A 20 años
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre
de la Tierra 92), del 20 al 22 de junio se realizará una nueva conferencia
mundial en Río de Janeiro. Las grandes potencias pretenden imponer en Río+20 un
mandato a las Naciones Unidas para desarrollar un marco legal supranacional que
permita la mercantilización y privatización de la naturaleza.
Cualquiera puede pensar que la “economía
verde” se refiere a la producción agrícola orgánica, energías renovables,
tecnologías limpias, etc. Pero resulta que la “economía verde” es un invento de
las grandes potencias para superar la actual crisis de la economía capitalista a
través de nuevos espacios de acumulación basados en la mercantilización,
explotación y privatización de la naturaleza.
Con la “economía verde” se busca
cuantificar y valorizar económicamente las distintas funciones de la naturaleza
e introducirlas al mercado a través de una serie de mecanismos financieros. Se
trata de mercantilizar no solo la base material de la naturaleza sino también
los procesos y funciones de la misma, a través del comercio de los servicios de
los ecosistemas. Así por ejemplo, en la “economía verde” se podrá no sólo
mercantilizar la madera de los árboles sino también la capacidad de absorción
de CO2 de los bosques.
Todo esto bajo la figura de
servicios ambientales que serían ofrecidos por empresas capitalistas, apoyadas
por toda una serie de generosos incentivos fiscales, financieros y de compras
gubernamentales que ofrecerán los gobiernos para asumir los costos que deberían
ser cargados a las empresas contaminantes.
Lo que se
pretende imponer en la Cumbre de Río
Aunque Río+20 debería evaluar y rendir cuentas sobre los objetivos y metas
acordados en la Cumbre de 1992, las prioridades en la agenda son la
implantación de un nuevo sistema de gobernanza ambiental global que facilite la
mercantilización y privatización de la naturaleza, empaquetados en el concepto
de “economía verde”.
Las grandes potencias están
decididas a imponer en Río+20 un mandato a las Naciones Unidas para empezar a
desarrollar un marco legal y regulatorio supranacional, con su respectivo
entorno institucional, que cree las bases para un mercado mundial de servicios
ambientales.
La
amenaza de mercantilizar la naturaleza
El interés de las corporaciones
transnacionales es desarrollar nuevos mercados para la venta de servicios
ambientales, los cuales tienen su antecedente en los mercados de carbono que
surgieron a raíz del Protocolo de Kioto, el cual fijó sanciones a los
principales contaminadores para obligarlos a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero.
Como se sabe, para mitigar el
impacto en los costos y su inevitable repercusión en las ganancias
empresariales, se creó el crédito del carbono. Una tonelada de CO2 equivale a
un crédito de carbono. A través de este servicio, las potencias que sobrepasan
el límite de contaminación permitida, para evitar la sanción pueden comprar el
crédito de los países pobres que tienen una emisión por debajo del límite. Las potencias contaminadoras pueden adquirir ese margen para
emitir o compensar una cantidad equivalente de gases de efecto invernadero, y
con la cara más dura mostrarse luego al mundo como países respetuosos y cumplidores de los acuerdos de
protección ambiental, sin que haya una reducción neta de las emisiones que
destruyen la capa de ozono, sino operaciones especulativas con la compra-venta
de tales bonos.
La particularidad de los servicios
ambientales es que no son prestados por una persona o empresa, sino ofrecidos
sin costo alguno por la naturaleza, y las transnacionales quieren comenzar a
cobrar por ellos apropiándose de las selvas tropicales, de los bosques
plantados, de ríos, lagos y ecosistemas. Se trata de elaboradas propuestas para
facilitar el asalto y saqueo de la naturaleza.
El
carácter especulativo de la economía verde
Ante la crisis financiera que no
termina de superarse, la mercantilización de la naturaleza aparece como una
máscara de oxigeno para aliviar la asfixia que sufren los mercados
especulativos. Con
la “economía verde” se busca reorientar las inversiones financieras
hacia el “capital natural”, pero en esencia se trata de una nueva forma de
reactivar y ampliar los mercados especulativos de servicios ambientales que se
inauguraron con los certificados de carbono, en los que se mueven 180 mil
millones de dólares.
La “economía verde” lejos de
reactivar la producción de bienes reales desarrollará un mercado ficticio de
bonos y certificados financieros que se negociarán a través de las bolsas de
valores y la misma banca que provocó la crisis financiera del 2008 y luego fue
premiada por gobiernos complacientes con millardarios auxilios financieros. Si
se aprueba ese nuevo sistema de gobernanza ambiental, esa banca podrá especular
y realizar ganancias extraordinarias con la compra-venta de los bonos y
certificados asociados a los servicios ambientales, a imagen y semejanza de lo
que ha ocurrido con los certificados o créditos de carbono.
Surgirán así nuevos mercados financieros a expensas
de la naturaleza y las corporaciones transnacionales impondrán un control cada
vez mayor sobre los países ricos en biodiversidad pero pobres en tecnología.
Desarrollo
sustentable y economía verde: más de lo mismo
Si el término desarrollo
sustentable fue manipulado para hacer creer que era posible relanzar el
desarrollo capitalista en armonía con el ambiente, la “economía verde” es un
concepto aún más complaciente a la hora de facilitar las pretensiones de
mercantilizar la naturaleza.
Ambos conceptos son muy útiles a
quienes sostienen que no hay necesidad de cambiar el modelo capitalista.
Argumentan que con tecnologías más eficientes se puede armonizar el crecimiento económico con la
escasez de recursos naturales, que es como el capital denomina a la naturaleza.
Las nociones del “desarrollo
sustentable” y “economía verde” son una cortina de humo que pretende esconder la
responsabilidad de las grandes potencias capitalistas en la devastación
ambiental y la destrucción del planeta. 20 años después del lanzamiento de la
tesis del desarrollo sustentable, los principales problemas ambientales se han
agravado: el hueco en la capa de ozono, calentamiento global, derretimiento de
los glaciares, acidificación de los mares, contaminación de las aguas,
degradación de la tierra, alteración de los ciclos agrícolas, reducción de la
biodiversidad y las catástrofes naturales, son parte de los fenómenos que se
han agravado en estas dos décadas de “desarrollo sustentable”, poniendo en
evidencia la irracionalidad y límites de un modelo económico basado en el
saqueo y depredación de la Madre Tierra.
El
capitalismo es la causa del problema
En los documentos que se
discutirán en Río + 20 no se
cuestionan los excesivos e insostenibles patrones de consumo y producción
capitalistas, ni se plantea el
necesario y urgente cambio de un paradigma económico basado en la explotación
del ser humano y en la depredación de la naturaleza. Por el contrario, se complace la
pretensión de las grandes potencias de crear un nuevo sistema de gobernanza ambiental
global que facilite la valorización monetaria de la naturaleza, con el
fin de mercantilizar sus funciones a través de la contratación de servicios
ambientales.
En los marcos de una economía capitalista no es
posible el desarrollo sustentable ni mucho menos una “economía verde”. Desde la
lógica del capital, el desarrollo se reduce al crecimiento del PIB, el cual se
sustenta en la actividad de empresas que explotan al ser humano y depredan el
ambiente. Mientras que la sustentabilidad es una noción ecológica totalmente
contradictoria con la esencia explotadora y depredadora de la economía
capitalista.
El propósito de imponer en la Cumbre de Río un sistema
de gobernanza ambiental global para impulsar la “economía verde” debe ser
denunciado como un intento de las grandes corporaciones transnacionales y los
gobiernos de las grandes potencias capitalistas de mercantilizar y privatizar
la naturaleza.
