"Del Estado burocrático al Estado comunal"

En este nuevo libro analizo las alternativas que tiene por delante la Revolución Bolivariana para avanzar en la construcción de un nuevo socialismo que, lejos de reeditar las causas que provocaron el fracaso de lo que se conoció como “socialismo real” en el siglo XX, asuma el reto de inventar y poner en marcha nuevas fórmulas para liberar al pueblo trabajador, a los excluidos y a la sociedad en general de las nefastas consecuencias de un sistema capitalista basado en la explotación del ser humano, la depredación de la naturaleza y la degradación de los valores éticos y morales.

El primer capítulo trata sobre el papel del Estado en la Revolución Bolivariana. Es un análisis crítico del Estado burocrático heredado de la IV República, construido a partir de un marco legal, un entorno institucional, un funcionariado público y una fuerza armada que, lejos de ser parciales y neutrales, por el contrario, fueron hechos a la medida, formados y entrenados al servicio de las clases y grupos económicos y políticos que dominaban al país antes del triunfo de la Revolución Bolivariana. Se exponen aquí las dificultades que seguirá confrontando el Gobierno Bolivariano para profundizar las grandes transformaciones revolucionarias mientras se mantenga el andamiaje de ese Estado burgués y como, sobre esta base, se apoya la respuesta violenta de la oligarquía a través del Golpe de Estado, el paro empresarial, el sabotaje a la industria petrolera y en contra de la eficacia de la gestión pública en ministerios, gobernaciones y alcaldías. También se razona en este capítulo la naturaleza humanista y pacifista de la Revolución Bolivariana al ratificar, en medio de tantos ataques y agresiones, su voluntad de continuar los cambios planteados sin violencia, con respeto a la constitución y la dignidad de las personas, pero ahora con el pueblo armado a través de la Reserva Militar y las Milicias; y, finalmente, planteamos que las grandes transformaciones revolucionarias aún pendientes dependen no solo de que los partidarios de la Revolución sigan ganando el gobierno a través de comicios electorales; sino que se impone una toma real del poder, lo cual solo es posible si se termina de transformar el Estado burgués y burocrático en un nuevo Estado popular y comunal al servicio de los intereses del pueblo y de la Revolución.

Como complemento a la necesidad de destruir el viejo Estado heredado de la IV República y construir otro nuevo, en el capítulo dos se analizan los factores que explican la tendencia a la burocratización del Estado, al secuestro de la propiedad estatal y la entronización del burocratismo como una especie de burguesía funcional. A partir de las lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el socialismo en el siglo XX se fundamenta una crítica a las concepciones apologéticas de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social, la cual, por el contrario, terminó siendo la base material y económica del capitalismo de Estado que se implantó en los países del llamado socialismo real y en los cuales las élites burocráticas y la nomenklatura del partido secuestraron la propiedad estatal y la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara, impidiendo que los trabajadores y ciudadanos se sintieran verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción estatizados. Sobre esta tesis se plantea la lucha contra la burocratización y el burocratismo como una forma de lucha de clases en los propios marcos de la construcción socialista y se exponen los retos que tiene planteados la Revolución Bolivariana para derrotar el burocratismo y la corrupción.

En el tercer capítulo se fundamenta la necesidad de superar la idea de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social y, más bien, se propone impulsar nuevas formas de propiedad social que hagan posible un verdadero empoderamiento de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad sobre los medios de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. Se analiza la propiedad no en su forma jurídica o legal sino como un sistema de relaciones sociales a través del cual se lleva a cabo no solo la producción material sino también la reproducción de las relaciones de explotación o cooperación que se establezcan entre los seres humanos en los sistemas económicos y productivos. Se plantea la necesidad de avanzar hacia nuevas formas de propiedad social que abran vías para impulsar y lograr el desarrollo humano integral de todas las personas; se argumenta que estatizar no necesariamente implica socializar; y, finalmente, se fundamentan críticamente las diferencias de fondo entre las tesis de la democratización del capital frente a la alternativa de la democratización de la propiedad como un principio rector de las nuevas relaciones sociales de producción que liberen a los trabajadores, a los excluidos y a la comunidad de los flagelos del capital.

Viniendo de la crítica a las deviaciones de la burocratización y el burocratismo que desplazan y abortan la consolidación de un verdadero poder popular, en el capítulo cuatro se plantea responder a la pregunta: ¿Cuál es el sujeto social de la Revolución Bolivariana?. Se hace un análisis de la clase obrera en las condiciones del capitalismo rentístico venezolano; se explica el impacto de las políticas neoliberales en términos de la demolición del aparato productivo nacional, la destrucción de millares de puestos de trabajo; el desmantelamiento de las organizaciones obreras y la drástica reducción numérica del proletariado; se expone la precariedad de las condiciones de trabajo y de vida que sufren las crecientes masas de desempleados, los trabajadores del sector informal, los subempleados y autoempleados y los excluidos de la actividad económica en condiciones de penuria -a los cuales Frei Betto llamó el “pobretariado”-, como el sector sobre el cual recae el mayor peso de las antipopulares políticas neoliberales, constituyéndose por tanto en el fermento del creciente descontento que, al calor de sus protestas y luchas, lo llevan a convertirse en el principal protagonista y razón de ser de la Revolución Bolivariana.

En el quinto capítulo se analiza el proceso de Control Obrero en la construcción del modelo productivo socialista venezolano, a partir de las experiencias que se desarrollan en las empresas básicas de Guayana y otras empresas que han sido expropiadas y nacionalizadas. Se presenta una valoración crítica del papel de los sindicatos, generalmente más interesados en reivindicaciones y reformas laborales que en protagonizar e impulsar una verdadera revolución en las relaciones de poder y de propiedad sobre los medios de producción. Se sistematizan e interpretan los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Nacional y las directrices del Plan Guayana Socialista para impulsar la construcción de un Nuevo Modelo Productivo con control obrero.

En el capítulo seis se profundiza el planteamiento anterior pero a partir de la participación activa y protagónica de la comunidad organizada, con el fin de consolidar una verdadera alianza popular con miras a lograr un verdadero control del pueblo organizado sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para asegurar su supervivencia y reproducción. De igual forma que en el capítulo anterior, se sistematizan y analizan los mandatos constitucionales para impulsar la participación comunitaria; se explica en qué consisten los Consejos Comunales como mecanismos de participación ciudadana; se aborda el papel de la Comuna en la construcción del Nuevo Modelo Productivo y del Estado comunal, haciendo referencia a las tensiones que aún prevalecen entre estas nuevas formas de organización del poder territorial con las gobernaciones, alcaldías, ministerios y otros entes públicos en los que todavía se represa buena parte el poder y se reproducen las desviaciones de la burocratización y el burocratismo. Se hace un análisis de la Ley de Comunas como un paso crucial en la destrucción y superación del Estado burgués heredado de la IV República y del Estado burocrático que amenaza la buena marcha de la Revolución Bolivariana, analizando importantes definiciones que se plasman en el contenido de esta Ley, tales como Socialismo, Estado comunal, Comuna, Comunidad, Parlamento Comunal, etc., a través de las cuales la construcción del socialismo venezolano comienza a perfilar su propia naturaleza y una orientación muy singular que plantea una diferencia esencial con los intentos fallidos por construir el socialismo en el siglo XX.

El séptimo capítulo es una síntesis lógica de los procesos de control obrero y participación ciudadana que se abordan por separado en los dos capítulos anteriores. En este sentido, se fundamenta la necesidad de profundizar la construcción de un Nuevo Modelo Productivo con Control Obrero y Comunitario a partir de la alianza entre los Consejos de Fábrica y los Consejos Comunales y del impulso a las Comunas. Retomando la tesis de que no es lo mismo estatizar que socializar, se contrasta la idea de expropiar para convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada frente a la alternativa de democratizar, no el capital, sino la propiedad sobre los medios de producción fundamentales a través de nuevas formas de propiedad social que aseguren que los trabajadores directos y miembros de la comunidad sean y se sientan los verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción, distribución y comercialización que ha sido expropiados a sus dueños capitalistas, dejando claro que los excedentes que se generen en esas empresas socializadas no serán distribuidos como dividendos o ganancia individual, sino que serán la fuente de recursos para financiar la inversión social y comunitaria que decidan de mutuo acuerdo los Consejos de Fábrica y los Consejos Comunales, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. En el marco de los mandatos constitucionales que plantean una economía mixta, se fundamenta al final de este capítulo la necesidad y conveniencia de condicionar el acceso de las empresas a los incentivos públicos, al cumplimiento de claros compromisos con la construcción de un Nuevo Modelo Productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.

A la luz de todo lo planteado en los capítulos anteriores, en el octavo y último capítulo se abordan las condiciones objetivas y subjetivas que deben madurar para hacer posible la sustitución del viejo Estado burocrático por un nuevo Estado comunal que facilite la transición al socialismo de la Revolución Bolivariana. Se hace un balance de la Revolución Bolivariana desde una visión integral destacando las dimensiones o áreas del país donde se aprecian de manera indiscutible los cambios profundos y rápidos que ha logrado la Revolución. Se analiza el cambio radical en la correlación de fuerzas que se inició con el triunfo electoral de 1998 hasta lograr una recomposición sustancial del mapa político, el cual se expresa en la composición de la Asamblea Nacional y en la proporción de alcaldes y gobernadores que apoyan al Gobierno Bolivariano. Igualmente se destacan los avances en el campo social, lo cual se expresa en la significativa y rápida reducción de los niveles de desempleo, pobreza y exclusión social; en la erradicación del analfabetismo, el aumento de la tasa de escolaridad en educación primaria y media; así como el notable incremento de la matrícula universitaria; la inclusión de millares de venezolanas/os en la atención médica gratuita y demás derechos sociales básicos. Se aclara que esta notable mejoría en los indicadores sociales ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y se advierte aquí que una revolución política y social sin una revolución económica y cultural es una revolución insostenible e inviable en un contexto de prolongada caída de la renta petrolera. Por esta razón, se profundiza en el análisis crítico de una política económica que en la primera década del Gobierno Bolivariano se enfocó en reactivar –más no en transformar-, el aparato productivo existente ante la urgencia de recuperar el nivel de empleo y paliar los estragos que la pobreza y exclusión social estaban causando en la población. Se explican las razones por las cuales en ese período la economía se hace más capitalista y se demuestra como en este sector se recrudece la explotación de los trabajadores, justificando la ejecución de acciones más radicales para sustituir esas relaciones de explotación del trabajo ajeno -que son las que generan pobreza y exclusión- por nuevas relaciones sociales de producción basadas en la cooperación, la complementación y la equidad. Una vez que se ha definido el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, argumentamos la necesidad de dar por concluida la etapa de concesiones e incentivos al capital y, en delante, reorientar los estímulos y ayudas de la política económica, ya no a reactivar el aparato productivo existente, sino a transformarlo en una nueva economía de amplia y creciente inclusión social, en manos de los trabajadores directos y de la comunidad.

Todos y cada uno de los capítulos de este libro están dedicados a animar y profundizar el debate sobre los nuevos y mejores caminos que nos lleven a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las creciente necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral de todas las personas. Qué estas páginas sean útiles para seguir haciendo el camino en cuyo recorrido se sigan incluyendo en la vida social los que aún quedan excluidos, en el que se liberen los que permanecen explotados y oprimidos, en el que puedan hablar y ser escuchados los que antes estaban ignorados, en el que puedan gobernar los que siempre han sido dominados, en el que puedan vivir con dignidad los que todavía no pueden vivir; útiles a ese camino en que la libre asociación y el libre desarrollo de cada persona sea la condición básica para lograr el libre y pleno desarrollo de todos los venezolanos.

La revolución musical

Ví recientemente el documental “Tocar y Luchar” que recoge la exitosa experiencia del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Y me queda la certeza de que en Venezuela la inmensa mayoría aún no hemos tomado conciencia de la profunda y trascendente transformación musical, cultural y social que se está logrando a través de ese tenaz esfuerzo.

Una de las claves de su indiscutible éxito reside, a mi juicio, en la internalización de un conjunto de nuevos valores que gobiernan la actuación de todos/as los que en ella participan. Una orquesta implica cultivar la capacidad para concertar, para ponerse de acuerdo, para armonizar. La conmovedora belleza del concierto magistral se logra cuando hay solidaridad y cooperación entre los integrantes de la orquesta, cuando se complementan todos y cada uno de los músicos y sus instrumentos, cuando hay reciprocidad y cada cual hace bien lo que le toca y entrega su mejor ejecución. Y lo mejor de todo es la equidad con la que toda la orquesta disfruta la mayor retribución o remuneración que pueden recibir: el aplauso del público.

Estos valores de la solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad y equidad han ido tejiendo el mapa mental de los integrantes que pasan por este sistema, el cual se propone crear una orquesta en todas las ciudades del país. Que mejor manera de superar y derrotar los viejos valores del individualismo y egoísmo que tanto daño le han hecho a la humanidad.

A través del Sistema de Orrquestas no se trata de transformar a personas que han caído en los antivalores humanos, sino de formar desde la propia infancia al hombre nuevo y la mujer nueva para que, desde temprana edad, sean portadores de los más elevados valores humanistas, expresión de los mejores y más sublimes sentimientos. Tampoco se trata de una experiencia elitesca, que hace de una orquesta sinfónica una práctica de minorías para minorías o la ejecución de una minoría de músicos para la mayoría de espectadores. Más bien, se trata de un proceso de amplia y creciente inclusión social, de mayorías para las mayorías, de participación masiva que ha logrado incorporar a millones de venezolanos que interactúan en comunidad. Sin lugar a dudas, el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles es una revelación triunfal de la nueva sociedad que en Venezuela se construye.

Libro "Del Estado burocrático al Estado comunal"

Por: Davgla Rodríguez

Publicado en la Revista América XXI

Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda (CIM), quién recibió Mención Honorífica del Premio Internacional “Libertador” al Pensamiento Crítico y también el Premio Municipal “Gustavo Machado” al Pensamiento Político por su obra “Venezuela: ¿Hacia dónde va el Modelo Productivo?”, nos presenta ahora su nuevo libro: “Del Estado Burocrático al Estado Comunal”

El libro fue editado por el Centro Internacional Miranda en el marco de su colección "Debates"

En este nuevo libro, el ex Ministro Víctor Álvarez nos presenta un análisis crítico del papel del Estado en la Revolución Bolivariana. Analiza las dificultades del Gobierno del Presidente Chávez para profundizar las grandes transformaciones revolucionarias mientras se mantenga ese andamiaje. Plantea que las transformaciones pendientes no dependen de seguir ganando elecciones, sino de la toma real del poder a partir de la construcción de un nuevo Estado comunal al servicio de los intereses del pueblo y de la Revolución.


Álvarez, quién también se desempeñó como director de PDVSA y presidente del Banco de Comercio Exterior, analiza la tendencia a la burocratización del Estado que deriva en el secuestro de la propiedad estatal y la entronización del burocratismo como una especie de burguesía funcional. Cuestiona la propiedad estatal absoluta como forma superior de la propiedad social y la considera como la base material del capitalismo de Estado que se implantó en los países del llamado socialismo real, en los cuales las élites burocráticas secuestraron la propiedad estatal y la administraron como una propiedad privada. Plantea la lucha contra el burocratismo como una forma de lucha de clases en los propios marcos de la construcción socialista y fundamenta la necesidad de impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos sobre los medios de producción.


El investigador del CIM fundamenta la importancia de la participación activa y protagónica de los trabajadores y la comunidad organizada, con el fin de consolidar la alianza popular con miras a lograr un verdadero control del pueblo sobre los procesos productivos que resultan imprescindibles para asegurar su supervivencia y reproducción. Aborda el papel de la Comuna en la construcción del nuevo Estado comunal y expone las tensiones que aún prevalecen entre estas incipientes formas de organización con las gobernaciones, alcaldías, ministerios y otros entes públicos en los que todavía se represa buena parte el poder y se reproducen las desviaciones del burocratismo. Sobre esta base fundamenta la necesidad de construir un Nuevo Modelo Productivo a partir de la alianza entre Consejos de Fábrica y Consejos Comunales.


El autor nos explica por qué no es lo mismo estatizar que socializar y contrasta la idea de convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada frente a la alternativa de impulsar nuevas formas de propiedad social que aseguren que los trabajadores directos y la comunidad sean los verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción. Demuestra que la notable mejoría en los indicadores sociales ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y concluye que una revolución política y social sin una revolución económica y cultural es una revolución insostenible en un contexto de prolongada caída de la renta petrolera.


Se trata de un libro dedicado a atizar el debate sobre los mejores caminos que nos pueden llevar a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las creciente necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral.

Claves para la transformación universitaria y productiva

Más que un debate sobre la Ley de Educación Superior, lo que está planteado actualmente en Venezuela es la transformación integral de la universidad. Las universidades surgieron para reproducir los sistemas económicos, políticos y sociales. Por eso, la nueva universidad también está llamada a responder a los mandatos constitucionales de impulsar la democracia participativa y protagónica en la dimensión económica.

En nuestro país, la densidad empresarial por cada mil habitantes es muy baja. De allí que no se generen suficientes empleos productivos para absorber el incesante crecimiento de la población económicamente activa. Para compensar el fenómeno del desempleo, el Estado asume un rol empleador y por eso las nóminas públicas están atiborradas. Pero este es un empleo inflacionario, toda vez que sus sueldos no tienen como respaldo un aumento en la producción. Para contribuir a la estabilidad económica y al bienestar social, la nueva universidad debe graduar un profesional emprendedor, dispuesto a multiplicar el número de unidades productivas en las que se creen puestos de trabajo realmente productivos, en función de asegurar una abundante oferta de los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.

La nueva universidad está llamada a estimular el espíritu emprendedor del egresado universitario para que sea capaz de crear empresas de propiedad social -sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida-, destinadas a generar un creciente excedente para ser invertido como ganancia social en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y del entorno comunitario. Solo así será posible la apropiación colectiva de la riqueza producida por el conjunto de la sociedad y erradicar, de esta manera, las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.

La universidad pública no puede seguir graduando profesionales que salen a buscar empleo. Tiene que estimular el espíritu emprendedor del egresado para que sea capaz de llevar adelante proyectos productivos difusores de las nuevas relaciones de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad que deben gobernar la lógica del nuevo modelo productivo que en Venezuela se construye.

Para que sea cierta y verdadera, la transformación universitaria tiene que expresarse en la transformación del sujeto que está graduando, cuyo perfil debe estar cada vez más orientado a:

• Construir un nuevo modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular, en manos de los trabajadores directos, los consumidores organizados y de la comunidad.

• Impulsar nuevas formas de propiedad social en las esferas de la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad.

• Profundizar la vinculación universidad-comunidad a través de la identificación, organización y desarrollo de sus potencialidades económicas y productivas.

• Desarrollar sus capacidades emprendedoras y su compromiso con la construcción de una nueva sociedad basada en la ética del trabajo, la solidaridad y la cooperación.

Como recordamos al comienzo, las universidades fueron creadas para reproducir los sistemas económicos, políticos y sociales. Por eso, la universidad que se creó en los marcos del modelo capitalista -aunque en ella se abran camino fuerzas progresistas y revolucionarias-, su esencia rinde culto al comportamiento individual y a la competencia de todos contra todos, tras la falsa creencia de que así todos progresarán. Considera a la competencia como la fuerza motriz del desarrollo. Cualquier comportamiento diferente, como serían la solidaridad y la cooperación, es considerado absurdo y contrario a la naturaleza humana. No conciben otra manera de organizar la actividad económica que no sea en torno al afán de lucro y a la maximización de la ganancia y rentabilidad del capital.

Para que la inclusión en la educación universitaria contribuya realmente a la construcción de una nueva sociedad, es necesario plantearse la transformación integral de la universidad. En ésta todavía se forman los reproductores de un orden económico basado en la explotación del trabajo asalariado, generador de desempleo, pobreza y exclusión social.
El egresado de la universidad pública debe ser consciente de la diferencia entre las prioridades del capital que lo emplea y los problemas de la sociedad a la cual está llamado a servir. Una cosa es formar empresarios capitalistas y otra muy distinta es formar emprendedores socialistas que difundan nuevas relaciones sociales de producción.

La transformación universitaria en marcha tiene que plantearse un nuevo perfil del egresado universitario. No se trata de seguir graduando profesionales que salen a buscar empleo o a crear empresas guiadas por el afán de lucro, sino de emprendedores comprometidos con la tarea de crear empresas de propiedad social, cuyos excedentes -en lugar de ser repartidos como ganancia capitalista-, sean invertidos como ganancia social, contribuyendo así a la generación de trabajo estable, a la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, y al buen vivir de las amplías mayorías antes empobrecidas y excluidas.

¿Crece el capitalismo?

Publicado por Eleazar Díaz Rangel en

Los domingos de Eleazar Díaz Rangel 

Ultimas Noticias

Fecha de publicación: 13/02/11

 

En la militancia del Psuv estarán ahora concentrados en el debate sobre Líneas estratégicas de Acción Política. Luego que los organismos nacionales y estadales lo hicieron, la discusión bajó a las asambleas municipales y parroquiales. En los más altos niveles quedó tiempo libre para que conozcan y examinen algunos planteamientos de Víctor Álvarez R en Del Estado burocrático al Estado comunal, su más reciente libro, editado por el Centro Internacional Miranda a finales del 2010.

¿Por qué es conveniente? Porque las cosas que allí están escritas tienen demasiado que ver con el desarrollo del proceso, y particularmente con su economía. Les voy a transcribir algunos párrafos para que vean por qué es tan importante su análisis. Después de demostrar que en estos años "se reduce la pobreza pero la economía se hace más capitalista: A pesar de la crítica al capitalismo y de la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, el peso del sector mercantil privado en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente, aumentó. Pasó de 64,8% en 1999 a 70% en 2008-09, mientras que el sector público cayó de 35% a 30% en ese mismo período".

Y en correspondencia con tan contundentes afirmaciones: "Al hacerse la economía venezolana más capitalista, en ese sector se recrudece también la explotación de los trabajadores. En 1988 al factor trabajo le tocaba el 39,7% del nuevo valor creado, superior al 36.2% que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 31.69%, mientras que la de los capitalistas subió a 49,18%", todo según estadísticas del Banco Central de Venezuela.

Si esto es así, y no habría razón para dudarlo, conociendo a su autor y dada la seriedad de sus fuentes, tan sorprendente conclusión de crecimiento del capitalismo debe ser motivo de examen, no sólo en los organismos nacionales de dirección del Psuv sino del alto gobierno, y en particular, de su gabinete económico, y de sus cuadros sindicales.

"Hay que encontrar una paridad que exprese la productividad"

Entrevista // Víctor Álvarez, ex ministro de industrias básicas y minería

"Ni absolutismo de Estado, ni fudamentalismo de mercado.

La solución no está en extremos"

ROBERTO DENIZ . EL UNIVERSAL
lunes 14 de febrero de 2011 12:00 AM

Varias son las cargas que acumula el Gobierno nacional en materia económica, pero una destaca sobre el resto. El denominado "Socialismo del siglo XXI" amplificó el rentismo petrolero y ha sido incapaz de diversificar la producción local.

La cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que las exportaciones no petroleras de 2010 cayeron un 18,8% con respecto a 1999, mientras que la manufactura pasó de representar 18% del Producto Interno Bruto (PIB) el año que Hugo Chávez arribó al poder, al 15% del año pasado.
Para Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería, la "la inercia rentista" que arrastraba la economía nacional se ha impuesto. Aunque es partidario de la construcción de "un nuevo modelo productivo", en las investigaciones que realiza en el Centro Internacional Miranda (CIM) advierte que se requiere "una profunda revisión y rectificación de la política económica".

-¿Considera que el Gobierno nacional va en esa dirección?

-Eso habría que planteárselo a un funcionario de Gobierno. Lo que estoy planteando es lo que a la luz de mis investigaciones, de la comprensión que yo tengo de la economía venezolana y de la necesidad de relanzar la propuesta industrializadora como condición para lograr la soberanía productiva, que es mucho más que la soberanía alimentaria, estoy planteando las condiciones que deberían cumplirse y las dimensiones de política económica que deberían abordarse.

-¿Por qué sigue imponiéndose el modelo rentista?
-No se ha logrado quebrar esa inercia que tiene su principal expresión en un tipo de cambio sobrevaluado, que es el principal síntoma de esa cultura rentista y es lo que acentúa entonces esa propensión de comprarle al resto del mundo lo que deberíamos estar produciendo en el país gracias a ese torrente de petrodólares que no deja de entrar.

Por eso planteo que una de las medidas claves, la medida medular sigue siendo el reto de encontrar un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía real.

-¿Ni siquiera las dos devaluaciones del año pasado corrigieron esa desviación?

-Claro porque cuando se devalúa se produce una corrección del diferencial de precios, pero esa corrección se anula y se desvanece por el auge inflacionario que todavía se mantiene. Si no derrotas la inflación esa medida de ajuste cambiario o de devaluación de la moneda termina desvaneciéndose por el ímpetu inflacionario que no logra contenerse. Por eso el tema no se corrige con una medida aislada, tienes que tener además una estrategia anti-inflacionaria.

Es un círculo vicioso: importamos porque no producimos, pero no producimos porque importamos. Importamos porque esa creciente demanda agregada interna, que viene alentada por el ingreso petrolero, permite importar para satisfacer la demanda que no puede ser cubierta con la producción nacional. Pero al mismo tiempo esas importaciones tienen un efecto inhibidor en el aparato productivo interno. Subsidiar el dólar es subsidiar las importaciones.
-En ese nuevo modelo productivo que planteas, ¿Qué espacio tiene la inversión privada?

-He dicho siempre ni absolutismo de Estado, ni fundamentalismo de mercado. La experiencia histórica dice que aquellas economías donde la propiedad estatal se extendió a todas las ramas de la economía no dieron respuesta. Igual esos bandazos que se dieron en esos países donde todo se privatizó y se dejó en manos de los mecanismos del mercado eso tampoco funcionó. La solución no está en ninguno de esos dos extremos.

-Los gremios privados insisten en que no hay seguridad jurídica para invertir.

-Ahí es donde he visto el gran conflicto que tiene el país para encontrar ese margen de acuerdo. Por un lado, la ceguera del sector empresarial que no ha sido capaz de ver y reconocer todo lo que se ha hecho para reactivar el aparato productivo interno. Del otro lado, la poca habilidad del sector público para poder presentar de manera coherente, articulada y lógica esa gama de incentivos.

El sector privado debe entender que en un nuevo modelo productivo como el que se intenta construir no se basa solamente por los márgenes de ganancia, sino que también la legitimidad y justificación social de las empresas tiene mucho que ver con la contribución que hacen a la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusiónn social.

Política industrial para transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo

Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.

Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15.5 %) y es uno de los que más se ha contraído.

Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero.

La política industrial como forma de intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo económico bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. No obstante, hay que dejar claro que no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos y la Unión Europea se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.

¿Reactivar o transformar la economía?

Como dijimos al comienzo, la caída del PIB es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que –en adelante- no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Esta transformación tiene dos ejes claves:

1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.

2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la actuación del Estado se debe enfocar en aquellos sectores con un mayor impacto multiplicador y acelerador de la actividad económica; tales como la industria manufacturera, cuya ponderación o peso específico en la conformación del PIB ya vimos que es mayor al 15 % y es uno de los sectores que más se ha contraído. Debido a esta alta ponderación, cualquier incremento o contracción de la actividad manufacturera hará sentir su incidencia o impacto en el desempeño general del PIB.

La problemática del sector industrial

Los problemas más importantes que afectan el desempeño de la industria manufacturera y su aporte a la transformación productiva son los siguientes:

1. Contracción a lo largo de más de cuatro trimestres consecutivos

2. Obsolescencia tecnológica y rezagos en calidad, productividad y competitividad

3. Baja densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes, lo cual hace que su aporte al PIB aún esté por debajo del 20 % que sugiere el grado de industrialización.

4. Cartera crediticia demorada de la industria, con problemas de liquidez y activos comprometidos por garantías previamente constituidas, lo cual dificulta su acceso a nuevo financiamiento.

5. Concentración territorial de la actividad industrial en el Eje Centro-Norte-Costero, lo cual limita la contribución del sector manufacturero al desarrollo armónico y proporcional de las diferentes regiones y estados del país:

Objetivos de la Política Industrial:

De esta problemática se deducen al menos cinco objetivos a lograr con la nueva política industrial:

1. Reactivar la industria manufacturera: hasta lograr que al menos el 95 % de la capacidad industrial actualmente instalada se encuentre en pleno funcionamiento, toda vez que –por su alta ponderación en el PIB-, su reactivación tendrá una alta incidencia en la recuperación del ritmo de actividad económica y en el nivel de empleo.

2. Reconversión industrial: para modernizar la industria y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas, de tal forma que pueda lograr mejoras sostenidas en la productividad que permitan mejorar la estructura de costos y abatir las presiones inflacionarias; así como mejorar su calidad y desarrollar nuevos productos que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones y a la diversificación de la oferta exportable.

3. Reindustrialización: para incrementar la densidad industrial de 0.3 a 1 establecimiento manufacturero por cada 1.000 (mil) habitantes y así elevar el aporte de la manufactura al PIB de 15.5 % a 20 %; logrando un crecimiento económico de calidad (sustentado en la economía real) y generando nuevas y mejores fuentes de empleo productivo, estable y bien remunerado.

4. Refinanciar la deuda industrial: reestructurar el cronograma de pagos de deudas vencidas, con condiciones más adecuadas de plazos, tasas de interés y garantías, que permitan aliviar la carga financiera de las empresas que han entrado en mora debido a la contracción de la economía nacional e internacional.

5. Relocalización industrial: para estimular nuevas inversiones así como la reubicación de establecimientos industriales ya existentes en regiones, estados y municipios con un PIB por debajo de la media nacional y con baja densidad de establecimientos manufactureros, en función de corregir asimetrías y disparidades y propiciar así un desarrollo armónico y proporcional del territorio nacional.

Los programas de política industrial se deben diseñar y ejecutar a través de una combinación de medidas de incidencia general o sectorial sobre la actividad manufacturera, las cuales serán aplicadas simultáneamente con otras medidas especialmente dirigidas a sectores que se consideren prioritarios. Para lograr la efectiva aplicación de ambos tipos de medidas se requiere también adecuar el marco legal y el entorno institucional que facilite la armonización y eficaz instrumentación de todas y cada una de estas medidas. Para su mejor comprensión y tratamiento clasificaremos estas medidas en las siguientes dimensiones:

• Dimensión Macroeconómica: son medidas horizontales o decisiones fundamentalmente en materia de política macroeconómica, las cuales tienen una incidencia general, más no igual, sobre todos y una cada uno de los sectores, ramas, agrupaciones y empresas industriales.

• Dimensión Mesoeconómica: son medidas para adecuar tanto el marco legal y regulatorio como el entramado institucional a través de los cuales los ministerios, entes adscritos y demás órganos del Estado se coordinan y articulan para complementar sus capacidades y recursos en función de asegurar el buen gobierno de la economía.

• Dimensión Microeconómica: son medidas verticales o decisiones fundamentalmente en materia de política microeconómica o sectorial, las cuales tienen una incidentica focalizada en determinados sectores, ramas o agrupaciones industriales a las que se atribuye una mayor importancia, bien sea por su efecto multiplicador y acelerador de la dinámica económica, por su contribución al empleo o por su efecto sobre la inflación.

La meta de la política industrial

La política industrial es la clave para reactivar y transformar la economía. El Estado puede combinar incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. para elevar el aporte de la manufactura al PIB del actual 15.5 % al 20% que establecen los estándares internacionales para reconocer que una economía se ha industrializado. Esto implica elevar la densidad industrial de 0.3 a por lo menos 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes. No es una meta difícil: Colombia tiene 1.2 y México 1.7. Implica aumentar el número de industrias de 7.800 a 26.000, generando más y mejores fuentes de trabajo.

Reactivar, modernizar y ampliar la industria nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional y, sobre todo, a la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de nuestra población.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La caída del PIB por segundo año consecutivo es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.

Estatizar no siempre significa socializar

Para entender lo que viene en materia de expropiaciones hay que dejar claro que la propiedad no es una simple posesión basada en el derecho mercantil sino un sistema de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción, distribución y consumo. El socialismo del siglo XX (SSXX), tras el ideal humanista de erradicar la explotación del ser humano y asegurar la inversión social de las ganancias, estatizó prácticamente todos los medios de producción: desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. Todo pasó a manos del Estado. Esto trajo como consecuencia:

• Implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial, frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación.

• Entronización de poderosas élites de la burocracia y la nomenklatura partidista que derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.

• Agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.

Las expropiaciones y el doble discurso del sector privado

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

En el escándalo de los gremios empresariales ante las expropiaciones subyace un doble discurso. Sus diatribas anticomunistas contra la libertad de empresa y la iniciativa privada son una verdadera puesta en escena. No son pocos los empresarios que resultaron favorecidos con indemnizaciones por plantas obsoletas que tenían varios años cerradas. Los casos de Invepal, Inveval, Invetex, la procesadora de leche en el Zulia son apenas un ejemplo de empresas que estaban en bancarrota y solo generaban costos para sus dueños. Un caso reciente es el de Cerámicas Maracay, que no pudo competir y estaba cerrada desde 2006. Los latifundios expropiados eran tierras improductivas que no generaban ganancias para los terratenientes, pero con la expropiación recibirán importantes ingresos por concepto de indemnización. Hablan de una ola de expropiaciones que espanta la inversión, cuando apenas se llega a 200 empresas entre las 400 mil que conforman el tejido empresarial venezolano, según las empresas que cotizan al IVSS y las que declaran anualmente ISR.

Pero lo que no dicen ni reconocen los voceros empresariales, es que sobre esta “ola” pretenden hacer surfing muchos capitalistas deseosos de vender al Estado como nuevas sus empresas ya obsoletas que no les reportan suficientes ganancias o se encuentran al borde de la quiebra. Por eso hay muchos empresarios que se empujan y dan codazos para ser el próximo expropiado. Sin embargo, los gremios empresariales no se cansan de pregonar que en Venezuela se ahoga la iniciativa empresarial, cuando en realidad se les ha lanzado un generoso salvavidas.

Otros casos muy distintos son los de la CANTV, Electricidad de Caracas, SIDOR, las cementeras, Agroisleña, Fertinitro y la Owens Illinois. Estas son empresas de importancia estratégica para los planes de desarrollo nacional y deben estar bajo control estatal. Sobre todo cuando el sabotaje a PDVSA dejó claro hasta donde pueden llegar quienes quieren abortar la Revolución que aquí apenas se está gestando.

Estatizar no siempre significa socializar

En su fachada, la propiedad estatal se presenta como propiedad de todo el pueblo, pero su lógica de funcionamiento no altera para nada las viejas formas de explotación capitalista. No se trata sólo de destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado, sino de impulsar una nueva economía social a través de la cual los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. Solo así podrán sentirse como los verdaderos copropietarios sociales, los auténticos dueños de las condiciones materiales que garantizan su supervivencia y reproducción, sin mediaciones de capitalistas ni burócratas.

El nuevo socialismo tiene que orientarse hacia la desestatización de la sociedad, entendida ésta como la desburocratización de la función pública, su transferencia al poder comunal, así como la democratización de la vida económica y política, en función de lograr la máxima socialización del poder.

El concepto “democracia participativa” no se limita solo al ejercicio del sufragio. Tiene que ver con la capacidad real de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos económicos de la Nación, particularmente con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicio que son imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

Delimitar sectores

Las expropiaciones no se pueden agotar en una mera transformación de la propiedad privada en propiedad estatal. Cuando se gastan los recursos públicos en pagar las expropiaciones de empresas no estratégicas, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas de la economía social, no se está contribuyendo por esa vía a aumentar la densidad empresarial ni a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo, sobre todo cuando en Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.

Por su importancia estratégica el Estado debe reservarse sectores tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos, etc. Pero el gran desafío en esta etapa de transición al socialismo es identificar los sectores para impulsar la economía social y dejar claro en cuáles sectores se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera. En mi opinión, la producción de los componentes de las canastas alimentaria y básica, que son los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población, deben quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad. Solo así será posible acabar con la escasez, el acaparamiento y la especulación que, en su empeño por desestabilizar y crear malestar en la población, pretenden imponer los enemigos de la Revolución.

La contrarrevolución burocrática

Una de las causas que determinaron el fracaso de lo que se llamó “socialismo real” en el siglo XX fue el burocratismo. La propiedad estatal absoluta sobre los medios de producción maduró las condiciones para que élites burocráticas secuestraran la propiedad estatal y la administraran con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara, impidiendo que los trabajadores y ciudadanos se sintieran verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción estatizados.

La propiedad no puede verse únicamente desde su forma jurídica, sino como expresión de las relaciones sociales que se establecen no solo para la producción material sino también para la propia reproducción de las relaciones de explotación o cooperación que signan un sistema económico. Por eso, estatizar no necesariamente implica socializar. De allí la necesidad de superar la creencia limitante que imponen los intereses del burocratismo sobre la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social. El socialismo del siglo XXI será exitoso si logra concretar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad sobre los medios de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, dejando claro que los recursos naturales y los sectores estratégicos como petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, puertos, ferrovías, etc. deben permanecer en manos del Estado.

En lugar de expropiar para convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada e incubar así el germen del capitalismo de Estado, la clave está en democratizar la propiedad a través de nuevas formas de pertenencia que aseguren que los trabajadores y la comunidad sean y se sientan los verdaderos copropietarios sociales de los medios de producción expropiados, estableciendo que los excedentes no serán distribuidos como dividendos o ganancia individual, sino que serán la fuente para financiar la inversión social y comunitaria que decidan de mutuo acuerdo los Consejos de Fábrica y Comunales.

Gracias a la inversión social de la renta petrolera, en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Organismos internacionales como ONU, FAO, OEA, UNESCO así lo han reconocido. Pero una revolución social sin una verdadera revolución económica es una revolución insostenible, sobre todo en un contexto de caída prolongada de la renta petrolera. Y eso puede ocurrir.

El bloque soviético se desplomó no por un ataque imperialista sino por su propia erosión interna. La fuerza que más corroe una Revolución no está ni en la amenaza externa ni en la oposición interna, sino en la contrarrevolución burocrática que se enquista en la estructura del Estado para represar y medrar del poder que debe ser transferido al pueblo organizado. Erradicar las causas del desempleo, la pobreza y la exclusión social no dependen de seguir ganando elecciones o de la inversión social de la renta petrolera, sino de un nuevo orden político, económico y social basado en verdaderas formas de propiedad social y empoderamiento popular, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.

"El nuevo Estado Revolucionario aún no ha sido construido"

Texto completo de la entrevista concedida al periodista Manuel López, editada y publicada por "Correo del Orinoco" en la edición del sábado 22 de enero

-¿Considera que la noción de burocratismo como la planteaba el Che Guevara está vigente hoy en un proceso de cambios bajo el juego electoral?

La advertencia del Ché sobre la amenaza del burocratismo es válida para toda revolución, independientemente de que triunfe por la vía armada o por la vía electoral. Como causas del burocratismo el Ché planteó la carencia de interés y compromiso, la falta de conciencia revolucionaria, la debilidad organizativa, los métodos ineficaces para encarar problemas, así como la escasez de conocimientos técnicos. Justamente, esos son parte de los rasgos del Estado burocrático que analizo críticamente en mi libro.

-¿No es Pdvsa una de las experiencias más exitosas del mundo del capitalismo de Estado, y por ende de burocratismo?

Pdvsa estuvo secuestrada por una poderosa élite burocrática que la administró como una propiedad privada, abusando de su poder al otorgarse groseras remuneraciones, bonos y privilegios. Operaban como una burguesía parasitaria que se adueñaba de parte importante del ingreso petrolero. En lugar de transferir recursos al fisco para financiar el gasto social, el burocratismo petrolero a nombre de la meritocracia se propuso transformar cualquier aumento en los precios del petróleo en inversiones y beneficios para su nómina. Era un Estado dentro del Estado. Hoy en día, PDVSA ha sido rescatada y está al servicio de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por administrar la principal riqueza de todos los venezolanos y por su importancia estratégica en el desarrollo nacional debe ser propiedad estatal, pero bajo la mirada atenta de la contraloría social para enfrentar la amenaza de la burocratización.

-¿Por qué asegura que lo importante no es ganar elecciones, si es precisamente desde el Gobierno que se impulsan las transformaciones?

Ganar las elecciones es el medio, pero no el fin. Una y otra vez hemos ganado el gobierno pero aún no hemos terminado de conquistar el poder. La Revolución Bolivariana heredó el Estado burocrático de la IV República y ha tenido que abrirse paso con mucha dificultad, en medio de un marco legal diseñado a favor de los poderosos y un entorno institucional plagado de muchos funcionarios comprometidos con el viejo orden que, al actuar con negligencia para sabotear la gestión de gobierno, obligaron a crear las misiones sociales como un gobierno paralelo. El nuevo Estado revolucionario aún no ha sido construido. La Revolución Bolivariana no puede seguir entrampada bregando por ganar elecciones, en medio de un permanente sabotaje de los enemigos del proceso que desacelera y frena el avance de la Revolución. Su supervivencia pasa por concentrar cada vez más poder político y económico en manos del pueblo y no en la burocracia estatal.

-¿Por qué usted plantea el Estado Comunal, si el Gobierno Bolivariano trabaja para la construcción del Estado Socialista?

El Estado comunal es una etapa de transición en la construcción del Estado socialista. Una vez que se ha alcanzado el gobierno a través de las elecciones, la vanguardia política, lejos de entronizarse y represar el poder, está llamada a acelerar la transferencia del poder al pueblo y erradicar así las condiciones que permiten la reproducción del Estado burocrático, sustituyéndolo por un nuevo Estado comunal que permita la organización y empoderamiento del pueblo como clase dominante. Solo así se podrá avanzar en el desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción inspiradas en la solidaridad y la cooperación, de cara a la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales de toda la sociedad.

-En resumidas palabras ¿qué es el Estado comunal?

Es el poder en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. Una forma de organización política, económica y social basada en nuevas formas de propiedad social sobre los medios de producción de los bienes y servicios que son imprescindibles para garantizar la supervivencia y reproducción del pueblo.

-En el fondo de su planteamiento, la comuna busca cambiar la composición de la propiedad de los medios de producción (democratizar el capital) o transformar el modo de producción

En el libro explico qué la democratización del capital es una trampa para reproducir y perpetuar las relaciones capitalistas de producción. Por eso prefiero hablar de la democratización de la propiedad a través de nuevas formas de propiedad social que trasciendan la limitada propiedad estatal, la cual termina siendo un caldo de cultivo para el burocratismo. Es así como se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social, bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada.

-¿Es esto posible en un mundo globalizado?

La comuna es una entidad local, pero no está aislada del ámbito nacional e internacional. Se constituye por iniciativa popular para edificar el socialismo venezolano, cuya viabilidad depende en gran medida de la creación de un mundo multipolar y de lograr el equilibrio internacional. Lo que pasa es que el concepto de globalización se ha limitado a la integración de los mercados y allí solo ganan los más fuertes. Pero también se ha globalizado la resistencia activa contra los recetarios antipopulares del FMI y el BM, contra el empeño de la OMC por abrir a las grandes potencias los mercados de los países subdesarrollados. Se ha globalizado también la solidaridad y la cooperación entre gobiernos amigos y pueblos hermanos. Venezuela, que antes solo miraba hacia los EE.UU, ahora ha ampliado el espacio global de sus relaciones económicas internacionales con países tan lejanos como China, India, Rusia, Bielorusia, Irán, Libia, Argelia y a la vez ha contribuido a profundizar la integración latinoamericana con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Nicaragua y otros pueblos hermanos que complementan sus capacidades productivas y tecnológicas.

-¿Se trata de un modelo que en lo económico genere bienes competitivos y una productividad creciente o debemos cerrarnos y crear un modelo netamente endógeno?

El desarrollo endógeno no se refiere a un modelo cerrado ni está reñido con la productividad, la calidad y la competitividad. Producir bueno y barato es respetar al pueblo. Se trata de dejar de ser simples exportadores de materias primas y, más bien, desarrollar nuestras capacidades productivas y tecnológicas para lograr la soberanía alimentaria y productiva. El socialismo venezolano no es escasez ni racionamiento. Tampoco es una eterna promesa que nunca llega a concretarse. Una de sus principales diferencias con el viejo socialismo del siglo XX es que se basa en nuevas formas de propiedad social, popular y comunal que permitan a la familia venezolana poseer, usar y disfrutar un creciente patrimonio o propiedad individual o familiar como una vía para lograr la plenitud de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Así también se contribuye al logro de la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo trabajador.

Las TIC como instrumento para la inclusión social

Las computadoras conectadas a internet han hecho posible una gran variedad de alternativas laborales desde lugares muy distantes a los tradicionales centros de trabajo. Permiten la deslocalización y reubicación física de los trabajadores, con base en la dotación de los medios técnicos necesarios, tales como: radio, televisión, teléfono fijo y móvil, escáner, fax, computador, internet, correo electrónico, web, blog, twetter, facebook, etc.

El teletrabajo no es una profesión sino una nueva forma de desarrollar una actividad productiva. Consiste en trabajar a distancia aprovechando las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esta modalidad tiende a convertirse en un fenómeno social, capaz de cambiar radicalmente las formas de organizar el trabajo al permitir que buena parte de la nómina desarrolle su función desde sus propias casas. Estudios señalan que en los próximos años, al menos un 25 % de los trabajadores de todo el mundo realizarán sus tareas a través de la red, sin necesidad de hacer acto de presencia. El teletrabajo implica el paso de un modelo de organización centralizada, piramidal y jerárquica, basado en la división funcional del trabajo, a otro más desconcentrado, horizontal y dinámico, en el que la filosofía de trabajo se centra más en el logro de objetivos que en el cumplimiento de un horario.

La masificación de su práctica desencadenará importantes transformaciones, entre las cuales se destacan: ahorros en costos de infraestructura física de oficinas, locales y energía eléctrica al reducir el uso de luces, aires acondicionados y ascensores; alivio del colapso del tráfico y reducción neta de la jornada de trabajo al minimizar los desplazamientos de la casa al lugar de trabajo; mejora del transporte público y del estrés individual y colectivo; ahorro de combustible y atenuante de la contaminación por smog; lo cual contribuirá a una mayor suma de felicidad para el pueblo trabajador.

El teletrabajo es una oportunidad para personas discapacitadas, de la tercera edad y madres de familia que no pueden desplazarse solas ni someterse a un horario rígido. El uso revolucionario de las telecomunicaciones en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social tiene en el teletrabajo una poderosa herramienta que es hora ya de aprovechar.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de Mercado

Texto completo de la entrevista concedida a la periodista Luz Mely Reyes,

editada y publicada en El Mundo: Economía y Negocios

¿Cuáles son los principales retos del Gobierno en el aspecto económico para 2011?
El principal reto no será reactivar la economía capitalista sino transformarla en un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social. Una década de ayudas al aparato productivo existente dejó claro que la actividad económica centrada en el afán de maximizar las ganancias nunca podrá erradicar las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión social. Solo una economía en manos de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad podrá generar empleos estables y bien remunerados, producir una abundante oferta de bienes y servicios para satisfacer las crecientes necesidades de la población, abatir la inflación y derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.

Hay quienes plantean un escenario de radicalización en lo económico y flexibilización en lo político por parte del gobierno en el 2011. Esta radicalización implicaría nacionalización de la banca y de empresas en sectores estratégicos. ¿Cuál cree usted será el eje estratégico del Gobierno en el ámbito económico para 2011? ¿Cuáles cree Ud. deberían ser las líneas de acción?
En Venezuela, hay sectores que por sus implicaciones en la dinámica económica y social deben estar en manos del Estado. Me refiero al petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, industrias básicas, red ferroviaria, metros, puertos, aeropuertos. Una vez que ya están controlados, el eje estratégico del gobierno en 2011 tiene que ser impulsar un mayor crecimiento de una economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, particularmente en las ramas relacionadas con las canastas alimentaria y básica. Es allí donde la gran mayoría de los venezolanos gasta el 100 % de sus ingresos, es en estos donde se concentra el mayor impacto inflacionario, castigando el poder adquisitivo y, por lo tanto, la calidad de vida y el bienestar del pueblo trabajador. Transferir el poder económico en estos sectores a los principales dolientes sociales debe ser el eje estratégico del gobierno en el ámbito económico en el 2011. Es así como podrá vencer la inflación y asegurar un creciente nivel de empleo productivo, que es lo que más interesa a la mayoría de la población.

Ud ha afirmado que el capitalismo de Estado ha crecido en esta década. ¿Observa posibilidades de algún cambio que implique mayor involucramiento de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas expropiadas?
Lo que yo he dicho y demostrado a la luz de mis investigaciones es que en esa primera década la economía se hizo más capitalista y que -en ese sector privado- se recrudeció la explotación de los trabajadores. En esos años la mayoría de los incentivos de la política económica es aprovechado por empresas portadoras y reproductoras de las relaciones capitalistas de producción a través de los incentivos de la política económica que se utilizaron para reactivar el aparato productivo existente con el fin de reducir las altas tasas de desempleo y aliviar los estragos de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Por eso el sector privado creció a mayor velocidad que el sector público y que la economía social. Lo que también he hecho es alertar para que, tras el objetivo de erradicar las causas estructurales de la explotación del trabajo ajeno, no se reediten en Venezuela las mismas causas que provocaron el derrumbe del socialismo del siglo XX. El absolutismo estatal en la economía dio origen a un capitalismo de Estado en el que fermentaron poderosas élites burocráticas. Estas secuestraron la propiedad estatal y la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Por eso, ni los trabajadores ni el ciudadano de a pie se llegaron a sentir copropietarios sociales de las empresas públicas. Según sea la forma de propiedad que finalmente predomine, el plusvalor quedará en manos de los capitalistas privados, del capitalismo de Estado o de la asociación de productores libres e iguales. Yo creo y defiendo el control obrero y comunitario en las empresas que han sido expropiadas y estatizadas como la vía para construir una verdadera economía social, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo y en la que sean los trabajadores y la comunidad quiénes decidan que, cómo y cuánto se produce y cómo se invierten los excedentes.

Podría hacer un balance sobre los aspectos fuertes que tiene el Gobierno para enfrentar 2011 y las debilidades que tiene.
Ya quisiera cualquier gobierno de América Latina y el mundo contar con las fortalezas que tiene el gobierno venezolano. Además de administrar la riqueza petrolera y gasífera, tiene bajo su control las industrias básicas, puertos, aeropuertos y todos los demás sectores estratégicos que antes mencioné: electricidad, telecomunicaciones, etc. Además, puede hacer uso de una amplia gama de poderosos incentivos arancelarios, fiscales, financieros, monetarios, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, capacitación técnica de la fuerza de trabajo, etc., bien sea para reactivar o para transformar la economía. La gran debilidad sigue siendo las indefiniciones en torno al modelo productivo que se quiere construir, sobre todo en una economía en la que el sector privado genera el 70 % del PIB, una agricultura que apenas pesa 5 % cuando debería estar en un 12 % del producto y una industria decadente que -de aportar casi 19 % del PIB- ha caído a 15 %. Declarar como socialista el modelo productivo que se quiere construir es necesario más no suficiente. Enfrentar con éxito el 2011 pasa por definir con más precisión cuáles son los nuevos sectores que el Estado se va a reservar y por qué razón; cuáles son los sectores en los que se van a reservar a la economía social, para concentrar en ellos el impacto de los incentivos de la política económica; y, pasa también por aclarar en cuáles sectores la inversión privada nacional y extranjera podrá desarrollar su actividad. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado pueden ser las opciones en las que se debata la construcción de una economía socialista en Venezuela. En la transición al socialismo tanto el Estado como el mercado tienen su lugar, pero lo más importante es el espacio en el que debe crecer la nueva economía social. De cara al 2011, hay que aclarar en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es preferible dejar esos sectores a la inversión de capitales privados.

¿Qué posición tiene frente al proyecto de Ley de Comunas?
Para los que somos partidarios de un nuevo socialismo es una ley largamente esperada. Es una ley clave, en mi opinión la espina dorsal para crear el marco legal y el entorno institucional que apoye la construcción del socialismo venezolano. Es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder. La Ley contribuye a aclarar el marco conceptual, toda vez que en su contenido se explica lo que se va a entender por socialismo, comuna, consejo comunal, comunidad, parlamento comunal, estado comunal, ordenación del territorio y otra serie de definiciones fundamentales para tener cada vez más claro el modelo de sociedad que se aspira a construir. Estas definiciones permitirán orientar las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna como base para impulsar nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal y que vayan mucho más allá de la necesaria pero insuficiente contraloría social o control obrero contemplativos que muestran sus limitaciones a la hora de reconocer un mayor poder de decisión que impide el despliegue de todo el potencial de un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, convirtiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

¿Qué instrumentos legales considera debería aprobar la Asamblea Nacional para viabilizar el proyecto del Gobierno del presidente Chávez?
La nueva etapa en la que ha entrado la Revolución Bolivariana -a partir de la declaración de su carácter socialista y de la aprobación del Primer Plan Socialista de la Nación-, tiene que ponerle fin a las concesiones al sector capitalista. En adelante hay que acelerar el diseño y ejecución de un nuevo marco legal realmente revolucionario que de verdad cree nuevas relaciones de poder a favor de los productores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada. En este sentido, creo que la próxima Asamblea Nacional debería aprobar un conjunto de leyes que viabilizaría el Proyecto de Gobierno del presidente Chávez orientado a erradicar la pobreza y la exclusión social, entre las cuales puedo mencionar:
• Ley para el logro de la soberanía productiva, con el fin transformar una economía rentista que todo lo importa y poco produce en un nuevo modelo productivo centrado en la cultura del trabajo, capaz de sustituir con producción nacional el enorme volumen de importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la exagerada dependencia de la renta petrolera. Esta ley daría claros mandatos a los entes públicos que administran los instrumentos de la política económica para superar la aplicación discrecional, fragmentada y dispersa de los mismos y concentrar su impacto en torno a los sectores de la economía real y social.
• Ley para la democratización de la propiedad, con el fin de erradicar de manera sostenida la explotación del trabajo ajeno y las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión. Se trata de aplicar un principio de elemental reciprocidad al condicionar los incentivos de la política económica al cumplimiento de programas de participación laboral y comunitaria en la estructura accionaria de las empresas. Así, quienes deseen tener acceso a los dólares de Cadivi, participar en licitaciones, recibir préstamos a la banca pública, etc. deberán hacerlo con el aval de los Consejos de Fábrica y Comunales que han pasado a ser copropietarios de un porcentaje de las acciones de esa empresa. Las ganancias correspondientes a estos consejos no serán distribuidos como dividendos individuales sino invertidos como ganancia social para resolver problemas comunes de los trabajadores y de la comunidad.
• Ley para la inversión social de las ganancias, que obligue a las empresas a asumir un firme compromiso en la lucha contra la exclusión social al destinar un porcentaje de sus ganancias a la implantación de las misiones sociales para el beneficio de todos y cada uno de los trabajadores/as de su nómina, de tal forma que ellos y sus hijos alcancen un creciente grado de escolaridad primaria, media y superior; tengan acceso a alimentos de calidad y buenos precios en los mercados de la empresa; se les asegure atención médica en la empresa, adquieran vivienda propia; etc. En la nueva sociedad la lucha contra la exclusión social no puede recaer única y exclusivamente sobre la responsabilidad del Estado, todas las empresas están obligadas a asumir una mayor responsabilidad social.
• Ley para promover el desarrollo armónico y proporcional del territorio, consiste en incentivos especiales para toda inversión pública, privada o de la economía social en las regiones con un PIB y nivel de empleo por debajo de la media nacional, así como en los distritos motores de desarrollo decretados por el Gobierno para aprovechar las ventajas comparativas de diferentes ámbitos geográficos y consolidar el poder popular como fundamento de la estructura social y económica del nuevo modelo de desarrollo socialista.

¿Qué líneas de investigación considera primordiales para apoyar la toma de decisión por parte del Ejecutivo?
La Revolución Bolivariana ha triunfado política y socialmente pero todavía no ha triunfado en materia económica. En este campo, la Revolución Bolivariana no ha sido bien estudiada. Muchos se asombran cuando se les demuestra que después de una década de Revolución la economía se hizo más capitalista. Su lento y zigzagueante avance en el campo económico, lejos de significar su fracaso, pone en evidencia la complejidad de las transformaciones que impulsa. Por la trascendencia de sus objetivos se abre paso con dificultad ante la resistencia que opone el viejo orden económico y lo complejo que implica construir la nueva economía social. Y esto se explica porque -a pesar de la retórica antiimperialista, capitalista y prosocialista y del discurso alarmista de los gremios empresariales-, los incentivos de la política económica bolivariana son los que han sostenido los procesos de acumulación y reproducción del capital. Incluso, la inversión social de la renta petrolera, a través de las Misiones sociales, contribuyó a activar una válvula de escape para aliviar la conflictividad laboral y crear mejores condiciones para la acumulación y valorización del capital. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que complementan y compensan el precario salario que devengan los trabajadores, liberando a los patronos de la presión sindical para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.
Más allá de la retórica, hay que estudiar científicamente hasta dónde se ha avanzado en la sustitución de las relaciones de explotación por nuevas relaciones de cooperación. Estudiar que hacer ante un comportamiento errático de la renta petrolera que hace inestables las fuentes de ingresos fiscales para sostener el gasto público. Analizar y diseñar políticas y estrategias para impulsar el crecimiento y desarrollo a la industria, la agricultura y la construcción de viviendas. Investigar sobre nuevas formas de propiedad social para empoderar a los trabajadores directos y y a la comunidad sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.
El creciente debate en la Revolución Bolivariana sobre los diferentes modelos para construir el socialismo venezolano es una clara expresión de que el mismo se construye sin recetas ni fórmulas preconcebidas. Se enfrentan las tesis que defienden el viejo dogma de la propiedad estatal sobre todos los medios de producción, hasta las que justifican el apoyo público al capital privado, pasado por las propuestas de priorizar una nueva economía social y popular en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada.
La Revolución económica -además de plantearse el desarrollo de nuevas relaciones de producción que liberen a los asalariados de la explotación del capital-, tiene que plantearse también el reto de multiplicar y hacer crecer exponencialmente el número de empresas con el fin de construir un sólido y pujante aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. Por lo tanto, hay que definir criterios claros de los sectores y empresas que deben quedar bajo control del Estado, distinguir los sectores en los que se impulsará y protegerá la economía social y precisar aquellos en los que se mantendrá la inversión privada. Así se tendrá más claro en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es mejor destinar esos recursos a aumentar el número de nuevos emprendimientos de la economía social para asegurar un crecimiento absoluto y relativo de la nueva economía socialista, planteándose metas clara para aumentar la densidad de empresas de la economía social por cada mil habitantes, en función de reindustrializar la economía nacional y alcanzar la soberanía productiva.
Estas definiciones reducirán el riesgo de repetir la historia del socialismo del siglo XX. Cuando los trabajadores directos y los miembros de la comunidad se sientan verdaderos copropietarios de las empresas donde trabajan, entonces le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. En este sentido, las líneas de investigaci´pon que considero prioritarias son aquellas que permitan generar un conocimiento científico, revolucionario y transformador, que sea útil para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas a:
a) Trascender la noción de la democratización del capital y del aumento de la propiedad estatal, toda vez que estas son el fermento del capitalismo de mercado y del capitalismo de Estado.
b) Construir un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
c) Impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen realmente a los productores directos y a la comunidad sobre los procesos de producción.

La industrialización socialista

La industrialización socialista es un proceso planificado de rápido crecimiento y desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas dedicadas a transformar materias primas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final, con el fin de satisfacer las crecientes demandas y necesidades del aparato productivo nacional y de la población.
Es la fuerza motriz para impulsar la transformación de una economía rentista, que casi todo lo importa y poco produce, en una nueva economía independiente y soberana. Es la única estrategia posible para transformar el modelo primario-exportador que impusieron las grandes potencias industrializadas -y nos condenó a ser exportadores de petróleo y materias primas-, en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente importaciones, diversificar la oferta exportable y, de esta manera, ahorrar y generar nuevas fuentes de divisas que nos hagan menos dependientes del ingreso petrolero.
La industrialización socialista es un componente fundamental de una política económica diseñada para avanzar hacia el logro de los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria y productiva. Es la mejor manera de generar empleos verdaderamente fructíferos, cuya remuneración tenga como contrapartida la producción de una abundante oferta de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, sin romper el equilibrio que se debe preservar entre la oferta y la demanda para contribuir a estabilizar los precios. Además, al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evita que los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias. Por eso requiere un manejo inteligente de la política macroeconómica y microeconómica; es decir, la fijación de un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera; una política arancelaria y fiscal que desaliente las importaciones y favorezca la producción nacional; así como incentivos monetarios y financieros para la inversión productiva.
Y, lo más importante, la industrialización socialista se basa en nuevas formas de propiedad social que liberen al trabajador asalariado de la explotación del capital.

Del Estado burocrático al Estado comunal

Envié a imprenta mi nuevo libro “Del Estado Burocrático al Estado comunal”. Es un análisis crítico del papel del Estado en la Revolución Bolivariana y una crítica a las tesis apologéticas de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social y una defensa a la propiedad social directa, la propiedad en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada. Con base en las lecciones que dejó la fallida experiencia del socialismo del siglo XX, estudio la estatización como un fermento del burocratismo que secuestró la propiedad pública y la manejó como una burguesía funcional. Fundamento en el texto las razones para transformar el Estado burocrático en un nuevo Estado comunal en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Finalmente hago un análisis de los mandatos constitucionales y del marco legal para impulsar el control obrero y la participación ciudadana en la construcción de un nuevo Estado comunal y de un modelo productivo de amplia y creciente inclusión social.
Una vez que se ha definido el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, se puede dar por concluida la etapa de concesiones e incentivos al capital y, en delante, reorientar los estímulos y ayudas de la política económica, ya no a reactivar el aparato productivo existente, sino a transformarlo en una nueva economía de amplia y creciente inclusión social.
Todos y cada uno de los capítulos de este libro están dedicados a animar y profundizar el debate sobre los mejores caminos que nos lleven a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las crecientes necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral de todas las personas.
Son páginas para atizar el debate, para continuar el camino en cuyo recorrido se sigan incluyendo en la vida social los que aún quedan excluidos, en el que se liberen los que permanecen explotados y oprimidos, en el que puedan hablar y ser escuchados los que antes estaban ignorados, en el que puedan gobernar los que siempre han sido dominados, en el que puedan vivir con dignidad los que todavía no pueden vivir.

El socialismo venezolano

La construcción del socialismo venezolano se basa en transferir cada vez más poder al pueblo para construir una nueva economía comunal que supere el modo de producción capitalista, sustentado en la explotación del ser humano; y, sustituir el Estado burocrático por un nuevo Estado comunal que consolide un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. En este sentido, son de particular importancia las definiciones plasmadas en el proyecto de Ley de Comunas. Veamos.
En al Art. 4 se define al Socialismo como “un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos/as venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales”.
El Estado Comunal es la “Forma de organización político social, fundada en el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en la CRBV, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y las venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado Comunal es la Comuna”.
Mientras que la Comuna es “una entidad local socialista, constituida por iniciativa soberana del pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad socialista. Está conformada por la integración de comunidades vecinas (…) que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento; y en cuyo ámbito los ciudadanos/as ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, con un régimen de propiedad social y un modelo de desarrollo endógeno y sustentable”.

La construcción socialista

Marx explicó que los seres humanos establecen relaciones de producción independientemente de su voluntad, las cuales corresponden a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones forman la estructura económica de la sociedad sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, a la cual corresponde una determinada forma de conciencia social. Así pues, las relaciones de explotación del trabajo asalariado signan la estructura económica capitalista que, para asegurar su reproducción, crea un marco legal y un entorno institucional que defiende y sacraliza en la conciencia colectiva la propiedad privada sobre los medios de producción.
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual: “no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”, decía Marx.
Al llegar a un determinado nivel de su desarrollo, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción y con la expresión jurídica de las relaciones de propiedad. No se pueden desarrollar las fuerzas productivas para la generación de alimentos bajo el latifundio que mantiene ociosas importantes extensiones de tierras; como tampoco se podrá lograr el desarrollo humano integral mientras los asalariados sean explotados por no poseen ningún medio de producción.
Cuando las relaciones de producción se convierten en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas se abre una época de revolución social, de cambio en la base económica y en la superestructura que la justifica. Por eso, las expropiaciones tendrán que abrir paso a un marco legal que impulse nuevas formas de propiedad social en manos de los trabajadores directos y de la comunidad para no reproducir el capitalismo de Estado.
Bajo el atrasado capitalismo rentístico venezolano, que todo lo importa y poco produce, tiene sentido preguntarse, a la luz de lo que planteaba Marx, si ¿es posible que el capitalismo desaparezca antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben en él y si es posible que surjan relaciones socialistas de producción antes de que las condiciones económicas hayan madurado en la vieja sociedad?.