Política industrial para transformar la economía rentista en un nuevo modelo productivo

Luego de dos años consecutivos de recesión, la reactivación de la actividad productiva a lo largo y ancho del territorio nacional exige una profunda revisión y rectificación de la política económica. Más que medidas aisladas, se impone el diseño de una nueva estrategia económica que reimpulse y transforme la dinámica económica interna, en función de lograr los objetivos de la soberanía productiva.

Lograr y mantener la reactivación de la economía pasa por concentrar el impacto de los incentivos públicos en los sectores con mayor efecto multiplicador: los de más peso en la estructura del PIB que han sufrido una mayor contracción. En Venezuela, la manufactura es el sector que más aporta en la conformación del PIB (15.5 %) y es uno de los que más se ha contraído.

Por su peso específico en el PIB, cualquier crecimiento o contracción de la industria repercutirá en la dinámica general de la economía y el empleo. La manufactura tiene un gran impacto sobre las cadenas productivas. Hacia atrás demanda materias primas a la agricultura, pesca, forestal, minería, etc. Hacia adelante ofrece bienes intermedios y finales para el desarrollo de otros sectores. Demanda también servicios de apoyo, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financiamiento, infraestructura, redes de distribución y comercialización. Si crece la industria crecen también estos sectores.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero.

La política industrial como forma de intervención del Estado en la economía

Hasta hace poco, el debate económico en América Latina estuvo dominado por el Consenso de Washington, cuya agenda establecía el desmontaje de las capacidades de intervención del Estado para dejar el desarrollo económico bajo la dinámica de las fuerzas ciegas del mercado. Pero la reciente crisis financiera internacional una vez más dejó en evidencia la incapacidad de los mecanismos del mercado para restaurar automáticamente los equilibrios básicos de la economía.

Las políticas económicas a favor de la intervención del Estado o del funcionamiento del mercado no pueden asumirse como opciones antagónicas e inconciliables. Asumir este enfoque maniqueo nos llevaría a otorgarle todo el poder de decisión, o bien a la burocracia estatal o bien a la mano insensible del mercado. La dinámica de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que pueda resolverse de una vez y para siempre, para todas las situaciones y coyunturas. La conveniencia de diferentes niveles de regulación estatal constituye, hoy en día, uno de los asuntos claves en la reformulación de las estrategias de desarrollo, particularmente en los países subdesarrollados.

Sin embargo, en el debate económico ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que considera superior el funcionamiento del mercado a la acción estatal, desconociendo una larga historia de eficaz intervención pública para apoyar con éxito; incluso, el propio desarrollo capitalista. No obstante, hay que dejar claro que no toda intervención del Estado es de carácter progresista o revolucionaria. De hecho, los multimillonarios auxilios financieros que en los Estados Unidos y la Unión Europea se otorgaron para evitar la quiebra masiva de los bancos e instituciones financieras responsables de la crisis, mientras miles de familias quedaban en la calle al ser ejecutas sus hipotecas por no poder pagar los créditos, demuestra claramente que no toda intervención del Estado está orientada a proteger a los sectores más débiles y desfavorecidos.

¿Reactivar o transformar la economía?

Como dijimos al comienzo, la caída del PIB es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que –en adelante- no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista. Esta transformación tiene dos ejes claves:

1) La creación de nuevas relaciones de poder a través del desarrollo de innovadoras formas de propiedad social, popular y comunal.

2) La transformación del capitalismo rentístico e importador en una nueva economía diversificada, capaz de producir los bienes destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, sustituir importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia del ingreso petrolero.

A la luz de lo anteriormente expuesto, la actuación del Estado se debe enfocar en aquellos sectores con un mayor impacto multiplicador y acelerador de la actividad económica; tales como la industria manufacturera, cuya ponderación o peso específico en la conformación del PIB ya vimos que es mayor al 15 % y es uno de los sectores que más se ha contraído. Debido a esta alta ponderación, cualquier incremento o contracción de la actividad manufacturera hará sentir su incidencia o impacto en el desempeño general del PIB.

La problemática del sector industrial

Los problemas más importantes que afectan el desempeño de la industria manufacturera y su aporte a la transformación productiva son los siguientes:

1. Contracción a lo largo de más de cuatro trimestres consecutivos

2. Obsolescencia tecnológica y rezagos en calidad, productividad y competitividad

3. Baja densidad de establecimientos manufactureros por cada mil habitantes, lo cual hace que su aporte al PIB aún esté por debajo del 20 % que sugiere el grado de industrialización.

4. Cartera crediticia demorada de la industria, con problemas de liquidez y activos comprometidos por garantías previamente constituidas, lo cual dificulta su acceso a nuevo financiamiento.

5. Concentración territorial de la actividad industrial en el Eje Centro-Norte-Costero, lo cual limita la contribución del sector manufacturero al desarrollo armónico y proporcional de las diferentes regiones y estados del país:

Objetivos de la Política Industrial:

De esta problemática se deducen al menos cinco objetivos a lograr con la nueva política industrial:

1. Reactivar la industria manufacturera: hasta lograr que al menos el 95 % de la capacidad industrial actualmente instalada se encuentre en pleno funcionamiento, toda vez que –por su alta ponderación en el PIB-, su reactivación tendrá una alta incidencia en la recuperación del ritmo de actividad económica y en el nivel de empleo.

2. Reconversión industrial: para modernizar la industria y fortalecer sus capacidades tecnológicas e innovativas, de tal forma que pueda lograr mejoras sostenidas en la productividad que permitan mejorar la estructura de costos y abatir las presiones inflacionarias; así como mejorar su calidad y desarrollar nuevos productos que contribuyan a la sustitución eficiente de importaciones y a la diversificación de la oferta exportable.

3. Reindustrialización: para incrementar la densidad industrial de 0.3 a 1 establecimiento manufacturero por cada 1.000 (mil) habitantes y así elevar el aporte de la manufactura al PIB de 15.5 % a 20 %; logrando un crecimiento económico de calidad (sustentado en la economía real) y generando nuevas y mejores fuentes de empleo productivo, estable y bien remunerado.

4. Refinanciar la deuda industrial: reestructurar el cronograma de pagos de deudas vencidas, con condiciones más adecuadas de plazos, tasas de interés y garantías, que permitan aliviar la carga financiera de las empresas que han entrado en mora debido a la contracción de la economía nacional e internacional.

5. Relocalización industrial: para estimular nuevas inversiones así como la reubicación de establecimientos industriales ya existentes en regiones, estados y municipios con un PIB por debajo de la media nacional y con baja densidad de establecimientos manufactureros, en función de corregir asimetrías y disparidades y propiciar así un desarrollo armónico y proporcional del territorio nacional.

Los programas de política industrial se deben diseñar y ejecutar a través de una combinación de medidas de incidencia general o sectorial sobre la actividad manufacturera, las cuales serán aplicadas simultáneamente con otras medidas especialmente dirigidas a sectores que se consideren prioritarios. Para lograr la efectiva aplicación de ambos tipos de medidas se requiere también adecuar el marco legal y el entorno institucional que facilite la armonización y eficaz instrumentación de todas y cada una de estas medidas. Para su mejor comprensión y tratamiento clasificaremos estas medidas en las siguientes dimensiones:

• Dimensión Macroeconómica: son medidas horizontales o decisiones fundamentalmente en materia de política macroeconómica, las cuales tienen una incidencia general, más no igual, sobre todos y una cada uno de los sectores, ramas, agrupaciones y empresas industriales.

• Dimensión Mesoeconómica: son medidas para adecuar tanto el marco legal y regulatorio como el entramado institucional a través de los cuales los ministerios, entes adscritos y demás órganos del Estado se coordinan y articulan para complementar sus capacidades y recursos en función de asegurar el buen gobierno de la economía.

• Dimensión Microeconómica: son medidas verticales o decisiones fundamentalmente en materia de política microeconómica o sectorial, las cuales tienen una incidentica focalizada en determinados sectores, ramas o agrupaciones industriales a las que se atribuye una mayor importancia, bien sea por su efecto multiplicador y acelerador de la dinámica económica, por su contribución al empleo o por su efecto sobre la inflación.

La meta de la política industrial

La política industrial es la clave para reactivar y transformar la economía. El Estado puede combinar incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras públicas, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. para elevar el aporte de la manufactura al PIB del actual 15.5 % al 20% que establecen los estándares internacionales para reconocer que una economía se ha industrializado. Esto implica elevar la densidad industrial de 0.3 a por lo menos 1 establecimiento industrial por cada mil habitantes. No es una meta difícil: Colombia tiene 1.2 y México 1.7. Implica aumentar el número de industrias de 7.800 a 26.000, generando más y mejores fuentes de trabajo.

Reactivar, modernizar y ampliar la industria nacional requerirá muchos años de aplicación de políticas públicas. La protección y los apoyos del Estado a la producción local es una condición clave para estimular la creación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que permitan enfrentar con éxito los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Ni absolutismo de Estado ni hegemonía del mercado deben ser los extremos en los cuales se plantee el debate económico. Cada uno tiene su función. Pero la intervención del Estado no puede limitarse a corregir las imperfecciones del mercado ni confundirse con las prácticas paternalistas que mediatizan la capacidad emprendedora e innovadora de la gente. Tampoco se trata de tener un Estado más grande sino de fortalecer su capacidad de gestión para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo del aparato productivo nacional y, sobre todo, a la mejora sostenida de la calidad de vida y grado de bienestar de nuestra población.

Solo a través de un firme reimpulso a la industrialización transformaremos la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente el alto volumen de importaciones, diversificar la oferta exportable y ser cada vez menos vulnerables a los traumas que ocasionan los altibajos del ingreso petrolero. La caída del PIB por segundo año consecutivo es una ocasión propicia para revisar la política económica, toda vez que ya no se trata solo de reactivar la economía sino de transformarla. En este sentido, las medidas que el Gobierno en adelante tome, deberán ir más allá de la simple reactivación económica para plantearse, fundamentalmente, la transformación de una economía rentista en un nuevo modelo productivo socialista.

Estatizar no siempre significa socializar

Para entender lo que viene en materia de expropiaciones hay que dejar claro que la propiedad no es una simple posesión basada en el derecho mercantil sino un sistema de relaciones sociales que se establecen en el proceso de producción, distribución y consumo. El socialismo del siglo XX (SSXX), tras el ideal humanista de erradicar la explotación del ser humano y asegurar la inversión social de las ganancias, estatizó prácticamente todos los medios de producción: desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. Todo pasó a manos del Estado. Esto trajo como consecuencia:

• Implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial, frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación.

• Entronización de poderosas élites de la burocracia y la nomenklatura partidista que derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.

• Agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.

Las expropiaciones y el doble discurso del sector privado

Al expropiar, el Estado indemniza y se convierte en dueño de lo que antes era propiedad privada. El artículo 115 de la CRBV dice que: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

En el escándalo de los gremios empresariales ante las expropiaciones subyace un doble discurso. Sus diatribas anticomunistas contra la libertad de empresa y la iniciativa privada son una verdadera puesta en escena. No son pocos los empresarios que resultaron favorecidos con indemnizaciones por plantas obsoletas que tenían varios años cerradas. Los casos de Invepal, Inveval, Invetex, la procesadora de leche en el Zulia son apenas un ejemplo de empresas que estaban en bancarrota y solo generaban costos para sus dueños. Un caso reciente es el de Cerámicas Maracay, que no pudo competir y estaba cerrada desde 2006. Los latifundios expropiados eran tierras improductivas que no generaban ganancias para los terratenientes, pero con la expropiación recibirán importantes ingresos por concepto de indemnización. Hablan de una ola de expropiaciones que espanta la inversión, cuando apenas se llega a 200 empresas entre las 400 mil que conforman el tejido empresarial venezolano, según las empresas que cotizan al IVSS y las que declaran anualmente ISR.

Pero lo que no dicen ni reconocen los voceros empresariales, es que sobre esta “ola” pretenden hacer surfing muchos capitalistas deseosos de vender al Estado como nuevas sus empresas ya obsoletas que no les reportan suficientes ganancias o se encuentran al borde de la quiebra. Por eso hay muchos empresarios que se empujan y dan codazos para ser el próximo expropiado. Sin embargo, los gremios empresariales no se cansan de pregonar que en Venezuela se ahoga la iniciativa empresarial, cuando en realidad se les ha lanzado un generoso salvavidas.

Otros casos muy distintos son los de la CANTV, Electricidad de Caracas, SIDOR, las cementeras, Agroisleña, Fertinitro y la Owens Illinois. Estas son empresas de importancia estratégica para los planes de desarrollo nacional y deben estar bajo control estatal. Sobre todo cuando el sabotaje a PDVSA dejó claro hasta donde pueden llegar quienes quieren abortar la Revolución que aquí apenas se está gestando.

Estatizar no siempre significa socializar

En su fachada, la propiedad estatal se presenta como propiedad de todo el pueblo, pero su lógica de funcionamiento no altera para nada las viejas formas de explotación capitalista. No se trata sólo de destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado, sino de impulsar una nueva economía social a través de la cual los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo. Solo así podrán sentirse como los verdaderos copropietarios sociales, los auténticos dueños de las condiciones materiales que garantizan su supervivencia y reproducción, sin mediaciones de capitalistas ni burócratas.

El nuevo socialismo tiene que orientarse hacia la desestatización de la sociedad, entendida ésta como la desburocratización de la función pública, su transferencia al poder comunal, así como la democratización de la vida económica y política, en función de lograr la máxima socialización del poder.

El concepto “democracia participativa” no se limita solo al ejercicio del sufragio. Tiene que ver con la capacidad real de los ciudadanos de decidir sobre los principales asuntos económicos de la Nación, particularmente con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicio que son imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

Delimitar sectores

Las expropiaciones no se pueden agotar en una mera transformación de la propiedad privada en propiedad estatal. Cuando se gastan los recursos públicos en pagar las expropiaciones de empresas no estratégicas, en vez de invertirlos en la creación de nuevas y mejores empresas de la economía social, no se está contribuyendo por esa vía a aumentar la densidad empresarial ni a aumentar el patrimonio productivo del país. Nos quedamos con el mismo número de establecimientos, es la misma capacidad productiva pero ahora en otras manos. Eso no es crecimiento ni mucho menos desarrollo, sobre todo cuando en Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7.

Por su importancia estratégica el Estado debe reservarse sectores tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos, etc. Pero el gran desafío en esta etapa de transición al socialismo es identificar los sectores para impulsar la economía social y dejar claro en cuáles sectores se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera. En mi opinión, la producción de los componentes de las canastas alimentaria y básica, que son los bienes y servicios imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la población, deben quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad. Solo así será posible acabar con la escasez, el acaparamiento y la especulación que, en su empeño por desestabilizar y crear malestar en la población, pretenden imponer los enemigos de la Revolución.

La contrarrevolución burocrática

Una de las causas que determinaron el fracaso de lo que se llamó “socialismo real” en el siglo XX fue el burocratismo. La propiedad estatal absoluta sobre los medios de producción maduró las condiciones para que élites burocráticas secuestraran la propiedad estatal y la administraran con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara, impidiendo que los trabajadores y ciudadanos se sintieran verdaderos copropietarios sociales de esos medios de producción estatizados.

La propiedad no puede verse únicamente desde su forma jurídica, sino como expresión de las relaciones sociales que se establecen no solo para la producción material sino también para la propia reproducción de las relaciones de explotación o cooperación que signan un sistema económico. Por eso, estatizar no necesariamente implica socializar. De allí la necesidad de superar la creencia limitante que imponen los intereses del burocratismo sobre la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social. El socialismo del siglo XXI será exitoso si logra concretar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad sobre los medios de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, dejando claro que los recursos naturales y los sectores estratégicos como petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, puertos, ferrovías, etc. deben permanecer en manos del Estado.

En lugar de expropiar para convertir en propiedad estatal lo que antes era propiedad privada e incubar así el germen del capitalismo de Estado, la clave está en democratizar la propiedad a través de nuevas formas de pertenencia que aseguren que los trabajadores y la comunidad sean y se sientan los verdaderos copropietarios sociales de los medios de producción expropiados, estableciendo que los excedentes no serán distribuidos como dividendos o ganancia individual, sino que serán la fuente para financiar la inversión social y comunitaria que decidan de mutuo acuerdo los Consejos de Fábrica y Comunales.

Gracias a la inversión social de la renta petrolera, en Venezuela son indiscutibles los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Organismos internacionales como ONU, FAO, OEA, UNESCO así lo han reconocido. Pero una revolución social sin una verdadera revolución económica es una revolución insostenible, sobre todo en un contexto de caída prolongada de la renta petrolera. Y eso puede ocurrir.

El bloque soviético se desplomó no por un ataque imperialista sino por su propia erosión interna. La fuerza que más corroe una Revolución no está ni en la amenaza externa ni en la oposición interna, sino en la contrarrevolución burocrática que se enquista en la estructura del Estado para represar y medrar del poder que debe ser transferido al pueblo organizado. Erradicar las causas del desempleo, la pobreza y la exclusión social no dependen de seguir ganando elecciones o de la inversión social de la renta petrolera, sino de un nuevo orden político, económico y social basado en verdaderas formas de propiedad social y empoderamiento popular, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.

"El nuevo Estado Revolucionario aún no ha sido construido"

Texto completo de la entrevista concedida al periodista Manuel López, editada y publicada por "Correo del Orinoco" en la edición del sábado 22 de enero

-¿Considera que la noción de burocratismo como la planteaba el Che Guevara está vigente hoy en un proceso de cambios bajo el juego electoral?

La advertencia del Ché sobre la amenaza del burocratismo es válida para toda revolución, independientemente de que triunfe por la vía armada o por la vía electoral. Como causas del burocratismo el Ché planteó la carencia de interés y compromiso, la falta de conciencia revolucionaria, la debilidad organizativa, los métodos ineficaces para encarar problemas, así como la escasez de conocimientos técnicos. Justamente, esos son parte de los rasgos del Estado burocrático que analizo críticamente en mi libro.

-¿No es Pdvsa una de las experiencias más exitosas del mundo del capitalismo de Estado, y por ende de burocratismo?

Pdvsa estuvo secuestrada por una poderosa élite burocrática que la administró como una propiedad privada, abusando de su poder al otorgarse groseras remuneraciones, bonos y privilegios. Operaban como una burguesía parasitaria que se adueñaba de parte importante del ingreso petrolero. En lugar de transferir recursos al fisco para financiar el gasto social, el burocratismo petrolero a nombre de la meritocracia se propuso transformar cualquier aumento en los precios del petróleo en inversiones y beneficios para su nómina. Era un Estado dentro del Estado. Hoy en día, PDVSA ha sido rescatada y está al servicio de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por administrar la principal riqueza de todos los venezolanos y por su importancia estratégica en el desarrollo nacional debe ser propiedad estatal, pero bajo la mirada atenta de la contraloría social para enfrentar la amenaza de la burocratización.

-¿Por qué asegura que lo importante no es ganar elecciones, si es precisamente desde el Gobierno que se impulsan las transformaciones?

Ganar las elecciones es el medio, pero no el fin. Una y otra vez hemos ganado el gobierno pero aún no hemos terminado de conquistar el poder. La Revolución Bolivariana heredó el Estado burocrático de la IV República y ha tenido que abrirse paso con mucha dificultad, en medio de un marco legal diseñado a favor de los poderosos y un entorno institucional plagado de muchos funcionarios comprometidos con el viejo orden que, al actuar con negligencia para sabotear la gestión de gobierno, obligaron a crear las misiones sociales como un gobierno paralelo. El nuevo Estado revolucionario aún no ha sido construido. La Revolución Bolivariana no puede seguir entrampada bregando por ganar elecciones, en medio de un permanente sabotaje de los enemigos del proceso que desacelera y frena el avance de la Revolución. Su supervivencia pasa por concentrar cada vez más poder político y económico en manos del pueblo y no en la burocracia estatal.

-¿Por qué usted plantea el Estado Comunal, si el Gobierno Bolivariano trabaja para la construcción del Estado Socialista?

El Estado comunal es una etapa de transición en la construcción del Estado socialista. Una vez que se ha alcanzado el gobierno a través de las elecciones, la vanguardia política, lejos de entronizarse y represar el poder, está llamada a acelerar la transferencia del poder al pueblo y erradicar así las condiciones que permiten la reproducción del Estado burocrático, sustituyéndolo por un nuevo Estado comunal que permita la organización y empoderamiento del pueblo como clase dominante. Solo así se podrá avanzar en el desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción inspiradas en la solidaridad y la cooperación, de cara a la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales de toda la sociedad.

-En resumidas palabras ¿qué es el Estado comunal?

Es el poder en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. Una forma de organización política, económica y social basada en nuevas formas de propiedad social sobre los medios de producción de los bienes y servicios que son imprescindibles para garantizar la supervivencia y reproducción del pueblo.

-En el fondo de su planteamiento, la comuna busca cambiar la composición de la propiedad de los medios de producción (democratizar el capital) o transformar el modo de producción

En el libro explico qué la democratización del capital es una trampa para reproducir y perpetuar las relaciones capitalistas de producción. Por eso prefiero hablar de la democratización de la propiedad a través de nuevas formas de propiedad social que trasciendan la limitada propiedad estatal, la cual termina siendo un caldo de cultivo para el burocratismo. Es así como se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la transformación del capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social, bajo el control de los trabajadores directos y de la comunidad organizada.

-¿Es esto posible en un mundo globalizado?

La comuna es una entidad local, pero no está aislada del ámbito nacional e internacional. Se constituye por iniciativa popular para edificar el socialismo venezolano, cuya viabilidad depende en gran medida de la creación de un mundo multipolar y de lograr el equilibrio internacional. Lo que pasa es que el concepto de globalización se ha limitado a la integración de los mercados y allí solo ganan los más fuertes. Pero también se ha globalizado la resistencia activa contra los recetarios antipopulares del FMI y el BM, contra el empeño de la OMC por abrir a las grandes potencias los mercados de los países subdesarrollados. Se ha globalizado también la solidaridad y la cooperación entre gobiernos amigos y pueblos hermanos. Venezuela, que antes solo miraba hacia los EE.UU, ahora ha ampliado el espacio global de sus relaciones económicas internacionales con países tan lejanos como China, India, Rusia, Bielorusia, Irán, Libia, Argelia y a la vez ha contribuido a profundizar la integración latinoamericana con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Cuba, Nicaragua y otros pueblos hermanos que complementan sus capacidades productivas y tecnológicas.

-¿Se trata de un modelo que en lo económico genere bienes competitivos y una productividad creciente o debemos cerrarnos y crear un modelo netamente endógeno?

El desarrollo endógeno no se refiere a un modelo cerrado ni está reñido con la productividad, la calidad y la competitividad. Producir bueno y barato es respetar al pueblo. Se trata de dejar de ser simples exportadores de materias primas y, más bien, desarrollar nuestras capacidades productivas y tecnológicas para lograr la soberanía alimentaria y productiva. El socialismo venezolano no es escasez ni racionamiento. Tampoco es una eterna promesa que nunca llega a concretarse. Una de sus principales diferencias con el viejo socialismo del siglo XX es que se basa en nuevas formas de propiedad social, popular y comunal que permitan a la familia venezolana poseer, usar y disfrutar un creciente patrimonio o propiedad individual o familiar como una vía para lograr la plenitud de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Así también se contribuye al logro de la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo trabajador.

Las TIC como instrumento para la inclusión social

Las computadoras conectadas a internet han hecho posible una gran variedad de alternativas laborales desde lugares muy distantes a los tradicionales centros de trabajo. Permiten la deslocalización y reubicación física de los trabajadores, con base en la dotación de los medios técnicos necesarios, tales como: radio, televisión, teléfono fijo y móvil, escáner, fax, computador, internet, correo electrónico, web, blog, twetter, facebook, etc.

El teletrabajo no es una profesión sino una nueva forma de desarrollar una actividad productiva. Consiste en trabajar a distancia aprovechando las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esta modalidad tiende a convertirse en un fenómeno social, capaz de cambiar radicalmente las formas de organizar el trabajo al permitir que buena parte de la nómina desarrolle su función desde sus propias casas. Estudios señalan que en los próximos años, al menos un 25 % de los trabajadores de todo el mundo realizarán sus tareas a través de la red, sin necesidad de hacer acto de presencia. El teletrabajo implica el paso de un modelo de organización centralizada, piramidal y jerárquica, basado en la división funcional del trabajo, a otro más desconcentrado, horizontal y dinámico, en el que la filosofía de trabajo se centra más en el logro de objetivos que en el cumplimiento de un horario.

La masificación de su práctica desencadenará importantes transformaciones, entre las cuales se destacan: ahorros en costos de infraestructura física de oficinas, locales y energía eléctrica al reducir el uso de luces, aires acondicionados y ascensores; alivio del colapso del tráfico y reducción neta de la jornada de trabajo al minimizar los desplazamientos de la casa al lugar de trabajo; mejora del transporte público y del estrés individual y colectivo; ahorro de combustible y atenuante de la contaminación por smog; lo cual contribuirá a una mayor suma de felicidad para el pueblo trabajador.

El teletrabajo es una oportunidad para personas discapacitadas, de la tercera edad y madres de familia que no pueden desplazarse solas ni someterse a un horario rígido. El uso revolucionario de las telecomunicaciones en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social tiene en el teletrabajo una poderosa herramienta que es hora ya de aprovechar.

Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de Mercado

Texto completo de la entrevista concedida a la periodista Luz Mely Reyes,

editada y publicada en El Mundo: Economía y Negocios

¿Cuáles son los principales retos del Gobierno en el aspecto económico para 2011?
El principal reto no será reactivar la economía capitalista sino transformarla en un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social. Una década de ayudas al aparato productivo existente dejó claro que la actividad económica centrada en el afán de maximizar las ganancias nunca podrá erradicar las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión social. Solo una economía en manos de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad podrá generar empleos estables y bien remunerados, producir una abundante oferta de bienes y servicios para satisfacer las crecientes necesidades de la población, abatir la inflación y derrotar la escasez, el acaparamiento y la especulación.

Hay quienes plantean un escenario de radicalización en lo económico y flexibilización en lo político por parte del gobierno en el 2011. Esta radicalización implicaría nacionalización de la banca y de empresas en sectores estratégicos. ¿Cuál cree usted será el eje estratégico del Gobierno en el ámbito económico para 2011? ¿Cuáles cree Ud. deberían ser las líneas de acción?
En Venezuela, hay sectores que por sus implicaciones en la dinámica económica y social deben estar en manos del Estado. Me refiero al petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, industrias básicas, red ferroviaria, metros, puertos, aeropuertos. Una vez que ya están controlados, el eje estratégico del gobierno en 2011 tiene que ser impulsar un mayor crecimiento de una economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, particularmente en las ramas relacionadas con las canastas alimentaria y básica. Es allí donde la gran mayoría de los venezolanos gasta el 100 % de sus ingresos, es en estos donde se concentra el mayor impacto inflacionario, castigando el poder adquisitivo y, por lo tanto, la calidad de vida y el bienestar del pueblo trabajador. Transferir el poder económico en estos sectores a los principales dolientes sociales debe ser el eje estratégico del gobierno en el ámbito económico en el 2011. Es así como podrá vencer la inflación y asegurar un creciente nivel de empleo productivo, que es lo que más interesa a la mayoría de la población.

Ud ha afirmado que el capitalismo de Estado ha crecido en esta década. ¿Observa posibilidades de algún cambio que implique mayor involucramiento de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas expropiadas?
Lo que yo he dicho y demostrado a la luz de mis investigaciones es que en esa primera década la economía se hizo más capitalista y que -en ese sector privado- se recrudeció la explotación de los trabajadores. En esos años la mayoría de los incentivos de la política económica es aprovechado por empresas portadoras y reproductoras de las relaciones capitalistas de producción a través de los incentivos de la política económica que se utilizaron para reactivar el aparato productivo existente con el fin de reducir las altas tasas de desempleo y aliviar los estragos de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Por eso el sector privado creció a mayor velocidad que el sector público y que la economía social. Lo que también he hecho es alertar para que, tras el objetivo de erradicar las causas estructurales de la explotación del trabajo ajeno, no se reediten en Venezuela las mismas causas que provocaron el derrumbe del socialismo del siglo XX. El absolutismo estatal en la economía dio origen a un capitalismo de Estado en el que fermentaron poderosas élites burocráticas. Estas secuestraron la propiedad estatal y la administraron con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Por eso, ni los trabajadores ni el ciudadano de a pie se llegaron a sentir copropietarios sociales de las empresas públicas. Según sea la forma de propiedad que finalmente predomine, el plusvalor quedará en manos de los capitalistas privados, del capitalismo de Estado o de la asociación de productores libres e iguales. Yo creo y defiendo el control obrero y comunitario en las empresas que han sido expropiadas y estatizadas como la vía para construir una verdadera economía social, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo y en la que sean los trabajadores y la comunidad quiénes decidan que, cómo y cuánto se produce y cómo se invierten los excedentes.

Podría hacer un balance sobre los aspectos fuertes que tiene el Gobierno para enfrentar 2011 y las debilidades que tiene.
Ya quisiera cualquier gobierno de América Latina y el mundo contar con las fortalezas que tiene el gobierno venezolano. Además de administrar la riqueza petrolera y gasífera, tiene bajo su control las industrias básicas, puertos, aeropuertos y todos los demás sectores estratégicos que antes mencioné: electricidad, telecomunicaciones, etc. Además, puede hacer uso de una amplia gama de poderosos incentivos arancelarios, fiscales, financieros, monetarios, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, capacitación técnica de la fuerza de trabajo, etc., bien sea para reactivar o para transformar la economía. La gran debilidad sigue siendo las indefiniciones en torno al modelo productivo que se quiere construir, sobre todo en una economía en la que el sector privado genera el 70 % del PIB, una agricultura que apenas pesa 5 % cuando debería estar en un 12 % del producto y una industria decadente que -de aportar casi 19 % del PIB- ha caído a 15 %. Declarar como socialista el modelo productivo que se quiere construir es necesario más no suficiente. Enfrentar con éxito el 2011 pasa por definir con más precisión cuáles son los nuevos sectores que el Estado se va a reservar y por qué razón; cuáles son los sectores en los que se van a reservar a la economía social, para concentrar en ellos el impacto de los incentivos de la política económica; y, pasa también por aclarar en cuáles sectores la inversión privada nacional y extranjera podrá desarrollar su actividad. Ni absolutismo de Estado ni fundamentalismo de mercado pueden ser las opciones en las que se debata la construcción de una economía socialista en Venezuela. En la transición al socialismo tanto el Estado como el mercado tienen su lugar, pero lo más importante es el espacio en el que debe crecer la nueva economía social. De cara al 2011, hay que aclarar en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es preferible dejar esos sectores a la inversión de capitales privados.

¿Qué posición tiene frente al proyecto de Ley de Comunas?
Para los que somos partidarios de un nuevo socialismo es una ley largamente esperada. Es una ley clave, en mi opinión la espina dorsal para crear el marco legal y el entorno institucional que apoye la construcción del socialismo venezolano. Es un paso crucial para profundizar el desarrollo de nuevas formas de empoderamiento popular. La Comuna es una expresión concreta del poder popular a través del autogobierno comunal, la administración y gestión de competencias y servicios y la organización económica-productiva. El autogobierno comunal es la democracia directa. A través de las asambleas de ciudadanos, las comunidades que lo integran ejercen el autogobierno y asumen la planificación, coordinación y ejecución del gobierno comunal. El poder de decisión, antes represado en el burocratismo de las gobernaciones y alcaldías, con esta Ley es transferido a la comunidad. Las direcciones y decisiones colectivas se convierten así en una verdadera descentralización del poder. La Ley contribuye a aclarar el marco conceptual, toda vez que en su contenido se explica lo que se va a entender por socialismo, comuna, consejo comunal, comunidad, parlamento comunal, estado comunal, ordenación del territorio y otra serie de definiciones fundamentales para tener cada vez más claro el modelo de sociedad que se aspira a construir. Estas definiciones permitirán orientar las iniciativas de organización socio-productiva de la Comuna como base para impulsar nuevas formas de propiedad social que trasciendan la propiedad estatal y que vayan mucho más allá de la necesaria pero insuficiente contraloría social o control obrero contemplativos que muestran sus limitaciones a la hora de reconocer un mayor poder de decisión que impide el despliegue de todo el potencial de un verdadero empoderamiento popular. Sobre esta base, los trabajadores y la comunidad podrán asumir el control directo sobre los procesos productivos destinados a generar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, convirtiéndose así en auténticos propietarios sociales de las condiciones que aseguran su supervivencia, reproducción y desarrollo humano integral.

¿Qué instrumentos legales considera debería aprobar la Asamblea Nacional para viabilizar el proyecto del Gobierno del presidente Chávez?
La nueva etapa en la que ha entrado la Revolución Bolivariana -a partir de la declaración de su carácter socialista y de la aprobación del Primer Plan Socialista de la Nación-, tiene que ponerle fin a las concesiones al sector capitalista. En adelante hay que acelerar el diseño y ejecución de un nuevo marco legal realmente revolucionario que de verdad cree nuevas relaciones de poder a favor de los productores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada. En este sentido, creo que la próxima Asamblea Nacional debería aprobar un conjunto de leyes que viabilizaría el Proyecto de Gobierno del presidente Chávez orientado a erradicar la pobreza y la exclusión social, entre las cuales puedo mencionar:
• Ley para el logro de la soberanía productiva, con el fin transformar una economía rentista que todo lo importa y poco produce en un nuevo modelo productivo centrado en la cultura del trabajo, capaz de sustituir con producción nacional el enorme volumen de importaciones y diversificar la oferta exportable para reducir la exagerada dependencia de la renta petrolera. Esta ley daría claros mandatos a los entes públicos que administran los instrumentos de la política económica para superar la aplicación discrecional, fragmentada y dispersa de los mismos y concentrar su impacto en torno a los sectores de la economía real y social.
• Ley para la democratización de la propiedad, con el fin de erradicar de manera sostenida la explotación del trabajo ajeno y las causas que generan desempleo, pobreza y exclusión. Se trata de aplicar un principio de elemental reciprocidad al condicionar los incentivos de la política económica al cumplimiento de programas de participación laboral y comunitaria en la estructura accionaria de las empresas. Así, quienes deseen tener acceso a los dólares de Cadivi, participar en licitaciones, recibir préstamos a la banca pública, etc. deberán hacerlo con el aval de los Consejos de Fábrica y Comunales que han pasado a ser copropietarios de un porcentaje de las acciones de esa empresa. Las ganancias correspondientes a estos consejos no serán distribuidos como dividendos individuales sino invertidos como ganancia social para resolver problemas comunes de los trabajadores y de la comunidad.
• Ley para la inversión social de las ganancias, que obligue a las empresas a asumir un firme compromiso en la lucha contra la exclusión social al destinar un porcentaje de sus ganancias a la implantación de las misiones sociales para el beneficio de todos y cada uno de los trabajadores/as de su nómina, de tal forma que ellos y sus hijos alcancen un creciente grado de escolaridad primaria, media y superior; tengan acceso a alimentos de calidad y buenos precios en los mercados de la empresa; se les asegure atención médica en la empresa, adquieran vivienda propia; etc. En la nueva sociedad la lucha contra la exclusión social no puede recaer única y exclusivamente sobre la responsabilidad del Estado, todas las empresas están obligadas a asumir una mayor responsabilidad social.
• Ley para promover el desarrollo armónico y proporcional del territorio, consiste en incentivos especiales para toda inversión pública, privada o de la economía social en las regiones con un PIB y nivel de empleo por debajo de la media nacional, así como en los distritos motores de desarrollo decretados por el Gobierno para aprovechar las ventajas comparativas de diferentes ámbitos geográficos y consolidar el poder popular como fundamento de la estructura social y económica del nuevo modelo de desarrollo socialista.

¿Qué líneas de investigación considera primordiales para apoyar la toma de decisión por parte del Ejecutivo?
La Revolución Bolivariana ha triunfado política y socialmente pero todavía no ha triunfado en materia económica. En este campo, la Revolución Bolivariana no ha sido bien estudiada. Muchos se asombran cuando se les demuestra que después de una década de Revolución la economía se hizo más capitalista. Su lento y zigzagueante avance en el campo económico, lejos de significar su fracaso, pone en evidencia la complejidad de las transformaciones que impulsa. Por la trascendencia de sus objetivos se abre paso con dificultad ante la resistencia que opone el viejo orden económico y lo complejo que implica construir la nueva economía social. Y esto se explica porque -a pesar de la retórica antiimperialista, capitalista y prosocialista y del discurso alarmista de los gremios empresariales-, los incentivos de la política económica bolivariana son los que han sostenido los procesos de acumulación y reproducción del capital. Incluso, la inversión social de la renta petrolera, a través de las Misiones sociales, contribuyó a activar una válvula de escape para aliviar la conflictividad laboral y crear mejores condiciones para la acumulación y valorización del capital. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que complementan y compensan el precario salario que devengan los trabajadores, liberando a los patronos de la presión sindical para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.
Más allá de la retórica, hay que estudiar científicamente hasta dónde se ha avanzado en la sustitución de las relaciones de explotación por nuevas relaciones de cooperación. Estudiar que hacer ante un comportamiento errático de la renta petrolera que hace inestables las fuentes de ingresos fiscales para sostener el gasto público. Analizar y diseñar políticas y estrategias para impulsar el crecimiento y desarrollo a la industria, la agricultura y la construcción de viviendas. Investigar sobre nuevas formas de propiedad social para empoderar a los trabajadores directos y y a la comunidad sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.
El creciente debate en la Revolución Bolivariana sobre los diferentes modelos para construir el socialismo venezolano es una clara expresión de que el mismo se construye sin recetas ni fórmulas preconcebidas. Se enfrentan las tesis que defienden el viejo dogma de la propiedad estatal sobre todos los medios de producción, hasta las que justifican el apoyo público al capital privado, pasado por las propuestas de priorizar una nueva economía social y popular en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada.
La Revolución económica -además de plantearse el desarrollo de nuevas relaciones de producción que liberen a los asalariados de la explotación del capital-, tiene que plantearse también el reto de multiplicar y hacer crecer exponencialmente el número de empresas con el fin de construir un sólido y pujante aparato productivo, capaz de sustituir importaciones, diversificar exportaciones y generar nuevos empleos productivos. En Venezuela la densidad de establecimientos industriales por cada mil habitantes es muy baja, apenas llega a 0.3, mientras que en Colombia es 1.2 y en México de 1.7. Por lo tanto, hay que definir criterios claros de los sectores y empresas que deben quedar bajo control del Estado, distinguir los sectores en los que se impulsará y protegerá la economía social y precisar aquellos en los que se mantendrá la inversión privada. Así se tendrá más claro en qué casos procede estatizar, cuando es mejor impulsar el control obrero y comunal sobre la estructura accionaria de esas empresas y cuándo es mejor destinar esos recursos a aumentar el número de nuevos emprendimientos de la economía social para asegurar un crecimiento absoluto y relativo de la nueva economía socialista, planteándose metas clara para aumentar la densidad de empresas de la economía social por cada mil habitantes, en función de reindustrializar la economía nacional y alcanzar la soberanía productiva.
Estas definiciones reducirán el riesgo de repetir la historia del socialismo del siglo XX. Cuando los trabajadores directos y los miembros de la comunidad se sientan verdaderos copropietarios de las empresas donde trabajan, entonces le habremos dado un gran impulso al desarrollo de una nueva y pujante economía social, sin fines de lucro pero sin vocación de pérdida, capaz de generar un creciente excedente para ser invertido en función de dar respuesta a las necesidades y problemas de los trabajadores y la comunidad. En este sentido, las líneas de investigaci´pon que considero prioritarias son aquellas que permitan generar un conocimiento científico, revolucionario y transformador, que sea útil para el diseño y ejecución de políticas y estrategias orientadas a:
a) Trascender la noción de la democratización del capital y del aumento de la propiedad estatal, toda vez que estas son el fermento del capitalismo de mercado y del capitalismo de Estado.
b) Construir un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
c) Impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen realmente a los productores directos y a la comunidad sobre los procesos de producción.

La industrialización socialista

La industrialización socialista es un proceso planificado de rápido crecimiento y desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas dedicadas a transformar materias primas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final, con el fin de satisfacer las crecientes demandas y necesidades del aparato productivo nacional y de la población.
Es la fuerza motriz para impulsar la transformación de una economía rentista, que casi todo lo importa y poco produce, en una nueva economía independiente y soberana. Es la única estrategia posible para transformar el modelo primario-exportador que impusieron las grandes potencias industrializadas -y nos condenó a ser exportadores de petróleo y materias primas-, en un nuevo modelo productivo capaz de sustituir eficientemente importaciones, diversificar la oferta exportable y, de esta manera, ahorrar y generar nuevas fuentes de divisas que nos hagan menos dependientes del ingreso petrolero.
La industrialización socialista es un componente fundamental de una política económica diseñada para avanzar hacia el logro de los objetivos de seguridad y soberanía alimentaria y productiva. Es la mejor manera de generar empleos verdaderamente fructíferos, cuya remuneración tenga como contrapartida la producción de una abundante oferta de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas y esenciales del pueblo trabajador, sin romper el equilibrio que se debe preservar entre la oferta y la demanda para contribuir a estabilizar los precios. Además, al satisfacer la demanda interna con producción nacional se evita que los ajustes en el tipo de cambio -que encarecen el componente importado y repercuten en la estructura de costos-, desborden las presiones inflacionarias. Por eso requiere un manejo inteligente de la política macroeconómica y microeconómica; es decir, la fijación de un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía no petrolera; una política arancelaria y fiscal que desaliente las importaciones y favorezca la producción nacional; así como incentivos monetarios y financieros para la inversión productiva.
Y, lo más importante, la industrialización socialista se basa en nuevas formas de propiedad social que liberen al trabajador asalariado de la explotación del capital.

Del Estado burocrático al Estado comunal

Envié a imprenta mi nuevo libro “Del Estado Burocrático al Estado comunal”. Es un análisis crítico del papel del Estado en la Revolución Bolivariana y una crítica a las tesis apologéticas de la propiedad estatal como forma superior de la propiedad social y una defensa a la propiedad social directa, la propiedad en manos de los trabajadores directos y de la comunidad organizada. Con base en las lecciones que dejó la fallida experiencia del socialismo del siglo XX, estudio la estatización como un fermento del burocratismo que secuestró la propiedad pública y la manejó como una burguesía funcional. Fundamento en el texto las razones para transformar el Estado burocrático en un nuevo Estado comunal en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Finalmente hago un análisis de los mandatos constitucionales y del marco legal para impulsar el control obrero y la participación ciudadana en la construcción de un nuevo Estado comunal y de un modelo productivo de amplia y creciente inclusión social.
Una vez que se ha definido el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, se puede dar por concluida la etapa de concesiones e incentivos al capital y, en delante, reorientar los estímulos y ayudas de la política económica, ya no a reactivar el aparato productivo existente, sino a transformarlo en una nueva economía de amplia y creciente inclusión social.
Todos y cada uno de los capítulos de este libro están dedicados a animar y profundizar el debate sobre los mejores caminos que nos lleven a sustituir un régimen histórico basado en la explotación del trabajo ajeno y en el afán de maximizar el beneficio individual, por una nueva sociedad organizada en función de dirigir el esfuerzo productivo para satisfacer las crecientes necesidades sociales y hacer posible el desarrollo humano integral de todas las personas.
Son páginas para atizar el debate, para continuar el camino en cuyo recorrido se sigan incluyendo en la vida social los que aún quedan excluidos, en el que se liberen los que permanecen explotados y oprimidos, en el que puedan hablar y ser escuchados los que antes estaban ignorados, en el que puedan gobernar los que siempre han sido dominados, en el que puedan vivir con dignidad los que todavía no pueden vivir.

El socialismo venezolano

La construcción del socialismo venezolano se basa en transferir cada vez más poder al pueblo para construir una nueva economía comunal que supere el modo de producción capitalista, sustentado en la explotación del ser humano; y, sustituir el Estado burocrático por un nuevo Estado comunal que consolide un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo. En este sentido, son de particular importancia las definiciones plasmadas en el proyecto de Ley de Comunas. Veamos.
En al Art. 4 se define al Socialismo como “un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos/as venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales”.
El Estado Comunal es la “Forma de organización político social, fundada en el Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en la CRBV, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y las venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado Comunal es la Comuna”.
Mientras que la Comuna es “una entidad local socialista, constituida por iniciativa soberana del pueblo organizado, donde y a partir de la cual se edifica la sociedad socialista. Está conformada por la integración de comunidades vecinas (…) que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento; y en cuyo ámbito los ciudadanos/as ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, con un régimen de propiedad social y un modelo de desarrollo endógeno y sustentable”.

La construcción socialista

Marx explicó que los seres humanos establecen relaciones de producción independientemente de su voluntad, las cuales corresponden a una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas. El conjunto de estas relaciones forman la estructura económica de la sociedad sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, a la cual corresponde una determinada forma de conciencia social. Así pues, las relaciones de explotación del trabajo asalariado signan la estructura económica capitalista que, para asegurar su reproducción, crea un marco legal y un entorno institucional que defiende y sacraliza en la conciencia colectiva la propiedad privada sobre los medios de producción.
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual: “no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”, decía Marx.
Al llegar a un determinado nivel de su desarrollo, las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción y con la expresión jurídica de las relaciones de propiedad. No se pueden desarrollar las fuerzas productivas para la generación de alimentos bajo el latifundio que mantiene ociosas importantes extensiones de tierras; como tampoco se podrá lograr el desarrollo humano integral mientras los asalariados sean explotados por no poseen ningún medio de producción.
Cuando las relaciones de producción se convierten en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas se abre una época de revolución social, de cambio en la base económica y en la superestructura que la justifica. Por eso, las expropiaciones tendrán que abrir paso a un marco legal que impulse nuevas formas de propiedad social en manos de los trabajadores directos y de la comunidad para no reproducir el capitalismo de Estado.
Bajo el atrasado capitalismo rentístico venezolano, que todo lo importa y poco produce, tiene sentido preguntarse, a la luz de lo que planteaba Marx, si ¿es posible que el capitalismo desaparezca antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben en él y si es posible que surjan relaciones socialistas de producción antes de que las condiciones económicas hayan madurado en la vieja sociedad?.

¿Qué es una Revolución?

Por definición, una Revolución es un proceso de transformación rápido y profundo, no un largo y extenuante camino de ensayo y error que erosiona el entusiasmo y la confianza de la gente. En la práctica, su lento y zigzagueante avance, lejos de significar su fracaso, pone en evidencia la complejidad de las transformaciones que impulsa. Por la trascendencia de sus objetivos se abre paso con dificultad ante la resistencia que opone el viejo orden y lo complejo que implica construir el nuevo. Una Revolución humanista es esencialmente pacífica y democrática. Si responde a la violencia lo hace, no porque esa sea su naturaleza, sino para defenderse de las agresiones de quienes intentan derrocarla.
Por eso no basta con ganar elecciones: hay que terminar de controlar el poder para ponerlo al servicio de las transformaciones económicas y sociales que se le prometieron al pueblo. Nada es más importante para una Revolución verdadera que honrar sus compromisos y satisfacer las expectativas creadas por ella misma. Cuando los problemas no son resueltos mientras las élites burocráticas disfrutan los privilegios del poder, los pueblos tarde o temprano se levantan: primero en las urnas y luego en las calles. Una Revolución no puede dejar de avanzar y tiene que mostrar una creciente acumulación de cambios económicos, sociales, políticos, culturales, deportivos, etc. que, al consolidarse en el tiempo, le van dando forma a la nueva sociedad de justicia, igualdad y libertad que prometió construir.
La grandeza de la Revolución Bolivariana no radica en lo que hasta ahora ha hecho sino en lo que pueda lograr. En los marcos de la abundancia rentista, hay que exigirle lo que potencialmente puede hacer. La inversión social de la renta petrolera ha permitido mejorar los indicadores sociales. Eso es necesario, más no suficiente. Aun queda pendiente erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Una Revolución auténtica destruye el poder económico establecido y construye nuevas relaciones de poder a través de las cuales el pueblo organizado desplaza a las élites que lo explotan y oprimen. Su consagración histórica llegará cuando demuestre que el capitalismo si puede ser superado por el socialismo y que el pueblo organizado y preparado si es capaz de gobernar sin mediaciones de burócratas ni dirigentes. No hay justificación para hacer menos que eso.

¿Proletariado o “Pobretariado”: cuál es el sujeto social de la Revolución Bolivariana?

La Revolución Bolivariana triunfó con la promesa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que asumiera la tarea de redactar una nueva Constitución para refundar la República e impulsar un nuevo proyecto nacional que erradicara las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.
Al calor de este proceso, una y otra vez se ha planteado la pregunta sobre ¿Cuál es la clase protagónica que impulsa y lidera la Revolución Bolivariana?, ¿Cuál es la clase social cuyo liderazgo convoca tras de sí el masivo apoyo social que se requiere para impulsar las grandes transformaciones que liberen a las grandes mayorías del desempleo, la pobreza y la exclusión social?. En otras palabras, ¿Cuál es el sujeto social que se convierte en la fuerza motriz de la Revolución Bolivariana?.
Más allá de la clase obrera
A mediados del siglo XIX, cuando Marx y Engels dedicaron todo su esfuerzo intelectual a estudiar, comprender y explicar la naturaleza del capitalismo, la clase social mayoritaria sobre la cual recaía el yugo de la explotación era, sin lugar a dudas, la clase obrera. En las condiciones del capitalismo industrializado de entonces, las largas jornadas de trabajo y el despojo que los trabajadores fabriles sufrían a manos de los capitalistas dejaban claro que la clase obrera estaba llamada a protagonizar y liderar la lucha por liberarse y a la vez liberar a toda la sociedad de los estragos del capitalismo salvaje. El crecimiento vertiginoso de los asalariados en la industria manufacturera y la intensa explotación de la que eran víctimas les convertía en la clase revolucionaria, llamada a ser la fuerza motriz impulsora de una nueva sociedad, libre de explotación y pobreza.
Eran los tiempos en los que el pujante capitalismo industrial se expandía a lo largo y ancho de Europa, derrotaba al feudalismo y barría con otras formaciones económicos-sociales precapitalistas para imponerse como el modo de producción predominante. Las jornadas de 12, 14 y 16 horas de trabajo diarias y las penurias que sufrían los obreros de la época generaban tal grado de descontento que anunciaba como inminente e inevitable el estallido de la revolución proletaria. En esas condiciones resultaba lógico que la clase obrera protagonizará las luchas por sustituir las relaciones de explotación por nuevas relaciones sociales de producción, basadas en la solidaridad y la cooperación.
En consecuencia, los desarrollos teóricos posteriores que orientaron la construcción del socialismo en el siglo XX partieron de los aportes pioneros de Marx, Engels y Lenin, generados a la luz del estudio de economías altamente industrializadas, con un proletariado fabril mayoritario que sufría las consecuencias de la explotación del trabajo asalariado, en los marcos de una economía signada por una creciente producción en serie, dedicada no solo al mercado interno sino cada vez más destinada a conquistar un creciente espacio en los mercados internacionales. Ante el recrudecimiento de las condiciones de explotación de las grandes masas de trabajadores, se fortaleció la organización política, obrera y sindical para protagonizar cruentas luchas por mejorar las condiciones de trabajo. Aquellos llamados a luchar por un mundo de justicia, igualdad y libertad fueron liderados por los trabajadores de las fábricas capitalistas.
Pero en el Siglo XXI, sobre todos en los países subdesarrollados con un pobre desarrollo industrial, la clase obrera no es la mayoritaria ni la que promueve e impulsa las grandes transformaciones políticas y económicas que se traduzcan en un beneficio para toda la sociedad. Por su parte, los sindicatos están más preocupados en conseguir reivindicaciones para sus agremiados que en la transformación revolucionaria de la economía y de la sociedad. El movimiento sindical se dedica a conseguir aumentos salariales y beneficios laborales, tales como seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM); bonos de alimentación o cesta-ticket; primas por hijo, dotación de útiles y uniformes escolares; bonos vacacionales, aguinaldos o pago de utilidades, etc. que son reivindicaciones muy importantes para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, pero que van dejando de lado el interés y dedicación de los sindicatos en la transformación del capitalismo en un nuevo modelo productivo socialista en manos de los trabajadores directos.
Si bien es cierto que los obreros industriales se constituyeron en la clase social mayoritaria en los primeros países industrializados, particularmente en Inglaterra y Alemania que es dónde Marx y Engels concentraron su análisis, hoy en día la mayoría de los países industrializados de Europa y Estados Unidos reubican su industria manufacturera en China, India, Tailandia, Indonesia, Taiwán, Singapur y demás países de reciente industrialización en el sudeste asiático. Por si fuera poco, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) han desatado un intenso proceso de automatización y robotización que tiende a reducir aún más la cuantía de obreros fabriles. Surge una nueva realidad en la mayoría de los países capitalistas donde el sector servicios y las finanzas desplazan a la manufactura como el sector económico de más peso en la estructura del PIB y con mayor participación en el total de empleos, lo cual atiza el debate sobre cuál es la clase social revolucionaria, la promotora de las nuevas relaciones sociales de producción, el sujeto social de la Revolución Socialista en el siglo XXI.
El capitalismo rentístico venezolano
En las condiciones del capitalismo rentístico venezolano, que aprovecha la abundancia de divisas y la sobrevaluación del tipo de cambio para importar la mayoría de los productos industriales que se deberían estar fabricando nacionalmente, el desarrollo de la economía capitalista no se estructuró en torno a la actividad industrial sino alrededor de las actividades del comercio importador, los servicios y las finanzas. Por tal razón, el aporte de la industria manufacturera a la conformación del PIB apenas es del 15 %, cuando los estándares internacionales plantean que para que una economía sea considerada industrializada el aporte de la manufactura no debe ser menor al 20 %. En consecuencia, en la estructura social venezolana la clase obrera industrial nunca ha sido la más numerosa y ha carecido de una sólida organización revolucionaria que haya hecho sentir su liderazgo y protagonismo en el proceso sociopolítico venezolano.
En la tradición del pensamiento marxista, la clase obrera es la protagonista principal de la Revolución Socialista. Al declarase el carácter socialista de la Revolución Bolivariana la respuesta a las preguntas que antes dejamos planteadas tiene una enorme pertinencia y relevancia para comprender las particularidades de la construcción socialista en Venezuela. La respuesta que encontremos nos permitirá comprender si es viable una Revolución Socialista en una economía rentista con un precario desarrollado industrial y una clase obrera que no es precisamente la mayoritaria en la estructura social venezolana; en la que más bien predominan grandes grupos sociales en condición de desempleo, subempleo, autoempleo en el precario sector informal, así como los que están totalmente excluidos no sólo de la actividad económica y productiva sino también del disfrute de sus derechos sociales básicos de alimentación, salud, educación, vivienda, etc.
En Venezuela el intento por construir el socialismo tiene lugar en los marcos de un capitalismo rentístico importador, caracterizado por su bajo grado de industrialización, con casi el 50% de la población económicamente activa laborando por cuenta propia en el sector informal en actividades de subsistencia. Esta compleja problemática es muy diferente a la que los clásicos del marxismo estudiaron y explicaron en su obra y plantea interrogantes teóricos muy diferentes sobre cuál es la clase social protagónica, el sujeto social de la Revolución Bolivariana.
Neoliberalismo, demolición de los aparatos productivos y extinción de la clase obrera
Con la caída del socialismo soviético el capital global vivió su momento estelar. En los años noventa parecía que no había alternativa al capitalismo. El socialismo real se caía a pedazos y su fracaso se debía a que no había sabido interpretar y responder a las más sentidas demandas y aspiraciones de las grandes mayorías. Las intentos por construir el socialismo en el siglo XX quedaron sepultados bajo las ruinas del Muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque socialista de Europa oriental. En esas circunstancias, la lucha entre capital y trabajo encontró un contexto abiertamente favorable a los dueños de los medios de producción. La neutralización y desmembramiento de los sindicatos permitió congelar la contratación colectiva e imponer contratos “basura”, sin mayores prestaciones ni beneficios laborales. Eran tiempos en los que proliferaba la prolongación de la jornada laboral sin pago de horas extra, así como la tercerización o subcontratación y la sobreexplotación del trabajo infantil y femenino. El neoliberalismo había golpeado con toda su fuerza a la clase obrera, haciéndola retroceder en sus conquistas laborales, desmovilizándola y reprimiéndola violentamente. Los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social que sufren las grandes mayorías comenzaron a engendrar nuevos protagonistas y sujetos sociales que irrumpen en la escena con todo su descontento y malestar para plantear la necesidad de un cambio radical que los libere del hambre, las enfermedades y penurias que padecen.
En la Venezuela de los años noventa, las políticas neoliberales basadas en la apertura comercial indiscriminada que barrió con buena parte del aparato productivo interno, la eliminación de controles a la inversión extranjera, la privatización de empresas públicas y la reducción del tamaño del Estado, la poda brutal de las nóminas de funcionarios públicos y la flexibilización de las condiciones de despido significaron la demolición del aparato productivo interno y con ello la destrucción masiva de millares de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones laborales. El otrora obrero industrial, portador de las nuevas relaciones sociales de producción y llamado a promover el cambio revolucionario y la revolución socialista se había convertido en una especie en extinción.
El sujeto social de la Revolución Bolivariana
En efecto, las políticas neoliberales provocaron la desindustrialización de la economía venezolana. Millares de puestos de trabajo fueron destruidos y el creciente número de desempleados comenzó a alimentar el sector informal y a recrudecer el drama de la pobreza y la exclusión social. El desmantelamiento de las políticas públicas de apoyo a la actividad del campo agravó la migración de la población rural, empeorando la problemática social en los barrios marginales y cordones de miseria en las ciudades más importantes del país. El violento retroceso y pérdida de importantes conquistas de los trabajadores que impuso el capitalismo salvaje de aquellos años marcaron una desesperante realidad en la que las luchas del pueblo no eran precisamente para construir el socialismo -que acababa de ser derrotado en la Unión Soviética y Europa oriental-, sino por la mera y simple sobrevivencia.
En la Venezuela de fines del siglo XX, los niveles de desempleo, pobreza y misería se había disparado y las condiciones laborales y de subsistencia eran cada vez más adversas. Los “privilegiados” que podían conseguir un empleo en el devastado aparato productivo que dejó la barrida neoliberal estaban indefensos y sometidos a condiciones de superexplotación. Mientras que los desempleados, los autoempleados en el sector informal y los excluidos de la actividad productiva se convirtieron en el sector mayoritario de la población económicamente activa. La población en condiciones de pobreza y pobreza extrema no dejaba de crecer. La herencia que recibió la Revolución Bolivariana fue una tasa de desempleo que oscilaba entre 14 y 16 %, un elevado sector informal que llegó al 52.7 %, el porcentaje de personas pobres superó el 50 % y los hogares en condición de pobreza extrema llegaban al 25%.
¿Proletariado o “Pobretariado”?
En esas nuevas circunstancias, ¿Cuál era, entonces, el sujeto social llamado a impulsar y liderar el cambio de las relaciones de producción en Venezuela?. ¿Cuál es la clase social promotora de esa acción transformadora en lo político, económico y social?. ¿Es viable una revolución socialista en un país con bajo grado de desarrollo industrial y una clase obrera minoritaria y desorganizada?. Son preguntas que se le hacen a la teoría marxista, no para cuestionar o negar su validez y vigencia, sino sencillamente para enriquecerla y desarrollarla a la luz de los sucesos que dieron al traste con el socialismo soviético y los nuevos fenómenos del capitalismo neoliberal y globalizado de hoy y las condiciones histórico-concretas en las que de desarrolla la Revolución Bolivariana.
Para responder a estas preguntas comencemos destacando que, con la destrucción acelerada del aparato productivo interno, el neoliberalismo agudizó los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social con lo cual gestó y aceleró el surgimiento de nuevos sujetos sociales que alteraron el mapa de actores sociales y políticos en Venezuela.
En efecto, las masas empobrecidas y excluidas que protagonizaron los sucesos del “Caracazo” el 27 de febrero de 1989, justamente como respuesta al programa de ajuste neoliberal que para entonces se aplicó; la juventud militar que el 4 de febrero de 1992 se rebeló contra la corrupción y los terribles flagelos sociales del neoliberalismo; los “encapuchados” de la Universidad Central de Venezuela y otras universidades del país que semanalmente protestaban contra la privatización de la educación universitaria; los movimientos vecinales que levantaron su grito de protesta contra la inflación, el acaparamiento y la especulación a lo largo y ancho del todo el país; las dramáticas y conmovedoras movilizaciones de pensionados y jubilados; los vendedores ambulantes o “buhoneros”, así como los índigenas que en su necesidad de sobrevivencia tomaron las calles de diferentes ciudades del país, son expresiones concretas del germen de nuevas fuerzas sociales descontentas y potencialmente revolucionarias, cuya característica común era la de ser víctimas del capitalismo salvaje y de sus inhumanas políticas neoliberales que las excluían, no solo de su derecho al trabajo por la quiebra del aparato productivo interno, sino también de la salud, la educación y demás derechos sociales básicos.
En estas circunstancia, el sector social mayoritario en el que se fue acumulando un creciente descontento, detonante del estallido contestatario y revolucionario, pasó a ser –como lo denominó Frei Betto- el “pobretariado”, entendido éste como ese amplio y creciente movimiento de masas cada vez más empobrecidas, compuesto por un número cada vez mayor de desempleados, subempleados, buhoneros o vendedores ambulantes y trabajadores por cuenta propia, sin seguridad social ni beneficios laborales, y por la inmensa marea de excluidos de toda actividad económica y productiva. Esa creciente masa empobrecida resultó ser el caldo de cultivo, el verdadero fermento en el que surge y se agiganta el descontento que finalmente estalla y se convierte en la inspiración y fuerza impulsora de la Revolución Bolivariana.
Sobre la base de estos hechos concretos es que nos atrevemos a afirmar que en Venezuela no es la clase obrera –aquella que en el auge del desarrollo capitalista industrial del siglo XIX se convirtió en la fuerza social más numerosa y poderosa y en la cual los clásicos del marxismo reconocieron la histórica tarea de impulsar, protagonizar y liderar la transformación revolucionaria del capitalismo explotador y depredador por la nueva sociedad socialista solidaria y humanista-, el sujeto social que inspira, impulsa y lidera la Revolución Bolivariana. En Venezuela estamos en presencia, entonces, del surgimiento de un nuevo sujeto social que, sin lugar a dudas, es el gran protagonista y razón de ser de la Revolución Bolivariana.
¿Revolución Socialista sin liderazgo de la clase obrera?
Mientras haya hambre, pobreza y exclusión social en la faz de la tierra el ideal de la construcción socialista siempre estará vigente. Lo que no podemos seguir afirmando en el siglo XXI es que el proletariado industrial sigue siendo la única clase social explotada y mayoritaria, el protagonista y líder principal de la transformación revolucionaria de la sociedad y de la construcción del socialismo venezolano.
Cualquiera puede considerar este planteamiento como una herejía, una blasfemia, un ataque revisionista a la tradición del pensamiento marxista. Pero es que hace más de diez años el propio Fidel Castro se preguntaba: “¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de hacer parir una nueva sociedad? ¿No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera -en el sentido marxista del término- tiende a desaparecer, para ceder su sitio a otro sector social? ¿No será ese innumerable conjunto de marginados y desempleados cada vez más lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la miseria, el llamado a convertirse en la nueva clase revolucionaria?”
La tradición marxista argumentó que los obreros industriales son quienes crean la riqueza de la cual son despojados por el capitalista. Por ser la clase mayoritaria y explotada era la llamada a impulsar y liderar la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista en una nueva sociedad socialista. Pero la devastación económica y social del propio capitalismo neoliberal que antes describimos, ha alterado de tal manera las fuentes del descontento social que en la actualidad son los excluidos de la actividad productiva, los que no son asalariados y por lo tanto ni siquiera llegan a ser explotados, los que no producen riqueza, el sector donde subyace el mayor potencial de transformación revolucionaria de la sociedad. La imposición de las políticas neoliberales fue generando tales consecuencias sociales que transformaron aquella marginalidad dispersa y minoritaria en el rasgo esencial y mayoritario del capitalismo salvaje. No se trata ya de casos aislados de mendigos, indigentes y pordioseros sino de una creciente población que carece de las condiciones básicas y elementales para sobrevivir.
Si bien el “pobretariado” no está empleado en ninguna empresa mercantil y, por lo tanto, su lucha no tiene como contrario directo al capitalista que lo explota o al jefe déspota que lo maltrata, esto no quiere decir que se haya debilitado o extinguido la contradicción antagónica entre explotadores y explotados. La lucha de clases cobra una nueva dimensión que va más allá de los conflictos obrero-patronales tradicionales y pasa a ser una confrontación del “pobretariado” contra toda la lógica explotadora, depredadora e inmoral del sistema capitalista, generador de desempleo, pobreza y exclusión social. Esto tiene su complejidad, toda vez que es más fácil que el obrero identifique como explotador al capitalista que le niega aumentos salariales y lo somete a extenuantes jornadas de trabajo, en comparación con la situación del buhonero o vendedor ambulante que trabaja por cuenta propia, que no tiene patrón porque él es su propio jefe y, por lo tanto, siente que no es explotado por nadie. Solo a partir del fortalecimiento de la conciencia del “pobretariado” y de su organización como fuerza social transformadora es que se puede convertir su descontento y malestar en un verdadero potencial de transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. Ese “pobretariado” disperso, sin mucha cohesión como clase social, sin mayor interés por la política, ocupado más bien en lograr su subsistencia, es el verdadero sujeto social de la Revolución Socialista en el siglo XXI.
En la comprensión profunda de esta nueva realidad reside justamente la lucidez, claridad y visión del Comandante Chávez, quien supo superar las limitaciones de una izquierda atrapada en su dogmatismo, rigidez y falta de creatividad y reconocer en esa enorme masa desempleados, pobres y excluidos al pueblo humilde y sufrido y visibilizarlo como el verdadero sujeto social de la Revolución Bolivariana, la cual triunfa precisamente con la promesa de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social.
Pero sea la clase obrera explotada por el patrón capitalista con nombre y apellido o sean las grandes masas excluidas y empobrecidas por el sistema capitalista en general, en definitiva será el pueblo unido el que finalmente impulse la rueda de la historia y profundice la Revolución política, social y económica que en el país ha comenzado. De allí la radicalización sostenida de la Revolución Bolivariana, la cual comenzó con una crítica al neoliberalismo para plantear más tarde la inviabilidad histórica del sistema capitalista y declarar luego el carácter socialista de la Revolución Bolivariana como un proceso de transformación política, social y económica que tiene su razón de ser, su gran inspiración, en las grandes masas de desempleados y excluidos de la actividad económica, los cuales viven sumidos en condiciones de pobreza y miseria extrema. Éste es, sin lugar a dudas, el verdadero sujeto social de la Revolución Bolivariana.

¿Ser gobierno o tener el poder?

Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún tiene pendiente superar lo que queda del marco legal y del entorno institucional que fue creado para favorecer a poderosos grupos de interés en contra de los intereses del pueblo.

No basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República. La construcción de un auténtico poder popular pasa por la destrucción de la ineficiente pero aun vigente estructura del Estado burocrático, la cual se mantiene al amparo de la rutina y viejas prácticas que en muchos casos se han recrudecido y agravado.
Las tensiones entre el burocratismo y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no han sido resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en los poderes públicos, desconcentrar y traspasar al pueblo el poder represado en ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular a través de la consolidación de los Consejos de Fábrica, de los Consejos Comunales y de las Comunas es una de las grandes tareas planteadas en la construcción del socialismo venezolano.
La sustitución completa del Estado burocrático por un nuevo Estado revolucionario tiene que ser uno de los objetivos cardinales de la fase socialista en la que ha entrado la Revolución Bolivariana. Y no se trata de destruir completamente el Estado de un día para otro sino de comprender las condiciones necesarias que deben cumplirse para lograr su extinción. Basta mirar la pretensión de la principal potencia imperialista de instalar bases militares en países cercanos para entender el enorme papel que aún tiene que jugar el Estado en la defensa de la soberanía nacional.
Profundizar la Revolución Bolivariana implica terminar de erradicar las condiciones que facilitan la explotación del ser humano y resolver la contradicción entre la naturaleza social de la producción y el carácter privado de la apropiación de los medios de producción y de los excedentes. Esto pasa por derrotar a los viejos y nuevos grupos de poder económico que pugnan por monopolizar los incentivos públicos para apoyar la actividad productiva y reorientar los mismos a favor de una nueva economía comunal en manos de los trabajadores directos y la comunidad.

La burocracia y el secuestro de la propiedad estatal

La tendencia a la burocratización del Estado tiene sus síntomas en el creciente dominio de una poderosa minoría que logra controlar los puestos claves de mando para disfrutar así de perversos privilegios, los cuales logran transformar y mantener a lo largo del tiempo como si fueran derechos adquiridos.
La esencia del burocratismo consiste en la preservación de un modelo organizativo y funcional del Estado que permite la entronización de un poderoso sector privilegiado que logra capturar el control de los poderes públicos para ponerlos al servicio de sus objetivos personales, grupales y corporativos. A diferencia de los auténticos servidores públicos, a los burócratas -tan pronto han sido designados-, se le sube el cargo a la cabeza y se creen por encima de la sociedad a la que deben servir. Son trepadores y arribistas, cazadores de cargos públicos por medio de los cuales van tejiendo su funesta estructura de poder.
El burocratismo como burguesía funcional
El burocratismo se apropia de una parte importante del ingreso generado por el resto de la sociedad a través de: elevados sueldos en comparación con el resto del funcionariado mal pagado, primas de jerarquía, bonos especiales, gastos de representación, viajes y viáticos internacionales, asignaciones de lujosos vehículos con chofer y escolta, suntuosas viviendas, onerosos teléfonos, etc. Por si fuera poco, abusan de sus posiciones de poder a través de las nefastas prácticas del nepotismo, tráfico de influencias, cobro de comisiones, testaferros, amiguismo y compadrazgo.
Mientras se mantengan las condiciones para que los viejos y nuevos grupos de poder económico ejerzan su influencia para absorber y monopolizar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. que facilita el Gobierno para apoyar la actividad económica y productiva, se mantendrán las condiciones que operan como un caldo de cultivo para reproducir y extender el pernicioso fenómeno de la burocratización y el burocratismo.
Aunque la Revolución Bolivariana barrió con los viejos partidos que habían secuestrado los poderes públicos, aún no ha concluido la transformación radical de las condiciones que permiten la reproducción del burocratismo. Por eso, no basta con decir que se ha conquistado el poder político cuando todavía se mantiene buena parte de la inercia del viejo aparato estatal heredado de la IV República, el cual no solo está vivo y se resiste a perder sus privilegios, sino que en muchos casos se ha recrudecido y agravado.
Estado burocrático vs Estado comunal
Las tensiones entre el Estado burocrático y las nuevas formas de poder popular en desarrollo aún no están resueltas. Enfrentar las desviaciones que aún persisten en diferentes niveles de los poderes públicos, desconcentrar y traspasar a los trabajadores directos y a la comunidad organizada el poder represado en empresas públicas, ministerios, gobernaciones y alcaldías y, sobre esta base, profundizar el poder popular, es un reto que se ha planteado el Gobierno Bolivariano.
Con este fin, la Comuna está llamada a asumir la labor diaria de administrar los recursos públicos, desarrollar la nueva legislación y construir un modelo productivo de amplia y creciente participación y control popular. Pero para eso, la proliferación de ministerios y entes del Estado tendrá que abrirle paso a otros esquemas organizativos y funcionales para el diseño y ejecución de las políticas públicas, de tal forma que quienes ejerzan estas responsabilidades no sean burócratas indolentes e incompetentes, sino auténticos representantes del pueblo, elegidos por los trabajadores y miembros de la comunidad.
Una Estado comunal significa una sociedad gobernada por sus trabajadores y por la comunidad, y no por la burocracia y la nomenklatura. Implica concentrar cada vez más poder político y económico en manos del pueblo y no en la burocracia estatal. Es así como a la larga se crearán las condiciones para la extinción definitiva del Estado burocrático y la consolidación de un auténtico poder político y económico en manos del pueblo, sin mediaciones burocráticas de ningún tipo.
Burocracia y secuestro de la propiedad estatal
Entre las duras lecciones que dejaron los intentos fallidos de construir el Socialismo en el siglo XX hay que recordar que el burocratismo, lejos de reducirse, por el contrario amplio su cobertura y se convirtió en un azote, dando origen a élites de poder cada vez más alejadas del sentir del pueblo. En su propósito de derrotar la pobreza y la exclusión social, en los países socialistas del bloque soviético se estatizaron prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo asalariado y asegurar la inversión social de las ganancias, se procedió a expropiar la mayoría de los medios de producción y distribución. Esto derivó en:
• Un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
• Entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenklatura partidista que, en la práctica, derivaron en una burguesía funcional; castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, ya no por el imperio de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino por los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en el entramado del Estado.
• Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo a un modelo organizativo y funcional del Estado, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que invadió todos los campos de la vida social.
Tanto en el socialismo como en el capitalismo la propiedad estatal no es percibida como propiedad social, toda vez que termina siendo secuestrada por élites burocráticas que la administran con ineficiencia o como si de una propiedad privada se tratara. Estas prácticas desviadas y perniciosas causaron un creciente descontento social que dio al traste con la mayoría de los ensayos por construir el socialismo en la URSS y demás países del bloque “socialista” de Europa oriental.

El voto castigo: análisis crítico del 26-S y la tarea de la nueva AN

“Hay que aspirar a Papa para llegar a sacristán”. Para las elecciones del 26S el partido de gobierno se fijó metas muy altas en función de alcanzar la mayoría en la AN. El PSUV ganó 18 de los 24 estados, 56 de los 87 circuitos y 98 de los 165 diputados. Aunque no logró la mayoría calificada de 2/3 para aprobar leyes orgánicas o 3/5 para leyes habilitantes, obtuvo la mayoría absoluta, la cual es más que suficiente para sancionar el marco legal pendiente que permita desarrollar la CRBV y avanzar en la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión social. El hecho de no haber logrado todas las metas planteadas no debe interpretarse como una derrota. Ya quisiera cualquier partido político, luego de once años de gobierno, mantener la mayoría absoluta en el parlamento.

La correlación de fuerzas en la nueva AN
La correlación de fuerzas es favorable al gobierno y despeja el peligro de sabotaje de la oposición a través de maniobras de voto censura al vicepresidente o ministros/as, para lo cual se requiere el voto de 3/5 partes de los diputados/as. Por si fuera poco, la participación de casi el 70 % de los electores registrados en el REP le confiere una sólida legitimidad a la mayoría absoluta del PSUV en la próxima AN. Y en caso de necesitar la mayoría calificada, la diversidad de fuerzas contradictorias que componen la MUD, más los dos diputados del PPT, le abren a la bancada oficialista un importante compás de negociaciones y potenciales alianzas, inaugurando así una nueva etapa en la que será necesario dejar de mandar para aprender a gobernar generando consensos y construyendo acuerdos.
De la victoria al triunfalismo
La clara victoria del PSUV no puede llevar a la obnubilación del triunfalismo que impide analizar de manera más clara y sensata los mensajes y advertencias que pueden quedar sumergidos en la euforia de la celebración. Sobre todo si tomamos en cuenta que así como los candidatos de la Revolución obtuvieron el respaldo de 5.433.040 votos, también concentraron el rechazo de 5.320.175 electores.
Está claro que la demora del CNE en anunciar los resultados se debió a lo reñido que resultó el escrutinio en muchos circuitos. En la mayoría de estos finalmente los candidatos del PSUV se impusieron por apenas un pequeño margen. Esta cerrada diferencia es justamente lo que explica por qué la oposición, una vez hecha la sumatoria nacional de sus resultados parciales, si bien acumuló casi el mismo número de votos que el PSUV, no logró un número equivalente de curules. Muchos de sus candidatos, aunque sacaron una alta votación, fueron derrotados por una pequeña diferencia. Pero lo que no queda claro es cómo en la Venezuela bolivariana y revolucionaria, donde no hay tantos capitalistas ni oligarcas -como una vez se lo dijera Fidel Castro al propio Chávez-, los candidatos de la oposición hayan acumulado una votación tan alta.
Los errores cometidos: revisión, rectificación y reimpulso
Un análisis más agudo de estos resultados obliga a preguntarse si los candidatos tenían un verdadero arraigo popular o fueron importados de otros estados e impuestos por la Dirección Nacional; si estamos en presencia de un pueblo plenamente consciente y comprometido o todavía hay mucho clientelismo político que superar; si el obligatorio “trabajo voluntario” al que fueron sometidos los funcionarios públicos fue causa de abstención electoral; si la gestión de gobierno ha sido todo lo eficiente que el pueblo exige; si la inflación, el desempleo y la inseguridad son un invento mediático o verdaderos problemas que causan estragos en la población; si la torpeza con la que se procedió a expropiar pequeños comercios familiares, cercanos a sitios históricos y plazas públicas, lejos de ser visto como una conquista popular fue interpretado, por el contrario, como una amenaza a la propiedad personal y familiar; si el caso de miles de contenedores de comida podrida, cuando el ingreso de muchas familias ni siquiera alcanza para comprar la canasta alimentaria, puso en bandeja de plata argumentos a la oposición para evidenciar la supuesta indolencia e incapacidad del gobierno; si el burocratismo, la incompetencia y la corrupción son calumnias de los enemigos de la Revolución o verdaderas prácticas perversas que están minando la fe, la esperanza y el entusiasmo de la gente; si es cierto que la abstención favoreció a la oposición o, por el contrario, muchos de los que antes votaban por los candidatos del gobierno esta vez lo hicieron por la oposición; si estos resultados son una manifestación de deslealtad y traición o una advertencia sobre muchas cosas que es necesario mejorar?
No seamos ingenuos. Cada vez que haya elecciones bajo las reglas de la democracia burguesa las transnacionales y sus socios nacionales explotarán al máximo nuestros errores para reconquistar el poder, imponer sus leyes al gobierno y descalabrar así la Revolución. El Socialismo de Allende perdió bajo las balas fascistas lo que ganó con los votos del pueblo y la Revolución Sandinista perdió en las urnas lo que ganó con la vida de millares de combatientes.
Las tareas de la nueva AN
Hasta ahora el socialismo venezolano ha sido esencialmente rentista. La mejora en los indicadores sociales y el cumplimiento anticipado de las metas del milenio ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y no a la creación de nuevas relaciones económicas que aseguren una distribución progresiva del ingreso a favor de las grandes mayorías asalariadas que viven de un ingreso fijo.
Asegurar el carácter irreversible de los progresos en el campo social impone al Gobierno la necesidad de contar con un marco legal que le permita acelerar la creación de un nuevo modelo productivo de amplia y creciente inclusión social; fundamentado en el control de los trabajadores directos, de los consumidores y de la comunidad organizada sobre los procesos de producción, distribución y comercialización; y, a través del cual la mayor parte de las ganancias no se distribuya sólo como dividendos entre los accionistas, sino que un porcentaje creciente sea invertido como ganancia social, en función de resolver los problemas comunes de los trabajadores y la comunidad.
Más que reactivar la economía capitalista -que aún pesa el 70% del PIB- la prioridad del Gobierno será contar con nuevas leyes que le permitan reorientar los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. en función de promover una nueva economía social que elimine la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.
Con este fin, una de las leyes clave será la “Ley para la promoción y desarrollo de nuevas formas de Propiedad Social”, la cual es necesaria para delimitar los sectores económicos que el Estado se reserva por razones estratégicas, tales como petróleo, gas, industrias básicas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, metros, puertos y aeropuertos. Al mismo tiempo, servirá para identificar los sectores en los que se estimulará y protegerá la economía social, particularmente los relacionados con las canastas alimentaria y básica, cuya producción debe quedar bajo el control de los trabajadores directos, los consumidores y la comunidad organizada. Esta ley también tendrá que dejar claro cuáles son los sectores en los que se permitirá y fomentará la inversión privada nacional y extranjera, siempre y cuando se comprometa con la construcción de un nuevo modelo productivo que erradique las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social.