El empresario socialista

El empresario socialista es un agente de cambio social; un transformador del modelo tradicional de producción; un líder con capacidad para planificar, organizar y dirigir con éxito un proyecto productivo para liberar al trabajador de la explotación del capital, para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades básicas y esenciales de la población, para generar excedentes que puedan ser invertidos en beneficio de la comunidad, para corregir y evitar el impacto ambiental de la actividad productiva y, más bien, preservar los recursos naturales.

A diferencia del empresario capitalista que está motivado por fines de lucro, el empresario socialista está motivado por su vocación de servicio y por principios de solidaridad, cooperación y complementación. No crea nuevos productos para inducir necesidades superfluas, para rendirle culto a la sociedad de consumo que confunde la felicidad y el bienestar con la riqueza material, que aliena la conciencia de los seres humanos para que vivan pendientes del próximo artículo que se van a comprar, del próximo gusto que se van a dar. El empresario socialista organiza un proceso de producción de aquellos bienes y servicios que resultan imprescindibles para asegurar las condiciones de supervivencia y reproducción de la sociedad.

El empresario socialista es un buen gerente

El empresario socialista es un gerente que tiene clara cual es la necesidad de la gente que va a satisfacer. Sabe identificar, seleccionar y adquirir las maquinarias, equipos, herramientas, materias primas, insumos, suministros, etc. que se requieren para producir los bienes y servicios que va a ofrecer en condiciones de precio, calidad, cantidad y oportunidad de entrega, a tono con las necesidades del pueblo trabajador.

El empresario socialista sabe quiénes son sus consumidores y usuarios, quiénes son sus clientes y proveedores. Con base en sus fortalezas y debilidades, está dispuesto a construir una alianza estratégica de mutuo beneficio con el Estado que lo apoya, pero sabe que tiene que enfrentar las amenazas y oportunidades del mercado. Sabe que el nuevo modelo productivo aún no termina de nacer y que el viejo modo de producción todavía no termina de morir.

El empresario socialista está consciente de que no se las sabe todas, pero está dispuesto a aprender. Poco a poco se va familiarizando con las herramientas claves de la gerencia empresarial. Va aprendiendo a leer un balance General, un Estado de Ganancias y Pérdidas, un Flujo de Caja. Y a la hora de pedir un crédito está consciente de que tiene que demostrar la viabilidad económica, comercial, tecnológica y financiera del proyecto si aspira que la institución de financiamiento público le apruebe los recursos que ha solicitado.

También es un visionario

El empresario socialista es un visionario. Tiene una visión clara, un sueño claro, de la empresa que quiere construir. Sabe cuál es su misión, ha definido objetivos y metas bien precisas que orientan su desempeño, cuantifican y definen los plazos máximos para trabajar. Tiene un diagnóstico claro de las fortalezas y debilidades de su empresa, conoce perfectamente las oportunidades y amenazas que le presenta el entorno en el que se desenvuelve, sobre todo, tiene una estrategia clara para lograr el mejor de los desempeños que en esas circunstancias le sea posible alcanzar.

El empresario socialista es un emprendedor, un innovador, un líder, un motivador con la fuerza de voluntad necesaria para vencer la inercia y empezar, con la tenacidad necesaria para encarar las dificultades, con la perseverancia necesaria para superar los grandes y pequeños problemas que siempre se le van a presentar, con el carisma necesario para motivar al equipo de que forma parte a no desmayar en su lucha por el desarrollo humano integral.

Tiene conciencia política y compromiso social

El empresario socialista tiene conciencia política. Sabe que si no se transforma el actual modo capitalista de producción, no será posible avanzar en la construcción del socialismo venezolano. Es un emprendedor decidido a transformar el viejo modo de producción, explotador de la fuerza de trabajo y depredador del ambiente, por un nuevo modelo productivo caracterizado por el desarrollo endógeno, por la participación popular en el proceso de generación y distribución de la riqueza, por el cambio en las relaciones de poder y propiedad sobre los medios de producción, por el desarrollo armónico y proporcional de las regiones, por su aporte al equilibrio internacional, al logro de un mundo multipolar, a la profundización de la integración latinoamericana y al fortalecimiento de la cooperación sur-sur.

El empresario socialista tiene claro que para erradicar las causas de la pobreza, la miseria y la exclusión social hay que impulsar y desarrollar nuevas formas de propiedad social, que incluyan pero trasciendan la propiedad privada y la propiedad estatal: nuevas formas de propiedad social, de propiedad colectiva, de propiedad comunitaria como condición para hacer posible el desarrollo pleno de los poderes creadores del pueblo, del espíritu emprendedor de la gente, de la capacidad emprendedora de nuestro pueblo trabajador.

El empresario socialista está comprometido con la construcción de un nuevo modelo productivo de creciente inclusión social, bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad, en el que se erradiquen las condiciones que permiten la explotación del ser humano y la destrucción de ambiente y, por lo tanto, se ponga fin a las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.

El socialismo rentístico

El impacto de la lógica explotadora del capital sobre el desempleo, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso se ha visto compensado y, en gran forma encubierto, gracias a la inversión social de la renta petrolera que garantiza la gratuidad de la enseñanza primaria, media y universitaria; el acceso gratuito a servicios de salud; así como una abundante oferta de alimentos de calidad y buenos precios para la mayoría del pueblo trabajador.

El socialismo rentístico y la pugna por la distribución del ingreso

En las condiciones del socialismo rentístico, la lucha por una mejor distribución del ingreso no se dirige a lograr una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera. Su inversión social ha permitido compensar y encubrir una distribución regresiva del ingreso en el sector capitalista de la economía. Pero cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. En condiciones de restricciones económicas, es muy probable que se intensifiquen los conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas para lograr una mejor distribución del ingreso generado al calor de su esfuerzo productivo. Y la rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más cruenta si los precios del petróleo muestran un comportamiento errático y la economía no se reactiva y crece de manera estable y sostenida.

Lo que queremos dejar claro es que la mejora de los indicadores sociales tiene como fuente de financiamiento la inversión social de la renta petrolera y no los ingresos fiscales procedentes de los impuestos que pagan los sectores más ricos para ser redistribuidos a favor de los más pobres. No son los ricos los que financian con sus impuestos las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano sino que esto se hace a través de la renta petrolera, cuya inversión en alimentación, educación, salud, capacitación técnica, etc. contribuyó a desactivar la bomba de tiempo social que tanto preocupaba al capital y a crear mejores condiciones para la acumulación y valorización de la inversión privada, sin la amenaza de cruentos conflictos por parte de los trabajadores para lograr una distribución favorable del ingreso generado en los procesos productivos. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que estiran el salario real y reducen o postergan la presión de los trabajadores sobre sus patronos para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.

La política económica bolivariana reactivó la economía: lo que importa ahora es transformarla

Mientras el PIB estuvo creciendo, cada vez que el BCV publicaba su informe, se celebraba el acierto de la política económica y la fortaleza de la economía venezolana. Nunca se reparó en la naturaleza y calidad de ese crecimiento, razón por la cual se mantuvo la inercia de otorgar los incentivos públicos, sin aplicar ningún principio de reciprocidad a los beneficiarios. Pero al tomar conciencia de que gracias a estos generosos incentivos lo que más estaba creciendo era la economía capitalista y que la estructura del PIB se estaba tornando de mala calidad -con un creciente peso del comercio importador y los servicios financieros especulativos y de alto riesgo-, la respuesta a la recesión en la que ha entrado la economía venezolana ha sido la de afirmar y celebrar que lo que está cayendo es la economía capitalista, sin hacer nada para reactivarla. Pero en ninguna de estas celebraciones se han medido bien las consecuencias.

Ahora que la economía venezolana muestra nuevos signos de recuperación, hay que estimular el crecimiento y desarrollo de la economía social. Solo cuando el peso de esta última represente el 50 % o más del PIB total, podremos decir que se ha comenzado la transición hacia una nueva economía socialista en la que el trabajador asalariado se libere de la explotación del capital. Pero mientras el sector mercantil siga teniendo un peso mayoritario, la esencia del modelo productivo seguirá siendo capitalista, los trabajadores permanecerán explotados por el capital y se mantendrán y reproducirán las causas estructurales que generan desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión social.

En adelante, no solamente hay que reactivar la economía, lo más importante es transformarla y así evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2009, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Más que reactivar la economía que esencialmente sigue siendo una economía capitalista y aún pesa el 70% del PIB, la prioridad del Gobierno Bolivariano debe ser impulsar el crecimiento y desarrollo de una nueva economía social, popular y solidaria, en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Por eso, las ayudas públicas deben reorientarse para hacer posible un mayor crecimiento de la economía social. Igualmente, hay que cambiar su estructura sectorial para tener un PIB de mayor calidad y sustentabilidad que asegure la soberanía productiva del país. La agricultura apenas aporta el 5 % del PIB, cuando debería estar en al menos 12 %, si se quieren lograr los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria; la industria apenas aporta el 15,28 % del PIB, cuando los estándares internacionales concuerdan que la manufactura debería contribuir al menos con el 20 del PIB para considerar que un país se ha industrializado y logrado su soberanía productiva.

La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guíe este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos. De allí la necesidad de reorientar a favor de la economía social los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. que hasta ahora han sido aprovechados fundamentalmente por la vieja economía capitalista que reproduce la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.

La maldición de la abundancia

Venezia había vivido de su trabajo. Se levantaba de madrugada a preparar la comida que llevaba a la oficina en una vianda y los fines de semana los dedicaba a lavar, plachar y poner en orden la casa. Veía películas y escuchaba conciertos en su habitación, porque sus modestos ingresos a duras penas alcanzaban para pagar las cuentas del mes.
Pero aquellas privaciones pronto cambiarían. Venezia recibió como herencia un apartamento que rápidamente alquiló en dólares a una compañía transnacional y así vio mejorar su calidad de vida gracias a esa inesperada renta. Dejó de vivir de su esfuerzo productivo y, en lugar de madrugar para cocinar el bocado de cada día, comenzó a frecuentar los mejores restaurantes de la capital. Contrató una mucama para el trabajo doméstico, se compró un carro último modelo, cambió los muebles, compró óleos y esculturas, acción en un club, resort en las Bahamas y hasta un BlackBerry con plan ilimitado como símbolo de su nuevo estatus. Tal fue el desenfrenado nivel de consumo de Venezia que ya la renta del apartamento no le alcanzaba para mantener al día sus deudas. Se retrasó en el pago de sus TDC, en la cuota del carro y hasta apareció en la lista de morosos del Condominio. Empezó a pensar en un plan de austeridad, en recortar gastos superfluos y volver a vivir de su esfuerzo productivo. Y cuando estaba a punto de aplicar sus severas medidas se le murió el padrino a Venezia. Pero esta vez el difunto no le dejó un apartamento sino un edificio. Se mudó al Pent House y así se olvidó de su plan de austeridad y de la promesa de vivir de su trabajo.

La historia de Venezia es la de Venezuela, un país que vivió de su esfuerzo productivo hasta que sobrevino la abundancia de la renta petrolera. Esta permite comprarle al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo con nuestro propio trabajo. Cuando el precio del petróleo perforó el umbral de los 100 $/b, creímos que nunca más bajaría. Pero estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. La economía mundial cayó en una profunda recesión y el precio se desplomó de 147 $/barril en julio de 2008 a solo 30 $ en enero del 2009. El sueño del rentismo petrolero se tornaba en pesadilla, el regresivo y antipopular IVA fue aumentado y hasta el bolívar fuerte fue devaluado durante dos años consecutivos para conjurar la crisis fiscal en puertas.

Las economías rentistas parecieran condenadas a la siniestra suerte de disfrutar de la abundancia cuando en otros países estallan crisis o guerras. El conflicto en Egipto y la amenaza de interrumpir el flujo de petróleo por el canal de Suez levantaron el precio por encima de los 100 $/barril. La invasión a Libia y la resistencia interna, harán de este nuevo auge rentístico un episodio prolongado. Por si fuera poca la renta petrolera que a lo largo de casi un siglo el país ha consumido, a Venezuela se le acaba de notificar una nueva herencia: posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. En tales condiciones de abundancia, no hay mayores urgencias para impulsar el desarrollo de un sólido aparato productivo que permita sustituir importaciones o diversificar la oferta exportable. Vivir del caudaloso ingreso petrolero y no de su esfuerzo productivo pareciera ser la bendita maldición a la que estará condenada para el próximo siglo la Venezuela rentista, si no se procede a una profunda revisión y rectificación de la estrategia de desarrollo económico.

Actualmente en nuestro país, la voluntad política por construir una nueva sociedad no escapa a estas tensiones y contradicciones de la herencia rentista. Por un lado, se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo que prioriza lo social, fundamentada en la vieja idea de "sembrar el petróleo". En efecto, la inversión social de la renta petrolera es lo que ha permitido reducir de manera rápida y significativa los elevados niveles de desempleo, pobreza y exclusión social que hasta hace poco afectaban a un alto porcentaje de los venezolanos/as. Pero en el plano económico el fenómeno del rentismo se ha acentuado. El coeficiente de importaciones como porcentaje del PIB ha aumentado como nunca, mientras que el coeficiente de exportaciones no tradicionales -particularmente las agrícolas y manufactureras, están llegado a sus niveles más bajos en los últimos 25 años. De cada 100 dólares que percibe Venezuela 96 los pone el petróleo, exacerbando una cultura rentista que se expresa en el voraz afán de disfrutar de un ingreso que no es fruto del esfuerzo productivo. Todos exigen los dólares baratos de CADIVI, pero ninguno genera un solo dólar con su esfuerzo productivo, con sus exportaciones de bienes o servicios. Mayor expresión de la cultura rentista es difícil de encontrar.

La sobrevaluación del tipo de cambio -lo cual se expresa en un dólar oficial tan barato que se vende apenas al 50 % del precio que señala el mercado-, recrudece la cultura rentista. En la práctica, ese subsidio al dólar es un subsidio a las importaciones y un castigo a las exportaciones. Subsidiar al dólar significa subsidiar las importaciones. En otras palabras, vender un dólar barato significa abaratar las importaciones que compiten y desplazan la producción nacional. Por lo tanto, es la propia política cambiaria del gobierno la que acentúa esta propensión a importarlo todo, a gastar la renta petrolera comprándole al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo internamente con nuestro propio esfuerzo productivo.

De allí la importancia de una profunda revisión y rectificación de la política económica -particularmente de la política cambiaria, arancelaria y comercial-, para hacer posible la transformación del capitalismo rentístico importador en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable. Esto implica obviamente “sembrar el petróleo” en la mejora y ampliación de la infraestructura y servicios básicos que requiere la actividad productiva; pero también exige una mayor coherencia entre la política macroeconómica y las políticas sectoriales, sobre todo con el diseño y ejecución de las políticas industriales, agrícolas y mineras orientadas al desarrollo de un pujante aparato productivo, las cuales suelen verse mediatizadas y hasta anuladas por políticas cambiarias, monetarias y fiscales que suelen ser contrarias a la lógica de la actividad productiva.

Solo a partir de esta profunda revisión y rectificación de la política económica será posible reimpulsar un crecimiento económico de calidad, sustentado en los sectores de la economía real -en la agricultura, la industria y la construcción-, y no en el comercio, las importaciones o la actividad financiera y especulativa que hasta ahora han sido los sectores que apuntalan la economía nacional. Es por esta vía que podremos lograr los objetivos y metas de la soberanía alimentaria y productiva y conjurar así los inevitables traumas que siempre se presentan cada vez que ocurre un descalabro en los precios del crudo y los niveles de la renta petrolera se desploman.

Urge, entonces, una nueva política económica pensada y ejecutada para acelerar el tránsito de una economía rentista en una nueva economía productiva, bajo el control directo de los trabajadores, los consumidores organizados y de la comunidad, en función de desarrollar y fortalecer una nueva cultura basada en el valor del trabajo productivo, capaz de generar una creciente y abundante producción de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de toda la población.

Economía rentista y política industrial

La reactivación de la economía nacional no será gracias a la mano invisible del mercado sino obra de una sabia y oportuna actuación del Estado. Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15 %) y es uno de los que más se ha contraído.

Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.

Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La recuperación del PIB recientemente anunciada por el BCV es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.

El crimen de experimentar con humanos

El mundo es estremecido por informaciones acerca del modo como se generan o aplican los descubrimientos científicos y tecnológicos. Recientemente se pudo conocer que EE.UU. experimentó con seres humanos en Guatemala al infectar a soldados y enfermos mentales con cáncer, neumonía y sífilis.

Los daños que sufren las personas y el medio ambiente como consecuencia de estas perversas prácticas repercute negativamente sobre la valoración social de la ciencia y favorece a los predicadores de la anti-ciencia que sustentan su dominio en la ignorancia de los pueblos. Es un crimen que tras el afán de lograr nuevos conocimientos se experimente con seres humanos sin reparar en los efectos indeseados que puedan dañar su integridad física, psíquica y moral. Semejante práctica es indmisible , incluso si contara con el consentimiento de los seres humanos que pudieran resultar afectados.

Cómo saber si la clonación podrá ser utilizada para reproducir individuos con tendencia criminal, tal como la clonación de nazis planteada hace algunos años en la película Los niños de Brasil; o este descubrimiento científico podrá ser aceptado como una alternativa para reproducir especies vivas a punto de extinción. Cómo saber si la alteración genética de las variedades vegetales podrá ser utilizada para hacerlas más resistentes a las plagas, evitar el uso de plaguicidas y la contaminación de los cultivos, aumentar y abaratar la producción de alimentos para derrotar el hambre en el mundo, o será convertida en un arma de dominación por las grandes potencias para arruinar a los pequeños productores y desarrollar especies depredadoras que dañen las plantaciones de los países competidores o enemigos políticos. Invenciones científicas e innovaciones tecnológicas son utilizadas para desarrollar armas químicas, bacteriológicas y nucleares, con el letal poder que han demostrado tener. Tales avances sólo deberían utilizarse para mejorar el bienestar de los pueblos.

No basta con evaluar el rigor técnico de los proyectos de investigación. Necesario es tener en cuenta la responsabilidad social del investigador, valorar su probidad intelectual, su integridad ética y moral. De la difusión y adopción de estos valores y principios dependerá el fortalecimiento de una práctica científica apegada al respeto de la dignidad humana.

La cooperación científica en los países de la ALBA

Por muy grandes que sean los recursos destinados a la investigación científica y tecnológica por parte de cada país de la ALBA, lo más probable es que el monto de estas inversiones se quede corto en comparación con las gigantescas economías de escala que se imponen para sostener una creciente actividad de investigación que genere conocimientos oportunos y de calidad.

La cooperación internacional en este campo constituye un proceso en pleno desarrollo el cual muestra entre sus principales rasgos el crecimiento acelerado de acuerdos de cooperación entre investigadores, grupos de investigación e instituciones de investigación. Estos comparten y complementan recursos en función de enfrentar retos y desafíos de interés común, cuya superación exige la generación de nuevos y mejores conocimientos los cuales no sería posible obtener con las capacidades parciales de cada país.

Los nuevos patrones para organizar la investigación científica en el mundo se apoyan cada vez más en el desarrollo de redes temáticas que facilitan el encuentro y cooperación en función de concertar programas y proyectos de investigación de gran escala. Esta estrategia permite acelerar la obtención de resultados, facilita el intercambio de conocimientos y propicia la transferencia y aprovechamiento de los resultados de la investigación a favor del desarrollo social y económico.

La cooperación internacional no depende sólo de la voluntad de cada país sino también de las capacidades reales que tengan en el ámbito del quehacer científico. La generación de sinergías que vayan mucho más allá de la simple suma de las capacidades humanas, de infraestructura e información, requiere el diseño de nuevos programas e instrumentos que estimulen el uso compartido de equipos, la conformación de grupos de investigación y, en definitiva, el desarrollo y consolidación de una nueva cultura de cooperación entre países.

Por eso, para estar en condiciones de acometer proyectos de envergadura, en lugar de asignar recursos a proyectos atomizados e individuales, hay que optar por promover acuerdos grannacionales que permitan complementar recursos y alcanzar un mayor rendimiento e impacto de las capacidades en las que se sustenta una actividad de investigación con pertinencia económica y social.

"Del Estado burocrático al Estado comunal"

En este nuevo libro analizo las alternativas que tiene por delante la Revolución Bolivariana para avanzar en la construcción de un nuevo socialismo que, lejos de reeditar las causas que provocaron el fracaso de lo que se conoció como “socialismo real” en el siglo XX, asuma el reto de inventar y poner en marcha nuevas fórmulas para liberar al pueblo trabajador, a los excluidos y a la sociedad en general de las nefastas consecuencias de un sistema capitalista basado en la explotación del ser humano, la depredación de la naturaleza y la degradación de los valores éticos y morales.

El primer capítulo trata sobre el papel del Estado en la Revolución Bolivariana. Es un análisis crítico del Estado burocrático heredado de la IV República, construido a partir de un marco legal, un entorno institucional, un funcionariado público y una fuerza armada que, lejos de ser parciales y neutrales, por el contrario, fueron hechos a la medida, formados y entrenados al servicio de las clases y grupos económicos y políticos que dominaban al país antes del triunfo de la Revolución Bolivariana. Se exponen aquí las dificultades que seguirá confrontando el Gobierno Bolivariano para profundizar las grandes transformaciones revolucionarias mientras se mantenga el andamiaje de ese Estado burgués y como, sobre esta base, se apoya la respuesta violenta de la oligarquía a través del Golpe de Estado, el paro empresarial, el sabotaje a la industria petrolera y en contra de la eficacia de la gestión pública en ministerios, gobernaciones y alcaldías. También se razona en este capítulo la naturaleza humanista y pacifista de la Revolución Bolivariana al ratificar, en medio de tantos ataques y agresiones, su voluntad de continuar los cambios planteados sin violencia, con respeto a la constitución y la dignidad de las personas, pero ahora con el pueblo armado a través de la Reserva Militar y las Milicias; y, finalmente, planteamos que las grandes transformaciones revolucionarias aún pendientes dependen no solo de que los partidarios de la Revolución sigan ganando el gobierno a través de comicios electorales; sino que se impone una toma real del poder, lo cual solo es posible si se termina de transformar el Estado burgués y burocrático en un nuevo Estado popular y comunal al servicio de los intereses del pueblo y de la Revolución.

Como complemento a la necesidad de destruir el viejo Estado heredado de la IV República y construir otro nuevo, en el capítulo dos se analizan los factores que explican la tendencia a la burocratización del Estado, al secuestro de la propiedad estatal y la entronización del burocratismo como una especie de burguesía funcional. A partir de las lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el socialismo en el siglo XX se fundamenta una crítica a las concepciones apologéticas de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social, la cual, por el contrario, terminó siendo la base material y económica del capitalismo de Estado que se implantó en los países del llamado socialismo real y en los cuales las élites burocráticas y la nomenklatura del partido secuestraron la propiedad estatal y la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara, impidiendo que los trabajadores y ciudadanos se sintieran verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción estatizados. Sobre esta tesis se plantea la lucha contra la burocratización y el burocratismo como una forma de lucha de clases en los propios marcos de la construcción socialista y se exponen los retos que tiene planteados la Revolución Bolivariana para derrotar el burocratismo y la corrupción.

En el tercer capítulo se fundamenta la necesidad de superar la idea de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social y, más bien, se propone impulsar nuevas formas de propiedad social que hagan posible un verdadero empoderamiento de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad sobre los medios de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. Se analiza la propiedad no en su forma jurídica o legal sino como un sistema de relaciones sociales a través del cual se lleva a cabo no solo la producción material sino también la reproducción de las relaciones de explotación o cooperación que se establezcan entre los seres humanos en los sistemas económicos y productivos. Se plantea la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de propiedad social que abran vías para impulsar y lograr el desarrollo humano integral de todas las personas; se argumenta que estatizar no necesariamente implica socializar; y, finalmente, se fundamentan críticamente las diferencias de fondo entre las tesis de la democratización del capital frente a la alternativa de la democratización de la propiedad como un principio rector de las nuevas relaciones sociales de producción que liberen a los trabajadores, a los excluidos y a la comunidad de los flagelos del capital.

Viniendo de la crítica a las deviaciones de la burocratización y el burocratismo que desplazan y abortan la consolidación de un verdadero poder popular, en el capítulo cuatro se plantea responder a la pregunta: ¿Cuál es el sujeto social de la Revolución Bolivariana?. Se hace un análisis de la clase obrera en las condiciones del capitalismo rentístico venezolano; se explica el impacto de las políticas neoliberales en términos de la demolición del aparato productivo nacional, la destrucción de millares de puestos de trabajo; el desmantelamiento de las organizaciones obreras y la drástica reducción numérica del proletariado; se expone la precariedad de las condiciones de trabajo y de vida que sufren las crecientes masas de desempleados, los trabajadores del sector informal, los subempleados y autoempleados y los excluidos de la actividad económica en condiciones de penuria -a los cuales Frei Betto llamó el “pobretariado”-, como el sector sobre el cual recae el mayor peso de las antipopulares políticas neoliberales, constituyéndose por tanto en el fermento del creciente descontento que, al calor de sus protestas y luchas, lo llevan a convertirse en el principal protagonista y razón de ser de la Revolución Bolivariana.

En el quinto capítulo se analiza el proceso de Control Obrero en la construcción del modelo productivo socialista venezolano, a partir de las experiencias que se desarrollan en las empresas básicas de Guayana y otras empresas que han sido expropiadas y nacionalizadas. Se presenta una valoración crítica del papel de los sindicatos, generalmente más interesados en reivindicaciones y reformas laborales que en protagonizar e impulsar una verdadera revolución en las relaciones de poder y de propiedad sobre los medios de producción. Se sistematizan e interpretan los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Nacional y las directrices del Plan Guayana Socialista para impulsar la construcción de un Nuevo Modelo Productivo con control obrero.

En el capítulo seis se profundiza el planteamiento anterior pero a partir de la participación activa y protagónica de la comunidad organizada, con el fin de consolidar una verdadera alianza popular con miras a lograr un verdadero control del pueblo organizado sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para asegurar su supervivencia y reproducción. De igual forma que en el capítulo anterior, se sistematizan y analizan los mandatos constitucionales para impulsar la participación comunitaria; se explica en qué consisten los Consejos Comunales como mecanismos de participación ciudadana; se aborda el papel de la Comuna en la construcción del Nuevo Modelo Productivo y del Estado comunal, haciendo referencia a las tensiones que aún prevalecen entre estas nuevas formas de organización del poder territorial con las gobernaciones, alcaldías, ministerios y otros entes públicos en los que todavía se represa buena parte el poder y se reproducen las desviaciones de la burocratización y el burocratismo. Se hace un análisis de la Ley de Comunas como un paso crucial en la destrucción y superación del Estado burgués heredado de la IV República y del Estado burocrático que amenaza la buena marcha de la Revolución Bolivariana, analizando importantes definiciones que se plasman en el contenido de esta Ley, tales como Socialismo, Estado comunal, Comuna, Comunidad, Parlamento Comunal, etc., a través de las cuales la construcción del socialismo venezolano comienza a perfilar su propia naturaleza y una orientación muy singular que plantea una diferencia esencial con los intentos fallidos por construir el socialismo en el siglo XX.

El séptimo capítulo es una síntesis lógica de los procesos de control obrero y participación ciudadana que se abordan por separado en los dos capítulos anteriores. En este sentido, se fundamenta la necesidad de profundizar la construcción de un Nuevo Modelo Productivo con Control Obrero y Comunitario a partir de la alianza entre los Consejos de Fábrica y los Consejos Comunales y del impulso a las Comunas. Retomando la tesis de que no es lo mismo estatizar que socializar, se contrasta la idea de expropiar para convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada frente a la alternativa de democratizar, no el capital, sino la propiedad sobre los medios de producción fundamentales a través de nuevas formas de propiedad social que aseguren que los trabajadores directos y miembros de la comunidad sean y se sientan los verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción, distribución y comercialización que ha sido expropiados a sus dueños capitalistas, dejando claro que los excedentes que se generen en esas empresas socializadas no serán distribuidos como dividendos o ganancia individual, sino que serán la fuente de recursos para financiar la inversión social y comunitaria que decidan de mutuo acuerdo los Consejos de Fábrica y los Consejos Comunales, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. En el marco de los mandatos constitucionales que plantean una economía mixta, se fundamenta al final de este capítulo la necesidad y conveniencia de condicionar el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de claros compromisos con la construcción de un Nuevo Modelo Productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

A la luz de todo lo planteado en los capítulos anteriores, en el octavo y último capítulo se abordan las condiciones objetivas y subjetivas que deben madurar para hacer posible la sustitución del viejo Estado burocrático por un nuevo Estado comunal que facilite la transición al socialismo de la Revolución Bolivariana. Se hace un balance de la Revolución Bolivariana desde una visión integral destacando las dimensiones o áreas del país donde se aprecian de manera indiscutible los cambios profundos y rápidos que ha logrado la Revolución. Se analiza el cambio radical en la correlación de fuerzas que se inició con el triunfo electoral de 1998 hasta lograr una recomposición sustancial del mapa político, el cual se expresa en la composición de la Asamblea Nacional y en la proporción de alcaldes y gobernadores que apoyan al Gobierno Bolivariano. Igualmente se destacan los avances en el campo social, lo cual se expresa en la significativa y rápida reducción de los niveles de desempleo, pobreza y exclusión social; en la erradicación del analfabetismo, el aumento de la tasa de escolaridad en educación primaria y media; así como el notable incremento de la matrícula universitaria; la inclusión de millares de venezolanas/os en la atención médica gratuita y demás derechos sociales básicos. Se aclara que esta notable mejoría en los indicadores sociales ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y se advierte aquí que una revolución política y social sin una revolución económica y cultural es una revolución insostenible e inviable en un contexto de prolongada caída de la renta petrolera. Por esta razón, se profundiza en el análisis crítico de una política económica que en la primera década del Gobierno Bolivariano se enfocó en reactivar –más no en transformar-, el aparato productivo existente ante la urgencia de recuperar el nivel de empleo y paliar los estragos que la pobreza y exclusión social estaban causando en la población. Se explican las razones por las cuales en ese período la economía se hace más capitalista y se demuestra como en este sector se recrudece la explotación de los trabajadores, justificando la ejecución de acciones más radicales para sustituir esas relaciones de explotación del trabajo ajeno -que son las que generan pobreza y exclusión- por nuevas relaciones sociales de producción basadas en la cooperación, la complementación y la equidad. Una vez que se ha definido el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, argumentamos la necesidad de dar por concluida la etapa de concesiones e incentivos al capital y, en delante, reorientar los estímulos y ayudas de la política económica, ya no a reactivar el aparato productivo existente, sino a transformarlo en una nueva economía de amplia y creciente inclusión social, en manos de los trabajadores directos y de la comunidad.

Todos y cada uno de los capítulos de este libro están dedicados a animar y profundizar el debate sobre los nuevos y mejores caminos que nos lleven a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las creciente necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral de todas las personas. Qué estas páginas sean útiles para seguir haciendo el camino en cuyo recorrido se sigan incluyendo en la vida social los que aún quedan excluidos, en el que se liberen los que permanecen explotados y oprimidos, en el que puedan hablar y ser escuchados los que antes estaban ignorados, en el que puedan gobernar los que siempre han sido dominados, en el que puedan vivir con dignidad los que todavía no pueden vivir; útiles a ese camino en que la libre asociación y el libre desarrollo de cada persona sea la condición básica para lograr el libre y pleno desarrollo de todos los venezolanos.

La revolución musical

Ví recientemente el documental “Tocar y Luchar” que recoge la exitosa experiencia del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Y me queda la certeza de que en Venezuela la inmensa mayoría aún no hemos tomado conciencia de la profunda y trascendente transformación musical, cultural y social que se está logrando a través de ese tenaz esfuerzo.

Una de las claves de su indiscutible éxito reside, a mi juicio, en la internalización de un conjunto de nuevos valores que gobiernan la actuación de todos/as los que en ella participan. Una orquesta implica cultivar la capacidad para concertar, para ponerse de acuerdo, para armonizar. La conmovedora belleza del concierto magistral se logra cuando hay solidaridad y cooperación entre los integrantes de la orquesta, cuando se complementan todos y cada uno de los músicos y sus instrumentos, cuando hay reciprocidad y cada cual hace bien lo que le toca y entrega su mejor ejecución. Y lo mejor de todo es la equidad con la que toda la orquesta disfruta la mayor retribución o remuneración que pueden recibir: el aplauso del público.

Estos valores de la solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad y equidad han ido tejiendo el mapa mental de los integrantes que pasan por este sistema, el cual se propone crear una orquesta en todas las ciudades del país. Que mejor manera de superar y derrotar los viejos valores del individualismo y egoísmo que tanto daño le han hecho a la humanidad.

A través del Sistema de Orrquestas no se trata de transformar a personas que han caído en los antivalores humanos, sino de formar desde la propia infancia al hombre nuevo y la mujer nueva para que, desde temprana edad, sean portadores de los más elevados valores humanistas, expresión de los mejores y más sublimes sentimientos. Tampoco se trata de una experiencia elitesca, que hace de una orquesta sinfónica una práctica de minorías para minorías o la ejecución de una minoría de músicos para la mayoría de espectadores. Más bien, se trata de un proceso de amplia y creciente inclusión social, de mayorías para las mayorías, de participación masiva que ha logrado incorporar a millones de venezolanos que interactúan en comunidad. Sin lugar a dudas, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles es una revelación triunfal de la nueva sociedad que en Venezuela se construye.

Libro "Del Estado burocrático al Estado comunal"

Por: Davgla Rodríguez

Publicado en la Revista América XXI

Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda (CIM), quién recibió Mención Honorífica del Premio Internacional “Libertador” al Pensamiento Crítico y también el Premio Municipal “Gustavo Machado” al Pensamiento Político por su obra “Venezuela: ¿Hacia dónde va el Modelo Productivo?”, nos presenta ahora su nuevo libro: “Del Estado Burocrático al Estado Comunal”

El libro fue editado por el Centro Internacional Miranda en el marco de su colección "Debates"

En este nuevo libro, el ex Ministro Víctor Álvarez nos presenta un análisis crítico del papel del Estado en la Revolución Bolivariana. Analiza las dificultades del Gobierno del Presidente Chávez para profundizar las grandes transformaciones revolucionarias mientras se mantenga ese andamiaje. Plantea que las transformaciones pendientes no dependen de seguir ganando elecciones, sino de la toma real del poder a partir de la construcción de un nuevo Estado comunal al servicio de los intereses del pueblo y de la Revolución.


Álvarez, quién también se desempeñó como director de PDVSA y presidente del Banco de Comercio Exterior, analiza la tendencia a la burocratización del Estado que deriva en el secuestro de la propiedad estatal y la entronización del burocratismo como una especie de burguesía funcional. Cuestiona la propiedad estatal absoluta como forma superior de la propiedad social y la considera como la base material del capitalismo de Estado que se implantó en los países del llamado socialismo real, en los cuales las élites burocráticas secuestraron la propiedad estatal y la administraron como una propiedad privada. Plantea la lucha contra el burocratismo como una forma de lucha de clases en los propios marcos de la construcción socialista y fundamenta la necesidad de impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos sobre los medios de producción.


El investigador del CIM fundamenta la importancia de la participación activa y protagónica de los trabajadores y la comunidad organizada, con el fin de consolidar la alianza popular con miras a lograr un verdadero control del pueblo sobre los procesos productivos que resultan imprescindibles para asegurar su supervivencia y reproducción. Aborda el papel de la Comuna en la construcción del nuevo Estado comunal y expone las tensiones que aún prevalecen entre estas incipientes formas de organización con las gobernaciones, alcaldías, ministerios y otros entes públicos en los que todavía se represa buena parte el poder y se reproducen las desviaciones del burocratismo. Sobre esta base fundamenta la necesidad de construir un Nuevo Modelo Productivo a partir de la alianza entre Consejos de Fábrica y Consejos Comunales.


El autor nos explica por qué no es lo mismo estatizar que socializar y contrasta la idea de convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada frente a la alternativa de impulsar nuevas formas de propiedad social que aseguren que los trabajadores directos y la comunidad sean los verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción. Demuestra que la notable mejoría en los indicadores sociales ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y concluye que una revolución política y social sin una revolución económica y cultural es una revolución insostenible en un contexto de prolongada caída de la renta petrolera.


Se trata de un libro dedicado a atizar el debate sobre los mejores caminos que nos pueden llevar a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las creciente necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral.

Claves para la transformación universitaria y productiva

Más que un debate sobre la Ley de Educación Superior, lo que está planteado actualmente en Venezuela es la transformación integral de la universidad. Las universidades surgieron para reproducir los sistemas económicos, políticos y sociales. Por eso, la nueva universidad también está llamada a responder a los mandatos constitucionales de impulsar la democracia participativa y protagónica en la dimensión económica.

En nuestro país, la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja. De allí que no se generen suficientes empleos productivos para absorber el incesante crecimiento de la población económicamente activa. Para compensar el fenómeno del desempleo, el Estado asume un rol empleador y por eso las nóminas públicas están atiborradas. Pero este es un empleo inflacionario, toda vez que sus sueldos no tienen como respaldo un aumento en la producción. Para contribuir a la estabilidad económica y al bienestar social, la nueva universidad debe graduar un profesional emprendedor, dispuesto a multiplicar el número de unidades productivas en las que se creen puestos de trabajo realmente productivos, en función de asegurar una abundante oferta de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.

La nueva universidad está llamada a estimular el espíritu emprendedor del egresado universitario para que sea capaz de crear empresas de propiedad social -sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida-, destinadas a generar un creciente excedente para ser invertido como ganancia social en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y del entorno comunitario. Solo así será posible la apropiación colectiva de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad y erradicar, de esta manera, las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.

La universidad pública no puede seguir graduando profesionales que salen a buscar empleo. Tiene que estimular el espíritu emprendedor del egresado para que sea capaz de llevar adelante proyectos productivos difusores de las nuevas relaciones de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad que deben gobernar la lógica del nuevo modelo productivo que en Venezuela se construye.

Para que sea cierta y verdadera, la transformación universitaria tiene que expresarse en la transformación del sujeto que está graduando, cuyo perfil debe estar cada vez más orientado a:

• Construir un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular, en manos de los trabajadores directos, los consumidores organizados y de la comunidad.

• Impulsar nuevas formas de propiedad social en las esferas de la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad.

• Profundizar la vinculación universidad-comunidad a través de la identificación, organización y desarrollo de sus potencialidades económicas y productivas.

• Desarrollar sus capacidades emprendedoras y su compromiso con la construcción de una nueva sociedad basada en la ética del trabajo, la solidaridad y la cooperación.

Como recordamos al comienzo, las universidades fueron creadas para reproducir los sistemas económicos, políticos y sociales. Por eso, la universidad que se creó en los marcos del modelo capitalista -aunque en ella se abran camino fuerzas progresistas y revolucionarias-, su esencia rinde culto al comportamiento individual y a la competencia de todos contra todos, tras la falsa creencia de que así todos progresarán. Considera a la competencia como la fuerza motriz del desarrollo. Cualquier comportamiento diferente, como serían la solidaridad y la cooperación, es considerado absurdo y contrario a la naturaleza humana. No conciben otra manera de organizar la actividad económica que no sea en torno al afán de lucro y a la maximización de la ganancia y rentabilidad del capital.

Para que la inclusión en la educación universitaria contribuya realmente a la construcción de una nueva sociedad, es necesario plantearse la transformación integral de la universidad. En ésta todavía se forman los reproductores de un orden económico basado en la explotación del trabajo asalariado, generador de desempleo, pobreza y exclusión social.
El egresado de la universidad pública debe ser consciente de la diferencia entre las prioridades del capital que lo emplea y los problemas de la sociedad a la cual está llamado a servir. Una cosa es formar empresarios capitalistas y otra muy distinta es formar emprendedores socialistas que difundan nuevas relaciones sociales de producción.

La transformación universitaria en marcha tiene que plantearse un nuevo perfil del egresado universitario. No se trata de seguir graduando profesionales que salen a buscar empleo o a crear empresas guiadas por el afán de lucro, sino de emprendedores comprometidos con la tarea de crear empresas de propiedad social, cuyos excedentes -en lugar de ser repartidos como ganancia capitalista-, sean invertidos como ganancia social, contribuyendo así a la generación de trabajo estable, a la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, y al buen vivir de las amplías mayorías antes empobrecidas y excluidas.

¿Crece el capitalismo?

Publicado por Eleazar Díaz Rangel en

Los domingos de Eleazar Díaz Rangel 

Ultimas Noticias

Fecha de publicación: 13/02/11

 

En la militancia del Psuv estarán ahora concentrados en el debate sobre Líneas estratégicas de Acción Política. Luego que los organismos nacionales y estadales lo hicieron, la discusión bajó a las asambleas municipales y parroquiales. En los más altos niveles quedó tiempo libre para que conozcan y examinen algunos planteamientos de Víctor Álvarez R en Del Estado burocrático al Estado comunal, su más reciente libro, editado por el Centro Internacional Miranda a finales del 2010.

¿Por qué es conveniente? Porque las cosas que allí están escritas tienen demasiado que ver con el desarrollo del proceso, y particularmente con su economía. Les voy a transcribir algunos párrafos para que vean por qué es tan importante su análisis. Después de demostrar que en estos años "se reduce la pobreza pero la economía se hace más capitalista: A pesar de la crítica al capitalismo y de la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, el peso del sector mercantil privado en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente, aumentó. Pasó de 64,8% en 1999 a 70% en 2008-09, mientras que el sector público cayó de 35% a 30% en ese mismo período".

Y en correspondencia con tan contundentes afirmaciones: "Al hacerse la economía venezolana más capitalista, en ese sector se recrudece también la explotación de los trabajadores. En 1988 al factor trabajo le tocaba el 39,7% del nuevo valor creado, superior al 36.2% que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 31.69%, mientras que la de los capitalistas subió a 49,18%", todo según estadísticas del Banco Central de Venezuela.

Si esto es así, y no habría razón para dudarlo, conociendo a su autor y dada la seriedad de sus fuentes, tan sorprendente conclusión de crecimiento del capitalismo debe ser motivo de examen, no sólo en los organismos nacionales de dirección del Psuv sino del alto gobierno, y en particular, de su gabinete económico, y de sus cuadros sindicales.

"Hay que encontrar una paridad que exprese la productividad"

Entrevista // Víctor Álvarez, ex ministro de industrias básicas y minería

"Ni absolutismo de Estado, ni fudamentalismo de mercado.

La solución no está en extremos"

ROBERTO DENIZ . EL UNIVERSAL
lunes 14 de febrero de 2011 12:00 AM

Varias son las cargas que acumula el Gobierno nacional en materia económica, pero una destaca sobre el resto. El denominado "Socialismo del siglo XXI" amplificó el rentismo petrolero y ha sido incapaz de diversificar la producción local.

La cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que las exportaciones no petroleras de 2010 cayeron un 18,8% con respecto a 1999, mientras que la manufactura pasó de representar 18% del Producto Interno Bruto (PIB) el año que Hugo Chávez arribó al poder, al 15% del año pasado.
Para Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería, la "la inercia rentista" que arrastraba la economía nacional se ha impuesto. Aunque es partidario de la construcción de "un nuevo modelo productivo", en las investigaciones que realiza en el Centro Internacional Miranda (CIM) advierte que se requiere "una profunda revisión y rectificación de la política económica".

-¿Considera que el Gobierno nacional va en esa dirección?

-Eso habría que planteárselo a un funcionario de Gobierno. Lo que estoy planteando es lo que a la luz de mis investigaciones, de la comprensión que yo tengo de la economía venezolana y de la necesidad de relanzar la propuesta industrializadora como condición para lograr la soberanía productiva, que es mucho más que la soberanía alimentaria, estoy planteando las condiciones que deberían cumplirse y las dimensiones de política económica que deberían abordarse.

-¿Por qué sigue imponiéndose el modelo rentista?
-No se ha logrado quebrar esa inercia que tiene su principal expresión en un tipo de cambio sobrevaluado, que es el principal síntoma de esa cultura rentista y es lo que acentúa entonces esa propensión de comprarle al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo en el país gracias a ese torrente de petrodólares que no deja de entrar.

Por eso planteo que una de las medidas claves, la medida medular sigue siendo el reto de encontrar un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía real.

-¿Ni siquiera las dos devaluaciones del año pasado corrigieron esa desviación?

-Claro porque cuando se devalúa se produce una corrección del diferencial de precios, pero esa corrección se anula y se desvanece por el auge inflacionario que todavía se mantiene. Si no derrotas la inflación esa medida de ajuste cambiario o de devaluación de la moneda termina desvaneciéndose por el ímpetu inflacionario que no logra contenerse. Por eso el tema no se corrige con una medida aislada, tienes que tener además una estrategia anti-inflacionaria.

Es un círculo vicioso: importamos porque no producimos, pero no producimos porque importamos. Importamos porque esa creciente demanda agregada interna, que viene alentada por el ingreso petrolero, permite importar para satisfacer la demanda que no puede ser cubierta con la producción nacional. Pero al mismo tiempo esas importaciones tienen un efecto inhibidor en el aparato productivo interno. Subsidiar el dólar es subsidiar las importaciones.
-En ese nuevo modelo productivo que planteas, ¿Qué espacio tiene la inversión privada?

-He dicho siempre ni absolutismo de Estado, ni fundamentalismo de mercado. La experiencia histórica dice que aquellas economías donde la propiedad estatal se extendió a todas las ramas de la economía no dieron respuesta. Igual esos bandazos que se dieron en esos países donde todo se privatizó y se dejó en manos de los mecanismos del mercado eso tampoco funcionó. La solución no está en ninguno de esos dos extremos.

-Los gremios privados insisten en que no hay seguridad jurídica para invertir.

-Ahí es donde he visto el gran conflicto que tiene el país para encontrar ese margen de acuerdo. Por un lado, la ceguera del sector empresarial que no ha sido capaz de ver y reconocer todo lo que se ha hecho para reactivar el aparato productivo interno. Del otro lado, la poca habilidad del sector público para poder presentar de manera coherente, articulada y lógica esa gama de incentivos.

El sector privado debe entender que en un nuevo modelo productivo como el que se intenta construir no se basa solamente por los márgenes de ganancia, sino que también la legitimidad y justificación social de las empresas tiene mucho que ver con la contribución que hacen a la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusiónn social.

Política industrial para transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo

Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.

Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15.5 %) y es uno de los que más se ha contraído.

Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero.

La política industrial como forma de intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo económico bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. No obstante, hay que dejar claro que no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos y la Unión Europea se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.

¿Reactivar o transformar la economía?

Como dijimos al comienzo, la caída del PIB es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que –en adelante- no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Esta transformación tiene dos ejes claves:

1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.

2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la actuación del Estado se debe enfocar en aquellos sectores con un mayor impacto multiplicador y acelerador de la actividad económica; tales como la industria manufacturera, cuya ponderación o peso específico en la conformación del PIB ya vimos que es mayor al 15 % y es uno de los sectores que más se ha contraído. Debido a esta alta ponderación, cualquier incremento o contracción de la actividad manufacturera hará sentir su incidencia o impacto en el desempeño general del PIB.

La problemática del sector industrial

Los problemas más importantes que afectan el desempeño de la industria manufacturera y su aporte a la transformación productiva son los siguientes:

1. Contracción a lo largo de más de cuatro trimestres consecutivos

2. Obsolescencia tecnológica y rezagos en calidad, productividad y competitividad

3. Baja densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes, lo cual hace que su aporte al PIB aún esté por debajo del 20 % que sugiere el grado de industrialización.

4. Cartera crediticia demorada de la industria, con problemas de liquidez y activos comprometidos por garantías previamente constituidas, lo cual dificulta su acceso a nuevo financiamiento.

5. Concentración territorial de la actividad industrial en el Eje Centro-Norte-Costero, lo cual limita la contribución del sector manufacturero al desarrollo armónico y proporcional de las diferentes regiones y estados del país:

Objetivos de la Política Industrial:

De esta problemática se deducen al menos cinco objetivos a lograr con la nueva política industrial:

1. Reactivar la industria manufacturera: hasta lograr que al menos el 95 % de la capacidad industrial actualmente instalada se encuentre en pleno funcionamiento, toda vez que –por su alta ponderación en el PIB-, su reactivación tendrá una alta incidencia en la recuperación del ritmo de actividad económica y en el nivel de empleo.

2. Reconversión industrial: para modernizar la industria y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas, de tal forma que pueda lograr mejoras sostenidas en la productividad que permitan mejorar la estructura de costos y abatir las presiones inflacionarias; así como mejorar su calidad y desarrollar nuevos productos que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones y a la diversificación de la oferta exportable.

3. Reindustrialización: para incrementar la densidad industrial de 0.3 a 1 establecimiento manufacturero por cada 1.000 (mil) habitantes y así elevar el aporte de la manufactura al PIB de 15.5 % a 20 %; logrando un crecimiento económico de calidad (sustentado en la economía real) y generando nuevas y mejores fuentes de empleo productivo, estable y bien remunerado.

4. Refinanciar la deuda industrial: reestructurar el cronograma de pagos de deudas vencidas, con condiciones más adecuadas de plazos, tasas de interés y garantías, que permitan aliviar la carga financiera de las empresas que han entrado en mora debido a la contracción de la economía nacional e internacional.

5. Relocalización industrial: para estimular nuevas inversiones así como la reubicación de establecimientos industriales ya existentes en regiones, estados y municipios con un PIB por debajo de la media nacional y con baja densidad de establecimientos manufactureros, en función de corregir asimetrías y disparidades y propiciar así un desarrollo armónico y proporcional del territorio nacional.

Los programas de política industrial se deben diseñar y ejecutar a través de una combinación de medidas de incidencia general o sectorial sobre la actividad manufacturera, las cuales serán aplicadas simultáneamente con otras medidas especialmente dirigidas a sectores que se consideren prioritarios. Para lograr la efectiva aplicación de ambos tipos de medidas se requiere también adecuar el marco legal y el entorno institucional que facilite la armonización y eficaz instrumentación de todas y cada una de estas medidas. Para su mejor comprensión y tratamiento clasificaremos estas medidas en las siguientes dimensiones:

• Dimensión Macroeconómica: son medidas horizontales o decisiones fundamentalmente en materia de política macroeconómica, las cuales tienen una incidencia general, más no igual, sobre todos y una cada uno de los sectores, ramas, agrupaciones y empresas industriales.

• Dimensión Mesoeconómica: son medidas para adecuar tanto el marco legal y regulatorio como el entramado institucional a través de los cuales los ministerios, entes adscritos y demás órganos del Estado se coordinan y articulan para complementar sus capacidades y recursos en función de asegurar el buen gobierno de la economía.

• Dimensión Microeconómica: son medidas verticales o decisiones fundamentalmente en materia de política microeconómica o sectorial, las cuales tienen una incidentica focalizada en determinados sectores, ramas o agrupaciones industriales a las que se atribuye una mayor importancia, bien sea por su efecto multiplicador y acelerador de la dinámica económica, por su contribución al empleo o por su efecto sobre la inflación.

La meta de la política industrial

La política industrial es la clave para reactivar y transformar la economía. El Estado puede combinar incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. para elevar el aporte de la manufactura al PIB del actual 15.5 % al 20% que establecen los estándares internacionales para reconocer que una economía se ha industrializado. Esto implica elevar la densidad industrial de 0.3 a por lo menos 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes. No es una meta difícil: Colombia tiene 1.2 y México 1.7. Implica aumentar el número de industrias de 7.800 a 26.000, generando más y mejores fuentes de trabajo.

Reactivar, modernizar y ampliar la industria nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional y, sobre todo, a la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de nuestra población.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La caída del PIB por segundo año consecutivo es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.

Estatizar no siempre significa socializar

Para entender lo que viene en materia de expropiaciones hay que dejar claro que la propiedad no es una simple posesión basada en el derecho mercantil sino un sistema de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción, distribución y consumo. El socialismo del siglo XX (SSXX), tras el ideal humanista de erradicar la explotación del ser humano y asegurar la inversión social de las ganancias, estatizó prácticamente todos los medios de producción: desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. Todo pasó a manos del Estado. Esto trajo como consecuencia:

• Implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial, frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación.

• Entronización de poderosas élites de la burocracia y la nomenklatura partidista que derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.

• Agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.

Las expropiaciones y el doble discurso del sector privado

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

En el escándalo de los gremios empresariales ante las expropiaciones subyace un doble discurso. Sus diatribas anticomunistas contra la libertad de empresa y la iniciativa privada son una verdadera puesta en escena. No son pocos los empresarios que resultaron favorecidos con indemnizaciones por plantas obsoletas que tenían varios años cerradas. Los casos de Invepal, Inveval, Invetex, la procesadora de leche en el Zulia son apenas un ejemplo de empresas que estaban en bancarrota y solo generaban costos para sus dueños. Un caso reciente es el de Cerámicas Maracay, que no pudo competir y estaba cerrada desde 2006. Los latifundios expropiados eran tierras improductivas que no generaban ganancias para los terratenientes, pero con la expropiación recibirán importantes ingresos por concepto de indemnización. Hablan de una ola de expropiaciones que espanta la inversión, cuando apenas se llega a 200 empresas entre las 400 mil que conforman el tejido empresarial venezolano, según las empresas que cotizan al IVSS y las que declaran anualmente ISR.

Pero lo que no dicen ni reconocen los voceros empresariales, es que sobre esta “ola” pretenden hacer surfing muchos capitalistas deseosos de vender al Estado como nuevas sus empresas ya obsoletas que no les reportan suficientes ganancias o se encuentran al borde de la quiebra. Por eso hay muchos empresarios que se empujan y dan codazos para ser el próximo expropiado. Sin embargo, los gremios empresariales no se cansan de pregonar que en Venezuela se ahoga la iniciativa empresarial, cuando en realidad se les ha lanzado un generoso salvavidas.

Otros casos muy distintos son los de la CANTV, Electricidad de Caracas, SIDOR, las cementeras, Agroisleña, Fertinitro y la Owens Illinois. Estas son empresas de importancia estratégica para los planes de desarrollo nacional y deben estar bajo control estatal. Sobre todo cuando el sabotaje a PDVSA dejó claro hasta donde pueden llegar quienes quieren abortar la Revolución que aquí apenas se está gestando.

Estatizar no siempre significa socializar

En su fachada, la propiedad estatal se presenta como propiedad de todo el pueblo, pero su lógica de funcionamiento no altera para nada las viejas formas de explotación capitalista. No se trata sólo de destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado, sino de impulsar una nueva economía social a través de la cual los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. Solo así podrán sentirse como los verdaderos copropietarios sociales, los auténticos dueños de las condiciones materiales que garantizan su supervivencia y reproducción, sin mediaciones de capitalistas ni burócratas.

El nuevo socialismo tiene que orientarse hacia la desestatización de la sociedad, entendida ésta como la desburocratización de la función pública, su transferencia al poder comunal, así como la democratización de la vida económica y política, en función de lograr la máxima socialización del poder.

El concepto “democracia participativa” no se limita solo al ejercicio del sufragio. Tiene que ver con la capacidad real de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos económicos de la Nación, particularmente con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicio que son imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

Delimitar sectores

Las expropiaciones no se pueden agotar en una mera transformación de la propiedad privada en propiedad estatal. Cuando se gastan los recursos públicos en pagar las expropiaciones de empresas no estratégicas, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas de la economía social, no se está contribuyendo por esa vía a aumentar la densidad empresarial ni a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo, sobre todo cuando en Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.

Por su importancia estratégica el Estado debe reservarse sectores tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos, etc. Pero el gran desafío en esta etapa de transición al socialismo es identificar los sectores para impulsar la economía social y dejar claro en cuáles sectores se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera. En mi opinión, la producción de los componentes de las canastas alimentaria y básica, que son los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población, deben quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad. Solo así será posible acabar con la escasez, el acaparamiento y la especulación que, en su empeño por desestabilizar y crear malestar en la población, pretenden imponer los enemigos de la Revolución.