Propuesta 8 a la Comisión Económica para la Paz: cómo industrializar la economía

Víctor Álvarez R.

Premio Nacional de Ciencia 2013

En la Comisión Económica para la Paz (CEP), los problemas relacionados con la liquidación oportuna de divisas que restringen la capacidad de importación deben ser vistos como una gran oportunidad para relanzar y reimpulsar el desarrollo industrial. Una vez más se ha revelado con toda su fuerza nuestra paradoja de ser un país rico en materias primas pero pobre en tecnologías para transformarlas en productos de mayor valor agregado. Impulsar la manufactura nacional es una necesidad que debemos reconocer, sobre todo si tenemos en cuenta el efecto multiplicador que el desarrollo de este sector es capaz de ejercer sobre otros sectores económicos dedicados a generar la oferta de bienes, servicios y empleos que se requieren para satisfacer las necesidades de la sociedad. La industrialización es la clave para transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo soberano y exportador. Este el gran reto que el país tiene plateado para superar los actuales problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población.

Economía rentista e importadora 

Los auges del ingreso petrolero tienen un impacto negativo sobre el aparato productivo nacional. La renta confiere un extraordinario poder de compra externo que permite adquirir en el resto del mundo lo que se debería estar produciendo internamente. Esta tendencia se ve acentuada por el anclaje de la tasa de cambio que -en comparación con el tipo de cambio de mercado-, se revela como un subsidio al dólar que estimula la importación masiva de toda clase de bienes. Esta es la verdadera causa de que el mejor negocio en Venezuela siga siendo importar, en lugar de producir para sustituir importaciones o exportar.

La cultura rentística tiende a consumir, en lugar de invertir, el ingreso petrolero. En un contexto de abundancia de divisas, aun cuando resulte necesario diversificar la economía para alcanzar la soberanía productiva, este proceso no es urgente, toda vez que para conjurar los problemas de escasez se apela a la importación de los productos que deberían abastecerse con el esfuerzo productivo interno. A la mentalidad rentista siempre le será más fácil importar, en lugar de producir. Así, los factores que inhiben el crecimiento de la industria para satisfacer la demanda interna se agravan ante las permanentes importaciones que desplazan la producción nacional. Pero ahora que se ha estancado el ingreso petrolero y han surgido los problemas de escasez de divisas que limitan la capacidad para importar, hay que plantearse seriamente impulsar el desarrollo industrial.

Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos

Salir de este círculo vicioso exige impulsar la industrialización de la economía nacional como un proceso que no puede quedar merced de las fuerzas ciegas del mercado. En la CEP se impone construir un gran acuerdo nacional para que los sectores público y privado complementen capacidades y recursos en función de impulsar la industrialización como un proceso concertado y bien planificado. Solo así se podrá lograr un rápido desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas dedicadas a transformar materias primas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final, con el fin de satisfacer las crecientes demandas y necesidades del aparato productivo nacional y de la población. Con este fin, el gobierno puede ofrecer una gama de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas al sector transformador, con la condición de que éste sustituya importaciones, diversifique las exportaciones no petroleras y genere empleo estable y bien remunerado.                                                                                       

La industrialización en una nueva estrategia económica

El impulso a la industrialización de la economía nacional requiere un adecuado manejo de la política macroeconómica y microeconómica, lo cual pasa por fijar un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera; una política arancelaria que desaliente las importaciones y favorezca la producción nacional y las exportaciones; así como incentivos fiscales y financieros para la inversión productiva y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas. Al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evitará que los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias.

A través de un aumento sostenido del grado de industrialización, la contribución de la actividad manufactura a la conformación del PIB se puede convertir en el eje dinamizador del desarrollo económico. En estos tiempos de desabastecimiento e inflación, la industrialización tiene que ser un objetivo estratégico de la CEP. Los sectores público y privado están llamados a construir los acuerdos básicos para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Sin lugar a dudas, la industrialización de la economía es la mejor manera de generar empleos fructíferos, cuya remuneración tenga como contrapartida la producción de una abundante oferta de bienes y servicios que permitan derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.

Superar el extractivismo: una asignatura pendiente

Víctor Álvarez R.

Investigador del Centro Internacional Miranda (CIM)

Premio Nacional de Ciencia 2013

Venezuela

Un tema muy sensible para la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se refiere al deterioro del medio ambiente que resulta de la sobreexplotación de los recursos naturales. La crisis ambiental que se expresa en el cambio climático y recalentamiento global, el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los suelos, el agotamiento de las fuentes de aguas y de muchos recursos naturales, impone redefinir las estrategias economicistas y productivistas de desarrollo que han terminado por comprometer seriamente la esperanza de vida, toda vez que no solo afecta a las generaciones presentes, sino que representa un grave peligro para la continuidad de la vida en el planeta.

Al asumir la defensa de la vida no podemos limitarnos única y exclusivamente a la vida humana. Se impone también defender a la naturaleza de la cual formamos parte inseparable, y cuya protección es una condición imprescindible para garantizar la existencia de todas las personas. Por tanto, implica reconocer los derechos de la naturaleza por encima de los objetivos y metas de desarrollo económico.

América Latina constituye uno los principales reservorios de recursos naturales del mundo, con abundantes yacimientos de petróleo, gas y minerales, fuentes de agua dulce, bosques, biodiversidad y ecosistemas, tierras aptas para la producción agrícola, fuentes primarias de energía y un gran potencial para la producción de energías limpias. Un continente que tiene todo lo que se necesita para lograr la soberanía alimentaria y productiva. Pero tiene pendiente aún concertar políticas y estrategias de interés común que le permitan convertir el aprovechamiento racional de esas riquezas, en la condición básica para erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. 

Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos

Una y otra vez se ha planteado que nuestra mayor riqueza son los recursos naturales y que debemos explotarlos para luchar contra el hambre. Para justificar la intensificación del extractivismo se nos dice que no podemos seguir como el mendigo sentado sobre un saco de oro. Ante la urgencia de obtener los recursos financieros que permitan financiar los programas destinados a reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social, se justifica el modelo extractivista-rentista, pero se corre el riesgo de caer en un círculo vicioso del cual resulta cada vez más difícil salir.

Ciertamente, la renta captada por la exportación de recursos naturales ha permitido financiar la inversión social, pero no ha estimulado un crecimiento económico de calidad ni una distribución progresiva del ingreso. Por el contrario, ha traído como consecuencia un proceso de reprimarización de la economía. Como la renta no la pagan los productores ni consumidores nacionales, sino que la pagan los consumidores internacionales, la misma constituye la captación de un plusvalor internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos y sociales internos. Mientras más crece la población y el consumo, mayores son las necesidades de importación y mayor el imperativo de extraer más recursos naturales para captar la renta que permita financiar las importaciones que el precario aparato productivo interno no está en capacidad de sustituir. Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, se intensifica la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que se capta una más renta y se inyecta a la circulación doméstica, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual se frena la producción nacional.

No se puede seguir apostando al extractivismo con el falso argumento de que éste financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. La renta derivada de las actividades extractivas no podrá financiar una verdadera estrategia de desarrollo. El extractivismo genera una abundante fuente de recursos que se destina a importar y, por lo tanto, desestimula el esfuerzo productivo nacional. Importamos porque no producimos y no producimos porque importamos.

En defensa de una economía emancipadora y soberana

El aprovechamiento de los recursos naturales y su incidencia en las condiciones sociales y la vida humana constituyen un aspecto crucial en la construcción de una sociedad libre de pobreza, donde la reproducción de las condiciones materiales haga posible la reproducción de la especie humana. Una condición básica para derrotar la pobreza es superar la visión extractivista que explota a gran escala los recursos naturales para exportarlos sin mayor grado de transformación, sin generar ningún estímulo para el fortalecimiento de la industria ni de las capacidades tecnológicas e innovativas locales.

La soberanía es la capacidad de ejercer el dominio y disposición del territorio, por encima de cualquier otro poder. En esta noción, los recursos naturales son parte integrante del territorio y, en consecuencia, representan una base importante para el desarrollo económico y social. Pero aun cuando su explotación sea realizada por empresas estatales o nacionales, el extractivismo refuerza la dependencia de los centros de poder mundial y reproduce los mecanismos de colonización y explotación económica que nos impusieron desde la colonia. La soberanía productiva solo se podrá lograr si la vieja práctica de exportar materias primas se sustituye por su transformación interna en productos de mayor valor agregado que permitan sustituir importaciones, diversificar la oferta exportable y generar trabajo digno y bien remunerado para nuestros pueblos.

Aumentar la exportación de recursos naturales sin valor agregado prolonga la frontera del extractivismo y refuerza la mentalidad rentista que induce a apoyar la liquidación acelerada de los yacimientos como fuente de las rentas que se destinan a aliviar la pobreza, más no a erradicar las causas estructurales que la generan. Al no invertirse en la agricultura, industria y demás sectores productivos, a la larga se genera más pobreza, toda vez que al agotarse los yacimientos, las fuentes de agua, la biodiversidad, destruir las culturas ancestrales y generar pasivos ambientales, el extractivismo deja una herencia de desempleo, pobreza y exclusión social.

Las causas de estos terribles flagelos sociales se podrán erradicar a medida que se impulse la construcción de una nueva economía emancipadora y solidaria bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada. Pendiente sigue superar la cultura extractivista-rentista y sustituirla por una cultura del trabajo, centrada en la creación de valor y riqueza, como fundamento de un nuevo modelo productivo capaz de integrar las actividades económicas a la vida social, en función de producir los bienes y servicios básicos y esenciales que resultan imprescindibles para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de la gente.

Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia

L A N Z A M I E N T O  D E L  P R O G R A M A  EN  V E N E Z U E LA

Democracia Participativa y Revolución en Latinoamérica

 

Jueves 19 de junio de 2014, Centro Internacional Miranda (CIM)

 

9:00 - 9:30 A P E R T U R A. Luis Bonilla, Presidente del CIM

9:30 -10:00 I N V I T A D O E S P E C I A L - Luis Britto García

10:00 -10:30 Ponencia Central del Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia -

Ramón Torres - Coordinador del Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia - DRRD

10:30 -10:45 CAFÉ

10:45 -11:15 Los medios de comunicación en el inicio y fin de la democracia – Miguel Ángel Pérez Pirela -IDEA

11:15 -11:45 Treinta años de democracia en América Latina: procesos de democratización y amenazas –Alba Carosio - CLACSO

2:00 - 2:30 La transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista – Víctor Álvarez - CIM

2:30 - 3:00 De una transición política a una posible transición histórica. El desarrollo imprevisto de la revolución bolivariana - Leonardo Bracamonte - CELARG

3:00 - 3:15 CAFÉ

3:15 - 3:45 Teoría y práctica de planificación participativa en Venezuela: el proceso constituyente Plan Patria – Ximena González Broquen - IVIC

3:45 - 5:15 Movimiento Popular Constituyente por una Nueva Ley Semilla
5:15 – 6:00 DEBATE
 

6.00pm Firma del Convenio entre presidentes de IVIC, IDEA, CIM

LUGAR: Centro Internacional Miranda. Residencias Anauco Suites, Pent House. Final Av. Bolívar, Parque Central

Mayor información: http://www.democraciasenrevolucion.org/

Propuesta 7 a la CEP: Reformar la LOCTI

Víctor Álvarez R.

En la nueva fase de la Ofensiva Económica, el Presidente Nicolás Maduro ha planteado reactivar la producción para aumentar el abastecimiento y estabilizar los precios, los llamados objetivos PAP. Hasta ahora, las medidas para lograrlo giran en torno a agilizar la entrega de divisas y ofrecer nuevas fuentes de financiamiento. Pero una producción de calidad y bajos precios requiere, adicionalmente, incentivos para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas, a fin de incrementar la productividad y reducir de forma drástica los costos. El acceso oportuno a los recursos que requieren las empresas para mejorar los productos y procesos tecnológicos, pasa por reformar la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti).

Balance de la Locti

Uno de los propósitos de la Locti fue generar recursos de las empresas para  financiar sus propios proyectos de investigación e innovación y así generar un conocimiento útil que les ayudara a mejorar su calidad, productividad y competitividad. De esta forma se liberarían recursos públicos para ser reorientados al financiamiento de los proyectos de universidades y centros de investigación.

Cuando se aprobó la Locti, las empresas podían escoger entre invertir su aporte puertas adentro, financiar proyectos de universidades o entregarlo al Mcti. A pesar de que la ley identificaba más de diez formas de vinculación universidad-empresa, el 95% de los aportes se quedó en las compañías, no pocas veces para pagar la fiesta de navidad de la empresa, argumentando que habían sido invertidos en la organización de un evento sobre nuevas tecnologías. Solo el 4% se destinó a financiar proyectos con universidades y apenas 1% fue depositado en el Ministerio.

Para evitar el desvío de recursos, con la reforma de 2010 todos los aportes empresariales se centralizaron en el Fonacit. Sin embargo, la producción científica y tecnológica -medida a través de los indicadores tradicionales de proyectos de investigación, artículos publicados en revistas indexadas, eventos científicos y patentes registradas-, no aumentó en la misma proporción de los fondos Locti. Por el contrario, en muchos casos se redujo. Solo el número de investigadores y tecnólogos se incrementó, aunque paradójicamente la caída en los demás indicadores se atribuye a los bajos salarios, realidad que obliga a muchos investigadores a renunciar para buscar trabajos mejor remunerados.

El logro de los objetivos PAP requiere una reforma de la Locti que facilite la inversión empresarial en el fortalecimiento de su productividad, calidad y competitividad. De esta forma, el insuficiente número de laboratorios universitarios se complementaría haciendo de cada empresa un centro de investigación e innovación. Adicionalmente se crearía una infraestructura de uso común para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo, el cual remuneraría con mejores sueldos y beneficios a los profesionales con nivel de maestría y doctorado que se dedican a la investigación, pero que de acuerdo a las tablas oficiales apenas reciben 1,2 salarios mínimos.

Empresa: locus de la innovación

Los aportes Locti de las empresas no pueden ser catalogados por sí mismos como una inversión. Si así fuera, el monto de 2 % del PIB que se recauda nos ubicaría a nivel de Japón y Alemania, pero está claro que no hemos alcanzado el grado de desarrollo científico ni mucho menos económico de esos países. El ritmo innovador no depende simplemente de la escala de los aportes a la Locti sino del modo en que dichos recursos son invertidos, dirigidos y aprovechados. Semejante volumen de recursos no puede ser absorbido únicamente por las universidades. Y la debilidad del sistema nacional de innovación conduce a malgastar muchos recursos debido a la insistencia en modelos ya superados que aún sostienen que las tecnologías se desarrollan en las universidades y luego son transferidas a las empresas.

De allí la necesidad de activar nuevos espacios para realizar proyectos de investigación e innovación cada vez más pertinentes con la problemática real del aparato productivo. Es aquí donde la empresa pública y privada está llamada a abrirse como locus de una actividad científica y tecnológica que sustente una abundante producción de calidad y precios solidarios. En los aportes que las empresas hacen a la Locti están los fondos necesarios para mejorar sus  productos y procesos. Con estos recursos se financiaría la incorporación del talento humano en la planta física de las propias empresas, las cuales pasarían a ser el epicentro de una actividad de innovación conectada con las necesidades reales de la producción de bienes y servicios. Así, cada empresa se convertiría en un centro de investigación y, adicionalmente, se invertirían fondos en la creación de una infraestructura de laboratorios y centros de servicios tecnológicos de uso común para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas del aparato productivo nacional.

Repensar vinculación universidad-empresa                                                  

Tomando en cuenta que los fondos Locti son aportes empresariales, estos deben invertirse en el desarrollo de una actividad de investigación e innovación cada vez más vinculada a las necesidades del aparato productivo nacional. Esto implica repensar la vinculación universidad-empresa para asumir la actividad productiva como eje dinámico que guía los procesos de generación, transferencia, difusión y uso de conocimientos científicos y tecnológicos.

Ahora bien, la mejora incremental y radical de los productos, procesos productivos y sistemas de organización de la producción, distribución y comercialización requiere relanzar el compromiso de la empresa con el buen uso de sus aportes Locti. Asimismo, se necesita una reforma de la ley a fin de permitir la inversión directa de los aportes que hacen las empresas en el fortalecimiento de su productividad. Esta reforma contribuiría a generar una abundante producción a buenos precios de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer holgadamente las necesidades básicas y esenciales de toda la población.  @victoralvarezr

 

 

 

¡No me suban más el sueldo pero paren la inflación!

Por: Víctor Álvarez R.

Desde que entró en vigencia la Reconversión Monetaria la inflación acumulada alcanza el 448,3%. Esto significa que aquel bolívar fuerte hoy equivale a solo 0,1823 céntimos. La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo de las personas y es una de las causas de la actual desaceleración que sufre la economía venezolana. El factor trabajo reclama aumentos de sueldos para compensar el poder adquisitivo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Mientras que el factor capital registra tales aumentos como un incremento en los costos de producción y, para no afectar su margen de ganancias, inmediatamente lo traslada al precio de venta. Los trabajadores en cambio tienen que esperar cada 1° de mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial.    

El empeño por trasladar a los precios cualquier aumento de sueldos termina revirtiéndose contra la propia lógica del capital de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. Al caer la demanda, la racionalidad capitalista -en lugar de aumentar los sueldos para reanimar el consumo-, lo que hace es bajar el nivel de producción y reducir las nóminas, con lo cual empeoran aún más la situación. El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios.

Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades básicas y no básicas satisfechas. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión.

El resultado de la pugna por la distribución del ingreso entre trabajo y capital se expresa en el saldo neto del intercambio entre aumento de salarios por inflación. En dependencia de cuál sea mayor estaremos en presencia de una distribución progresiva o regresiva del ingreso. Como la inflación promedio anual sigue siendo superior al aumento de sueldos, quien resulta ganando es el capital. Una inflación mayor que el incremento salarial es uno de los factores que explica la distribución regresiva del ingreso que se observa en la economía venezolana. Cuando los precios suben, los salarios no lo hacen de inmediato. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa toda la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del factor capital.

Mientras la inflación suba por el ascensor y los salarios lo hagan por la escalera, seguirá ganando el capital. Si esa es la jugada, yo prefiero que no me suban más el sueldo pero que paren la inflación.

Noruega: país petrolero que ya disfruta lo que aspira lograr el socialismo del SXXI

Por: Víctor Álvarez R.

El socialismo del siglo XXI no se podrá construir con las armas melladas del socialismo del siglo XX. Nostalgiamos con lo que pudo haber sido la URSS o el bloque de países socialistas europeos, buscamos inspiración en el socialismo de mercado chino, sin darnos cuenta que en Europa hay realidades más parecidas a la venezolana. Allá está el caso de Noruega, un país que hace 50 años era una de las economías más pobres de Europa y pasó a ser, según las Naciones Unidas, la más desarrollada e igualitaria del mundo. La explicación: el papel  del petróleo para financiar la inversión social y productiva y, sobre todo, el ahorro de un porcentaje de la renta para atender las necesidades futuras. Analizar la experiencia de un país petrolero como Noruega puede ser muy útil de cara al reto que tiene la Revolución Bolivariana de construir un nuevo modelo productivo que, al reservar al Estado la soberanía sobre los recursos naturales, minimice el extractivismo depredador a medida que la inversión social y productiva de la renta impulse el desarrollo de una pujante economía social y solidaria.

Con el fin de  financiar a largo plazo su Estado de bienestar, Noruega deposita en el Banco Noruego de Inversiones casi toda la renta petrolera que recauda a través de impuestos al sector petrolero, regalías por yacimientos y dividendos por su participación mayoritaria en Statoil, la petrolera noruega. Maneja más de 800 mil millones de dólares, una suma que duplica la economía venezolana.

A comienzos de los 70, Noruega construyó un gran acuerdo nacional y estableció una regla que limita a 4% -el equivalente al rendimiento esperado del Fondo- el dinero que el gobierno puede retirar para completar su presupuesto, el cual se nutre fundamentalmente del ingreso fiscal no petrolero. Gracias a esta decisión, Noruega logró los niveles más altos del mundo en calidad de vida e igualdad de oportunidades para su población. El mercado laboral está casi siempre en los niveles de pleno empleo y la educación es pública y gratuita. La ciudadanía tiene garantizado el derecho a la salud, lo que ha elevado la esperanza de vida al nacer a 81 años. No hay pobreza ni exclusión social. Con la mirada puesta en el largo plazo, Noruega creó en 1990 el Fondo Global de Pensiones para contrarrestar la merma futura de ingresos, aislar la volatilidad del precio del petróleo y garantizar el pago de las jubilaciones futuras.

Ese 4% que pudiera lucir como un porcentaje muy bajo, en términos absolutos representa una considerable cantidad de recursos financieros, toda vez que el Fondo no deja de aumentar y asegura una creciente suma de petrodólares para financiar el gasto del gobierno.

Mientras la mayoría de los países de la Unión Europea no terminan de superar la brutal crisis que los sacude desde hace cinco años, el reto de Noruega radica en utilizar su millardario Fondo sin perjudicar la economía, tal como ocurre en las economías rentistas donde la sobrevaluación de la moneda implanta una perniciosa tendencia a importar todo lo que se debiera estar generando con el esfuerzo productivo interno.

Esta realidad sugiere que Noruega disfruta ya de los logros que el socialismo del siglo XXI se plantea alcanzar. Una experiencia digna de observar.

Propuesta 6 a la CEP: Un Pacto Antiinflacionario

Por: Víctor Alvarez R.

En su programa En contacto con Maduro, el Presidente de la República planteó que "debemos tener una economía sana, tanto en lo productivo como en los precios: esa es la mayor garantía de estabilidad social del país". Desde que entró en vigencia la Reconversión Monetaria la inflación acumulada alcanza el 448,3%. Esto significa que el bolívar de hoy equivale a solo 0,1823 céntimos del bolívar fuerte que comenzó a circular en enero de 2008. La inflación acumulada en el primer cuatrimestre llegó a 10,1%. En la Comisión Económica para la Paz (CEP) se pudieran echar las bases para un Pacto Antiinflacionario como expresión de la corresponsabilidad que los sectores público y privado están dispuestos a asumir para derrotar este terrible flagelo que está empobreciendo y arruinado al país. La inflación no solo devora el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también se revierte contra la lógica empresarial de aumentar las ventas para mejorar su rentabilidad.

Hacia un Pacto Antiinflacionario

Derrotar la inflación pasa por reconocer la corresponsabilidad que tienen los sectores público y privado en el desquicie de los precios. La empresa privada tiene que entender que si los aumentos de sueldos son trasladados inmediatamente y en una mayor proporción al precio de venta, esto termina revirtiéndose contra la propia lógica empresarial de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo de las personas y es una de las causas de la actual desaceleración que sufre la economía venezolana. El salario no es sólo un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, cuando reciben un aumento de sueldos tienden a gastarlo todo, no tienen capacidad de ahorro y su propensión al consumo es mayor que la de los capitalistas, los cuales tienen sus necesidades satisfechas. Por eso, cualquier aumento de los sueldos mueve la economía. Cuando se castiga el salario se castiga la actividad económica y se provoca estancamiento y recesión. Los aumentos de sueldos serán la fuerza motriz de la reactivación económica, siempre y cuando no sean trasladados de inmediato y en una mayor proporción a los precios.

A su vez, el gobierno tiene que entender que el financiamiento del BCV a Pdvsa y otras empresas públicas deficitarias ha provocado un crecimiento sin precedentes de la liquidez monetaria. Si el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV se convierte en una práctica reiterada, podríamos caer en una perversa expansión de la oferta monetaria con nefastas consecuencias, toda vez que se agravaría el actual desequilibrio entre la liquidez monetaria y la oferta de bienes y servicios. Esto deteriora el poder de compra de la moneda, lo cual se expresa en una permanente inflación que es imposible de vencer con controles de precios. Así, un gobierno que se ha declarado socialista, paradójicamente estaría atizando la inflación y facilitando un proceso de redistribución regresiva del ingreso que perjudica abiertamente a los trabajadores que viven de un ingreso fijo.

El Art. 318 de la CRBV establece que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”. A su vez, el Art. 320 señala que “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”.

La ilusión monetaria

Por su parte, los sindicatos deben comprender que no tienen sentido aumentos de salarios que se vuelven sal y agua con la inflación. Aunque monetariamente se gane más, realmente se puede comprar menos. Una inflación mayor que el incremento salarial es uno de los factores que explica la redistribución regresiva del ingreso. Cuando los precios suben, los salarios no lo hacen de inmediato. Los trabajadores tienen que esperar cada 1° de Mayo o hasta la nueva contratación colectiva (en promedio cada dos años) para que se produzca una nueva compensación salarial. El factor trabajo reacciona con retraso y cuando por fin logra una compensación salarial ya ha sido despojado de buena parte de su ingreso por los factores que manipulan los precios. El ajuste salarial, además de ser tardío, no compensa toda la pérdida del poder adquisitivo. Al ser menor el aumento de los sueldos en comparación con la inflación, se produce una transferencia neta del ingreso de los trabajadores que viven de un sueldo fijo a favor del factor capital. En esas circunstancias es preferible que no suban los sueldos pero que paren la inflación.

Indexar aumentos a la productividad

El incremento de los salarios en Venezuela se ha sustentado en la distribución de la renta petrolera. Como parte del Pacto Antiinflacionario, el incremento salarial debería ir en correspondencia con el aumento de la productividad que, en el caso de la economía venezolana, está muy por debajo del promedio de América Latina. Superar este rezago requiere la incorporación de los trabajadores en las deliberaciones de la CEP para que aseguren su justa participación en la distribución de los beneficios que se deriven de la transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador.

Propuesta 5 a la CEP: Unificar múltiples tasas de cambio en una sola tasa flotante entre bandas

Por. Víctor Álvarez R.

La existencia de varios tipos de cambio es un incentivo perverso para comprar dólares baratos y luego venderlos caros. Largas e interminables colas se hacen en las agencias de Conviasa para viajar al extranjero y gastar el cupo de la TDC, el cual será pagado luego con la reventa al cambio paralelo de los $ 500 en efectivo y de los retiros en cajeros automáticos del país visitado.

Un régimen con múltiples tasas de cambio alienta la especulación de quienes tienen acceso al dólar preferencial y luego fijan el PVP con base en un dólar más caro. Esta práctica ha reaparecido toda vez que el propio gobierno ha anunciado que continuará la migración de rubros de Cencoex a Sicad I. Ante la incertidumbre de no saber a cuál tasa de cambio se hará la reposición de inventarios, los agentes económicos se anticipan y -aunque hayan recibido divisas a 6.30 Bs/$-, calculan el PVP con base en Sicad I, II o dólar paralelo.

La sobrefacturación de importaciones y la invención de deudas nunca contraídas son otra manera de echarle mano a los dólares preferenciales. Algunos exportadores han planteado que se les autorice a vender todo su ingreso en divisas en el Sicad II, lo cual sería otro negocio propio de la cultura rentista, basado en tramitar dólares baratos en Cencoex para adquirir partes y piezas que serán luego ensambladas y exportadas, o alimentos y bebidas al granel que son empaquetados y envasados para ser vendidos en los países vecinos, y cuyo ingreso en divisas sería vendido ocho veces más caro a la tasa del Sicad II. A los exportadores se les debería autorizar a vender en el Sicad II únicamente el equivalente al valor agregado que generen. Las divisas obtenidas a través de Cencoex o Sicad I deben ser reintegradas al mismo precio al que las compraron.

Sin precios justos ni Sundde

La labor que pueda realizar la Sundde para fijar precios justos para consumidores y productores quedará prácticamente anulada cada vez que se deslice un rubro de Cencoex a Sicad I. Se perderá todo el trabajo de análisis de la estructura de costos realizado para calcular un precio justo, y la Superintendencia seguramente colapsará al tener que hacer innumerables revisiones de los costos para actualizar los precios.

Mientras coexistan tantas tasas de cambio se mantendrán los incentivos a la especulación cambiaria y la corrupción. Solo a través de la unificación cambiaria se erradicarán las perversas prácticas de tramitar dólares de Cencoex para fijar el PVP con base en un dólar más caro; sobrefacturar importaciones para obtener más divisas que las mercancías que realmente ingresan al país; inventar deudas para capturar dólares preferenciales; y, eliminar a los traficantes de cupos de TDC y compras por internet que no dejan de inventar nuevas y asombrosas modalidades para defraudar a la Nación.

Unificar la tasa de cambio

La solución no está en eliminar el control de cambios sino en abandonar el anclaje cambiario y los múltiples tipos de cambio, en función de fijar una sola tasa de cambio fluctuante, pero controlada entre dos bandas bajo el estricto seguimiento del BCV. Con el fin de sustituir por producción nacional el enorme volumen de importaciones que actualmente se realiza con una tasa de cambio sobrevaluada y barata, esta nueva tasa de cambio deberá expresar la verdadera productividad de la agricultura e industria, así como respaldar la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras a fin de generar nuevas fuentes de ingresos en divisas.

El uso de la política cambiaria como instrumento de política antiinflacionaria está totalmente agotado. Así lo demuestra el 56,2 % de inflación del año 2013 y el 10,1% acumulado en el primer trimestre de 2014. En adelante, la política cambiaria deberá priorizar la transformación estructural de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador. Es hora de entender que el principal castigo al esfuerzo productivo nacional lo impone la sobrevaluación de la tasa de cambio, toda vez que esta se traduce en un subsidio a las importaciones que se hacen con un dólar barato, con lo cual se frena y desplaza la producción agrícola e industrial.

Flotación libre con bandas

A través de un sistema de flotación libre con bandas será factible armonizar el objetivo de estabilizar los precios con los objetivos de estimular la actividad productiva nacional, respaldar las exportaciones no petroleras, promover el turismo internacional, estimular la inversión extranjera y repatriar los capitales de origen venezolano que se encuentran depositados en la banca internacional. Así se podrá evolucionar de una política cambiaria que estimula una demanda voraz de la renta petrolera, hacia una nueva política que estimule una creciente oferta de divisas no petroleras.

Cuando el incremento en la oferta total de divisas abarate el dólar y amenace con romper la banda inferior, para evitar que se perjudiquen las exportaciones no petroleras, la inversión extranjera y el turismo internacional, el BCV intervendrá comprando el exceso de divisas. Pero ante una eventual escasez de divisas, para evitar que el ascenso de la tasa de cambio amenace con perforar la banda superior, encarecer el componente importado y dar al traste con la estabilización de los precios, el BCV intervendría para inyectar el monto de divisas  que haga falta y así mantener bajo control el impacto en los costos de la fluctuación de la tasa de cambio.

Propuesta 4 a la CEP: sincerar precio de la gasolina e invertir ganancias en mejorar transporte público

Víctor Álvarez R.

En Venezuela, el precio de la gasolina se ha convertido en un tema tabú, manteniendo así un pernicioso subsidio que genera un consumo irracional y despilfarrador. Mientras en EE.UU., Unión Europea y Japón el precio del combustible  no baja de $ 3,90 el galón de 3,78 litros, en Venezuela  la gasolina de 95 octanos se vende a 0,097 Bs/litro, menos de 2 centavos de dólar por litro. Una botellita de agua mineral cuesta 500 veces más que un litro de gasolina.
En aquellos países, llenar un tanque de 60 litros sale en más de 60 dólares, mientras que en Venezuela solo vale 5,80 bolívares, menos de un dólar a la tasa de cambio oficial de 6.30 Bs/$. Si se va a la estación de servicio una vez a la semana, esto significa un subsidio aproximado de $ 60 dólares, que multiplicado por 52 semanas representa un subsidio de $ 3.120 que anualmente recibe cada propietario de vehículo. Si multiplicamos este monto por los 4 millones de vehículos particulares y de alquiler que circulan en el territorio nacional, resulta ser que anualmente se destinan $ 12 mil 480 millones a subsidiar a la minoría que tiene carro propio, mientras que la mayoría que se ve obligada a trasladarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente, no se beneficia para nada de semejante subsidio.
El contrabando de extracción
En Colombia, el galón de 3,78 litros cuesta 8.600 pesos; o sea, 2.275 pesos por litro. Con base en una tasa de cambio 1.900 pesos por dólar y 6.30 Bs/$, un bolívar equivale a 301,6 pesos. Si dividimos 2.275 pesos que cuesta el litro entre esta tasa de cambio de 301,6 bolívares por peso, esto significa que un litro de gasolina que se compra en Venezuela a 0.097, en Colombia equivale a Bs. 7,5. A la actual tasa de cambio oficial, en Colombia un litro de gasolina cuesta 78 veces más. Dicho de otra forma, el litro de gasolina que en Colombia cuesta 2.275 pesos, en Venezuela cuesta solo 29 pesos, y esto se traduce en un enorme estímulo para que los vehículos colombianos crucen  la frontera y llenen el tanque de gasolina en las estaciones de servicio venezolanas. En efecto, llenar un tanque de 80 litros de 95 octanos por apenas 2.320 pesos (lo que cuesta un solo litro en Colombia) para luego revenderlo por 182.000 es un negocio muy lucrativo que incentiva el contrabando de extracción. Con un viaje diario de lunes a viernes cualquiera obtiene un ingreso aproximado de $ 500 a la semana y $ 2.000 al mes. Esto sin considerar los vehículos de las redes de contrabandistas que han sido acondicionados con tanques con capacidad de 250 litros y más.
Ante semejante diferencial de precios, cualquier control o medida represiva que se tome con la intención de combatir el contrabando de extracción, siempre será insuficiente. La solución no está en más alcabalas y controles sino en erradicar el principal estímulo a tales prácticas perversas e ilegales. Sincerar el precio de la gasolina, sin que esto signifique llevarlo al precio internacional, permitirá reducir este enorme diferencial, que es la principal causa del contrabando de extracción. 
¿A quién beneficia el subsidio?
El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen, pero en realidad causa una redistribución regresiva del ingreso que solo beneficia a los que más tienen. Cuando se destinan cuantiosos recursos públicos para subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva, ya que los más pudientes que pueden comprarse uno o varios carros no necesitan que se les subsidie nada, mientras que los más pobres que no tienen carro propio y se ven obligados a trasladarse en un precario sistema de transporte público, no se benefician de este subsidio.
En un Informe sobre “Perspectivas energéticas mundiales”, la Agencia Internacional de Energía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estiman que Venezuela subsidia el 75,3% del costo de la gasolina. Si comparamos el precio de venta en el mercado interno con el precio de exportación, el subsidio es de $ 11.834 millones anuales. Pero si la comparación se hace con los precios internacionales (que es mayor que el precio de exportación) el subsidio sube a $ 15.700 millones, equivalentes a 6,9% del PIB. Ambas cifras son superiores a las transferencias de PDVSA a las misiones sociales.
Si se sincera el precio de la gasolina con base en el precio al que se exporta -que es menor al precio internacional-, aún se estaría vendiendo la gasolina a precios por debajo del que se vende en la mayoría de países, pero cada año se obtendrían cerca $ 11.834 millones en ingresos adicionales, que bien pudieran ser reorientados a la Misión Vivienda, a la construcción de hospitales, o a la ampliación del sistema de transporte público, el cual es utilizado justamente por las personas de menores recursos que no tienen como adquirir un vehículo propio. Esto si sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el ajuste del precio lo pagarían quienes más tienen, aportando ingresos fiscales adicionales para ser invertidos en la ampliación y modernización de la flota de transporte público y en el financiamiento de otros programas de interés social. @victoralvarezr

La industrialización socialista

Por: Víctor Álvarez R.

Hace unos días el presidente Nicolás Maduro pidió a sus colaboradores dejar de lado los gamelotes mentales y trabajar unido con el empresariado privado, a fin de fortalecer una economía mixta en todos los campos, sin que esto signifique que el gobierno se va a convertir en un instrumento de los empresarios, ni mucho menos olvidar que su prioridad son los trabajadores que viven de un ingreso fijo. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado pueden ser los extremos en los que se debata el reimpulso a la economía. La idea de una ausencia total de intervención estatal es una con­cepción tan absurda como la de concebir una socie­dad donde la iniciativa privada no tenga cabida.

La industrialización es un componente fundamental de una política económica orientada a la soberanía alimentaria y productiva. Los problemas relacionados con la liquidación de divisas que restringen la capacidad de importación, deben ser vistos como una gran oportunidad para relanzar el desarrollo industrial. Al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evita que los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias. Esto requiere un adecuado manejo de la política macroeconómica y microeconómica, comenzando por la fijación de un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera; una política arancelaria y fiscal que desaliente las importaciones y favorezca la producción nacional y las exportaciones; así como incentivos fiscales y financieros para la inversión productiva y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas.

La industrialización socialista no puede ser un asunto que dependa solo del Estado, ni tampoco puede dejarse a merced de las fuerzas ciegas del mercado. Tiene que ser un proceso planificado para concentrar el poder de los incentivos públicos en los sectores clave y asegurar el rápido crecimiento de las capacidades industriales y tecnológicas necesarias para transformar materias primas e insumos básicos en los productos destinados a satisfacer las necesidades de la población. El sector privado no le debe temer a la industrialización socialista porque reposa en un conjunto de principios que no son antagónicos con la lógica empresarial privada. Se trata de sustituir importaciones, diversificar las exportaciones, lograr la soberanía productiva, democratizar el capital, impulsar nuevas formas de propiedad social, aumentar la inclusión social, mejorar la distribución de la riqueza, preservar el ambiente y contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones. Esto implica asegurar:

·         Un crecimiento de la industria mayor que el del PIB: la industria como fuerza motriz que impulsa el desarrollo integral.

·         Un crecimiento de la producción industrial superior al crecimiento de la demanda agregada interna.

·         Inversión extranjera para la transferencia tecnológica, formación de talento humano, asistencia técnica e industrialización local.

Sin lugar a dudas, la industrialización socialista es un gran reto que el país tiene plateado para superar los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población.  @victoralvarezr

Invitación Foro CELARG: ¿Qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina?

Foro-debate: ¿qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina?

Argumentos para sincerar el precio del combustible

 

Fecha: Martes 29 de abril

Hora: 5.00 pm. 

Lugar: Centro de Estudios Rómulo Gallegos, CELARG. Piso 6. Sala 6C

El subsidio a la gasolina es una medida que aparentemente favorece a los que menos tienen pero que, en realidad, facilita una distribución regresiva del ingreso que solo beneficia a los que más tienen y perjudica a los más humildes.

El bajo precio del combustible beneficia sobre todo a las familias que tienen dos, tres o más vehículos; mientras que los que no tienen carro se ven obligados a trasladarse en un sistema de transporte público todavía muy deficiente.

Con el fin de debatir las ventajas y desventajas de mantener el precio de la gasolina congelado, invitamos a todas y todos los interesados al Foro-debate: ¿qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina? organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), el Centro Internacional Miranda (CIM), la Asociación Nacional de Redes  Organizaciones Sociales (ANROS) y la Fundación Rosa Luxemburg (FRL).

Se plantea debatir sobre la viabilidad y conveniencia de ajustar a la realidad  y gradualmente el precio del combustible. Profundizar en cuáles son los costos de producción, en qué se podría emplear el excedente, y qué alternativas habría para articular estos cambios al impulso de una nueva economía comunal.

Ponente

Econ. Víctor Álvarez R. Investigador del CIM, Premio Nacional de Ciencia 2013.

¿La decisión en manos del pueblo? Elementos a tener en cuenta en el debate sobre el aumento del precio de la gasolina.

Comentan:

Diputado German Ferrer, Coordinador Nacional de ANROS

Ana Elisa Osorio, Diputada al Parlamento Latinoamericano por el PSUV. Ex Ministra de Ambiente. Ecologista

Modera

Alexandra Martínez, Coordinadora Fundación Rosa Luxemburg Venezuela