Segura y vialidad.

El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen, pero en realidad origina una redistribución regresiva del ingreso que  beneficia sobre todo a los que más tienen. Los sectores de mayores ingresos que pueden comprarse uno o varios carros no necesitan que se les subsidie nada, mientras que los más pobres que no tienen carro propio y se ven obligados a trasladarse en un precario sistema de transporte público, no se benefician para nada de este subsidio.

El costo de oportunidad

A pesar de tratarse de un subsidio antipopular, el ajuste del precio de la gasolina se ha convertido en un tema tabú, prolongando así un subsidio regresivo que estimula, además, un consumo irracional y despilfarrador del combustible y lleva a que en las ciudades venezolanas se genere un 40% más de gases de efecto invernadero, en comparación con otras ciudades de América Latina, lo cual resulta totalmente contradictorio con el objetivo N° 5 del Plan de la Patria que plantea contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Mientras en países de América Latina con gobiernos de izquierda como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Brasil, el precio de la gasolina no baja de 1 $/litro, en Venezuela  la gasolina de 95 octanos se vende a Bs. 0,097, menos de 2 centavos de dólar por litro. Un guayoyo cuesta 250 veces más que un litro de gasolina. En estos países, llenar un tanque de 60 litros sale en más de 60 dólares, mientras que en Venezuela solo cuesta Bs. 5,80, menos de un dólar a la tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto representa un subsidio de $ 60 dólares, que multiplicado por 52 semanas asciende a $ 3.120 de subsidio que anualmente recibe cada propietario de vehículo. Si multiplicamos este monto por los 4 millones de vehículos particulares que circulan en el territorio nacional, anualmente se destinan $ 12 mil 480 millones a subsidiar a la minoría que tiene carro propio, mientras que la mayoría que se ve obligada a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente, no se beneficia de semejante subsidio.

El contrabando de extracción


En Colombia, el galón de 3,78 litros cuesta 8.600 pesos; o sea, 2.275 pesos por litro. Con base en una tasa de cambio 1.900 pesos por dólar y 6.30 Bs/$, un bolívar equivale a 301,6 pesos. Si dividimos 2.275 pesos que cuesta el litro entre esta tasa de cambio de 301,6 bolívares por peso, esto significa que un litro de gasolina que se compra en Venezuela a 0.097, en Colombia equivale a Bs. 7,5. A la actual tasa de cambio oficial, en Colombia un litro de gasolina cuesta 78 veces más. Dicho de otra forma, el litro de gasolina que en Colombia cuesta 2.275 pesos, en Venezuela cuesta solo 29 pesos, y esto se traduce en un enorme estímulo para que los vehículos crucen  la frontera y llenen el tanque en las estaciones de servicio venezolanas. En efecto, llenar un tanque de 80 litros de 95 octanos por apenas 2.320 pesos (lo que cuesta un solo litro en Colombia) para luego revenderlo por 182.000 es un negocio muy lucrativo que incentiva el contrabando de extracción. Con un viaje diario de lunes a viernes cualquiera obtiene un ingreso aproximado de $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Esto sin considerar los vehículos de las redes de contrabandistas que han sido acondicionados con tanques con capacidad de 250 litros y más.

Ante semejante diferencial de precios, cualquier control o medida represiva que se tome con la intención de combatir el contrabando de extracción, siempre será insuficiente. La solución no está en más alcabalas y controles sino en erradicar el principal estímulo a tales prácticas perversas e ilegales. Sincerar el precio de la gasolina, sin que esto signifique llevarlo al precio internacional, permitirá reducir este enorme diferencial, que es la principal causa del contrabando de extracción. 

¿Cuál debería ser el precio justo de la gasolina?
Según la ley, un precio justo es aquel que permite cubrir los costos de producción y obtener una ganancia de 30 %. Según la información suministrada por el propio presidente de PDVSA, el costo de refinación está en 2,75 Bs/litro. Si se suman los costos de transporte y comercialización para las estaciones de servicio, equivalentes a 0,28 Bs/litro, más el 30% de ganancias, el precio justo para la gasolina no debería bajar de 4 Bs/litro, que sigue siendo mucho menor que lo que cuesta en los países de América Latina con gobiernos progresistas, y mucho menor aún de lo que cuesta en EE.UU., Europa y Japón, donde el galón de 3,78 litros está en torno a los $ 6.  Si se sincera el precio de la gasolina con base en lo que plantea la Ley de Precios Justos, se obtendrían cerca de Bs.100 mil millones en ganancias que pudieran ser reorientados a las misiones sociales y a la modernización y ampliación del sistema de transporte público, el cual es utilizado justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo propio.

Política cambiaria y régimen cambiario


Víctor Álvarez R.

La política cambiaria tiene que ver con el nivel al que se fija el precio de la divisa para lograr los objetivos de la política económica, los cuales pueden ir desde vencer la inflación hasta impulsar el crecimiento del PIB, pasando por fortalecer la competitividad cambiaria de las exportaciones. A diferencia, el régimen cambiario se refiere a los requisitos, procedimientos y restricciones para tener acceso a las divisas. El precio se fija a través de los convenios cambiarios, mientras que el régimen se aplica  con las providencias. Si bien esta distinción conceptual es bastante clara, en la práctica los cambios en las reglas de acceso suelen alterar el precio establecido en la política cambiaria. En efecto, lo engorroso y lento que puedan resultar los trámites para liquidar de manera transparente, oportuna y suficiente las divisas, termina encareciendo el precio al que finalmente se compran las mismas.

Cadivi, Sitme, Cencoex, Sicad 1 y 2 han devenido en un complicado régimen cambiario que, al dificultar el acceso a la divisa oficial, traslada la demanda insatisfecha al mercado paralelo, cuestión que tiende a ampliar la brecha cambiaria. Así,  el régimen de restricciones obliga a comprar las divisas más caras y termina anulando la tasa de cambio oficial que se fija para cumplir los objetivos de la política económica. Cuando falla el régimen cambiario (liquidación transparente, oportuna y suficiente de divisas) los objetivos de la política cambiaria se ven, entonces, afectados.

Al priorizar el objetivo antiinflacionario, la política cambiaria optó por el anclaje cambiario, bajo el supuesto de que así se abarataba el componente importado. Pero los hechos han demostrado que la rigidez cambiaria no es garantía de estabilidad de precios si ésta no va a acompañado de disciplina fiscal, monetaria y financiera. Ante el fracaso de la meta de inflación, la prioridad en adelante debe ser asegurar el crecimiento del PIB y diversificar las exportaciones. Esto exige fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del sector transable, respalde la competitividad cambiaria de las exportaciones, estimule la inversión extranjera y sea atractiva para el turismo internacional. 

El desequilibrio monetario

La expansión monetaria de origen fiscal dio al traste con los objetivos antiinflacionarios de la política de anclaje cambiario. El financiamiento del BCV al déficit de Pdvsa y otras empresas públicas con desmesuradas emisiones de dinero base, ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria y esta enorme masa de dinero en circulación ejerce una permanente presión sobre el mercado cambiario. Lo más absurdo y patético es que el torrencial incremento de la liquidez monetaria que el propio BCV se ha encargado de desquiciar, pretende ser recogido a cuenta gotas a través de sucesivos aumentos del encaje legal.

Otro factor que presiona el mercado cambiario es que –en un contexto de abundante liquidez pero tasas de interés por debajo de la inflación-, los agentes económicos prefieren proteger el poder de compra de sus ahorros comprando divisas, lo cual genera una fuerte demanda de dólares escasos que no hace más que ampliar la descomunal brecha entre la tasa oficial y el dólar paralelo. Mientras no se corrija el déficit fiscal y se regule la expansión monetaria, continuarán las presiones inflacionarias en el mercado interno. No se trata simplemente de tratar de absorber la liquidez a través de aumentos del encaje legal o la emisión de bonos, sino de limitar la tendencia a incrementar el gasto público a través de la práctica de los créditos adicionales y de financiar el déficit de PDVSA y otras empresas públicas a través del endeudamiento con el BCV.  

La unificación cambiaria

El actual régimen de cambios múltiples ofrece incentivos a la corrupción y especulación. Al atizar una demanda artificial, entorpece la administración racional de las divisas según las prioridades del país. Crear un ambiente propicio a la reactivación e inversión productivas pasa por adecuar el marco regulatorio e institucional en materia cambiaria, a fin de asegurar un acceso ágil y oportuno a las divisas que requiere el aparato productivo para poder conjurar la actual amenaza de estancamiento e inflación. Solo si la implantación de un nuevo régimen cambiario despeja la incertidumbre sobre la tasa de cambio futura y resuelve los problemas que han dificultado el acceso oportuno a las divisas, las presiones sobre el mercado paralelo se aliviarán, las múltiples tasas comenzarán a converger, y de esta forma se corregirán las distorsiones que está provocando las ineficiencias del actual régimen cambiario.
Así como la tasa de cambio de Cencoex está considerablemente sobrevaluada, la tasa de cambio de Sicad 2 está muy subvaluada. Si finalmente se concreta la anunciada unificación cambiaria, el nuevo precio del dólar estará entre esos dos extremos, toda vez que la tasa de 6,30 Bs/$ sería eliminada, así como las tasas de Sicad 1 y Sicad 2. El actual régimen de cambios múltiples desaparecería para darle paso a un solo tipo de cambio. La nueva tasa debería colocarse por encima de Cencoex y Sicad 1 y por debajo de Sicad 2, en torno a los 25 Bs/$ que es donde se estima está el tipo de cambio de equilibrio. Con la unificación cambiaria, el dólar paralelo caería, tal como ocurrió cuando se reformó la Ley de Ilícitos Cambiarios y se activó el Sicad 2. Para entonces, el paralelo cayó de casi 100 Bs/$ a menos de 70 Bs/$.

Claves para el éxito de la unificación cambiaria


Víctor Álvarez R.

El vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, anunció que se tiene prevista la unificación cambiaria  en el corto plazo. Esta medida cobra fuerza a partir de la salida de Jorge Giordani, quien como Ministro de Planificación y luego de Economía y Finanzas, fue el principal defensor del anclaje cambiario. Congelar el precio de la divisa fue asumido como un instrumento de política antiinflacionaria, pero a la larga generó graves distorsiones fiscales y monetarias. La propia PDVSA terminó siendo una de las grandes afectadas, toda vez que al tipo de cambio de 6.30 Bs/$ ya no puede obtener suficientes bolívares para mantener al día el pago de una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar deudas con proveedores y contratistas, transferir fondos a las misiones sociales y cancelar a tiempo sus obligaciones con el fisco.

Por si fuera poco, el anclaje cambiario, en medio de una inflación superior a los dos dígitos, provocó la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial, lo cual incentivó un creciente volumen de importaciones que desplazaron a la producción nacional y provocó una drástica caída del aporte de la agricultura e industria en la conformación del PIB. Al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones privadas, el anclaje hizo más dependiente al fisco y a las reservas internaciones de la renta petrolera y acentuó los rasgos de una economía de puertos.

Después de más de una década de control de cambios los resultados no fueron los esperados. El anclaje no sirvió para controlar la inflación, toda vez que la cotización del paralelo terminó siendo la tasa marcadora en la formación de precios y, al arrastrar la tasa de cambio oficial, con cada nueva devaluación se recrudeció la inflación. Tampoco sirvió para controlar la fuga de capitales, según la CEPAL entre 2004-2013 la transferencia neta de divisas al exterior fue de $ 234 millardos. El déficit fiscal, originado en gran medida por el ingreso que el Estado deja de percibir al vender los dólares a un precio artificialmente inferior, se está financiado con emisiones de dinero inorgánico en un mercado con crecientes índices de escasez, lo cual desquicia la inflación. La deuda de PDVSA con el BCV se incrementó 189%, lo que representa Bs 475 millardos, equivalentes a $ 75,4 millardos al tipo de cambio oficial de 6,30 Bs/$.

Aunque es una medida a todas luces necesaria, el gobierno no termina de adoptar la unificación cambiaria por temor al impacto inflacionario que pueda tener, si la nueva tasa se aleja demasiado del precio al que se vende el dólar a través de Cencoex y Sicad 1, que son las tasas que rigen para más del 80% del total de importaciones que el país realiza. Conjurar la amenaza inflacionaria de la unificación cambiaria dependerá de las medidas complementarias para estimular una creciente oferta de divisas no petroleras. La clave está en poner en marcha un conjunto de nuevas políticas de repatriación de capitales, promoción de inversiones extranjeras, diversificación de exportaciones y estímulo al turismo internacional, las cuales están llamadas a ser las nuevas fuentes de divisas que complementen el ingreso petrolero.

Según datos del BCV, en el exterior hay depósitos privados de origen venezolano que superan los $160 millardos. Con un cuerpo básico de incentivos fiscales y financieros bien articulados que estimulen la repatriación de estos activos para su inversión productiva, podría volver al país un porcentaje considerable de esos depósitos. Asumamos que no se va a repatriar ni el 100% ni el 50%, pero conque solo retorne el 5% ya estamos hablando de $ 8 millardos que, sumados a una inversión extranjera en el orden de $ 10 millardos al año, más $ 5 millardos por exportaciones privadas (monto inferior a los $ 7 millardos que Venezuela ya demostró que puede exportar) y $ 4 millardos por visitantes internacionales (apenas la mitad de lo que los venezolanos gastamos el año pasado en el exterior) estamos hablando de una oferta privada de $ 27 millardos que, sumados al presupuesto público de $ 42 millardos de origen petrolero, representa un gran total de $69 millardos, cantidad más que suficiente para satisfacer holgadamente las necesidades de divisas, aliviar el actual déficit en el mercado cambiario, pulverizar el paralelo y mantener así el precio del dólar entre las tasas de Cencoex y Sicad 1, como bandas mínima y máxima entre las cuales fluctuaría un único tipo de cambio.    

La idea de implantar un crawling peg, a través del cual la tasa de cambio experimentaría una devaluación continua pero moderada, estaría condenada al fracaso si no se activa una oferta de divisas privadas, toda vez que la oferta de dólares procedente de la renta petrolera seguirá limitada.  Al no funcionar como régimen de fijación de precio y ajuste de cantidades, resultará en un control de cambios en el que se vende una cantidad racionada a un precio determinado que no podrá suplir la demanda inercial de divisas. Así, el paralelo subirá más rápido que el crawling peg y los incentivos a la especulación generados por las rentas del diferencial cambiario se mantendrían, aún después de la unificación.
Hay que advertir que, si bien la unificación aliviará las cuentas de PDVSA, si no se corrige el déficit del gobierno central y de las empresas estatales, y éste se sigue financiado con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, los efectos positivos de la unificación cambiaria pueden verse rápidamente anulados.

domingo, 29 de junio de 2014

Propuesta 9 a la Comisión Económica para la Paz: Reforma Fiscal para evolucionar de la cultura rentista a la tributaria


Por: Víctor Álvarez R.

El debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales de los exagerados subsidios a los servicios públicos de agua, electricidad, gas, combustibles y peajes es un tema pendiente en Venezuela, cuya otrora abundante renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo, y esto obliga a establecer prioridades. Encarar con honestidad esta discusión demostrará el grado de madurez de la sociedad y de responsabilidad del gobierno que no puede seguir evadiendo las decisiones que hay que tomar con el argumento del costo político que las mismas pueden generar.

Es hora de analizar la conveniencia y viabilidad de reorientar o eliminar los subsidios que no están beneficiando a los grupos más empobrecidos de la sociedad, comenzando por el subsidio a la gasolina y peajes, así como a la electricidad, agua y gas en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo. Sobre todo si tomamos en cuenta que el exorbitante monto de recursos que absorben estos subsidios pudieran ser reorientados a atender las urgentes necesidades de educación, salud, vivienda y seguridad.

Subsidios antipopulares

Los subsidios como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias, son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que el susidio a los combustibles y servicios públicos favorece más a los sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso.

Por eso, muchos de los actuales subsidios resultan antipopulares y crean escasez, toda vez que estimulan el contrabando de extracción hacia países vecinos que disfrutan de los bajos precios de los combustibles y alimentos que no se consiguen en el mercado nacional. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados están arrojando. Así por ejemplo, en lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y subsidiar la modernización y ampliación del transporte público con un porcentaje del monto que se recaude. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado el diesel para ese tipo de transporte.

La cultura rentista

Los subsidios se mantienen como una forma de distribuir la renta petrolera en beneficio de la sociedad que se considera dueña de dichos recursos. Lo que en esencia es una actitud paternalista del Estado, suele ser presentada como una conquista de las luchas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, incrementan la inequidad y pueden ser empleados de mejor manera. Por lo tanto, deben eliminarse o reorientarse, con la condición básica de que cualquier decisión que al respecto se tome no genere un solo pobre más.  

En Venezuela, los subsidios son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. En adelante, para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos: i) aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen; ii) para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado y canalizado directamente a las personas que realmente los necesitan; iii) ante el estancamiento de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.

La reforma fiscal

A diferencia de los años de la política neoliberal cuando se recurrió a sucesivas alzas en los precios de los servicios públicos y combustibles para lograr el equilibrio fiscal y no tener que gravar con nuevos impuestos a la inversión nacional y extranjera, en la actualidad la corrección del déficit fiscal pasa por evolucionar de la cultura rentista que espera que todo lo pague el petróleo, hacia una verdadera cultura tributaria que exprese la corresponsabilidad ciudadana en el financiamiento de los servicios públicos.

Para evitar el impacto inflacionario de devaluar nuevamente el bolívar con fines de recaudación fiscal, un asunto pendiente se refiere a la reforma tributaria. Hay que comenzar por perfeccionar los mecanismos de recaudación, para luego transformar los impuestos indirectos y regresivos como el IVA, en impuestos directos y progresivos como el impuesto a la renta, al lujo, a los activos empresariales y a las grandes herencias.
Además de aumentar los impuestos de los contribuyentes, el gobierno también está emplazado a racionalizar el gasto público para corregir el déficit fiscal. Esto pasa por lograr una certera focalización de los subsidios y así poder lograr más y mejores resultados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

BCV: con una mano pega y con la otra soba


Por: Víctor Álvarez R.

Si algo deseamos quienes vivimos de un ingreso fijo es que el incremento salarial sea mayor que el aumento de los precios. Pero en los últimos años, uno de los factores que más ha propagado la inflación que devora los salarios ha sido la emisión de dinero inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias. La inyección de dinero sin respaldo en el contexto de una economía con altos índices de escasez, no hace más que erosionar el poder de compra de la moneda nacional, ya que cada vez hay más bolívares procurando comprar productos que se hacen cada vez más escasos.

El propio BCV, para recoger el exceso de liquidez que él mismo genera, ha incrementado el encaje legal tres veces consecutivas: de 17% a 19% en octubre, de 19% a 20% en diciembre y de 20 a 21.5%, recientemente. Esto significa que los bancos deben congelar el  21,5% del dinero que captan. Aun así, el exceso de liquidez no ha bajado y es más el dinero sin respaldo que con una mano el BCV inyecta a la circulación doméstica, que el que saca con la otra mano a través del encaje legal. Ciertamente, un aumento del encaje de 4,5% es  poco lo que puede neutralizar ante un desmesurado aumento de la liquidez monetaria, superior al 65% anual.

A pesar de que el artículo 320 de la CRBV señala que “el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”, desde 2010 el instituto emisor ha venido financiando a Pdvsa, toda vez que la compañía petrolera se ha visto muy perjudicada por una tasa de cambio oficial que no le rinde para pagar su nómina de más de 100 mil trabajadores, cancelar a tiempo la deuda con proveedores y contratistas, mantener la ayuda a las misiones sociales y cumplir a tiempo con sus obligaciones fiscales.  Un solo dato: hasta mayo de 2014 el BCV le ha prestado a Pdvsa más de Bs. 411.000 millones. Sin embargo, la oferta de bienes no ha crecido en la misma proporción.

Una vez que se comprenda que el auge inflacionario es la inevitable consecuencia de las emisiones de dinero inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias, quedará claro que un paso clave para recuperar la fortaleza del bolívar, abatir la inflación y proteger  los salarios tiene que ver con la recuperación de la autonomía del BCV, que sabiamente quedó plasmada en la Constitución de 1999.  
Los trabajadores que vivimos de un ingreso fijo que se vuelve sal y agua con el desquicie de los precios esperamos un BCV que se comprometa a derrotar la inflación. Las reformas a la ley del instituto emisor no arrojaron los resultados esperados. Un BCV más independiente podrá resistir las presiones para financiar el déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo y defender de mejor manera la meta de inflación. Autocríticamente debemos reconocer que los propios datos oficiales revelan que el financiamiento a Pdvsa ha sido la principal causa de la expansión desproporcionada de la liquidez monetaria que se ha convertido en un factor propagador de la inflación. Pdvsa debe sanear sus finanzas y eso pasa por sincerar tanto la tasa de cambio oficial como el precio de la gasolina, así como fijar límites inquebrantables a los montos que el Gobierno puede obtener como préstamos del BCV.

¿Qué significa la salida de Jorge Giordani?


Víctor Álvarez R.

La salida de Giordani ha sido interpretada como un triunfo de los pragmáticos sobre los radicales que evidencia las contradicciones entre las tendencias que hay en el gobierno: una comprometida con la transformación del capitalismo en un  modelo socialista, otra tratando de recuperar la gobernabilidad económica a través de concesiones al sector privado. Pero su salida no significa una política económica distinta. A lo sumo, acelerará el abandono de un régimen cambiario que degeneró en el principal incentivo a la corrupción y especulación. Pero mientras no se ataquen las distorsiones cambiarias, fiscales y monetarias se mantendrán las causas que reducen las reservas internacionales, castigan la producción, crean escasez, erosionan el bolívar, atizan la inflación y destruyen los salarios.

Un cambio de política económica implica la unificación cambiaria bajo un sistema de flotación libre controlada por bandas. El anclaje no solo afecta las finanzas de Pdvsa, también estimula las importaciones que desplazan la agricultura e industria, sectores llamados a sustituir importaciones y diversificar las exportaciones. Con un tipo de cambio que exprese la productividad del aparato productivo interno, Pdvsa aliviará el déficit que la lleva a endeudarse con el Bcv, el cual ya no tendrá que emitir dinero para prestarle las sumas que necesita para completar el pago de una nómina de más de 100 mil empleados, cancelar deudas a proveedores y financiar las misiones. Solo así se evitará el impacto inflacionario que causa el desmesurado crecimiento de la liquidez monetaria en un mercado con crecientes índices de escasez.

Cambiar la política económica significa corregir las distorsiones que genera calcular el presupuesto con base en un precio subestimado del barril de petróleo. Esto sustrae a Pdvsa -a través del impuesto a la ganancia súbita- divisas que debería administrar el BCV, el cual además transfiere al Fonden las llamadas reservas excedentarias. Así el Bcv podrá recuperar un adecuado nivel de divisas para atender las necesidades del aparato productivo.
Pero esto no se resuelve solo con el cambio de un hombre. Requiere mayores capacidades técnico-políticas para dirigir la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista, y esto pasa por superar la práctica de enroques y policamburismo por la que funcionarios que no pueden con un solo cargo, tienen a su vez cuatro y cinco cargos adicionales. Los ejecutores de la política económica deben tener la capacidad técnica y autoridad política para explicarle al país las causas de la problemática económica y las medidas que es necesario aplicar. Endosar estos problemas a la guerra económica y simultáneamente decir que el modelo económico es exitoso, más que una contradicción es un sarcasmo que resta credibilidad y mina la confianza del pueblo en su dirigencia. Romper la inacción gubernamental ante medidas que se caen de maduro como sincerar el precio de la gasolina, unificar los tipos de cambio y reorientar en favor de la producción nacional los millardos de dólares que se gastan en importaciones, demostraría que el nuevo liderazgo comprende la naturaleza del problema económico y puede conjurar la amenaza de estanflación.

"Hay cazadores de cargos que quieren más poder"

El economista afirma que Maduro saldrá fortalecido de la crisis

Víctor Álvarez:

“Hay cazadores de cargos que quieren más poder”

29 de junio 2014 - 12:01 am

 
 
"La construcción del socialismo en el siglo XXI no puede repetir los mismos errores que lo llevaron al colapso del siglo pasado", dijo Álvarez | Foto William Dumont
 
"La construcción del socialismo en el siglo XXI no puede repetir los mismos errores que lo llevaron al colapso del siglo pasado", dijo Álvarez | Foto William Dumont

El ex ministro alerta sobre lo peligroso que podría resultar para el PSUV exigir lealtad a toda prueba, y extinguir así la posibilidad de debatir ideas y corregir rumbos  
     
Ficha técnica
Víctor Álvarez
  • Economista egresado de la Universidad de La Habana, Cuba
  • Ex ministro de Industrias Básicas y Minería
  • Fue presidente de la CVG y director de Pdvsa
  • Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM)
  • Premio Nacional de Ciencias 2013
  • Premio Municipal al Pensamiento Político
  • Dos veces Mención Honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico
  • Premio Ensayo Crítico de la Asamblea Nacional
  • Orden Arturo Michelena 
Víctor Álvarez condenó hace unos días las prácticas estalinistas para censurar la crítica en el PSUV, en razón de la diatriba creada por la carta de Jorge Giordani y que condujo al pase a tribunal disciplinario de Héctor Navarro cuando sugirió discutir las observaciones contenidas en la misiva. Aclara que no comparte lo señalado por el ex ministro de Planificación, a quien responsabiliza del deterioro económico. Sin embargo, defiende la posibilidad de debatir con propuestas para evitar el colapso de la revolución.
Este economista, egresado de la Universidad de La Habana, asegura que es un hombre de izquierda por decisión y un convencido de que el modelo socialista es el único que puede acabar con la pobreza y la desigualdad social. Se define como fiel militante del PSUV y promotor del socialismo del siglo XXI.
—¿Qué le pareció la carta del ex ministro Jorge Giordani?—Creo que se está haciendo del aleteo de una mariposa un huracán de emociones que deja de lado el contenido esencial. Este tiene que ver con la rectificación integral de una política económica que desde hace años luce agotada y de la cual Jorge Giordani fue uno de los principales diseñadores y ejecutores. Si los hubiese presentado en un tono más autocrítico y propositivo, en lugar de levantar dudas sobre el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, sus planteamientos habrían sido mejor recibidos. Pero le restó potencia al no reconocer su cuota de responsabilidad y desconocer el enorme esfuerzo que Maduro viene haciendo en medio de tantas presiones y conspiraciones. 
—¿Cree que era este el momento para hacer tales críticas? ¿Por qué no lo hizo antes?—Quienes temen a las críticas siempre encontrarán un pretexto para decir que no es oportuno hacerlas. Giordani habría hecho un verdadero aporte si se hubiese jugado el cargo por hacerlas públicamente, en vez de esperar a que lo destituyeran, sin asumir ninguna responsabilidad en lo que cuestiona.
—¿Qué tan profunda es la ruptura entre la ortodoxia de izquierda y el PSUV?—Se interpretan estas tensiones como la expresión de un conflicto ideológico entre los ortodoxos que quieren profundizar la revolución y los pragmáticos que están más interesados en retomar la gobernabilidad económica con concesiones al sector privado. Argumentan que esto significaría una vuelta al capitalismo. Pero resulta que la economía venezolana sigue siendo capitalista, el socialismo todavía no se ha implantado. Mientras no se cree un pujante sector de la economía social, habrá que contar con el sector privado, aunque no sea del agrado de esa ortodoxia que aún postula la propiedad total y absoluta del Estado sobre todos los medios de producción.
—¿Sobrevivirá la unión de los partidos aliados al PSUV a esta suerte de tsunami político que ha causado la carta de Giordani?—Las descalificaciones de Giordani contra el presidente Maduro más bien han despertado la solidaridad con un hombre que jamás tuvo la ambición de ser presidente de la república y mucho menos pensó con ser el sucesor de Chávez. Si bien es cierto que los factores del Gran Polo Patriótico han planteado la necesidad de profundizar el debate sobre las rectificaciones que hay que hacer, también es cierto que han ratificado su respaldo a Maduro, y el PSUV con toda seguridad lo aclamará como presidente del partido en el próximo congreso. De esta crisis Maduro saldrá fortalecido.
—¿Qué sugiere que deba cambiarse en el gobierno?—El principal problema que afronta Venezuela es económico. Hay que reformar el actual sistema de cambios múltiples, que exacerba la cultura rentista de comprar dólares baratos para venderlos caros y causa los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación. Se debe adoptar un solo tipo de cambio flotante controlado por bandas hasta lograr un nivel que exprese la verdadera productividad de la agricultura y la industria. Asimismo, impulsar una reforma fiscal para mejorar la recaudación, y prohibir el financiamiento del BCV a entes públicos deficitarios para evitar emisiones de dinero inorgánico que atizan la inflación. 
—El presidente Maduro planteó la lealtad por encima de la crítica. ¿Acaso no ha sido esa la práctica dentro del modelo cubano que ha inspirado al PSUV?—Una cosa es la crítica fanática de la derecha que no reconoce los esfuerzos que hace el gobierno y otra cosa muy distinta la crítica leal y comprometida. La construcción del socialismo en el siglo XXI no puede repetir los mismos errores que lo llevaron al colapso el siglo pasado; uno de los cuales fue, precisamente, considerar toda clase de crítica como una expresión de deslealtad y traición porque puede conducir a que el proceso revolucionario pierda su capacidad de revisarse y renovarse. 
—¿Usted le teme a las reformas económicas?—Todo lo contrario. Le temo a la inacción, a la inercia, a que no se haga lo que está de anteojito. Para superar buena parte de los problemas de la economía venezolana hay que sincerar el precio de la gasolina para recaudar más de 12 millardos de dólares anuales. El gobierno no tiene que ir al FMI a pedir recursos condicionados a la aplicación de un programa de shock. Pero estos rezagos en decisiones tan obvias tienen su impacto en la desaceleración de la actividad productiva. A eso sí le temo porque significa generar un creciente malestar que poco a poco va erosionando la base de apoyo social que es partidaria de la construcción del socialismo venezolano.
—¿Es el control de la divisas a través del Cencoex la manzana de la discordia en el gobierno?—La manzana de la discordia –que fue el detonante de este alboroto– estuvo en el empeño de Giordani de mantener un rígido control cambiario totalmente agotado, el cual estaba generando resultados indeseados. Pero esa discordia desaparece si se evoluciona hacia un régimen con un solo tipo de cambio flotante controlado por bandas. El actual sistema genera un sacrificio fiscal para Pdvsa y crea presiones inflacionarias que se derivan de financiar el déficit de la petrolera y otras empresas públicas a través de emisiones de dinero sin respaldo del BCV. Por si fuera poco, la enorme brecha entre las tasas de cambio genera perversos incentivos a la corrupción y especulación, propias de la mentalidad rentista que se empeña en capturar los dólares baratos de Cencoex para después venderlos en Sicad II y amasar así escandalosas ganancias que no son fruto del esfuerzo productivo.
—¿No será que había un sector de izquierda consentido y malcriado que ahora se trata de dejar de lado y de allí surge la molestia?—El problema no está en el malestar de un sector que se siente desplazado, sino en que hay arribistas y cazadores de cargos que quieren más poder. Ese sí es el riesgo del burocratismo que impide mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental. Hay muchos funcionarios que no son eficientes en el desempeño de un solo cargo y, sin embargo, tienen cuatro y cinco cargos más.
—¿Qué propuesta hace ante este cisma interno para aliviar las dificultades que atraviesa el PSUV y, en consecuencia, el gobierno?—Es exagerado hablar de un cisma interno. Lo que ha estallado es un debate, una discusión cada vez más intensa que no está exenta de emociones y pasiones. Si tengo que hacer una propuesta para aliviar los problemas y cohesionar las fuerzas políticas y sociales que apoyan al gobierno, no puede ser otra que la de estimular un debate leal y comprometido con la construcción de una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social. Las ideas y propuestas deben fluir con libertad. La voz crítica y propositiva no puede ser catalogada de deslealtad y traición.

viernes, 20 de junio de 2014

Los objetivos PAP (producción, abastecimiento y precios)


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencia 2013

En la nueva fase de la ofensiva Económica, el Presidente Nicolás Maduro se ha planteado reactivar la producción para aumentar el abastecimiento y estabilizar los precios. Hasta ahora, las medidas para lograrlo giran en torno a agilizar la entrega de divisas y ofrecer nuevas fuentes de financiamiento. Pero estas deben ser complementadas con incentivos para fortalecer las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo, en función de incrementar la productividad y reducir de forma drástica los costos. Esto implica un acceso oportuno a los recursos que se requieren para mejorar los productos y procesos tecnológicos, lo cual pasa por reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).

Al comienzo de la Locti, las empresas podían escoger entre utilizar su aporte en inversión puertas adentro, financiar proyectos de universidades o entregarlo al MCTI. A pesar de que la ley identificaba más de diez formas de vinculación universidad-empresa, el 95% de los aportes se quedó en las compañías, no pocas veces para pagar las vacaciones de sus ejecutivos en Cancún, simulando que habían sido enviados a un evento sobre nuevas tecnologías. Solo el 4% se destinó a financiar proyectos con universidades y centros de investigación y apenas 1% fue depositado en el Ministerio.

Para evitar este fraude, con la reforma de 2010 todos los aportes se centralizaron en el Fonacit. Sin embargo, la producción científica y tecnológica -medida a través de los indicadores tradicionales de proyectos de investigación, artículos publicados en revistas indexadas, eventos científicos y patentes-, no ha aumentado en la misma proporción de los fondos Locti. Solo el número de investigadores y tecnólogos se incrementó. Paradójicamente, la caída en los demás indicadores se atribuye a los bajos salarios, cuestión que obliga a renunciar a muchos investigadores para buscar trabajos mejor remunerados.

La sola recaudación de Locti no puede ser catalogada como una inversión. Si así fuera, el monto de 2 % del PIB que se recauda nos ubicaría a nivel de Japón y Alemania, pero está claro que no hemos alcanzado el grado de desarrollo científico ni mucho menos económico de esos países. Semejante volumen de recursos no puede ser absorbido únicamente por las universidades. Por eso es necesario abrir otros espacios para realizar proyectos de investigación e innovación. Es aquí donde la empresa pública y privada están llamadas a jugar un importante papel como locus de una nueva actividad científica y tecnológica que sustente una abundante producción de calidad y precios solidarios.
El logro de los objetivos PAP requiere una reforma de la Locti que facilite la inversión empresarial en el fortalecimiento de su productividad, calidad y competitividad. De esta forma, el insuficiente número de laboratorios universitarios se complementaría haciendo de cada empresa un centro de investigación e innovación. Adicionalmente se crearía una infraestructura de uso común para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo, el cual remuneraría con mejores sueldos y beneficios a los profesionales con nivel de maestría y doctorado que se dedican a la investigación, pero que de acuerdo a las tablas oficiales apenas reciben 1,2 salarios mínimos.

Propuesta 8 a la Comisión Económica para la Paz: cómo industrializar la economía


Víctor Álvarez R.
Premio Nacional de Ciencia 2013

En la Comisión Económica para la Paz (CEP), los problemas relacionados con la liquidación oportuna de divisas que restringen la capacidad de importación deben ser vistos como una gran oportunidad para relanzar y reimpulsar el desarrollo industrial. Una vez más se ha revelado con toda su fuerza nuestra paradoja de ser un país rico en materias primas pero pobre en tecnologías para transformarlas en productos de mayor valor agregado. Impulsar la manufactura nacional es una necesidad que debemos reconocer, sobre todo si tenemos en cuenta el efecto multiplicador que el desarrollo de este sector es capaz de ejercer sobre otros sectores económicos dedicados a generar la oferta de bienes, servicios y empleos que se requieren para satisfacer las necesidades de la sociedad. La industrialización es la clave para transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo soberano y exportador. Este el gran reto que el país tiene plateado para superar los actuales problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población.

Economía rentista e importadora 

Los auges del ingreso petrolero tienen un impacto negativo sobre el aparato productivo nacional. La renta confiere un extraordinario poder de compra externo que permite adquirir en el resto del mundo lo que se debería estar produciendo internamente. Esta tendencia se ve acentuada por el anclaje de la tasa de cambio que -en comparación con el tipo de cambio de mercado-, se revela como un subsidio al dólar que estimula la importación masiva de toda clase de bienes. Esta es la verdadera causa de que el mejor negocio en Venezuela siga siendo importar, en lugar de producir para sustituir importaciones o exportar.

La cultura rentística tiende a consumir, en lugar de invertir, el ingreso petrolero. En un contexto de abundancia de divisas, aun cuando resulte necesario diversificar la economía para alcanzar la soberanía productiva, este proceso no es urgente, toda vez que para conjurar los problemas de escasez se apela a la importación de los productos que deberían abastecerse con el esfuerzo productivo interno. A la mentalidad rentista siempre le será más fácil importar, en lugar de producir. Así, los factores que inhiben el crecimiento de la industria para satisfacer la demanda interna se agravan ante las permanentes importaciones que desplazan la producción nacional. Pero ahora que se ha estancado el ingreso petrolero y han surgido los problemas de escasez de divisas que limitan la capacidad para importar, hay que plantearse seriamente impulsar el desarrollo industrial.

Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos

Salir de este círculo vicioso exige impulsar la industrialización de la economía nacional como un proceso que no puede quedar merced de las fuerzas ciegas del mercado. En la CEP se impone construir un gran acuerdo nacional para que los sectores público y privado complementen capacidades y recursos en función de impulsar la industrialización como un proceso concertado y bien planificado. Solo así se podrá lograr un rápido desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas dedicadas a transformar materias primas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final, con el fin de satisfacer las crecientes demandas y necesidades del aparato productivo nacional y de la población. Con este fin, el gobierno puede ofrecer una gama de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas al sector transformador, con la condición de que éste sustituya importaciones, diversifique las exportaciones no petroleras y genere empleo estable y bien remunerado.                                                                                       

La industrialización en una nueva estrategia económica

El impulso a la industrialización de la economía nacional requiere un adecuado manejo de la política macroeconómica y microeconómica, lo cual pasa por fijar un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera; una política arancelaria que desaliente las importaciones y favorezca la producción nacional y las exportaciones; así como incentivos fiscales y financieros para la inversión productiva y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas. Al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evitará que los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias.
A través de un aumento sostenido del grado de industrialización, la contribución de la actividad manufactura a la conformación del PIB se puede convertir en el eje dinamizador del desarrollo económico. En estos tiempos de desabastecimiento e inflación, la industrialización tiene que ser un objetivo estratégico de la CEP. Los sectores público y privado están llamados a construir los acuerdos básicos para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Sin lugar a dudas, la industrialización de la economía es la mejor manera de generar empleos fructíferos, cuya remuneración tenga como contrapartida la producción de una abundante oferta de bienes y servicios que permitan derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.

Superar el extractivismo: una asignatura pendiente

Víctor Álvarez R.

Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM)


Premio Nacional de Ciencia 2013


Venezuela


Un tema muy sensible para la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se refiere al deterioro del medio ambiente que resulta de la sobreexplotación de los recursos naturales. La crisis ambiental que se expresa en el cambio climático y recalentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los suelos, el agotamiento de las fuentes de aguas y de muchos recursos naturales, impone redefinir las estrategias economicistas y productivistas de desarrollo que han terminado por comprometer seriamente la esperanza de vida, toda vez que no solo afecta a las generaciones presentes, sino que representa un grave peligro para la continuidad de la vida en el planeta.

Al asumir la defensa de la vida no podemos limitarnos única y exclusivamente a la vida humana. Se impone también defender a la naturaleza de la cual formamos parte inseparable, y cuya protección es una condición imprescindible para garantizar la existencia de todas las personas. Por tanto, implica reconocer los derechos de la naturaleza por encima de los objetivos y metas de desarrollo económico.

América Latina constituye uno los principales reservorios de recursos naturales del mundo, con abundantes yacimientos de petróleo, gas y minerales, fuentes de agua dulce, bosques, biodiversidad y ecosistemas, tierras aptas para la producción agrícola, fuentes primarias de energía y un gran potencial para la producción de energías limpias. Un continente que tiene todo lo que se necesita para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Pero tiene pendiente aún concertar políticas y estrategias de interés común que le permitan convertir el aprovechamiento racional de esas riquezas, en la condición básica para erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. 

Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos

Una y otra vez se ha planteado que nuestra mayor riqueza son los recursos naturales y que debemos explotarlos para luchar contra el hambre. Para justificar la intensificación del extractivismo se nos dice que no podemos seguir como el mendigo sentado sobre un saco de oro. Ante la urgencia de obtener los recursos financieros que permitan financiar los programas destinados a reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social, se justifica el modelo extractivista-rentista, pero se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso del cual resulta cada vez más difícil salir.

Ciertamente, la renta captada por la exportación de recursos naturales ha permitido financiar la inversión social, pero no ha estimulado un crecimiento económico de calidad ni una distribución progresiva del ingreso. Por el contrario, ha traído como consecuencia un proceso de reprimarización de la economía. Como la renta no la pagan los productores ni consumidores nacionales, sino que la pagan los consumidores internacionales, la misma constituye la captación de un plusvalor internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos y sociales internos. Mientras más crece la población y el consumo, mayores son las necesidades de importación y mayor el imperativo de extraer más recursos naturales para captar la renta que permita financiar las importaciones que el precario aparato productivo interno no está en capacidad de sustituir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, se intensifica la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que se capta una más renta y se inyecta a la circulación doméstica, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual se frena la producción nacional.

No se puede seguir apostando al extractivismo con el falso argumento de que éste financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. La renta derivada de las actividades extractivas no podrá financiar una verdadera estrategia de desarrollo. El extractivismo genera una abundante fuente de recursos que se destina a importar y, por lo tanto, desestimula el esfuerzo productivo nacional. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.

En defensa de una economía emancipadora y soberana

El aprovechamiento de los recursos naturales y su incidencia en las condiciones sociales y la vida humana constituyen un aspecto crucial en la construcción de una sociedad libre de pobreza, donde la reproducción de las condiciones materiales haga posible la reproducción de la especie humana. Una condición básica para derrotar la pobreza es superar la visión extractivista que explota a gran escala los recursos naturales para exportarlos sin mayor grado de transformación, sin generar ningún estímulo para el fortalecimiento de la industria ni de las capacidades tecnológicas e innovativas locales.

La soberanía es la capacidad de ejercer el dominio y disposición del territorio, por encima de cualquier otro poder. En esta noción, los recursos naturales son parte integrante del territorio y, en consecuencia, representan una base importante para el desarrollo económico y social. Pero aun cuando su explotación sea realizada por empresas estatales o nacionales, el extractivismo refuerza la dependencia de los centros de poder mundial y reproduce los mecanismos de colonización y explotación económica que nos impusieron desde la colonia. La soberanía productiva solo se podrá lograr si la vieja práctica de exportar materias primas se sustituye por su transformación interna en productos de mayor valor agregado que permitan sustituir importaciones, diversificar la oferta exportable y generar trabajo digno y bien remunerado para nuestros pueblos.

Aumentar la exportación de recursos naturales sin valor agregado prolonga la frontera del extractivismo y refuerza la mentalidad rentista que induce a apoyar la liquidación acelerada de los yacimientos como fuente de las rentas que se destinan a aliviar la pobreza, más no a erradicar las causas estructurales que la generan. Al no invertirse en la agricultura, industria y demás sectores productivos, a la larga se genera más pobreza, toda vez que al agotarse los yacimientos, las fuentes de agua, la biodiversidad, destruir las culturas ancestrales y generar pasivos ambientales, el extractivismo deja una herencia de desempleo, pobreza y exclusión social.

Las causas de estos terribles flagelos sociales se podrán erradicar a medida que se impulse la construcción de una nueva economía emancipadora y solidaria bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada. Pendiente sigue superar la cultura extractivista-rentista y sustituirla por una cultura del trabajo, centrada en la creación de valor y riqueza, como fundamento de un nuevo modelo productivo capaz de integrar las actividades económicas a la vida social, en función de producir los bienes y servicios básicos y esenciales que resultan imprescindibles para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de la gente.

lunes, 16 de junio de 2014

Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia


L A N Z A M I E N T O  D E L  P R O G R A M A  EN  V E N E Z U E LA

Democracia Participativa y Revolución en Latinoamérica
 
Jueves 19 de junio de 2014, Centro Internacional Miranda (CIM)
 
9:00 - 9:30 A P E R T U R A. Luis Bonilla, Presidente del CIM

9:30 -10:00 I N V I T A D O E S P E C I A L - Luis Britto García

10:00 -10:30 Ponencia Central del Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia -

Ramón Torres - Coordinador del Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia - DRRD

10:30 -10:45 CAFÉ

10:45 -11:15 Los medios de comunicación en el inicio y fin de la democracia – Miguel Ángel Pérez Pirela -IDEA
11:15 -11:45 Treinta años de democracia en América Latina: procesos de democratización y amenazas Alba Carosio - CLACSO
2:00 - 2:30 La transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista – Víctor Álvarez - CIM
2:30 - 3:00 De una transición política a una posible transición histórica. El desarrollo imprevisto de la revolución bolivariana - Leonardo Bracamonte - CELARG
3:00 - 3:15 CAFÉ

3:15 - 3:45 Teoría y práctica de planificación participativa en Venezuela: el proceso constituyente Plan Patria – Ximena González Broquen - IVIC

3:45 - 5:15 Movimiento Popular Constituyente por una Nueva Ley Semilla
5:15 – 6:00 DEBATE
 
6.00pm Firma del Convenio entre presidentes de IVIC, IDEA, CIM

LUGAR: Centro Internacional Miranda. Residencias Anauco Suites, Pent House. Final Av. Bolívar, Parque Central

Mayor información: http://www.democraciasenrevolucion.org/